D'Aubuisson señaló a Bustillo por masacre de la UCA

 Los papeles del Caso Jesuitas

Tres investigadores estadounidenses dijeron a Roberto d´Aubuisson el 5 de diciembre de 1989 que él era "el principal sospechoso" en el asesinato de los jesuitas de la UCA y que sería investigado. El fundador de ARENA reaccionó molestó y dijo que ya antes había sido acusado de cosas similares y había salido bien librado. Luego ofreció su colaboración en las pesquisas y sugirió que el Ministerio de Justicia -incluso llamó por teléfono al ministro en ese momento- creara una especie de jurado especial para el caso. Dos días después, d´Aubuisson llamó a uno de los agentes de Estados Unidos para decirle que una fuente de la Fuerza Aérea de El Salvador le había dicho algo sobre la autoría de la masacre: "Que el general Juan Rafael Bustillo puede estar vinculado al crimen de los Jesuitas. D´Aubuisson dijo que Bustillo habló con sus superiores el día antes de la masacre y dijo en una reunión que 'había que hacer algo con' los Jesuitas. D'Aubuisson también implicó a al mayor Roberto Leiva Jacobo en los asesinatos, pero fue vago respecto al rol de Leiva", según se lee en el cable 1010z11zz de diciembre 89 del Departamento de Estado desclasificado durante la administración del presidente Bill Clinton y que es hoy parte de la colección del National Security Archive de la George Washington University.

El 4 de diciembre de 1989, dieciocho días después de la masacre de la UCA, un agente especial estadounidense llegó a San Salvador desde México para coordinar un grupo que se dedicaría a investigar los asesinatos de los jesuitas.

Parte del informe desclasificado que revela la visita, hicieron al diputado Roberto d'Aubuisson el 5 de diciembre de 1989 en la Asamblea Legislativa

En el primer reporte que Washington recibió desde su embajada en San Salvador, la fuerza especial de tarea hace tres revelaciones importantes que ya en esa etapa temprana de la investigación hacían pensar que eran las Fuerzas Armadas las que estaban detrás de los asesinatos: 1. La implicación directa que Roberto d´Abuisson hace del general Bustillo en relación a los asesinatos. 2. El presidente Cristiani pide al investigador especial de Estados Unidos que centre sus esfuerzos primero en el ejército, aunque solo sea con el fin de resolver el caso para que los militares puedan dedicarse al "negocio de pelear la guerra". 3. Los norteamericanos hablan con los soldados estacionados en la Torre Democracia; en el reporte, la embajada escribe dos cosas contradictorias: primero dice que esos militares oyen disparos que "asocian con los asesinatos de los sacerdotes", pero también dice que "no los asocian con disparos en la UCA sino con un combate en un área cercana".

En 1993, la investigadora Martha Doggett, del Lawyers Committee for Human Rights, determinaría en su libro Una muerte anunciada, la crónica más completa que se ha escrito sobre la masacre de la UCA y sobre la operación oficial de encubrimiento, que involucró a militares, a funcionarios públicos y a civiles, que la tergiversación de los testimonios de dos de esos soldados es uno de los primeros actos de encubrimiento en la investigación de la masacre.

"Los agentes de la Policía de Hacienda de servicio en la Torre Democracia esa noche, manifestaron a la CIHD (Comisión Investigadora de Hechos Delictivos de la PN) el 17 de noviembre, que había soldados del batallón Atlacatl patrullando en la Residencial Guadalupe, justo al sur de la UCA. No les tomaron declaraciones formales hasta el 5 de diciembre. Para entonces ya no mencionaron nada sobre el Atlacatl...", escribe Doggett en su libro.

El día en que la CIDH tomaba declaración formal a los dos agentes de la PH que identificaron al Atlacatl en la Torre Democracia, el subsargento Germán Orellana Vásquez y el agente Víctor Manuel Orellana Hernández, el grupo especial estadounidense entrevistaba a d´Aubuisson en la Asamblea Legislativa. A continuación una traducción libre de los numerales del cable que hacen referencia al fundador de ARENA.

"7. La tarde del 5 de diciembre el investigador especial y el agregado legal entrevistaron al mayor Roberto d´Aubuisson en su oficina en el edificio de la Asamblea Legislativa. De acuerdo al investigador especial, d´Aubuisson expresó su deseo de colaborar con las investigaciones y negó cualquier participación en los asesinatos. El investigador especial le dijo claramente a d´Aubuisson que él era el principal sospechoso en el crimen y que se le investigaría a profundidad. D´Aubuisson le contestó al investigador diciéndole que ya había sido investigado por otros hechos: mencionó un caso de secuestro y el asesinato de (Monseñor Óscar Arnulfo) Romero específicamente, y dijo que su inocencia se había probado en ambos casos.

"8. Quizá tratando de expresar su deseo de cooperar, d´Aubuisson hizo varias sugerencias sobre como deberían llevarse las investigaciones. Sugirió que se estableciera una junta especial de revisión judicial (similar a un gran jurado estadounidense) para entrevistar testigos y para dejar ante el público la impresión de que algo se hacía para resolver el caso. Cuando el investigador y el agregado legal coincidieron en que esto sería útil, d´Aubuisson inmediatamente llamó al ministro de Justicia y literalmente le ordenó que se encargara de establecer la junta de revisión judicial. En retrospectiva es probable que solo haya sido un gesto de d´Aubuisson para impresionar a su audiencia. Esta es la impresión porque, al escribir esto, la junta de revisión no se ha establecido y no es ni mucho menos funcional.

"10. El 7 de diciembre, d´Aubuisson llamó al investigador especial y le pidió una reunión privada, en la cual d´Aubuisson dijo que había escuchado de una fuente de la Fuerza Aérea que el general Juan Rafael Bustillo podría estar relacionado con los asesinatos de los jesuitas. D´Aubuisson dijo que Bustillo habló con sus superiores el día antes de los asesinatos y les dijo en esa reunión que 'había que hacerse cargo' de los jesuitas. D´Aubuisson también implicó al mayor Roberto Antonio Leiva Jacobo* en los asesinatos, pero fue vago respecto al rol de Leiva.

"11. Los motivos de d´Aubuisson para dar esta información son muy sospechosos por decir lo menos. Muchas preguntas surgen sobre por qué d´Aubuisson dio esta información al investigador especial. Primero, y sobre todo, está la cuestión de por qué d´Aubuisson 'delataría' a Bustillo cuando se supone que Bustillo es leal a d´Aubuisson. No es un secreto en el ejército que d´Aubuisson abogó para que Bustillo ocupara la posición de ministro de Defensa en lugar del general Larios. También se sabe que Leiva no está en buenas condiciones en estos momentos y que fue removido hace poco de su posición en la S-2 de la Fuerza Aérea. Por estos hechos y por ser d´Aubuisson la fuente directa de la información, el grupo especial decidió no dirigirse a Bustillo o a Leiva directamente, sino permitir que la investigación continúe para ver si más evidencia aparece. Se hará un esfuerzo para dirigir discretamente la investigación de Ponce también hacia la Fuerza Aérea, sin excluir a otras unidades."

* Un año antes, en Colombia, el mayor Leiva Jacobo había sido acusado de vender bombas que, se supone, servirían para atentar contra el capo del cartel del Medellín Pablo Emilio Escobar Gaviria.

"Me dan 10,000 dólares por el Jaguar"

Francisco Alfonso Hernández Montes, también conocido como Mario Alexander Chávez, testigo protegido de clave Jaguar

De cómo pandilleros y policías asesinaron a un testigo en las bartolinas de la PNC en los Planes de Renderos. Relato reconstruido a partir de dos informes elaborados por investigadores de la Policía y fiscales asignados al caso: La madrugada del 2 marzo tres hombres llegaron en un microbús Urban color beige hasta un predio baldío aledaño al puesto policial. El primero se bajó a las 2:11:14 horas y entró al predio. Los otros dos se bajaron 5 minutos y 24 segundos después. A las 2:34:45 horas, según consta en cámaras de vigilancia colocadas por la alcaldía de Panchimalco sobre la calle que de esa ciudad lleva a San Salvador, los tres hombres volvían al microbús; acaban de matar a Francisco Alfonso Hernández Montes, también conocido como Mario Alexander Chávez, y más recientemente como Jaguar, pandillero del Barrio 18 e informante de la Fiscalía en casos de narcomenudeo.

Secuencia fotográfica tomada que muestra la llegada de los asesinos.

El bartolinero de la subdelegación de Los Planes, quien según la Fiscalía ya confesó su participación en el crimen, es una de las piezas más importantes de este asesinato que comprometió la seguridad de un recinto policial utilizado para resguardar a reos que colaboran con las autoridades. El informe inicial de la Policía da cuenta de como el bartolinero aceptó un trato que le ofrecieron miembros del Barrio 18 para eliminar al testigo:

Pasaban de las 3 de la tarde del 20 de febrero cuando un hombre se acercó al bartolinero en el mercado central de Zacatecoluca. "Hey, alguien te quiere hablar del penal de Izalco", le extendió un teléfono el intermediario al policía. El que hablaba desde la cárcel se identificó como el Oso de Izalco, le dijo que ya sabía que era policía, que estaba en Los Planes y que ahí había un soplón al que querían darle (matar). Antes de que el bartolinero pudiese contestar le informaron que enlazarían la llamada con Mejicanos. Otro pandillero, que se identificó como Alex, le indicó que estuviese al día siguiente frente a Catedral Metropolitana al mediodía con el chip del teléfono que usaba en ese momento.

El 21 de febrero a las 11:30 de la mañana, el bartolinero esperaba ya en la plaza Gerardo Barrios. 20 minutos después un hombre le preguntó si era él a quien debía entregarle un blackberry. Que sí, dijo el Policía. Con el teléfono llegó, otra vez, la instrucción de cambiar el chip. Esa noche, Alex llamó: "Ponete planchado y ayudanos a matar a ese culero", le dijo.

(Un día después del asesinato, el 3 de marzo, en entrevista con fiscales, el bartolinero dijo que se negó en principio, pero aseguró que Alex lo amenazó con matar a su madre si no colaboraba).

Alex y el bartolinero siguieron comunicándose por mensajería de texto (BBM) y por teléfono. Alex le decía que ya tenían ubicadas las posiciones de los policías que estaban en el puesto, pero que aún necesitaban la ubicación exacta de la bartolina en que estaba el objetivo. El pandillero le ofreció $2000 por la colaboración.

***

Las investigaciones abundan en detalles sobre el cómo y el cuándo, pero dicen poco del por qué. Confirman, sí, que la víctima era un testigo al que la Fiscalía había puesto el indicativo de Jaguar. En la descripción de la víctima que hace la Unidad de Análisis y Tratamiento de Información de la División Central de Investigaciones de la Policía dice: "La víctima estaba trabajando con la DIN de Mejicanos, y con él se estaban investigando casos de homicidio cometidos por una estructura de la pandilla 18 (sic) (pendiente de confirmar que clica), y se encontraba en las bartolinas desde el 28 de noviembre de 2012". 

En un principio, la Policía negó que la víctima fuera un testigo, pero además de lo establecido en el informe de la Subdivisión de Investigaciones, uno de los funcionarios con conocimiento de las investigaciones confirma que Jaguar estaba dando información de redes de narcotráfico que iban más allá de Mejicanos, que se extendían a Ilopango e incluso a Chalatenango.

***

Otro testigo del caso, un policía al que las autoridades han dado el nombre clave Marzo, ha relatado que el bartolinero, lejos de mostrarse intimidado en el puesto de Los Planes, llegaba a jactarse enfrente del pandillero sobre el que, sabía, pesaba una condena de muerte. "Quiero vender jaguar", decía. O: "Hablémosle a aquellos", en referencia a los miembros de la clica que querían matar al testigo. En una ocasión, cuenta Marzo, el bartolinero le dijo que le habían ofrecido 10,000 dólares por el trabajo y le ofreció la mitad si le ayudaba.

Pero Marzo también observó movimientos extraños que, en principio, no deberían haber pasado desapercibidos en la bartolina y que sugieren una operación que iba más allá del bartolinero y de un puesto policial donde cundía el caos; un recinto donde la vida de los testigos, en realidad, valía muy poco: 1. "Movimientos sospechosos de sujetos que se saltaban la cerca de la propiedad vecina para controlar las personas que se encuentran en las celdas". 2. "Entre diciembre y enero en nueve ocasiones vio el testigo a sujetos que bajaban a las celdas cuando el custodio subía a comer". 3. "En enero vio a un sujeto esconderse entre las gradas que están frente a las bartolinas".

Una de las últimas cosas que el bartolinero le dijo a Marzo fue que él y un chero matarían a alguien, que eso saldría en los diarios y que él se iría a Guatemala con su mujer.

El 1 de marzo Alex llamó al bartolinero 3 veces después de las 7 de la noche. A eso de las 10 le puso un texto para decirle que en la madrugada llegarían a las bartolinas a matar a Jaguar. Llegaron a las 2 con 11 minutos. 23 minutos y 43 segundos después ya habían vaciado una uzi en el testigo.

Más tarde, en la mañana del 2 de marzo, el Ministro de Seguridad, el Fiscal General y los altos mandos de la PNC llegaron a Los Planes a ver la escena de un crimen como no se veía hace mucho en San Salvador.

Un trato para el Teniente Espinoza

Los papeles del caso Jesuitas

Embajador William Walker

Cable 01218, de la colección del National Security Archive

Traducción libre de parte del cable 01218 fechado el 30 de octubre de 1990, de la colección del National Security Archive de la George Washington University. Clasificado como secreto. La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador recomienda al Departamento de Estado en Washington trasladar al Departamento de Justicia una propuesta para ofrecer inmunidad y residencia permanente al Teniente José Ricardo Espinoza Guerra, líder del comando del Batallón Atlacatl que entró al campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas la madrugada del 16 de noviembre de 1989 para matar a los Jesuitas, a cambio de la "exposición total" de la verdad del caso y de testificar contra sus superiores. La propuesta, sin embargo, enfila contra oficiales de la Escuela Militar como Camilo Hernández y Herber Vides Lucha, no contra el alto mando. El cable propone, además, un plan de acción que incluye la intervención del Embajador William Walker y del Presidente Alfredo Cristiani.


"Nuestra sugerencia previa de hacer un trato con Camilo Hernández* no es ahora práctica. Podemos justificar un trato con un jugador de menor rango, pero no con alguien que puede haber planificado y ordenado los asesinatos. Debemos renovar la consideración que dimos a la iniciativa previa. Debemos reconsiderar quitar los cargos a uno de los tenientes a cambio de su testimonio. Espinoza es el candidato obvio. Si podemos confiar en la versión de la fuente, Espinoza objetó la orden de matar a los sacerdotes, se quedó fuera de la UCA y entregó las tropas al teniente Mendoza. Aunque la fuente ha reconocido que le une un lazo fuerte de amistad con Espinoza y que le gustaría ayudarle, la embajada** cree que la fuente es confiable. (La fuente) no se acercó a la embajada con esta información, sino que la reveló inadvertidamente sin saber, en apariencia, que podría ser de nuestro interés. A estas alturas, la embajada tiene suficiente confianza en la fuente como para proponer el siguiente plan de acción:

"7- Plan operacional:
La embajada recomienda hacer un esfuerzo para lograr un trato con Espinoza a cambio de la exposición total y de su testimonio contra sus superiores. Los elementos de ese trato incluirían:

- Desistir de los cargos criminales contra Espinoza.
- Libertad condicional para él y su familia en los Estados Unidos.
- Ayuda financiera para que se establezca. (Cristiani podría ofrecer parte del dinero de recompensa).

"8- A continuación se propone un curso de acción si el Departamento (de Estado) concuerda:
- Oficial de la embajada sugerirá a la fuente que vuelva a contactar a Espinoza. La fuente puede hablar con claridad con Espinoza y decirle que enfrente una sentencia de 30 años; tratará de convencerlo de que no hay futuro en proteger a altos mandos y de que debería hacer un trato.

- Si Espinoza accede: el embajador abordará al Presidente Cristiani para informarle sobre la nueva evidencia y sobre nuestra creencia de que Espinoza colaborará a cambio de algunas condiciones. El embajador recomendará al presidente que reuna al juez Zamora***, al presidente de la Corte Gutiérrez Castro y al Teniente Coronel Manuel Rivas del CIHD. Zamora y Gutiérrez deberán coordinar el proceso legal para desechar los cargos contra Espinoza para convertirlo en testigo. Zamora y Rivas coordinarán el interrogatorio de Espinoza para acusar a Camilo Hernández, Vides Lucha*º y Reyes, etc.

- Lograr los arrestos de Hernández, Vides Lucha y Reyes, lo cual puede ser muy difícil y nos puede obligar a conceder en el tema del encubrimiento.

"10- Posibles reacciones negativas:
- Los abogados de la defensa se pondrán histéricos. Una versión revisada del testimonio de Espinoza afectaría negativamente su caso. Podrían arremeter contra el juez, el Gobierno y la Embajada.

- Habrá descontento entre los mandos medios del ejército por el arresto de Camilo Hernández, ya que él es muy popular.

- Es probable que el testimonio de Espinoza no tenga el impacto deseado. Después de todo, esta sería la tercera versión, que cada vez cambia de forma radical; incluso si vuelve a su primera versión, sería, para los parámetros estadounidenses, un mal testigo.

- Los jesuitas podrían acusar nuevamente a la embajada de intervencionismo.

"11- El peor escenario.
- Como hemos aprendido una y otra vez al lidiar con este caso, debemos prepararnos para lo peor y esperar lo inesperado. Uno de los riesgos es que nuevas revelaciones que surjan puedan cambiar nuestra percepción de los hechos una vez que Espinoza esté seguro en los Estados Unidos. Por ejemplo, qué pasa si luego nos enteramos que fue Espinoza quien haló el gatillo; habríamos pactado con un asesino.

"12- Acción requerida:
- Requerir al Departamento que apruebe que procedamos con el plan operacional descrito arriba.

Walker".


Notas

*Teniente Coronel Camilo Hernández Barahona. Subdirector interino de la Escuela Militar en el momento de los asesinatos. La comisión de honor del ejército formada por el presidente Cristiani no lo incluyó entre los implicados en el crimen. Más tarde fue procesado por encubrimiento real, por su supuesta participación en la destrucción de los libros de registros de la Escuela Militar. En mayo de 1990, la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos (CIHD) informó que los libros de registros habían sido incinerados por orden de Hernández. Declaraciones del encargado del archivo de la Escuela y del imputado Yusshy Mendoza confirmaron el hecho. El 26 de junio de 1990 fue acusado de encubrimiento real, sin embargo, se presentó ante el tribunal hasta el 18 de julio. Fue puesto bajo fianza el 31 de julio de 1990 y regresó al campo de batalla, donde resultó herido al poco tiempo. En enero de 1992, el juez Zamora lo condenó a tres años de cárcel por encubrimiento real, pero fue amnistiado. Tomado de Una Muerte Anunciada. Doggett, Martha. Págs. 537-538. En junio de 2011, Hernández concedió una entrevista a El Faro en la que acepta que él entregó al comando del Atlacatl el rifle con el que mataron a los jesuitas.

** El original en inglés utiliza el término "post", que en el lenguaje diplomático estadounidense se utiliza para designar a toda la sede diplomática en contraposición a "Embassy", que tradicionalmente se usa más como referencia a las actividades y hechos relacionados al jefe de misión.

*** Juez Cuarto de lo Penal, Dr. Ricardo Zamora, llevó el juicio contra 10 militares acusados de la masacre en 1990.

*º Herber Oswaldo Vides Lucha, miembro del comando de seguridad del complejo militar en noviembre de 1989. En 2010, ya teniente coronel, Vides Lucha impartía cursos en la Escuela Militar

Los papeles del caso Jesuitas

Copias de documentos relacionados con el caso Jesuitas, desclasificados en 1993 por el Gobierno de Bill Clinton

"Muchos salvadoreños jóvenes saben muy poco de su guerra, y el país se ha unido a otros países que tienen esqueletos en sus armarios en el debate sobre lo que las nuevas generaciones deben saber sobre lo que pasó justo frente a sus casas no hace mucho tiempo."

Joseph B. Frazier, corresponsal de AP en El Salvador entre 1979 y 1986, de su recién reeditado libro El Salvador podría ser así. Una memoria sobre la guerra, la política y el periodismo desde la primera línea de fuego en el último conflicto sangriento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 

La Amnistía salvadoreña tiene una grieta. En Boston. En Massachusetts, el pequeño estado fundacional del noreste de los Estados Unidos que periodistas y académicos en este país suelen utilizar como referencia de extensión territorial al hablar de El Salvador -the Massachusetts size country. Ahí, un juez migratorio estudia la petición del Gobierno federal de sentenciar con 50 meses de cárcel al coronel Inocente Orlando Montano, culpable ante la justicia estadounidense de fraude migratorio y perjurio, en virtud de pasado criminal del militar, el cual, en este caso según los acusadores debe incluir la participación de Montano en violaciones a los derechos humanos cuando fue miembro del alto mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas.

Y ahí, en la corte distrital de Boston, nombrada Joseph Moakley en honor al congresista demócrata a quien los salvadoreños conocemos por encabezar la subcomisión legislativa formada en 1990 por instrucciones del Congreso de los Estados Unidos para investigar la masacre de los jesuitas, han salido a la luz episodios, detalles, verdades escondidas en decenas de miles de documentos desclasificados que hablan sobre la implicación del estado salvadoreño no solo en el asesinato de los seis sacerdotes de la Compañía de Jesús, de Elba, su empleada, y de su hija, Celina, sino en una compleja operación de encubrimiento en la que participaron los cuerpos de seguridad, el Ejecutivo de Alfredo Cristiani, la inteligencia del Estado e incluso civiles.

Los papeles del caso Jesuitas develados a propósito del caso Montano y sintetizados e interpretados por la experta de la acusación, la profesora de Stanford Terry Lynn Karl, muchos de ellos desconocidos hasta ahora, revelan parte de la verdad histórica que ha estado escondida tras el muro de silencio que levantó en El Salvador la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa hace 20 años tras la firma del Acuerdo de Paz.

La justicia que el estado salvadoreño se ha negado a servir a sus víctimas y la verdad histórica con la que cinco gobiernos de la paz se han negado a comprometerse, amparados en el axioma según el cual escarbar en el pasado no servía al proceso de reconciliación nacional, han encontrado una grieta. El hueco, negado por la conveniente convicción de los gobiernos de la derecha pero también por la visión pusilánime del primer gobierno de izquierda, se ha abierto este año en dos cortes de los Estados Unidos -además de la de Boston, una migratoria en Miami donde se decide sobre la deportación del general José Guillermo García.

A mediados de 2011 pareció que una ventana más grande se había abierto en San Salvador cuando llegaron a El Salvador las órdenes de arresto contra 19 militares acusados ante el Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional de España, en Madrid, por su participación den la masacre. La interpretación de la justicia española es que las órdenes firmadas por el juez Eloy Velasco generaban una alerta roja de Interpol con la que la Policía Nacional Civil salvadoreña podía hacer efectivos los arrestos de los militares para, luego, entregarlos a la Corte Suprema de Justicia, la cual tendría que decidir sobre la extradición.

Pronto quedó claro que la expectativa sobre el arresto de los militares se quedaría en eso, una expectativa. Tras la intervención del entonces ministro de Defensa, el general David Munguía Payés, los militares se refugiaron en un cuartel para evitar el arresto hasta que la Corte decidió que las órdenes españolas no eran válidas. Una de las últimas ventanas judiciales se cerró entonces.

Ya en 2000, la Universidad Centroamericana, tras recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de realizar una investigación del caso con estándares internacionales, había tratado de empujar a la Fiscalía General de Belisario Artiga para que reabriera el caso. La UCA, además de al alto mando, incluyó al ex presidente Alfredo Cristiani como autor intelectual de los asesinatos.

La Fiscalía utilizó un ardid técnico que le permitió presentarse a una corte con el caso para pedir a un juez que lo desechara porque el periodo de prescripción -10 años- se había cumplido. La Procuraduría de Derechos Humanos, en un análisis de octubre de 2002, determinó que la actuación de la Fiscalía y los tribunales salvadoreños había sido ilegal.

Vino, luego, el juicio en Madrid, y con él, un nuevo y amplio intento por abrir una nueva vereda en busca de la verdad. Y luego, el juicio contra Montano. Como escribí a mediados de enero desde Boston, si la voluntad política de Washington y la decisión del juez Douglas Woodlock sobre la sentencia del coronel crean las condiciones para la extradición, el juez Velasco podrá, en Madrid, abrir a juicio el caso contra 20 militares salvadoreños. Si eso pasa, más documentos pueden conocer la luz, más testimonios pueden llegar a la Audiencia Nacional española; en una palabra, más ventanas pueden abrirse para que la verdad se cuele.

Por ahora, el camino que abogados y especialistas como Terry Karl han recorrido ya dejan un claro sendero hacia la verdad que oscurecieron la amnistía y la política de ocultación del estado salvadoreño que inició el 16 de noviembre de 1989, cuando la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos de la Policía Nacional empezó la titánica labor de encubrimiento desde la escena del crimen, hasta la fecha. Desde este blog compartiré las cosas que han ido cayendo a mis manos en mi camino como reportero e investigador académico sobre los hechos que rodearon la masacre de los jesuitas. Inicio, en el próximo post, con la historia del trato que William Walker, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, entre 1988 y 1992, propuso a Washington ofrecer al Teniente José Ricardo Espinoza Guerra, líder del comando del Atlacatl que asesinó a los jesuitas, para que testificara en contra de los autores intelectuales de la masacre.

El embajador

Columna publicada el 11 de marzo de 2013 en elfaro.net

Francisco Altschul regresó a Washington en 2009 con una tarea que no pintaba fácil. Debía, como representante del recién electo gobierno de Mauricio Funes y el FMLN, entablar con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Capitolio un diálogo capaz de despejar las dudas que la narrativa oficial de la Guerra Fría creaba en torno al primer gobierno de izquierda de El Salvador. La premisa de partida era que la labor diplomática no sería tan difícil porque Barack Obama, el más liberal de los demócratas según el imaginario político de aquellos días, controlaba la ciudad.

Altschul, como encargado de negocios durante un año, emprendió la labor con dos argumentos: el conocimiento de Washington que había adquirido en los 80, cuando fue representante no-oficial del FMLN y el FDR , y su carácter afable, franco y firme cuando las circunstancias lo demandaron. 

Yo acompañé al Embajador en parte de ese camino durante los tres primeros años, primero como ministro consejero a cargo de asuntos políticos y luego como jefe de misión adjunto.

El primer resultado palpable de la gestión Altschul, extraordinario en el manual no escrito de la diplomacia en Washington, fue lograr que Obama recibiera a Mauricio Funes en el Salón Oval menos de un año después de que el ex entrevistador televisivo juró como presidente en San Salvador. A Funes le favorecía, es cierto, la fuerza de un discurso fresco –a esas alturas muy poco contravenía el ropaje de moderación, compromiso social y transparencia–, pero cualquiera con un conocimiento mínimo de esta capital certificará que concretar una visita requiere de una acción política y diplomática intensa, decidida y constante, por muy favorables que sean las percepciones iniciales o las circunstancias. La noche antes de la cita de Funes en la Casa Blanca, Altschul recibió la noticia de que dejaba de ser encargado de negocios y pasaba a ser embajador plenipotenciario.

A principios de 2011, tras otro periodo de cabildeo en pasillos del Senado y la Cámara e interminables reuniones en State, Obama anunció, en su discurso sobre el Estado de la Unión, que visitaría El Salvador. Y luego, en gran parte por la gestión de Altschul, la Casa Blanca confirmaba que Obama, a pesar de fuertes advertencias y críticas de la derecha salvadoreña, visitaría la tumba de Monseñor Romero en San Salvador. La narrativa había cambiado. El presidente de los Estados Unidos, en una señal política sin precedentes lanzada desde el corazón de uno de los principales aliados del Washington contrainsurgente de los 80, daba su voto de confianza el gobierno de la izquierda de Mauricio Funes y el FMLN.

El Embajador había cumplido su primera y más importante misión. Vendrían, después, meses más complicados, marcados por el fin de la luna de miel entre Washington y San Salvador, causada en primer lugar por la insistencia del Departamento de Estado de cambiar al ministro Manuel Melgar y, ya más cerca de la precampaña electoral en El Salvador, por la creciente percepción de la embajada estadounidense en El Salvador sobre la cercanía entre Funes y su antecesor, Antonio Saca, alimentada sobre todo por enviados del partido Arena.

En 2012 hubo dos momentos críticos para la gestión Funes, marcados, primero, por la tregua entre pandillas, pero, sobre todo, por el apoyo del presidente a la malograda crisis constitucional generada por el FMLN y GANA en la Asamblea Legislativa a mediados de ese año.

La derecha salvadoreña, a través de sus aliados republicanos en el Senado y la Cámara, cabildeó con éxito para crear una duda razonable sobre la administración Funes (la derecha nunca dijo, por supuesto, que Arena había logrado el control absoluto del estado con estratagemas legales y políticas similares a las que hoy la motivaban a rasgarse las vestiduras). Pero, además de los interlocutores de la derecha en Washington, los mejores amigos del Gobierno de Funes , demócratas la mayoría, también eran escépticos esta vez, no solo porque se sentían, algunos de ellos, defraudados por los cambios en Seguridad y la PNC (el representante James McGovern, de Massachusetts, había mostrado preocupación en varias declaraciones públicas y cartas por el rumbo de la Policía y la llegada de militares al aparato de Seguridad), sino porque, en el caso de la Corte Suprema contra la Asamblea, la posición del Ejecutivo era muy difícil de defender.

Fue más difícil, pero fue de nuevo la gestión de Altschul, sobre todo gracias al aprecio que esos políticos demócratas y sus equipos le han tenido por 30 años, la que volvió a poner el contrapeso necesario y sirvió para que los mediadores en este conflicto –los senadores Menendez y Lugar y los interlocutores de Obama en el Departamento de Estado– pusieran las cosas en perspectiva. El embajador recurrió a los aliados más fieles que había cosechado durante años, encabezados por la oficina del Senador Patrick Leahy de Vermont, para detener la intención de las derechas estadounidense y salvadoreña de utilizar el lamentable arrebato de la Asamblea como una excusa para poner en duda los fondos para el segundo compacto de la cuenta del milenio. Además de reunirse con Leahy y de gestionar una ronda crítica de control de daños a su jefe, el Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, Altschul volvió a abrir las puertas de la oficina del Senador Bob Menendez, quien resultó indispensable para convencer a Rubio de que utilizar el argumento de Fomilenio en el medio de la crisis podría ser muy dañino para la relación bilateral y sobre todo para las comunidades salvadoreñas que se beneficiarían con esa línea de asistencia. En una palabra, Altschul le salvó la plana a la administración Funes.

También tocó al Embajador lidiar con todas las dudas que la tregua entre pandillas generó al Departamento de Estado y, en este caso, a las agencias policiales, la DEA y el FBI, muy influyentes en la sede diplomática en San Salvador. Altschul acudió al hábil recurso diplomático de partir de los puntos de encuentro para trascender los de desencuentro: a las dudas sobre la naturaleza del pacto de Seguridad con las pandillas, el embajador respondió con el argumento de que había una ventana abierta que El Salvador y Estados Unidos como su principal aliado en temas de seguridad ciudadana debían aprovechar. Es cierto que la administración Obama se mantuvo firme en su rechazo a la tregua a través de señales políticas como la declaratoria contra la MS del Departamento del Tesoro o la advertencia de viaje hecha por State, pero también es cierto que, a pesar de sus dudas, Estados Unidos no tomó medidas más severas y mantuvo sus líneas de cooperación en seguridad a través del programa Partnership for Growth.

A un año del fin del quinquenio Funes, la tarea parecía hecha, aunque aún hay cabos sueltos a los que poner atención, como por ejemplo garantizar que el segundo compacto en efecto sea aprobado, pero en este caso el papel de Altschul sería ya mínimo, porque ya el Embajador había solventado el escollo político generado por el mismo Ejecutivo. En el caso de Fomilenio II la tarea depende ya, en realidad, de la Secretaría Técnica de la Presidencia y de su diálogo directo con la Corporación del Milenio; el resultado final en ese tema será, solo, consecuencia de lo bien o mal que Casa Presidencial haga ahora su tarea.

Altschul, además, abrió por primera vez las puertas de la Embajada de El Salvador, la suite 100 del 1400 de la calle 16, en el noroeste de Washington, a toda la comunidad salvadoreña y a sus movimientos políticos, empresariales y culturales. A todos sin distingo. Para certificar esto basta preguntar a cualquier líder salvadoreño del Distrito de Columbia, Virginia o Maryland que se precie.

A un año del fin quedaba, solo, mantener estable el rumbo de un barco que, a pesar de las turbulencias, había navegado con bastante serenidad en Washington. Eso no pasó. En la primera semana de marzo, el Presidente Funes decidió pedir al Canciller Martínez que destituyera a Francisco Altschul para nombrar a Rubén Zamora, el académico social cristiano que fue el rostro visible de la izquierda en la primera posguerra y actual embajador de El Salvador en la India.

Horas después de que Martínez hiciese pública la decisión de Capres en una entrevista concedida a El Diario de Hoy, Washington comenzó a preguntar, extrañado y suspicaz, por las razones de la decisión. Dos argumentos, me parece, alimentaban las suspicacias. El primero tiene que ver con un axioma bastante importante en la política de esta ciudad: si algo funciona bien no hay porque arreglarlo (if it isn´t broken don´t fix it). Y Washington, el relacionado con El Salvador, entendía que Francisco Altschul funcionaba bien. El segundo argumento está relacionado a las confusiones y preguntas que en Washington ha generado la dinámica de la política salvadoreña: ¿Cómo se explica la división de la derecha? ¿Cómo afecta la irrupción de Tony Saca –un viejo aliado de los republicanos hoy venido a menos por el lobby de sus ex compañeros de partido– las posibilidades de que la derecha retome el poder? ¿Es posible que el FMLN gane la presidencia de nuevo? ¿A quién apoyará Funes? ¿Tiene la salida de Altschul algo que ver con todo esto? ¿Qué actores políticos -candidatos- en El Salvador se ven beneficiados por esto?

Por lo que sé, la salida del Embajador tuvo más que ver con intrigas palaciegas de quienes, en el entorno del presidente, venden desde hace tiempo la ilusión de que pueden controlar la diplomacia en la capital de los Estados Unidos y hacer “trabajo político” con la comunidad, que con un análisis serio sobre las implicaciones de esta decisión, abrupta por decir lo menos.

Está claro que El Salvador y su Gobierno pierden con la salida de Altschul. Y está claro que el cierre que haga el embajador Zamora no será fácil, ya que le tocará a él administrar las ansiedades preelectorales salvadoreñas, de cara a Washington, tanto en esta capital como en San Salvador. Zamora es un hombre inteligente, con buen antecedente en el congreso y las oenegés aquí -un antecedente que deberá desempolvar- y un olfato político de respeto; todo eso le servirá, pero lo corto del tiempo, lo abrupto de su llegada y, más que nada, el desgaste natural del barco que comanda Funes, jugarán en su contra.

Como sea, esto es Washington, y esta es, por la historia política de El Salvador y por la fuerza que los salvadoreños en Estados Unidos tienen, la embajada más importante para el país. El Embajador ante la Casa Blanca no se cambia por un capricho palaciego; eso también está en el manual no escrito de la diplomacia en esta ciudad, pero, de nuevo, parece que en palacio la diplomacia viene siendo lo de menos.

"¿Por qué permitió que las atrocidades siguieran?"

Por primera vez un militar salvadoreño aceptó en un tribunal la responsabilidad del alto mando del ejército en masacres, asesinatos y violaciones a los derechos humanos cometidos en los primeros años de la guerra civil. En un intenso intercambio con el juez Michael Horn, el general José Guillermo García reconoció que era su responsabilidad evitar esos crímenes, pero, dijo, aceptar eso no implica que él sea culpable. El juez le respondió que determinar eso era atribución de la corte. García también aceptó que fue el batallón Atlacatl el autor de la masacre de El Mozote. Horn le preguntó: "Cómo puede ser que después de toda la evidencia que DHS ha presentado de que esas atrocidades existían, y que eran continuas y numerosas... ¿cómo pudo permitir que esto pasara?"

El juez de migración hizo el miércoles en Miami, al cierre de la audiencia de deportación contra el general salvadoreño, lo que el DHS no había hecho el día anterior: interrogar de frente al militar sobre la responsabilidad en los crímenes que le atribuye el Gobierno de los Estados Unidos.

El intercambio entre Horn y García, según el recuento de una abogada presente en la audiencia, marcó el momento más dramático del juicio entero -y acaso de las revelaciones históricas que están ocurriendo en este proceso y en el que se sigue en Boston al coronel Inocente Orlando Montano por la masacre de los jesuitas. "Por primera vez un militar de este rango dice que sí sabía, que tenía responsabilidad y que el ejército estuvo involucrado en esto", dice la abogada. García, en otros juicios, había negado y se había limitado a decir que no sabía.

En el día final de juicio, el general admitió abiertamente algo que las Fuerza Armadas negaron sistemáticamente durante 22 años. "En su testimonio sobre El Mozote -relata Patty Blum, abogada del Centro para la Justicia y la Responsabilidad, presente en la corte de Miami-, García dio una respuesta sorprendente. Dijo que el crimen había sido ejecutado por el batallón Atlacatl, entrenado por los Estados Unidos... dijo que esto le había traído serios problemas con los miembros de ese batallón y el jefe del grupo militar de Estados Unidos en El Salvador".



Ya el martes, durante un cruce de preguntas y respuestas con su defensora, la abogada Alina Cruz, García había aceptado que sabía de los excesos del ejército "porque era algo de conocimiento público que no podía negarse". Ayer admitió que su cargo, el de Ministro de Defensa, le confería la responsabilidad de evitar esos abusos, pero, alegó García, no pudo hacer nada porque el ejército estaba muy dividido.

En un reporte sobre la audiencia del martes, la abogada Blum, recogió la versión de la testigo experta del Gobierno, la profesora de Stanford Terry Karl, sobre el rol de García en el ejército salvadoreño. "Leyendo un documento desclasificado del Gobierno de los Estados Unidos que contiene información biográfica sobre García (un formato de documento de inteligencia usado con frecuencia), decía que García era considerado, en efecto, como el poder tras el trono". Karl, escribe Blum, enfatizó que el general tenía suficiente poder para transferir personal militar fuera del país, ordenar investigaciones y castigar a los abusadores.

"Lo que le preocupa a esta corte es que esta situación de abusos siguió y parece que usted falló en sus responsabilidades; no hizo lo que un militar respetuoso de la ley debe hacer para servir a su patria y a su pueblo."

 Juez Michael Horn.

El miércoles, al escuchar de boca de García el alegato de que sus manos estaban atadas, Horn, según el recuento de Blum, insistió :

- "¿Me está diciendo que falló en sus responsabilidades como Ministro de Defensa?", preguntó el juez. Fue entonces cuando García admitió que se le podía atribuir responsabilidad en los abusos, pero que declinaba ser culpable.

En otro momento del interrogatorio, Horn dijo:

- "Lo que le preocupa a esta corte es que esta situación de abusos siguió y parece que usted falló en sus responsabilidades; no hizo lo que un militar respetuoso de la ley debe hacer para servir a su patria y a su pueblo. Si sentía que no podía hacer su trabajo por qué no renunció, ¿por qué pemitió que esto siguiera cuando conocía de las atrocidades del ejército contra la población civil?"

El general confrontó al juez, le dijo que había tratado de renunciar tres veces pero su renuncia no había sido aceptada. "No me hable de formalidades. Usted era un hombre con poder que hacía lo que quería, si quería irse no necesitaba el permiso de nadie", respondió Horn.

El interrogatorio directo de un juez a un acusado no es algo común en una corte migratoria, según dos abogadas consultadas. Tampoco lo es que el Gobierno, en este caso representado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), desaproveche la oportunidad de cuestionar directamente al acusado, sobre todo en un caso como este en que fue DHS en Washington el que pidió al juez migratorio que deportara a García por su presunta participación en crímenes contemplados en la Ley contra la tortura.

Fue la abogada de García quien, al final de una jornada dramática marcada por el emotivo testimonio de la hija del general, Ana Carolina Montoya, decidió llamar a su cliente de nuevo al banquillo de los testigos. Al poco tiempo de iniciado el interrogatorio, García pidió la palabra para decir al juez que, en realidad, no quería contestar más preguntas. La abogada Cruz desistió. Horn, sin embargo, dijo que aprovecharía al general para solventar algunas dudas.

"El juez hizo lo que DHS, por razones que no entiendo, no había hecho, que era hacer preguntas agudas al acusado", interpretó una abogada. "Que el juez haya decidido interrogar es quizá un mensaje de que se quedó con muchas dudas y consideró insuficiente lo que había hecho DHS".

Horn adelantó, antes de cerrar la audiencia, que aún no ha tomado su decisión y que podrían pasar incluso meses antes que lo haga y lo comunique. Por ahora, fijo el 3 de junio como fecha límite para que las partes le hagan llegar sus alegatos finales; después de eso, Gobierno y defensora tendrán hasta el 5 de julio para contestar los alegatos del otro. Será hasta después de eso que Michael Horn comunicará su decisión final por escrito.

El periódico El Nuevo Herald, en una nota subida ayer a su sitio web, consideró: "(el juez) dio a entender el miércoles, a través del tono de sus preguntas a García, que por ahora se inclinaba posiblemente a ordenar la expulsión porque había determinado que  el general tenía responsabilidad de evitar los abusos y no lo hizo".

La última batalla del general García

Antropóloga en las exhumaciones en El Mozote

El general José Guillermo García (al centro), tomada de la página de CJA

José Guillermo García volvió a una corte de la Florida ayer a esperar que el juez Michael Horn decida si lo deporta a El Salvador. El general se encuentra al final de un largo camino legal que inició en 2002, cuando tres víctimas salvadoreñas lo demandaron ante la justicia estadounidense, bajo el precepto legal de la cadena de mando, como responsable último de torturas recibidas a manos de miembros de los cuerpos de seguridad. Tras ser encontrado culpable en 2002, perder la apelación ante un tribunal superior en 2006 y ser sometido a un juicio de deportación por fraude migratorio tras la presión política ejercida por dos senadores, un demócrata y un republicano, García está a punto de ser el primer militar salvadoreño expulsado de suelo estadounidense por la aplicación de la Ley para la protección de víctimas de tortura y luego que la administración Obama pusiera en marcha una política de poca tolerancia contra violadores de derechos humanos presentes en Estados Unidos. Este juicio, como el que se sigue al coronel Inocente Orlando Montano en Boston por la masacre de los jesuitas de la UCA, se ha convertido en un escaparate de la historia reciente de El Salvador y de los Estados Unidos.

El lunes 25 de febrero, la profesora de Stanford Terry Karl, testigo experta de la acusación, se sometió al contra interrogatorio de la defensa de García, dirigido por la abogada Alina Cruz.

El 14 de diciembre de 2012, Karl había descrito ante el tribunal de Miami las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas de El Salvador durante el periodo en que García fue ministro de Defensa, entre octubre de 1979 y abril de 1983. La catedrática destacó la participación del ejército en la masacre del Mozote, y los cerca de 30,000 asesinatos extrajudiciales ocurridos en El Salvador durante aquellos años.

Para respaldar su conclusión de que García supo de todas esas violaciones, Karl expuso, en diciembre pasado, siete argumentos: 1. García era la persona más poderosa en El Salvador en aquellos años, 2. El ejército salvadoreño estaba involucrado en ataques sistemáticos contra civiles, 3. García controlaba al ejército, 4. García dirigía políticas de terror estatal, 5. Las acciones de García como Ministro de la Defensa deben interpretarse como connivencia -Karl lo llamó luz verde- con abusos a los derechos humanos, 6. García protegió y apoyó a conocidos violadores de los derechos humanos, lo cual alentaba la impunidad de los oficiales, 7. García negaba sistemáticamente que hubiese violaciones a los derechos humanos, incluso cuando oficiales estadounidenses le proporcionaban evidencia de las mismas.

En aquella audiencia, según un boletín informativo del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, en inglés), Karl "evocó la memoria de las mil personas que fueron asesinadas (en El Mozote), incluidos 250 niños cuyos cuerpos fueron descubiertos tras exhumaciones en el sitio de la masacre. La catedrática mostró a la corte documentos desclasificados de los Estados Unidos en los que García se refería a la masacre como una novela o un cuento de hadas, mera 'propaganda Marxista-Leninista' ".

El lunes, la defensa tuvo su oportunidad para cuestionar la credibilidad del testimonio de Karl. El principal argumento de la abogada Alina Cruz fue que el Presidente y en general el Ejecutivo de los Estados Unidos habían sometido al Congreso, como parte del proceso para que los legisladores en Washington aprobaran ayuda financiera y militar a El Salvador, la "certificación" de que las Fuerzas Armadas salvadoreñas habían mejorado su récord de derechos humanos. Cruz insistió ante Karl que la Casa Blanca había certificado a García, incluso dos veces en un año; la abogada ofreció un documento de certificación fechado en enero de 1983 como prueba ante la corte.

A eso, Karl respondió que en 1993, tras la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a la guerra civil salvadoreña y la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, el Departamento de Estado en Washington sometió a un riguroso escrutinio todo el proceso de certificación. Además, la experta señaló que tras la revisión de miles de documentos oficiales de Estados Unidos desclasificados llegó a la conclusión que funcionarios estadounidenses que conocieron de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército salvadoreño "fallaron" al no incluir esa información en sus reportes.

Sobre El Mozote, Alina Cruz preguntó a Karl si no era posible que García hubiese negado la masacre por no contar, en su momento, con información de inteligencia contundente. Karl dijo que eso era imposible. La defensora también preguntó si no era posible que los autores de la masacre hayan sido las fuerzas guerrilleras o soldados descarriados. Karl respondió lo mismo: no era posible.

Al final, el juez Horn pidió a la experta que opinara si estaba familiarizada con la definición legal de tortura a la que se refirió el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) cuando dijo que García había "ordenado, incitado, asistido o participado de alguna otra forma en actos de tortura". La respuesta: "García, de forma consciente, se hizo el ciego ante la tortura, promovió y protegió a conocidos torturadores o a sus comandantes y sabía que sus subordinados practicaban la tortura cotidianamente". Era, dijo Karl, una organización vertical de la que García era el centro.

Abogados de la acusación explicaron ayer por teléfono que el juez podría tomarse aún un periodo considerable de tiempo -incluso meses- antes de decidir si deporta a José Guillermo García.

Enlaces de interés sobre el Caso Montano, los antecedentes del juicio contra García y la decisión estadounidense de repatriar a violadores de Derechos Humanos.