Más amigos de Chepe Luna en Washington

 InSightCrime publicó el 28 de mayo esta nota sobre un policía cuestionado por nexos con el narcotraficante que, por decisión del ex director de la PNC, general Francisco Salinas -ese día juramentado como nuevo director del Organismo de Inteligencia de El Salvador-, vendrá como agregado policial a Washington.

Sub-comisionado Luis Ernesto Núñez Cárcamo

La protección policial permitió al narcotraficante José Natividad Luna Pereira escapar de El Salvador e instalarse en Honduras, país del que también tiene una partida de nacimiento. En la foto una de las residenciales que Chepe Luna frecuenta en Tegucigalpa según la inteligencia hondureña.

La embajada de El Salvador en Washington está a punto de convertirse, por segunda vez, en hogar temporal de un oficial de policía vinculado a José Natividad Luna Pereira, alias Chepe Luna, un esquivo traficante de drogas, según confirmaron dos ex ministros y un jefe de investigadores en San Salvador.

La Cancillería salvadoreña recibió el 30 de abril el oficio en que la Policía Nacional Civil le informa que el subcomisionado Luis Ernesto Núñez Cárcamo ha sido designado agregado policial en la embajada de El Salvador en Washington, DC. Núñez Cárcamo ganará 7,000 dólares al mes; más que el embajador. Fuentes de Relaciones Exteriores confirman que el trámite está por pasar al Ministerio de Hacienda, al que toca aprobar plaza y salario; de ahí, el pasaporte del oficial irá a la embajada de Estados Unidos en Santa Elena para el visado diplomático respectivo.

Detalle del instructivo de la PNC firmado por el ex director Francisco Salinas y del salario establecido para el agregado policial en Washington y para su staff.

En 2009, la Inspectoría General de la PNC le abrió a Núñez un expediente por “vínculos con el conocido narcotraficante conocido como Chepe Luna”. Luna burló a las autoridades salvadoreñas al menos cuatro veces gracias, entre otras cosas, a que policías de alto rango le filtraron información sobre operativos que fuerzas de tarea asesoradas por Estados Unidos montaron entre 2005 y 2006 para capturarlo.

Núñez es el segundo oficial con supuestos vínculos a Chepe Luna que ocuparía un puesto importante en Washington. En 2006, el comisionado Ricardo Menesses, hasta poco antes director general de la Policía Nacional Civil, fue designado como agregado policial en la embajada ante la Casa Blanca luego de un retiro silencioso ordenado por el mismo presidente, según la versión de un ex miembro del gabinete de Saca involucrado directamente con las investigaciones contra Luna.

“Cuando todos los operativos para capturarlo (a Luna) fallaron, fui a ver al presidente y le dije: 'hemos quedado avergonzados como país'. A los pocos días, el presidente me dijo que iba a quitar a Menesses”, dijo el ex miembro del gabinete quien prefirió el anonimato para hablar con libertad.
Cómo estos dos oficiales fueron asignados a la sede diplomática más importante de El Salvador después de estar vinculados con un investigado por narcotráfico en tres países centroamericanos revela hasta que punto han penetrado grupos criminales a esta entidad.

Núñez Cárcamo es un oficial con un amplio expediente disciplinario interno en la Policía e incluso ha sido señalado por testigos en el Tribunal de Ética Gubernamental de El Salvador en un caso de robo de café.

Folio 3 del expediente 66-TEG-2007 del Tribunal de Ética Gubernamental, fechado el 25 de mayo de 2009, en el que un agente relaciona a Núñez Cárcamo con una orden para no intervenir en una denuncia por robo de café.

Entre 2004 y 2006, la Dirección General de Aduanas, una de las instituciones salvadoreñas que primero siguió la pista de Chepe Luna, perfiló a Núñez Cárcamo como uno de los colaboradores del narcotraficante cuando este se dedicaba al contrabando y al tráfico de personas. “Tuvimos que maniobrar fuerte desde Hacienda -el ministerio al que está adscrita Aduanas- para que lo quitaran de Finanzas”, una de las divisiones de la PNC más infiltradas por el narcotráfico, asegura un investigador que trabajó entre 2004 y 2009 la investigación de Luna y la banda de narcotraficantes Los Perrones.

A finales de 2004, la recién inaugurada administración del presidente Antonio Saca tomó la sugerencia de la embajada de los Estados Unidos de crear una fuerza especial de tarea desde los ministerios de seguridad y hacienda para combatir el contrabando y el tráfico de personas y droga en el oriente del país, donde empezaba a tomar fuerza un grupo de empresarios que habían vestido con negocios legítimos fortunas provenientes del contrabando y que a finales de los 90 empezaron a mover cocaína de Costa Rica hasta Guatemala, e incluso hasta algunos puntos de la costa este estadounidense.

El primer y más importante objetivo del grupo, asesorado permanentemente por la DEA y el FBI, fue Luna Pereira, a quien Estados Unidos seguía de cerca por una orden internacional de captura que una corte en Nueva York había emitido por tráfico de drogas y porque la inteligencia nicaraguense lo perfilaba como uno de los principales traficantes de indocumentados de Centroamérica hacia el norte.

Uno de los ex ministros salvadoreños que lideró la fuerza de tarea y un jefe de investigaciones salvadoreño que trabajó de cerca el caso de Luna coinciden en que los operativos contra el narcotraficante fallaron porque, desde “los más altos niveles de la Policía”, le filtraron información sobre los planes para capturarlo.

El investigador que trabajó en ese grupo de tarea explica que perfilaron a Núñez como uno de los hombres más cercanos a Chepe Luna, “alguien que hasta se subía a los carros con él”.
Antes de eso, Romeo Melara Granillo, inspector general de la Policía desde 1999 hasta 2009, había abierto expedientes al subcomisionado por faltas menores. “Le abrían un expediente tras otro, pero siempre lo protegían”, explica un investigador del Centro de Inteligencia Policial.

En 2007, en un caso diferente, dos agentes declararon ante el Tribunal de Ética Gubernamental -una institución autónoma del Gobierno de El Salvador encargada por ley de recibir denuncias de ciudadanos contra funcionarios públicos- que Núñez Cárcamo les había confirmado una orden de no recuperar sacos de café que dos hacendadas habían denunciado como robado. Según las denunciantes, otro hacendado de una zona cafetera del occidente salvadoreño, de cuya regional policial Núñez era entonces jefe, era responsable del robo y tenía buenas relaciones con la Policía. Así consta en el expediente 66-TEG-2007, fechado el 25 de mayo de 2009. En 2010, por este y otros casos similares, el Consejo Salvadoreño del Café se quejó ante el Ministerio de Hacienda de que Núñez Cárcamo era “inoperante”.

Fue hasta el 27 de octubre de 2009 que la inspectora Zaira Navas, nombrada por la administración Funes, abrió un expediente formal contra Núñez Cárcamo por “vínculos con el narcotraficante José Natividad Luna Pereira”, según se lee en el informe ejecutivo de la inspectoría para 2010. Testigos citados en ese proceso especificaron que Núñez Cárcamo destruyó documentos que implicaban a Chepe Luna con varios delitos.

Cuando ex director de la PNC de El Salvador, el general Francisco Salinas -destituido el 17 de mayo por una resolución de la Corte Suprema que declaró ilegal al nombre de la Policía por su rango militar-, tomó posesión en 2012, nombró a un ex juez, Carlos Linares Ascencio, como inspector general el 16 de julio de ese año tras la renuncia de Navas. El primer y único acto público de Linares al frente de la inspectoría ha sido descartar, sin ninguna explicación legal, los 20 expedientes que Navas abrió en contra de altos oficiales de la Policía por delitos y faltas que iban desde connivencia con el narcotráfico hasta tortura. El presidente Funes, que en los primeros dos años de su mandato defendió a la ex inspectora en foros internacionales y ante sus opositores políticos internos, ha guardado silencio.

La administración de Salinas, además de borrar el expediente de Núñez, favoreció al subcomisionado con un viaje a Bogotá a un taller de Expodefensa según consta en el cuadro de misiones oficiales de la Policía para 2012, y le otorgó responsabilidad sobre el manejo de un fondo circulante de 75,000 dólares.
 
Como agregado policial en Washington, Núñez Cárcamo ganará 7,000 dólares al mes según el instructivo PNC/DC/No. I-0008-02-2013 para la administración de agregadurías policiales en sedes diplomáticas en el exterior que el general Salinas firmó el uno de marzo de 2013. Según ese instructivo en la agregaduría en Washington habrá, además, otros dos oficiales, un agregado adjunto que ganará 6,000 dólares y un asistente administrativo que ganará 4,000.

Cuando tome posesión de su nuevo cargo, si lo hace, el subcomisionado Núñez Cárcamo se convertirá en el segundo allegado de Chepe Luna que se refugia en la suite 100 del 1400 de la calle 16 de la capital estadounidense, sede de la embajada, a pesar de investigaciones abiertas en su contra en dos administraciones presidenciales diferentes por sus nexos con Luna, y a pesar de que subalternos suyos lo relacionaron con una red criminal dedicada al robo de café en el occidente de El Salvador.

La Policía Nacional Civil no respondió a las solicitudes de InSight Crime de comentar sobre la historia laboral de Núñez y su nuevo cargo en Washington.

El Antecedente

Menesses nunca fue, en sentido estricto, un agregado policial en la embajada, sino un ministro consejero, un cargo designado en el escalafón diplomático salvadoreño para los mandos medios de las embajadas. Por su calidad de oficial de la PNC, sin embargo, estaba a cargo de revisar y remitir a El Salvador los listados de deportados con antecedentes criminales y pandilleros, tarea que se volvió fundamental desde 2006, cuando la administración Bush ejecutaba la política Comunidades Seguras a lo largo de Estados Unidos, lo que implicó, entre otras cosas, un importante aumento en las repatriaciones y roces entre Washington y San Salvador.

Sin embargo, sus antecedentes fueron aún más conocidos que los de Núñez Cárcamo. Un informe de la Inspectoría de la PNC, fechado el 24 de septiembre de 2010, del que Funes hizo eco ante la asamblea general de Naciones Unidas, dice: “iniciamos investigaciones por faltas graves y muy graves en contra del ex director general, a quien se le atribuyó responsabilidad por el supuesto fracaso de cuatro operativos diseñados para capturar al reconocido narcotraficante José Natividad Luna Pereira, debido a fuga de información mientras era director de la institución y vínculos con dicha persona, protección a una persona vinculada a un delito de homicidio, enriquecimiento ilícito, entre otras”.

Hace dos semanas, en San Salvador, uno de los investigadores de la fuerza especial que persiguió a Luna en 2004 confirmó el vínculo. “Cuando los operativos fallaron los equipos de inteligencia que vigilaban a Luna en el terreno nos mostraron fotos de Menesses en la finca que Chepe tenía en Barrancones -en el Golfo de Fonseca, zona de trasiego de cocaína- en esos días”. Esos equipos de vigilancia era del Grupo Especial Anti Narcotráfico, el GEAN, una unidad validada por la DEA.
“El caso de Menesses fue luego demasiado evidente. Empezó a comprar caballos. Pagó cash una casa de más de 100,000 dólares.”, dice el jefe de investigadores.

Menesses dejó la Policía en 2011 acusado de abandono de trabajo luego que la Cancillería lo despojara de su inmunidad diplomática cuando la inspectora Navas hizo públicas las acusaciones por los supuestos vínculos con Chepe Luna y luego que un periódico publicara una foto de Menesses, otrora vocero de la antipandillera Mano Dura, con Carlos Barahona, alias Chino tres colas, líder de la pandilla Barrio 18.

La salida de Menesses, el primer oficial de carrera nombrado director general de la Policía por el presidente Francisco Flores en junio de 2003, ocurrió en silencio en diciembre de 2005. Sin escándalos. Saca había llegado a la presidencia blandiendo, entre otras, la bandera de la transparencia; la salida de su director de Policía por vínculos con uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos en El Salvador era un ruido a evitar. La administración ofreció al comisionado inmunidad diplomática, una plaza de $4,700 mensuales y un sobresueldo no especificado.

Una Vieja Amistad

A diferencia de Menesses, Núñez Cárcamo vendrá a Washington como un agregado policial en regla: su puesto depende de la Policía y está regido por el instructivo firmado por Salinas. Por su escritorio seguirán pasando las listas de deportados, pero también Denuncia Express, un programa de denuncia transnacional de extorsiones inaugurado en 2010 por la administración Funes.

En realidad, estos dos oficiales de la Policía salvadoreña comparten muchas cosas. Ambos se dieron de baja del ejército el 12 de mayo de 1994 para ingresar in extremis a la recién creada Policía Nacional Civil por medio del acuerdo ejecutivo 221. Ambos fueron jefes de la cuestionada División de Finanzas, la primera a la que los contrabandistas de oriente que luego se convertirían en Los Perrones infiltraron.

Un investigador fiscal que aún trabaja en el Ejecutivo y quien fue uno de los líderes en las investigaciones contra Los Perrones, resume la relación entre Menesses, Núñez Cárcamo y otros oficiales: “En 2004, cuando Menesses era director, Hernández Aguilar -actual jefe del Centro de Inteligencia Policial- era jefe de Finanzas, desde Hacienda hubo presión para quitarlo, porque estaban favoreciendo a Chepe Luna y a Los Perrones; Menesses puso a Núñez y todo siguió igual, la mafia siguió...”. Uno de esos oficiales pasó por Washington. Otro está a punto de venir.

El general Munguía sin su tregua

Aquí el análisis sobre la salida de los generales Munguía y Salinas, y su efecto en la tregua entre pandillas en El Salvador, escrito junto a @stevensdudley en @InSightCrime_es

El viernes 17 de mayo la Corte Suprema de Justicia falló que el presidente Mauricio Funes violó la Constitución salvadoreña al nombrar al general retirado David Munguía Payés como ministro de Justicia y Seguridad Pública y al general Francisco Ramón Salinas como director de la Policía Nacional Civil. La salida de Munguía, el principal gestor de la tregua entre pandillas, ha generado ansiedad sobre el futuro del pacto, que en poco más de 13 meses ha provocado una reducción de 41% en la cifra de homicidios.

Los generales Francisco Ramón Salinas (izquierda) y David Munguía Payés. Foto tomada de elmundo.com.sv

Una de las primeras declaraciones públicas que el general Munguía Payés dio a la prensa salvadoreña después de jurar en el cargo, en noviembre de 2011, fue que tenía un plan para reducir los homicidios un 30%. Los asesores de Funes se pusieron nerviosos: ¿30%? Ningún gabinete de seguridad había logrado siquiera rozar el 10% en la última década. Lo que los asesores no sabían, ni la prensa en ese momento, es que el general tenía un plan.

Cuatro meses después, el 14 de marzo de 2012 el periódico electrónico El Faro reveló buena parte de ese plan. Los hombres de inteligencia del general, encabezados por el coronel Simón Alberto Molina Montoya, a quien Munguía había puesto como segundo en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), y Raúl Mijango, un ex guerrillero al que el nuevo ministro de Seguridad había contratado como asesor cuando era ministro de Defensa, tenían a punto un pacto que posibilitaría una tregua entre las pandillas MS y Barrio 18. El pacto, en corto, consistía en que el estado facilitaría mejores condiciones carcelarias a los líderes de ambas pandillas para que estos pasaran a la calle la orden de disminuir los asesinatos.

Fueron, esos, días difíciles para los periodistas que revelaron el plan. El director de El Faro, Carlos Dada, incluso denunció en la televisión salvadoreña que sus reporteros eran objeto de seguimiento. También hubo, según cuatro fuentes diferentes de la inteligencia estatal y la policía salvadoreñas, purgas internas en la PNC y la OIE, que incluyeron el uso de polígrafos, en busca de informantes.

Hubo, al principio, mucha especulación sobre cuáles eran las condiciones reales del pacto inicial y cuáles las cesiones reales del Estado; las dudas se vieron alimentadas por declaraciones encontradas del ministro, e incluso del mismo presidente, quien pasó casi un año negando la participación del gobierno en el pacto hasta que, en abril de 2013, lo hizo suyo y le dio status de política pública incluso ante el Secretario de Estado de los Estados Unidos cuando vino a Washington en busca de financiamiento para programas de prevención.

Muchas de las dudas nunca se resolvieron, pero lo cierto es que el plan del general funcionó en el tema de homicidios. Con creces. En su correo institucional de despedida de la PNC, enviado el sábado 18 de mayo, el general Salinas escribió: “En cuanto a la baja del delito, el del homicidio cerró el año 2012 con un descenso del 41% en relación con la cifra del 2011”. Nadie ha podido, hasta ahora, disputar esa cifra.

También es cierto, sin embargo, que ni el general Munguía ni el presidente Funes en el último tramo pudieron explicar con convicción cuál era el camino para dar sostenibilidad a una tregua que empezó desde la oscuridad. Y también es cierto que las autoridades terminaron por conceder que los líderes de las pandillas no incluyeron en el pacto las extorsiones, uno de los delitos que más afecta a quienes viven en zonas de alta influencia pandillera.

“Uno de los efectos más claros en la calle es que ahora los líderes son autoridades más asentadas, que en algunos casos han sustituido a cualquier otra autoridad”, explicaba hace unas semanas un periodista que ha cubierto la tregua y sus efectos en El Salvador.

La salida de Munguía, el viernes 17, estuvo acompañada más por especulaciones en torno a la tregua que por reacciones a la causa de su destitución -que su calidad de militar de carrera le impide, de acuerdo al análisis de la Corte Suprema, hacerse cargo de la Seguridad Pública en virtud de lo pactado por el gobierno y el FMLN en el Acuerdo de Paz de 1992.

Uno de los primeros en reaccionar fue Mijango, el principal mediador de la tregua. El ex guerrillero dijo que la resolución de la Corte estaba influenciada por enemigos del “proceso de paz”, como él siempre le llamó; que Munguía y Salinas eran “héroes” de la patria; y que esperaba que Funes nombrara rápido a sucesores que dieran continuidad a la tregua.

El sábado 18, en una conferencia convocada en la cárcel y a través de un comunicado de prensa, las pandillas lamentaron la decisión de la corte y dijeron que mantendrían la tregua siempre y cuando las nuevas autoridades de seguridad renovaran los compromisos adquiridos por el general saliente. En un tono desafiante agregaron que la decisión de los magistrados “pone en riesgo la seguridad de los salvadoreños”.

Funes, en un programa radial que transmite todos los sábados, dijo que no comparte la decisión de la Corte, pero que está obligado a respetarla. Dijo también que le extraña el “tiempo” de la resolución y que nombrará a los sustitutos de Munguía y Salinas en los próximos días. Por el momento, en forma interina, el viceministro de Justicia y Seguridad, Douglas Moreno, asumirá el despacho de ministro, y el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, actual subdirector de la Policía, asumirá como director general.

Los 30 días previos a la salida de los generales habían sido críticos para la tregua. El 11 de mayo, la Conferencia Episcopal de El Salvador, que reúne a todos los obispos católicos del país, hizo público un comunicado en el que cuestiona la tregua y condena los ataques de las pandillas a la población, además de distanciarse del proceso. El documento está firmado por el obispo castrense Fabio Colindres, el mediador católico al que Munguía acudió para dar credibilidad luego que otros tres obispos lo habían rechazado. En el último mes, además, los homicidios habían subido.

 

ANÁLISIS

El presidente Mauricio Funes y el general Munguía Payés en conferencia de prensa explicando la tregua entre pandillas

El presidente Funes se enfrenta a una de las decisiones más importantes de su presidencia. Aunque se resistió al principio en dar a la tregua estatura de política pública, terminó por hacerlo. El pacto pandillero es hoy, de hecho, parte central de su discurso y de su acción pública.

Hoy, con la salida del ministro que gestó, planificó y ejecutó la tregua, el presidente deberá, si quiere mantener la baja en los homicidios, nombrar funcionarios que comulguen con los planes de Munguía y que tengan, como el general, las líneas de interlocución directas con el liderazgo pandillero. En pocas palabras: la tregua dio a los líderes de las maras status de interlocutores del estado y quien llegue al despacho de seguridad deberá estar de acuerdo con mantenerles esa calidad para garantizar la baja de homicidios. En ese sentido, tienen razón quienes aseguran que la tregua depende de las pandillas.

El plan de Munguía nunca incluyó la sostenibilidad, y a estas alturas parece demasiado tarde para pensar en eso, aunque si Funes decide dejar a Moreno en el cargo, el actual viceministro es el funcionario que mejor conoce las pocas líneas de financiamiento para prevención que existen en la actual administración. Solo con un plan agresivo, y financiado, que permita intervención del estado para la reconstrucción de tejidos sociales en esos barrios donde las pandillas ya sustituyeron a la autoridad pública, la tregua pasaría a depender de alguien más que los líderes en las cárceles. Lo dicho, parece muy tarde para eso, sobre todo hoy que esos líderes adoptaron ya una pose más agresiva ante la salida de su interlocutor.

Hay, además, otros dos elementos a tomar en cuenta. El primero es el ruido electoral: ante la elección presidencial del próximo año, ya la derecha política -en la oposición- empieza a aprovechar la inestabilidad para tratar de sacar raja.

Si la clase política decide enfrascarse desde sus puestos de poder, como suele, en la discusión estéril antes que en la proposición de salidas viables, si el presidente insiste en defender esa tregua que en principio no reconoció, y por lo mismo no desarrolló en política de estado viable, y si la oposición se enfrasca en su cómoda trinchera solo a esperar que la tregua se desmorone, entonces sí serán El diablito de Hollywood, El sirra, El viejo Lin, El trece y El chino tres colas quienes decidirán quién vive y quién no.

El segundo elemento es el silencio que la tregua y el enfoque casi exclusivo de la discusión sobre seguridad pública en el tema pandillero han creado alrededor del crimen organizado y el narcotráfico. Todo indica que, como en los dos periodos presidenciales anteriores, los homicidios y la violencia homicida que ha generado la batalla entre la MS y el Barrio 18 ocuparán por completo la atención de este presidente mientras los operadores del narcotráfico y sus agentes en el estado salvadoreño operan a sus anchas. Y para el narco, está visto, el color partidario es lo de menos.

EL POLÉMICO CAMBIO

El general David Munguía Payés cuando era ministro de Defensa y Manuel Melgar, su antecesor en el ministerio de Seguridad. Foto tomada de elfaro.net

El nombramiento del general David Munguía Payés ocurrió luego que, tras meses de presión por parte de Estados Unidos, Funes aceptó la renuncia de su primer ministro de Seguridad, el ex guerrillero Manuel Melgar, a quien Washington acusa de haber participado en el asesinato de marines en la zona rosa de San Salvador en 1984.

Al aceptar el cargo, Munguía planteó a Funes el nombramiento del general Francisco Salinas al frente de la Policía y del abogado Manuel Chacón como viceministro de Justicia y Seguridad. El general también pidió la cabeza de Eduardo Linares, también ex guerrillero y director del OIE, y de Rubén Alvarado, del FMLN y director general de Migración. Chacón fue desechado por su pasado como defensor de un policía que había asaltado una agencia bancaria a plena luz del día en 1994, pero se mantuvo como asesor del despacho de Munguía. Linares y Alvarado fueron destituidos.

El abogado Henry Campos, hasta entonces viceministro, renunció al poco tiempo. En su lugar, Funes nombró a Douglas Moreno, hasta entonces director de cárceles.

Tras tres meses de especulación, marcados por protestas provenientes de la izquierda y de sectores liberales en Washington que veían en el nombramiento de Munguía una violación a los Acuerdos de Paz, Funes nombró a Salinas director de la Policía. Con él regresaron a puestos claves de la PNC oficiales provenientes del ejército, la mayoría de ellos investigados por diferentes delitos y faltas por la inspectora general de la Policía, quien también renunció.

Al final, el gabinete de seguridad de la administración Funes quedó, en efecto, dominada por militares y el FMLN quedó marginado de esa parte del estado. El viernes pasado fue esa calidad, la de militar de carrera, la que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia encontró incompatible con los artículos 159 y 168 de la Constitución de El Salvador, reformada tras la firma del Acuerdo de Paz de 1992. La parte de ese acuerdo que se refiere a la seguridad pública dice: “será una institución independiente de la Fuerza Armada, adscrita al Ministerio del Interior, cuyo fin es resguardar la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural, con estricto apego al respeto a los derechos humanos y bajo la dirección de autoridades civiles.”

La tregua en Washington. Un año después

Columna publicada el 16 de abril de 2013 en elfaro.net

 

Vídeo de evento en WOLA: "One year after the gang truce in El Salvador"

Cuando el presidente Funes visitó Estados Unidos al principio de su periodo -en marzo 2010 la Casa Blanca y en septiembre 2011 Nueva York para su tercer discurso ante el pleno de la ONU-, su agenda de seguridad era una: el combate al crimen organizado. En el ocaso de su quinquenio vuelve a Washington con la tregua entre pandillas como su único argumento. A pesar de la reciente ofensiva de su ministro de Seguridad en esta ciudad en busca de apoyos, las dudas persisten.

Escepticismo es la palabra que mejor resume la sensación de Washington respecto a la tregua entre pandillas en El Salvador. Aun ahora, después de una ofensiva oficial que incluyó dos visitas del ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, en poco más de un mes, y a pocos horas de la llegada del presidente Mauricio Funes a la capital de Estados Unidos, las dudas siguen, incluso entre quienes, desde el mundo de las oenegés latinoamericanistas y del de algunos gobiernos locales del área metropolitana, han visto la tregua con optimismo.

Más allá de la estrategia mediática de Seguridad en torno al pacto, que destaca con tino la baja en homicidios y maneja por lo bajo el problema de las extorsiones e incluso niega otros asuntos relacionados a la seguridad pública, como la corrupción y la infiltración del crimen organizado en el estado, hay dos preguntas que el discurso oficial sigue sin despejar. La primera: en qué consistió el pacto inicial y cuál fue el papel real de la inteligencia del estado y del despacho de Munguía en esa gestión. La segunda: si a la vuelta de un año está claro que la reducción en los homicidios se sostiene, cuál es el plan de la administración Funes para convertir ese pacto inicial en una política pública que trascienda a los mediadores -en los que pocos aquí confían- y a los líderes pandilleros que han manejado la tregua desde las cárceles.

Debido en gran parte a la falta de respuesta efectiva a esas dudas, como lo dijo hace poco el investigador Douglas Farah a El Diario de Hoy, la comitiva del general Munguía se fue de Washington sin promesas importantes de apoyo financiero y sin nuevos respaldos políticos, más allá del ya garantizado de la OEA. Eso, sin embargo, no significa que no haya aquí, sobre todo en el mundo de los organismos financieros multilaterales, opciones de financiamiento para programas específicos de rehabilitación y prevención.

Hace poco, en un foro organizado por la Washington Office on Latin America (WOLA), una representante del Banco Mundial dijo que aun con la “opacidad” inicial, podía haber líneas de crédito abiertas para programas de rehabilitación y reinserción para los llamados municipios libres de violencia. Siempre y cuando el gobierno presente un plan coherente y administradores diferentes de esos planes. Eso no ha pasado.

Lo de nuevos rostros que administren la segunda etapa de esta tregua es lugar común entre los interesados en Washington. Incluso desde las entrañas de la administración, incluso desde sus oficinas más críticas, se empiezan a oír ya, tímidas aún, preguntas sobre quiénes, desde el sector privado o el mismo gobierno Funes, podrían ser referentes alternativos. Quiénes además de Mijango, Colindres y el mismo Munguía, se entiende.

“Muchos pensamos que en estas reuniones conoceríamos un plan más elaborado sobre lo que sigue, sobre todo en el tema de los municipios, pero lo que escuchamos fue más explicación sobre la primera parte, sobre el pacto en sí mismo, y lo que oímos de esa parte no despejó las dudas”, me comentó uno de los funcionarios presentes en reuniones sostenidas por la comitiva salvadoreña la semana pasada. Desde el congreso, una apreciación similar de un asistente: “el problema no es la tregua; hay mucha gente aquí que puede encontrar una lección positiva, incluso replicable. El problema es que cuando alguien viene y te dice que en El Salvador no hay un problema importante de narcotráfico o de crimen organizado, y que todo se reduce a las pandillas, es difícil creerle algo de lo que te está diciendo”, dice este funcionario en referencia a conversaciones en que el ministro restó importancia al tema del narcotráfico en el mapa de la seguridad pública salvadoreña.

Está claro que, a estas alturas, el tema importante en relación a la tregua es el financiamiento. Pasó ya el tiempo político de trascender el balbuceo inicial sobre el pacto, desde la triple versión inicial sobre el traslado de los líderes de la cárcel de máxima seguridad a otros recintos -razones humanitarias, recomendación de consejos criminológicos y posible atentado a roquetazos contra los penales- hasta el retruécano aquel de no-negociamos-facilitamos-negociamos. Un analista centroamericano sobre tendencias de crimen organizado que trabaja en un tanque de pensamiento aquí lo explica así: “Esa parte del discurso es insostenible para ellos (el gobierno salvadoreño), pero si parten de aceptar que alguien debía de hacer lo feo para de ahí construir y hoy se concentran en eso pueden llegar a algún lado”.

Algún lado es, en esencia, dinero fresco que permita al estado salvadoreño, desde el gobierno central o desde las alcaldías, convertir a los municipios libres de violencia en algo más que una estrategia de comunicaciones o, como temen los más críticos, en territorios de paso libre para la droga. Esto lo explica un trabajador social del condado de Montgomery, en Maryland, uno de los sitios en que las pandillas salvadoreñas tuvieron una fuerte presencia criminal entre mediados de los 90 y el primer lustro de 2000: “No hay veredas mágicas aquí. Es simple. Cuando el tema de la calle está controlado, el estado entra con plata, con un montón de plata para programas sociales que permitan contener el riesgo entre los jóvenes”. Y un policía de Fairfax, condado de Virginia también conocedor de las pandillas salvadoreñas, el teniente Rick Pérez, me lo explicaba así antes de conocer sobre la tregua salvadoreña: “primero es fuerza, inteligencia y trabajo con la comunidad y luego la inversión social”.

Aun hoy, y a pesar del escepticismo, los departamentos de policía de estos condados siguen de cerca la tregua, y lo que esta puede haber implicado para la relación entre los liderazgos de las pandillas en El Salvador y en los barrios aquí en Estados Unidos. Después de todo, no fue hace mucho tiempo que desde las cárceles salvadoreñas se ordenaban asesinatos a ejecutarse en Maryland, Virginia o Nueva Jersey o que miembros de clicas aquí eran parte de redes de narcotráfico (la red de Juan Colorado, por ejemplo, usaba como mulas en Nueva Jersey y College Park, Maryland, a pandilleros locales, según el expediente judicial abierto en El Salvador).

En marzo pasado, a pocos días de revelado el pacto inicial, un policía del condado de Montgomery, en Maryland, me contó que la relación entre los liderazgos de Maryland y El Salvador era, como entre clicas en territorio salvadoreño, heterogéneo. “Es, a veces, un tema de relación personal. Hay quien aquí tiene un hommie allá al que le manda plata o con quien se hacen favores, pero sí hay relaciones y hay movimientos de dineros; es poca plata casi siempre, vía envíos...” La pregunta que este oficial se hacía, al conocer sobre condiciones carcelarias más relajadas, parecía lógica: “bueno, supongo que si estando en Zacatraz -lo decía así, con esa palabra, en medio de una conversación en inglés- hablaban por celular hasta aquí, hoy será más fácil”.

Panel en WOLA sobre el primer aniversario de la tregua. 29 de marzo 2013. En la foto: Profesor Ed Maguire, American University; Steven Dudley, InsightCrime.org; Alys Willman, Banco Mundial. Fotos cortesía de Miguel Ángel Álvarez

Ya en el nivel federal, es evidente que a las agencias policiales de Estados Unidos -las law enforcement- la tregua no les gusta nada. No le gusta al FBI. Tampoco le gusta a quienes, en el Departamento de Estado, manejan la minucia de CARSI, el programa estelar de cooperación en seguridad de la administración Obama con Centro América. En elevento de WOLA que mencioné, uno de estos funcionarios preguntó al panel, del que formé parte: “¿A quién pertenece esta tregua? ¿Le pertenece en realidad a los salvadoreños?” Mi respuesta: hasta ahora, en términos políticos, la tregua le pertenece a los mediadores, al general Munguía y a los líderes de las pandillas que están en las cárceles. Y aunque la baja en los homicidios es, sí, patrimonio del país, la transformación del pacto en política pública pasa por el presidente de la república y su capacidad de gestión.

Y está la otra duda, que viene también de algunas oficinas de la administración, pero sobre todo de oficinas del congreso que escucharon y apoyaron a Funes cuando, al inicio de su quinquenio, vino a Washington y a Nueva York con un fuerte discurso anti crimen organizado que partía de reconocer la infiltración del narco en el estado, no a las pandillas, como la amenaza principal a la estabilidad democrática de Centro América. “Sin una decidida vocación de combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones del estado no será posible enfrentar nuestras enormes metas... Comencemos por nuestra casa, limpiando las instituciones que, como la Policía, han sido presa de la corrupción y la compra de voluntades...”, escucharon los interlocutores más amistosos con la administración Funes, del partido demócratas todos, el discurso presidencial ante el pleno de Naciones Unidas en 2011. Hoy, los mismos interlocutores levantan las cejas cuando oyen al gabinete de seguridad decir que la Policía está limpia, que el crimen organizado es un mal menor y que el pacto entre pandillas es la solución unívoca.

El presidente salvadoreño viene mañana por la noche según el programa. Su cita clave es, sin duda, con el secretario de estado, John Kerry, viejo conocedor de Centroamérica y El Salvador y uno de esos a quienes atentos asistentes informaron sobre el tono inicial del discurso de Funes. Por el formato protocolario de estas reuniones, pero sobre todo porque la situación financiera doméstica lo hace virtualmente imposible, es poco lo que El Salvador puede esperar del Departamento de Estado en términos monetarios. ¿En apoyo político explícito? Está claro que la palabra de un presidente vale mucho más que la de un ministro, e incluso puede ser que Funes logre una frase reproducible en comunicados de prensa. Pero, sin las explicaciones que le faltan entre los viejos aliados de su administración y sin el plan que le vienen pidiendo las multilaterales, poco logrará el presidente al final. Aquí de poco vale la bravata, el retruécano sabatino o la buena fe.

* El autor es Investigador Asociado del Centro de Estudios Latinaomericanos de American University en Washington, DC, y miembro del Consejo de Asesores del Center for Democracy in the Americas.

D'Aubuisson señaló a Bustillo por masacre de la UCA

 Los papeles del Caso Jesuitas

Tres investigadores estadounidenses dijeron a Roberto d´Aubuisson el 5 de diciembre de 1989 que él era "el principal sospechoso" en el asesinato de los jesuitas de la UCA y que sería investigado. El fundador de ARENA reaccionó molestó y dijo que ya antes había sido acusado de cosas similares y había salido bien librado. Luego ofreció su colaboración en las pesquisas y sugirió que el Ministerio de Justicia -incluso llamó por teléfono al ministro en ese momento- creara una especie de jurado especial para el caso. Dos días después, d´Aubuisson llamó a uno de los agentes de Estados Unidos para decirle que una fuente de la Fuerza Aérea de El Salvador le había dicho algo sobre la autoría de la masacre: "Que el general Juan Rafael Bustillo puede estar vinculado al crimen de los Jesuitas. D´Aubuisson dijo que Bustillo habló con sus superiores el día antes de la masacre y dijo en una reunión que 'había que hacer algo con' los Jesuitas. D'Aubuisson también implicó a al mayor Roberto Leiva Jacobo en los asesinatos, pero fue vago respecto al rol de Leiva", según se lee en el cable 1010z11zz de diciembre 89 del Departamento de Estado desclasificado durante la administración del presidente Bill Clinton y que es hoy parte de la colección del National Security Archive de la George Washington University.

El 4 de diciembre de 1989, dieciocho días después de la masacre de la UCA, un agente especial estadounidense llegó a San Salvador desde México para coordinar un grupo que se dedicaría a investigar los asesinatos de los jesuitas.

Parte del informe desclasificado que revela la visita, hicieron al diputado Roberto d'Aubuisson el 5 de diciembre de 1989 en la Asamblea Legislativa

En el primer reporte que Washington recibió desde su embajada en San Salvador, la fuerza especial de tarea hace tres revelaciones importantes que ya en esa etapa temprana de la investigación hacían pensar que eran las Fuerzas Armadas las que estaban detrás de los asesinatos: 1. La implicación directa que Roberto d´Abuisson hace del general Bustillo en relación a los asesinatos. 2. El presidente Cristiani pide al investigador especial de Estados Unidos que centre sus esfuerzos primero en el ejército, aunque solo sea con el fin de resolver el caso para que los militares puedan dedicarse al "negocio de pelear la guerra". 3. Los norteamericanos hablan con los soldados estacionados en la Torre Democracia; en el reporte, la embajada escribe dos cosas contradictorias: primero dice que esos militares oyen disparos que "asocian con los asesinatos de los sacerdotes", pero también dice que "no los asocian con disparos en la UCA sino con un combate en un área cercana".

En 1993, la investigadora Martha Doggett, del Lawyers Committee for Human Rights, determinaría en su libro Una muerte anunciada, la crónica más completa que se ha escrito sobre la masacre de la UCA y sobre la operación oficial de encubrimiento, que involucró a militares, a funcionarios públicos y a civiles, que la tergiversación de los testimonios de dos de esos soldados es uno de los primeros actos de encubrimiento en la investigación de la masacre.

"Los agentes de la Policía de Hacienda de servicio en la Torre Democracia esa noche, manifestaron a la CIHD (Comisión Investigadora de Hechos Delictivos de la PN) el 17 de noviembre, que había soldados del batallón Atlacatl patrullando en la Residencial Guadalupe, justo al sur de la UCA. No les tomaron declaraciones formales hasta el 5 de diciembre. Para entonces ya no mencionaron nada sobre el Atlacatl...", escribe Doggett en su libro.

El día en que la CIDH tomaba declaración formal a los dos agentes de la PH que identificaron al Atlacatl en la Torre Democracia, el subsargento Germán Orellana Vásquez y el agente Víctor Manuel Orellana Hernández, el grupo especial estadounidense entrevistaba a d´Aubuisson en la Asamblea Legislativa. A continuación una traducción libre de los numerales del cable que hacen referencia al fundador de ARENA.

"7. La tarde del 5 de diciembre el investigador especial y el agregado legal entrevistaron al mayor Roberto d´Aubuisson en su oficina en el edificio de la Asamblea Legislativa. De acuerdo al investigador especial, d´Aubuisson expresó su deseo de colaborar con las investigaciones y negó cualquier participación en los asesinatos. El investigador especial le dijo claramente a d´Aubuisson que él era el principal sospechoso en el crimen y que se le investigaría a profundidad. D´Aubuisson le contestó al investigador diciéndole que ya había sido investigado por otros hechos: mencionó un caso de secuestro y el asesinato de (Monseñor Óscar Arnulfo) Romero específicamente, y dijo que su inocencia se había probado en ambos casos.

"8. Quizá tratando de expresar su deseo de cooperar, d´Aubuisson hizo varias sugerencias sobre como deberían llevarse las investigaciones. Sugirió que se estableciera una junta especial de revisión judicial (similar a un gran jurado estadounidense) para entrevistar testigos y para dejar ante el público la impresión de que algo se hacía para resolver el caso. Cuando el investigador y el agregado legal coincidieron en que esto sería útil, d´Aubuisson inmediatamente llamó al ministro de Justicia y literalmente le ordenó que se encargara de establecer la junta de revisión judicial. En retrospectiva es probable que solo haya sido un gesto de d´Aubuisson para impresionar a su audiencia. Esta es la impresión porque, al escribir esto, la junta de revisión no se ha establecido y no es ni mucho menos funcional.

"10. El 7 de diciembre, d´Aubuisson llamó al investigador especial y le pidió una reunión privada, en la cual d´Aubuisson dijo que había escuchado de una fuente de la Fuerza Aérea que el general Juan Rafael Bustillo podría estar relacionado con los asesinatos de los jesuitas. D´Aubuisson dijo que Bustillo habló con sus superiores el día antes de los asesinatos y les dijo en esa reunión que 'había que hacerse cargo' de los jesuitas. D´Aubuisson también implicó al mayor Roberto Antonio Leiva Jacobo* en los asesinatos, pero fue vago respecto al rol de Leiva.

"11. Los motivos de d´Aubuisson para dar esta información son muy sospechosos por decir lo menos. Muchas preguntas surgen sobre por qué d´Aubuisson dio esta información al investigador especial. Primero, y sobre todo, está la cuestión de por qué d´Aubuisson 'delataría' a Bustillo cuando se supone que Bustillo es leal a d´Aubuisson. No es un secreto en el ejército que d´Aubuisson abogó para que Bustillo ocupara la posición de ministro de Defensa en lugar del general Larios. También se sabe que Leiva no está en buenas condiciones en estos momentos y que fue removido hace poco de su posición en la S-2 de la Fuerza Aérea. Por estos hechos y por ser d´Aubuisson la fuente directa de la información, el grupo especial decidió no dirigirse a Bustillo o a Leiva directamente, sino permitir que la investigación continúe para ver si más evidencia aparece. Se hará un esfuerzo para dirigir discretamente la investigación de Ponce también hacia la Fuerza Aérea, sin excluir a otras unidades."

* Un año antes, en Colombia, el mayor Leiva Jacobo había sido acusado de vender bombas que, se supone, servirían para atentar contra el capo del cartel del Medellín Pablo Emilio Escobar Gaviria.

"Me dan 10,000 dólares por el Jaguar"

Francisco Alfonso Hernández Montes, también conocido como Mario Alexander Chávez, testigo protegido de clave Jaguar

De cómo pandilleros y policías asesinaron a un testigo en las bartolinas de la PNC en los Planes de Renderos. Relato reconstruido a partir de dos informes elaborados por investigadores de la Policía y fiscales asignados al caso: La madrugada del 2 marzo tres hombres llegaron en un microbús Urban color beige hasta un predio baldío aledaño al puesto policial. El primero se bajó a las 2:11:14 horas y entró al predio. Los otros dos se bajaron 5 minutos y 24 segundos después. A las 2:34:45 horas, según consta en cámaras de vigilancia colocadas por la alcaldía de Panchimalco sobre la calle que de esa ciudad lleva a San Salvador, los tres hombres volvían al microbús; acaban de matar a Francisco Alfonso Hernández Montes, también conocido como Mario Alexander Chávez, y más recientemente como Jaguar, pandillero del Barrio 18 e informante de la Fiscalía en casos de narcomenudeo.

Secuencia fotográfica tomada que muestra la llegada de los asesinos.

El bartolinero de la subdelegación de Los Planes, quien según la Fiscalía ya confesó su participación en el crimen, es una de las piezas más importantes de este asesinato que comprometió la seguridad de un recinto policial utilizado para resguardar a reos que colaboran con las autoridades. El informe inicial de la Policía da cuenta de como el bartolinero aceptó un trato que le ofrecieron miembros del Barrio 18 para eliminar al testigo:

Pasaban de las 3 de la tarde del 20 de febrero cuando un hombre se acercó al bartolinero en el mercado central de Zacatecoluca. "Hey, alguien te quiere hablar del penal de Izalco", le extendió un teléfono el intermediario al policía. El que hablaba desde la cárcel se identificó como el Oso de Izalco, le dijo que ya sabía que era policía, que estaba en Los Planes y que ahí había un soplón al que querían darle (matar). Antes de que el bartolinero pudiese contestar le informaron que enlazarían la llamada con Mejicanos. Otro pandillero, que se identificó como Alex, le indicó que estuviese al día siguiente frente a Catedral Metropolitana al mediodía con el chip del teléfono que usaba en ese momento.

El 21 de febrero a las 11:30 de la mañana, el bartolinero esperaba ya en la plaza Gerardo Barrios. 20 minutos después un hombre le preguntó si era él a quien debía entregarle un blackberry. Que sí, dijo el Policía. Con el teléfono llegó, otra vez, la instrucción de cambiar el chip. Esa noche, Alex llamó: "Ponete planchado y ayudanos a matar a ese culero", le dijo.

(Un día después del asesinato, el 3 de marzo, en entrevista con fiscales, el bartolinero dijo que se negó en principio, pero aseguró que Alex lo amenazó con matar a su madre si no colaboraba).

Alex y el bartolinero siguieron comunicándose por mensajería de texto (BBM) y por teléfono. Alex le decía que ya tenían ubicadas las posiciones de los policías que estaban en el puesto, pero que aún necesitaban la ubicación exacta de la bartolina en que estaba el objetivo. El pandillero le ofreció $2000 por la colaboración.

***

Las investigaciones abundan en detalles sobre el cómo y el cuándo, pero dicen poco del por qué. Confirman, sí, que la víctima era un testigo al que la Fiscalía había puesto el indicativo de Jaguar. En la descripción de la víctima que hace la Unidad de Análisis y Tratamiento de Información de la División Central de Investigaciones de la Policía dice: "La víctima estaba trabajando con la DIN de Mejicanos, y con él se estaban investigando casos de homicidio cometidos por una estructura de la pandilla 18 (sic) (pendiente de confirmar que clica), y se encontraba en las bartolinas desde el 28 de noviembre de 2012". 

En un principio, la Policía negó que la víctima fuera un testigo, pero además de lo establecido en el informe de la Subdivisión de Investigaciones, uno de los funcionarios con conocimiento de las investigaciones confirma que Jaguar estaba dando información de redes de narcotráfico que iban más allá de Mejicanos, que se extendían a Ilopango e incluso a Chalatenango.

***

Otro testigo del caso, un policía al que las autoridades han dado el nombre clave Marzo, ha relatado que el bartolinero, lejos de mostrarse intimidado en el puesto de Los Planes, llegaba a jactarse enfrente del pandillero sobre el que, sabía, pesaba una condena de muerte. "Quiero vender jaguar", decía. O: "Hablémosle a aquellos", en referencia a los miembros de la clica que querían matar al testigo. En una ocasión, cuenta Marzo, el bartolinero le dijo que le habían ofrecido 10,000 dólares por el trabajo y le ofreció la mitad si le ayudaba.

Pero Marzo también observó movimientos extraños que, en principio, no deberían haber pasado desapercibidos en la bartolina y que sugieren una operación que iba más allá del bartolinero y de un puesto policial donde cundía el caos; un recinto donde la vida de los testigos, en realidad, valía muy poco: 1. "Movimientos sospechosos de sujetos que se saltaban la cerca de la propiedad vecina para controlar las personas que se encuentran en las celdas". 2. "Entre diciembre y enero en nueve ocasiones vio el testigo a sujetos que bajaban a las celdas cuando el custodio subía a comer". 3. "En enero vio a un sujeto esconderse entre las gradas que están frente a las bartolinas".

Una de las últimas cosas que el bartolinero le dijo a Marzo fue que él y un chero matarían a alguien, que eso saldría en los diarios y que él se iría a Guatemala con su mujer.

El 1 de marzo Alex llamó al bartolinero 3 veces después de las 7 de la noche. A eso de las 10 le puso un texto para decirle que en la madrugada llegarían a las bartolinas a matar a Jaguar. Llegaron a las 2 con 11 minutos. 23 minutos y 43 segundos después ya habían vaciado una uzi en el testigo.

Más tarde, en la mañana del 2 de marzo, el Ministro de Seguridad, el Fiscal General y los altos mandos de la PNC llegaron a Los Planes a ver la escena de un crimen como no se veía hace mucho en San Salvador.

Un trato para el Teniente Espinoza

Los papeles del caso Jesuitas

Embajador William Walker

Cable 01218, de la colección del National Security Archive

Traducción libre de parte del cable 01218 fechado el 30 de octubre de 1990, de la colección del National Security Archive de la George Washington University. Clasificado como secreto. La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador recomienda al Departamento de Estado en Washington trasladar al Departamento de Justicia una propuesta para ofrecer inmunidad y residencia permanente al Teniente José Ricardo Espinoza Guerra, líder del comando del Batallón Atlacatl que entró al campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas la madrugada del 16 de noviembre de 1989 para matar a los Jesuitas, a cambio de la "exposición total" de la verdad del caso y de testificar contra sus superiores. La propuesta, sin embargo, enfila contra oficiales de la Escuela Militar como Camilo Hernández y Herber Vides Lucha, no contra el alto mando. El cable propone, además, un plan de acción que incluye la intervención del Embajador William Walker y del Presidente Alfredo Cristiani.


"Nuestra sugerencia previa de hacer un trato con Camilo Hernández* no es ahora práctica. Podemos justificar un trato con un jugador de menor rango, pero no con alguien que puede haber planificado y ordenado los asesinatos. Debemos renovar la consideración que dimos a la iniciativa previa. Debemos reconsiderar quitar los cargos a uno de los tenientes a cambio de su testimonio. Espinoza es el candidato obvio. Si podemos confiar en la versión de la fuente, Espinoza objetó la orden de matar a los sacerdotes, se quedó fuera de la UCA y entregó las tropas al teniente Mendoza. Aunque la fuente ha reconocido que le une un lazo fuerte de amistad con Espinoza y que le gustaría ayudarle, la embajada** cree que la fuente es confiable. (La fuente) no se acercó a la embajada con esta información, sino que la reveló inadvertidamente sin saber, en apariencia, que podría ser de nuestro interés. A estas alturas, la embajada tiene suficiente confianza en la fuente como para proponer el siguiente plan de acción:

"7- Plan operacional:
La embajada recomienda hacer un esfuerzo para lograr un trato con Espinoza a cambio de la exposición total y de su testimonio contra sus superiores. Los elementos de ese trato incluirían:

- Desistir de los cargos criminales contra Espinoza.
- Libertad condicional para él y su familia en los Estados Unidos.
- Ayuda financiera para que se establezca. (Cristiani podría ofrecer parte del dinero de recompensa).

"8- A continuación se propone un curso de acción si el Departamento (de Estado) concuerda:
- Oficial de la embajada sugerirá a la fuente que vuelva a contactar a Espinoza. La fuente puede hablar con claridad con Espinoza y decirle que enfrente una sentencia de 30 años; tratará de convencerlo de que no hay futuro en proteger a altos mandos y de que debería hacer un trato.

- Si Espinoza accede: el embajador abordará al Presidente Cristiani para informarle sobre la nueva evidencia y sobre nuestra creencia de que Espinoza colaborará a cambio de algunas condiciones. El embajador recomendará al presidente que reuna al juez Zamora***, al presidente de la Corte Gutiérrez Castro y al Teniente Coronel Manuel Rivas del CIHD. Zamora y Gutiérrez deberán coordinar el proceso legal para desechar los cargos contra Espinoza para convertirlo en testigo. Zamora y Rivas coordinarán el interrogatorio de Espinoza para acusar a Camilo Hernández, Vides Lucha*º y Reyes, etc.

- Lograr los arrestos de Hernández, Vides Lucha y Reyes, lo cual puede ser muy difícil y nos puede obligar a conceder en el tema del encubrimiento.

"10- Posibles reacciones negativas:
- Los abogados de la defensa se pondrán histéricos. Una versión revisada del testimonio de Espinoza afectaría negativamente su caso. Podrían arremeter contra el juez, el Gobierno y la Embajada.

- Habrá descontento entre los mandos medios del ejército por el arresto de Camilo Hernández, ya que él es muy popular.

- Es probable que el testimonio de Espinoza no tenga el impacto deseado. Después de todo, esta sería la tercera versión, que cada vez cambia de forma radical; incluso si vuelve a su primera versión, sería, para los parámetros estadounidenses, un mal testigo.

- Los jesuitas podrían acusar nuevamente a la embajada de intervencionismo.

"11- El peor escenario.
- Como hemos aprendido una y otra vez al lidiar con este caso, debemos prepararnos para lo peor y esperar lo inesperado. Uno de los riesgos es que nuevas revelaciones que surjan puedan cambiar nuestra percepción de los hechos una vez que Espinoza esté seguro en los Estados Unidos. Por ejemplo, qué pasa si luego nos enteramos que fue Espinoza quien haló el gatillo; habríamos pactado con un asesino.

"12- Acción requerida:
- Requerir al Departamento que apruebe que procedamos con el plan operacional descrito arriba.

Walker".


Notas

*Teniente Coronel Camilo Hernández Barahona. Subdirector interino de la Escuela Militar en el momento de los asesinatos. La comisión de honor del ejército formada por el presidente Cristiani no lo incluyó entre los implicados en el crimen. Más tarde fue procesado por encubrimiento real, por su supuesta participación en la destrucción de los libros de registros de la Escuela Militar. En mayo de 1990, la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos (CIHD) informó que los libros de registros habían sido incinerados por orden de Hernández. Declaraciones del encargado del archivo de la Escuela y del imputado Yusshy Mendoza confirmaron el hecho. El 26 de junio de 1990 fue acusado de encubrimiento real, sin embargo, se presentó ante el tribunal hasta el 18 de julio. Fue puesto bajo fianza el 31 de julio de 1990 y regresó al campo de batalla, donde resultó herido al poco tiempo. En enero de 1992, el juez Zamora lo condenó a tres años de cárcel por encubrimiento real, pero fue amnistiado. Tomado de Una Muerte Anunciada. Doggett, Martha. Págs. 537-538. En junio de 2011, Hernández concedió una entrevista a El Faro en la que acepta que él entregó al comando del Atlacatl el rifle con el que mataron a los jesuitas.

** El original en inglés utiliza el término "post", que en el lenguaje diplomático estadounidense se utiliza para designar a toda la sede diplomática en contraposición a "Embassy", que tradicionalmente se usa más como referencia a las actividades y hechos relacionados al jefe de misión.

*** Juez Cuarto de lo Penal, Dr. Ricardo Zamora, llevó el juicio contra 10 militares acusados de la masacre en 1990.

*º Herber Oswaldo Vides Lucha, miembro del comando de seguridad del complejo militar en noviembre de 1989. En 2010, ya teniente coronel, Vides Lucha impartía cursos en la Escuela Militar

Los papeles del caso Jesuitas

Copias de documentos relacionados con el caso Jesuitas, desclasificados en 1993 por el Gobierno de Bill Clinton

"Muchos salvadoreños jóvenes saben muy poco de su guerra, y el país se ha unido a otros países que tienen esqueletos en sus armarios en el debate sobre lo que las nuevas generaciones deben saber sobre lo que pasó justo frente a sus casas no hace mucho tiempo."

Joseph B. Frazier, corresponsal de AP en El Salvador entre 1979 y 1986, de su recién reeditado libro El Salvador podría ser así. Una memoria sobre la guerra, la política y el periodismo desde la primera línea de fuego en el último conflicto sangriento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 

La Amnistía salvadoreña tiene una grieta. En Boston. En Massachusetts, el pequeño estado fundacional del noreste de los Estados Unidos que periodistas y académicos en este país suelen utilizar como referencia de extensión territorial al hablar de El Salvador -the Massachusetts size country. Ahí, un juez migratorio estudia la petición del Gobierno federal de sentenciar con 50 meses de cárcel al coronel Inocente Orlando Montano, culpable ante la justicia estadounidense de fraude migratorio y perjurio, en virtud de pasado criminal del militar, el cual, en este caso según los acusadores debe incluir la participación de Montano en violaciones a los derechos humanos cuando fue miembro del alto mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas.

Y ahí, en la corte distrital de Boston, nombrada Joseph Moakley en honor al congresista demócrata a quien los salvadoreños conocemos por encabezar la subcomisión legislativa formada en 1990 por instrucciones del Congreso de los Estados Unidos para investigar la masacre de los jesuitas, han salido a la luz episodios, detalles, verdades escondidas en decenas de miles de documentos desclasificados que hablan sobre la implicación del estado salvadoreño no solo en el asesinato de los seis sacerdotes de la Compañía de Jesús, de Elba, su empleada, y de su hija, Celina, sino en una compleja operación de encubrimiento en la que participaron los cuerpos de seguridad, el Ejecutivo de Alfredo Cristiani, la inteligencia del Estado e incluso civiles.

Los papeles del caso Jesuitas develados a propósito del caso Montano y sintetizados e interpretados por la experta de la acusación, la profesora de Stanford Terry Lynn Karl, muchos de ellos desconocidos hasta ahora, revelan parte de la verdad histórica que ha estado escondida tras el muro de silencio que levantó en El Salvador la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa hace 20 años tras la firma del Acuerdo de Paz.

La justicia que el estado salvadoreño se ha negado a servir a sus víctimas y la verdad histórica con la que cinco gobiernos de la paz se han negado a comprometerse, amparados en el axioma según el cual escarbar en el pasado no servía al proceso de reconciliación nacional, han encontrado una grieta. El hueco, negado por la conveniente convicción de los gobiernos de la derecha pero también por la visión pusilánime del primer gobierno de izquierda, se ha abierto este año en dos cortes de los Estados Unidos -además de la de Boston, una migratoria en Miami donde se decide sobre la deportación del general José Guillermo García.

A mediados de 2011 pareció que una ventana más grande se había abierto en San Salvador cuando llegaron a El Salvador las órdenes de arresto contra 19 militares acusados ante el Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional de España, en Madrid, por su participación den la masacre. La interpretación de la justicia española es que las órdenes firmadas por el juez Eloy Velasco generaban una alerta roja de Interpol con la que la Policía Nacional Civil salvadoreña podía hacer efectivos los arrestos de los militares para, luego, entregarlos a la Corte Suprema de Justicia, la cual tendría que decidir sobre la extradición.

Pronto quedó claro que la expectativa sobre el arresto de los militares se quedaría en eso, una expectativa. Tras la intervención del entonces ministro de Defensa, el general David Munguía Payés, los militares se refugiaron en un cuartel para evitar el arresto hasta que la Corte decidió que las órdenes españolas no eran válidas. Una de las últimas ventanas judiciales se cerró entonces.

Ya en 2000, la Universidad Centroamericana, tras recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de realizar una investigación del caso con estándares internacionales, había tratado de empujar a la Fiscalía General de Belisario Artiga para que reabriera el caso. La UCA, además de al alto mando, incluyó al ex presidente Alfredo Cristiani como autor intelectual de los asesinatos.

La Fiscalía utilizó un ardid técnico que le permitió presentarse a una corte con el caso para pedir a un juez que lo desechara porque el periodo de prescripción -10 años- se había cumplido. La Procuraduría de Derechos Humanos, en un análisis de octubre de 2002, determinó que la actuación de la Fiscalía y los tribunales salvadoreños había sido ilegal.

Vino, luego, el juicio en Madrid, y con él, un nuevo y amplio intento por abrir una nueva vereda en busca de la verdad. Y luego, el juicio contra Montano. Como escribí a mediados de enero desde Boston, si la voluntad política de Washington y la decisión del juez Douglas Woodlock sobre la sentencia del coronel crean las condiciones para la extradición, el juez Velasco podrá, en Madrid, abrir a juicio el caso contra 20 militares salvadoreños. Si eso pasa, más documentos pueden conocer la luz, más testimonios pueden llegar a la Audiencia Nacional española; en una palabra, más ventanas pueden abrirse para que la verdad se cuele.

Por ahora, el camino que abogados y especialistas como Terry Karl han recorrido ya dejan un claro sendero hacia la verdad que oscurecieron la amnistía y la política de ocultación del estado salvadoreño que inició el 16 de noviembre de 1989, cuando la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos de la Policía Nacional empezó la titánica labor de encubrimiento desde la escena del crimen, hasta la fecha. Desde este blog compartiré las cosas que han ido cayendo a mis manos en mi camino como reportero e investigador académico sobre los hechos que rodearon la masacre de los jesuitas. Inicio, en el próximo post, con la historia del trato que William Walker, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, entre 1988 y 1992, propuso a Washington ofrecer al Teniente José Ricardo Espinoza Guerra, líder del comando del Atlacatl que asesinó a los jesuitas, para que testificara en contra de los autores intelectuales de la masacre.