Reproduzco aquí la segunda parte del reportaje publicado en inglés en InSightCrime sobre el asesinato de Carlos René Guillermo Rivas Molina, hijo del coronel retirado Carlos Rivas Najarro. La familia de la víctima acusa al ejército de sicariato y de encubrir a los autores intelectuales del asesinato. Tras la publicación de este artículo y de otra versión del mismo en La Prensa Gráfica, el Ministro de Defensa de El Salvador, el general David Munguía Payés, ha dicho que "no hay sicariato" en la Fuerza Armada, pero no ha respondido en profundidad a todas las dudas que el coronel Rivas Najarro ha planteado al Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en dos cartas.
Carlos René Guillermo Rivas Molina (al centro), asesinado el 23 de abril de 2014. |
III.
Sicarios y encubridores
-
¿Qué es, Coronel, lo que le lleva a decir con
tanto convencimiento, a denunciarlo ante el Presidente de la República, que a
su hijo lo mandaron a matar y que el Ejército tiene algo que ver en todo esto? Hago la pregunta por primera vez, tras escuchar y
leer sobre todas las dudas que el coronel Rivas ha plasmado en sus cartas al
presidente Sánchez Cerén, su conocido de infancia.
Han pasado unas tres horas desde que empezó la
charla en la sala de la familia Rivas Molina en Los Planes de Renderos. El
coronel Carlos Rivas Najarro ha recorrido, uno a uno, los argumentos que plasmó
en las dos cartas que ha enviado al presidente Salvador Sánchez Cerén. La
impotencia, dice. El convencimiento de que nadie haría nada por investigar
quién mató a su hijo, dice. Y la muerte del teniente Gómez González a escasos
17 días del asesinato de Carlos René, dice. Todo eso lo empujó a escribirle al
presidente.
Sobre todo, la muerte del teniente.
Carlos Alfredo, el hijo mayor, se negaba a
aceptar las sospechas de su padre, que la muerte de su hermano había sido
producto de un plan cuidadosamente elaborado; así lo creyó el coronel desde el
momento en que dejó la escena del crimen de la colonia Casa Verde Uno de Santa
Tecla el 23 de abril. “A pesar de todo, me negaba a creer que hubiese gente tan
mala”, dice el mayor de los Rivas Molina. Pero luego, cuando su papá le habló
para contarle que el teniente Gómez González había muerto, su opinión también
cambió: lo mataron, a Memo -como hermanos y conocidos decían a Carlos René- lo
mandaron a matar, piensa desde entonces.
En su primera carta al presidente Sánchez Cerén,
de 14 páginas, enviada el 13 de junio de 2014 y recibida en Casa presidencial
ese día a las 3:50 p.m por el agente Calderón R., el coronel Rivas Najarro pide
audiencia para exponerle su certeza de que el asesinato de su hijo fue
planificado y de que los autores habían elaborado una compleja trama de
encubrimiento.
“Pido su apoyo como presidente de la república y comandante
general de la Fuerza Armada. Conozco por mis treinta años de experiencia en el
servicio militar... que (los autores) se valen de triquiñuelas para encubrir y
protegerse y no ser descubiertos”, escribe el militar retirado.
También revela, en el último punto de esa primera
misiva, que otro de sus hijos recibió el 11 de junio, en la casa familiar de
Los Planes, una llamada para entregar un mensaje al coronel. Al día siguiente,
el 12 de junio a las 9:30 a.m., Rivas Najarro devolvió la llamada al número que
había quedado guardado en el teléfono de la casa. “El aviso que tenían para mí
eran órdenes de asesinarme”.
Cuando escribió esa carta, que entregó luego de
la última amenaza, ya había pasado un mes de la muerte del teniente Gómez
González, el misterioso agente de inteligencia militar que, según el coronel
Rivas Najarro, llegó enviado desde un batallón que dirige el coronel Simón
Alberto Molina Montoya -mano derecha del ministro de Defensa- para cerciorarse
de que el sicario había asesinado a su hijo Carlos René.
A esas alturas, además, el coronel Rivas estaba
claro de que ninguna autoridad salvadoreña estaba poniendo demasiado empeño en
aclarar todas las irregularidades que rodeaban la muerte de su hijo menor: del
ejército había salido una orden de clasificar como secretas las investigaciones
sobre la muerte del teniente Gómez González; la policía había cambiado cuatro
veces al investigador del caso; y aunque la fiscalía había subido el expediente
de su unidad de vida en Santa Tecla a la unidad de crimen organizado en la sede
central, las pesquisas tampoco habían avanzado.
Menos de un mes después, en su segunda carta de
14 folios, el coronel Rivas Najarro resume todas las anomalías que anotó en la
escena del crimen y en las investigaciones posteriores. Además de los hechos
poco claros que rodearon la muerte del teniente Gómez González y de recordar
que los agentes del ejército y la policía presentes en la escena esparcieron
sin mayores elementos de investigación la tesis del asesinato por venganza,
Rivas se extiende:
-
En el numeral 2, página 3 de su carta, explica que el acta policial
nunca identificó a los custodios privados de la colonia Casa Verde Uno, que
eran quienes en realidad podía determinar a qué horas llegó el teniente al
lugar y a qué horas entró a la casa a certificar la identidad del sicario.
-
En el literal e de ese numeral 2 dice que los policías que revisaron
el carro de su hijo le devolvieron el celular que Carlos René había dejado ahí
pero habían borrado toda la memoria de llamadas.
-
En el numeral 7, que dos días después de los homicidios llamaron a la
madre del sicario que mató a Carlos René para avisarle que fuera a recoger a su
hijo, esto a pesar de que el asesino no portaba documentos de identificación en
la escena del crimen -según consta en el acta de inspección ocular- y de que
ningún otro familiar lo había reconocido en la morgue.
-
En el punto 8, Rivas explica que según sus propias investigaciones, el
arma que usó el sicario para matar a su hijo, una pistola CZ calibre 40” nueva
serie A855925 con número de registro 205431, está registrada a nombre de una
persona que no existe y había sido reportada como robada el 19 de marzo de 2014
General Munguía (izquierda) y Coronel Molina Montoya. |
Rivas no duda, al final de la segunda carta, en
acusar al coronel Molina Montoya de haber convertido el llamado batallón de
inteligencia de la Fuerza Armada en una organización paramilitar que “ha sido
organizada al estilo de ORDEN (uno de los escuadrones de la muerte más temidos
en El Salvador en los años 70)” y en un grupo que “ha hablado de
ajusticiamientos a elementos contrarios a sus objetivos políticos y
económicos”.
No es la primera vez que el coronel Molina
Montoya es acusado de dirigir una operación de sicarios desde el ejército. Ni
de encubrir o falsear investigaciones.
En febrero de 2012, tras ser nombrado ministro de
Seguridad Pública por el entonces presidente Mauricio Funes, el general David
Munguía Payés nombró subdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE)
a Molina Montoya, quien pronto se convirtió en el director interino. Desde ahí,
el coronel hizo un pase de polígrafo entre todo el personal del OIE para tratar
de determinar si desde ahí alguien había filtrado información a periodistas del
periódico electrónico El Faro sobre el Cartel de Texis, una de las principales
bandas de narcotraficantes de El Salvador.
Poco antes de eso, un alto oficial de la PNC
confirmó que desde inicios de 2012 Molina Montoya era el encargado de adelantar
pláticas con líderes de las pandillas MS13 y Barrio 18 para confeccionar la
tregua que luego se convertiría en la principal apuesta de seguridad de su
jefe, el general Munguía.
Y en 2010, según un informe elaborado en 2010 por
el Centro de Inteligencia Policial y avalado por investigadores en la PNC y en
el ejército, Molina Montoya dio la orden de asesinar a un agente encubierto -ex
militar- que había infiltrado a Los Perrones, la otra banda de narcotraficantes
de El Salvador.
(En su momento, al realizar la investigación para
mi libro “Infiltrados”, sobre la corrupción en la Policía y Estado salvadoreños
, solicité entrevistar al coronel Molina Montoya sobre estas acusaciones, pero
nunca me respondieron. Para este reportaje envié una nueva solicitud al
ejército para entrevistar al coronel y al general Munguía Payés; tampoco hubo
respuesta).
IV. Viejos encuentros con la muerte
-
“Ahí es donde vienen a tirar a la gente que matan”, le dijo el hombre
que le abrió la puerta en la colonia perdida de Cuscatancingo, en las afueras
de San Salvador. Faltaban dos días para la Nochebuena de 1998.
Minutos antes, el coronel Rivas Najarro había
alcanzado a rodar por el borde de la calle donde lo tiraron los hombres que lo
habían secuestrado a la salida de su oficina en la colonia Universitaria.
Cuando alcanzó a reponerse, el coronel vio como
el carro de los secuestradores daba la vuelta y regresaba a buena velocidad hasta
la cuneta en que lo habían dejado. Vinieron, en segundos, los disparos. Pero
Rivas logró esconderse en el barranco. Dejó pasar suficiente tiempo hasta que,
calculó, el carro había desaparecido. Entonces decidió buscar refugio en una
casa del vecindario aledaño. El vecino que le abrió, acostumbrado a oír de
cadáveres que asesinos sin rostro tiraban en los despeñaderos cercanos, supo
que el hombre que tenía enfrente acababa de esquivar a la muerte por muy poco.
No era el primer atentado ese año. El 23 septiembre de 1998, otro escuadrón de la
muerte -¿o el mismo?- había intentado matarlo a la salida de su oficina. Cuando
salía de su oficina en su vehículo placas P-374-728, otro carro, un Honda rojo,
lo interceptó; dos hombres vestidos de negro se bajaron a rociarlo de balas.
Esa vez, el coronel también logró salvarse: al ver como los sicarios se
aproximaban a él dio marcha atrás y se alejó lo suficiente para que las ráfagas
no lo alcanzaran.
Los dos atentados de 1998 fueron motivados, según
Rivas Najarro cuenta le dijeron quienes lo secuestraron el 22 de diciembre,
porque él estaba “dando parte”, contando en el caló militar, sobre violaciones
a los derechos humanos en el ejército.
Al igual que lo hizo 16 años después, cuando
mataron a su hijo menor, en septiembre de 1998 Rivas Najarro le escribió una
carta a un comandante general de la Fuerza Armada. El 24 de ese mes, un día
después del primer atentado, el coronel retirado refirió al presidente Armando
Calderón Sol todos los detalles sobre el hecho, así como las investigaciones
irregulares, encaminadas a encubrir, no a descubrir autores o motivos. Y así
como en 2014 identifica con nombre y apellidos a posibles autores intelectuales
y encubridores, en 1998 Rivas acusó a “agentes de la Policía Nacional Civil” como
autores del intento de matarlo.
En las tres cartas, las dos a Sánchez Cerén y la
que escribió a Calderón Sol, Rivas Najarro identifica su papel en la
investigación de la masacre de los Jesuitas como un posible móvil de quienes
intentaron matarlo a él o de quienes tuvieron éxito matando a su hijo el 23 de
abril de 2014. Aunque en el caso más reciente, el coronel retirado también
menciona que en algún momento, dentro del ejército, hubo oficiales que
manejaron su nombre como posible ministro de Defensa para reemplazar a Munguía
Payés.
Es en su carta del 10 de julio de 2014 a Sánchez
Cerén en la que mejor resume el espíritu de denuncia interna que, deduce, le
costó a él ver de frente a la muerte en dos ocasiones y perder ante ella la
batalla por la vida de su hijo: “...porque en realidad la historia de la Fuerza
Armada ha sido distorsionada por sus detractores políticos, tanto de
pensamiento conservador como liberal, poniendo en práctica la táctica de la
desinformación, pero también elementos de la propia institución involucrados en
hechos no profesionales...”
El 16 de noviembre de 1989 por la mañana fue su
esposa, Ana, la que le habló hasta el cuartel de La Unión en el que estaba
destacado para avisarle que en la televisión estaban pasando imágenes de los
jesuitas asesinados. Ese mismo día, el coronel Rivas Najarro empezó a abogar
por una investigación seria dentro del ejército. Y luego ayudó a quienes
desentrañaron la verdad, que el Batallón Atlacatl los había matado.
El 23 de septiembre de 1998 intentaron matarlo.
Él acusó al estado salvadoreño. El 22 de diciembre de 1998 intentaron matarlo.
Él acusó al estado salvadoreño. El 23 de abril de 2014 mataron a su hijo. Él
acusa al estado salvadoreño. Y escribe:
“Si a esta fecha continuamos con la impunidad
estamos condenados para que se nos señale como un país o un estado fallido en
materia de seguridad”.