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| Foto de la ropa que llevaban algunos de los jesuitas asesinados en la UCA. Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador jugó un papel importante en proteger testimonios y testigos relacionados a la masacre. Foto de Gervasio Sánchez, tomada de blogs El Heraldo.es |
Así. De un
plumazo. Sin mucha explicación. El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José
Luis Escobar Alas, decidió cerrar Tutela Legal, la oficina de socorro jurídico
que nació en 1982 gracias a la semilla que Monseñor Óscar Arnulfo Romero sembró
antes de su muerte.
Tres décadas
después, a la luz de algunas señales esperanzadoras que dan pie a creer que en
El Salvador se pierde de a poco el miedo a conocer la verdad sobre las
atrocidades cometidas contra los derechos humanos en el país, y sin
que a la fecha haya dado una explicación, Escobar Alas pretende apoderarse de
las llaves del legado de Monseñor Romero, el más universal de los salvadoreños,
quien por hoy está a un paso de los altares católicos.
A falta de una
explicación oficial debemos conformarnos con lo poco que conocemos por
testimonios que periodistas han rascado y reproducido en medios salvadoreños.
Los empleados de Tutela, despedidos sin previo aviso, dicen que las
explicaciones que recibieron del Arzobispado fueron que la oficina ya no era
necesaria porque en El Salvador ya no había guerra. Esperemos la explicación
oficial. Y esperamos que sea más inteligente.
Pero, más allá,
exijamos al Arzobispado que garantice la integridad de los documentos y
testimonios que Tutela Legal recopiló durante los años más crudos del conflicto
salvadoreño y de la represión previa. Esos documentos guardan la sangre, el
sufrimiento de miles de salvadoreños. En esos documentos yace, además, la
vocación de Monseñor Romero de llevar alivio a quienes más lo necesitaron
cuando más lo necesitaron.
Ese legado no es
propiedad del inquilino actual del Arzobispado de San Salvador. No son de él
esas llaves. Esos documentos son propiedad de la Nación. Ahí hay verdad,
testimonio que El Salvador debe conocer si quiere, en realidad, encontrar su paz. Por ahora, al menos, el presidente Funes se pronunció porque el estado salvadoreño resguarde los documentos.
Hemos tenido, es
cierto, miedo a conocer qué nos paso. Y hemos vivido durante mucho tiempo bajo
la venda que nos pusieron las élites; sometidos a esa interpretación según la
cual la verdad no es buena para la reconciliación. Esa falta de verdad ha sido,
está visto ahora, nuestra principal mentira.
Ignacio
Ellacuría, otro mártir, dijo “querer saber, querer poseer un verdadero saber
sobre el hombre y su ciudad… entender ese saber como un saber crítico y
operativo; hacerlo en afán de servicio, con desprendimiento y libertad; dedicar
su vida a esto hasta las últimas consecuencias… tales son algunas
características de este hombre que fue la conciencia crítica de su ciudad”.
Ellacuría pensaba en Sócrates, el filósofo griego, cuando escribió estas
letras, pero bien podía referirse a Monseñor Romero.
Sobre el obispo
mártir, el jesuita mártir escribió: “Le dolían sus sufrimientos (de su pueblo),
le dolían sus torturas y sus muertes, le dolía la prolongación de los días de
lucha, de persecución. Nada de esto era abstracto para él, sino que todos
tenían nombres propios, rostros propios”.
Tutela Legal fue
una forma de dar rostro y palabra a esos sufrimientos. Esa historia no se borra
de un plumazo.
Roberto Valencia,
periodista vasco-salvadoreño escribió en 2011 el libro “Hablan de Monseñor
Romero”. Aquí un fragmento que habla de la génesis de Tutela Legal.
Socorro Jurídico Cristiano nació en agosto de 1975
como una iniciativa adscrita al Externado de San José y bajo la coordinación
del sacerdote jesuita Segundo Montes. El planteamiento inicial era simple:
prestar asistencia legal gratuita a personas que no tenían cómo pagar un
abogado y lograr al mismo tiempo que los jóvenes estudiantes de clases
acomodadas se empaparan de la realidad. Trabajaron bajo ese lineamiento durante
un año y medio, pero el asesinato del padre Rutilio Grande lo alteró todo. Solo
Socorro Jurídico se atrevió a representar a la Iglesia católica y, tras superar
sus recelos iniciales ante la inexperiencia de la mayoría de sus integrantes,
Monseñor Romero terminó no solo aceptando el ofrecimiento, sino que vio tanto
potencial en la oficina que a los pocos meses Socorro Jurídico Cristiano se
convirtió en Socorro Jurídico del Arzobispado.
No fue un simple cambio nominal: el bufete para pobres mutó en un centro de promoción y defensa de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Beto Cuéllar no tardó en asumir la dirección. Al año, entre las muchas y variadas labores de la oficina, estaba la elaboración semanal de un informe que recopilaba las violaciones e injusticias cometidas por el Estado y también por los grupos armados de todo signo político; ese informe era el insumo principal para el apartado de Hechos de la semana de sus homilías. Instituciones de reconocido prestigio internacional como la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo Mundial de Iglesias, la Comisión Internacional de Juristas o Amnistía Internacional certificaron la labor de Socorro Jurídico.
— Es simple –dice Beto Cuéllar–. Romero tuvo en el respeto a la persona humana y en la protección legal de su pueblo dos de sus principales líneas de trabajo y, se lo digo sin jactancia, nosotros le hicimos el trabajo difícil, para que nunca jamás le pudieran reclamar que sus denuncias eran inventos. Él siempre nos decía: identifiquen a los fallecidos con datos precisos, con que haya un solo muerto el caso es contundente.
El asesinato de Monseñor Romero frenó el empuje, pero la semilla estaba sembrada. En 1982 surgió Tutela Legal del Arzobispado, y en 1985 se creó el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Beto Cuéllar está convencido de que en materia de derechos humanos Monseñor Romero fue un visionario, un pionero, un profeta. Lo reconoce como el primer procurador para la defensa de los Derechos Humanos que tuvo El Salvador… tres lustros antes de que naciera la institución.
No fue un simple cambio nominal: el bufete para pobres mutó en un centro de promoción y defensa de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Beto Cuéllar no tardó en asumir la dirección. Al año, entre las muchas y variadas labores de la oficina, estaba la elaboración semanal de un informe que recopilaba las violaciones e injusticias cometidas por el Estado y también por los grupos armados de todo signo político; ese informe era el insumo principal para el apartado de Hechos de la semana de sus homilías. Instituciones de reconocido prestigio internacional como la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo Mundial de Iglesias, la Comisión Internacional de Juristas o Amnistía Internacional certificaron la labor de Socorro Jurídico.
— Es simple –dice Beto Cuéllar–. Romero tuvo en el respeto a la persona humana y en la protección legal de su pueblo dos de sus principales líneas de trabajo y, se lo digo sin jactancia, nosotros le hicimos el trabajo difícil, para que nunca jamás le pudieran reclamar que sus denuncias eran inventos. Él siempre nos decía: identifiquen a los fallecidos con datos precisos, con que haya un solo muerto el caso es contundente.
El asesinato de Monseñor Romero frenó el empuje, pero la semilla estaba sembrada. En 1982 surgió Tutela Legal del Arzobispado, y en 1985 se creó el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Beto Cuéllar está convencido de que en materia de derechos humanos Monseñor Romero fue un visionario, un pionero, un profeta. Lo reconoce como el primer procurador para la defensa de los Derechos Humanos que tuvo El Salvador… tres lustros antes de que naciera la institución.
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