EUA: Hay mucho dinero que Chepe Diablo no puede justificar

 

No son solo las importaciones de granos. Son los hoteles, sus acciones en una empresa constructora, sus transacciones bancarias. Washington está interesado en el origen de todos los activos del presunto líder del Cártel de Texis.

 

El Hotel San José en Metapán es parte de los activos de Hotesa S.A. de C.V., una de las compañías de José Adán Salazar Umaña que llamó la atención de investigadores estadounidenses. Foto de César Castro Fagoaga.

Fue el dinero. No fue la droga que investigaciones de la policía salvadoreña vinculaba a algunos de sus socios. Fue la plata la que llamó la atención de los investigadores de varias agencias federales de aplicación de la ley en Washington y San Salvador. José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, era un hombre con demasiado dinero en una economía que, de acuerdo al Departamento de Estado, es muy vulnerable al lavado.

“Hay aún mucho dinero que él (Salazar) no es capaz de justificar. Eso es lo más importante en estas investigaciones”, me confirmó en la capital estadounidense un agente federal relacionado con las pesquisas en torno a Chepe Diablo tanto en San Salvador como en Washington.

Una investigación que hice para La Prensa Gráfica reveló que Salazar Umaña había quintuplicado sus rentas en 6 años: de reportar 2.7 millones de dólares en 2004 pasó a reportar 13.06 millones en 2010. “Eso no es en principio ilegal, pero hay buena parte de ese dinero para el que no hay explicación, y hay más plata que está fuera de las declaraciones (que Salazar hizo al fisco salvadoreño)”, me dijo un investigador salvadoreño que ha estudiado las finanzas de Chepe Diablo desde principios de la década de 2000.

El agente federal estadounidense, quien habló con condición de anonimato para poder discutir una investigación en curso como esta, me aseguró también que varias agencias del gobierno estadounidense participan de las pesquisas: el FBI, la DEA y el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés). Fue OFAC la que informó a la Casa Blanca sobre Salazar Umaña y su dinero, y fue basado en ese informe que el presidente Barack Obama incluyó el 31 de mayo pasado al empresario salvadoreño en la lista de capos internacionales del narcotráfico.

A partir de la designación hecha por Obama, de acuerdo al investigador federal y otras dos fuentes que han estado relacionadas con el caso, OFAC ha enviado cartas a proveedores estadounidenses que tenían tratos comerciales con Salazar Umaña, sus empresas o algunos de sus socios para que los terminen.

Al menos dos empresas, Chevron y ADM, han recibido comunicaciones de OFAC, según las fuentes estadounidenses. La primera empresa, petrolera, vendía a Salazar Umaña, quien llegó a tener en propiedad al menos 8 gasolineras. La segunda empresa, de insumos agrícolas, abastecía a Gumarsal, empresa de la que Salazar Umaña fue socio fundador, según consta en el Registro de Comercio y en archivos policiales en El Salvador.

El agente federal estadounidense confirmó, también, que las pesquisas se extienden ahora a más empresas de Salazar Umaña, sobre todo en el rubro hotelero.

Más dinero que droga

El Salvador es un país que, según el Departemento de Estado (DOS, en inglés), provoca preocupación a las autoridades estadounidenses por su potencial para servir como base a lavadores de dinero del narcotráfico y otros ilícitos relacionados al crimen organizado en Centro América. En 2014, el DOS incluyó al país, por cuarto año consecutivo, en una lista de países que no cumplen con algunas regulaciones para vigilar dineros sospechosos, como los de Salazar Umaña.

En el estadio Jorge Calero Suárez hay publicidad de algunas de las marcas que investigaciones policiales han asociado con Salazar Umaña y el Cartel de Texis desde finales de la década pasada.

  

En su reporte sobre lavado de dinero y activos de 2014, DOS dice: “En El Salvador, las organizaciones de crimen organizado emplean los siguientes mecanismos para lavar dinero: el uso de compañías fachada, estacionamientos, agencias de viaje, remesas, importación y exportación de bienes y transporte de carga”.

El Cartel de Texis, la organización criminal con la que las autoridades salvadoreñas relacionan a Salazar Umaña desde al menos 2008, maneja en su portafolio legal empresas dedicadas a la importación y exportación, la hotelería, el transporte de carga y la producción agrícola.

De acuerdo a una fuente del Ministerio de Hacienda salvadoreño que ha colaborado con las investigaciones estadounidenses en torno a Salazar Umaña y el grupo de narcotráfico al que se le asocia, el Cartel de Texis se espacializó, desde mediados de la década pasada, en el lavado de activos. Este investigador que también estudió las finanzas de Los Perrones, el grupo de narcotráfico del oriente salvadoreño, hace la siguiente comparación: “Los Perrones movían droga sobre todo, ahí están las condenas por eso, y habían empezado con algunas empresas pequeñas para lavar ganancias, pero la gente de Texis tiene un esquema más complejo de empresas y relaciones comerciales que son como muchas empresas del país que no reportan todo lo que les entra... en el país hay circulando mucha plata que no sabemos de dónde viene”.

Una vieja investigación

El nombre de José Adán Salazar Umaña, sus datos generales, su alias y sus empresas aparecen en el anexo 16 de un informe que el Centro de Inteligencia Policial elaboró entre 2008 y 2010 sobre grupos de narcotráfico y lavado en el occidente del país. Al principio, el informe llevó el título “Límites”. “Era una organización grande, que trabajaba sobre todo en la frontera, por eso le pusimos ese nombre”, dice uno de los policías que participó en la investigación.

En la página 60 de ese documento -de 128 folios- empieza un cuadro que resume las actividades económicas y comerciales de Chepe Diablo hasta 2009.

Dice el reporte que a partir de ese año, Salazar Umaña fue autorizado como importador de lubricantes y combustibles y que tenía participación directa en 4 sociedades: Hoteles Salvadoreños S.A. De C.V., con el 60% de las acciones; Servicios Logísticos S.A. De C.V., dedicada al transprote de carga y personas y a trámites aduanales, con el 34% de las acciones; Inversiones Salazar S.A. De C.V., dedicada a la compra de carteras de inversiones, con el 70%; y Servicios Turísticos S.A. De C.V., dedicada a la administración de hoteles, con el 70% de las acciones.

El reporte también consigna que, en 2009, Salazar Umaña era dueño de 2,448,078 metros cuadrados de tierras, repartidos en 6 propiedades rurales y 2 urbanas.

Además, su hijo, José Adán Salazar Martínez, era en 2009 dueño del 25% de acciones de Agroindustrias Gumarsal S.A. De C.V., la agroimportadora que Chepe Diablo había fundado una década atrás junto a uno de sus más importantes socios: Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán, señalado también por las autoridades salvadoreñas de pertenecer al Cartel de Texis.

Agente PNC: "Su libro me hizo llorar de tristeza, de impotencia"

Desde que presenté en El Salvador "Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC (1992-2013)" he recibido muchos mensajes y llamadas de agentes policiales, fiscales, colaboradores judiciales o ciudadanos que han vivido cerca de la corrupción que carcome a la Policía desde su nacimiento. Cada historia es una reiteración de la tesis principal del libro: la corrupción institucional en la PNC ha sido sistémica. Hay quienes -agentes sobre todo- me cuestionan por concentrarme en los oficiales de la Fuerza Armada: muchos de los que vienen del FMLN también han sido corruptos, me dicen. Y hay quienes -la mayoría- me dicen que la cloaca es mucho más profunda. Aquí reproduzco el correo electrónico -tras las verificaciones de identidad pertinentes- que me envió un policía que leyó "Infiltrados" (el correo se reproduce como fue escrito; solo he cambiado algunos signos de puntuación).

Que tenga muy buen día, Señor Silva. 

Vamos a dejar las formalidades por el espacio. Leí su libro Infiltrados y no podía esperar menos de un periodista como usted. Antes de esto, no sabía de usted, pero su padre fue una persona con muy buenas intenciones en mi humilde opinión. En general no me decepcionó, pero si me gustaría sacarme algunas espinitas que me quedaron clavadas en la garganta a lo largo del libro. 

Soy policía desde (hace) diecisiete años. Al principio fue por necesidad, pero con los años, uno llega a sentirse parte de una institución y duele en el pecho cuando un compañero muere, cuando a otro le va mal simplemente por hacer su trabajo, cuando nos damos cuenta que los gobiernos y los funcionarios nos utilizan para sus intereses, o cómo es tan común, cuando con sus actitudes, los jefes de ese grupo al que usted se refiere en su libro, hacen parecer como que ellos son los dueños de la hacienda y los demás sólo somos simples mozos y peones a su servicio. Como seguramente ya infirió, no soy ninguno de esos policías que salen en la tele apropiándose del trabajo de los compañeros (Arando vamos dijo la hormiga montada en el buey). Soy un policía de esos que mueren de hambre en la calle, pero aunque gracias a Dios no paso hambre; también tenemos nuestros sentimientos.

Creo que la mayoría de nosotros, y sí creo que somos la mayoría, nos levantamos cada mañana queriendo luchar contra las injusticias y crímenes que se cometen contra nuestro pueblo, contra nuestros vecinos, contra nuestros amigos, contra nuestras familias y muchas veces contra nosotros mismos individualmente. Aunque no lo crea, me parece que la mayoría de nosotros quisiera ver un día un país que nos respetara y tuviera la plena confianza de que su policía está allí para que ellos se sientan seguros y asistidos en cualquier necesidad. 

Desafortunadamente, la realidad es muy diferente, existen muchos malos policías entre nosotros los de abajo, pero cuando usted dice que no hay depuración interna, me parece que se equivoca. No hay depuración interna para la escala Ejecutiva y Superior, de Subinspector hacia arriba, pero a los de abajo, rara vez nos dejan pasar una. Ellos en sí son un grupo aparte. Casi impenetrable, que se protege entre sí. Si usted o alguno de sus colegas tuviera el tiempo para recopilar la cantidad de leyendas urbanas que cada policía de los de abajo tiene que contar sobre el accionar corrupto de sus jefes superiores no le alcanzaría una enciclopedia de diez tomos para publicarlo. 

Por eso difiero un poco en la forma en la que usted señala únicamente a mandos policiales simpatizantes de ARENA, porque espero que no crea que los simpatizantes del FMLN son los querubines de San Miguel Arcángel, que tampoco es mi santo.

Sinceramente, su libro me hizo llorar de tristeza, de impotencia, de decepción de saber todo lo que estos señores son capaces de hacer con su hambre de poder y dinero sin importarles lo que cada policía hace para satisfacer a la institución cuando ésta demanda ayuda. Quizá hubiese sido mejor no saberlo, como cuando la mujer se lo baja a uno, pero ahora ya es tarde, tenía curiosidad.

En este trabajo quizá es lo mejor no saber, porque el que más sabe corre más peligro. Es risible que dentro de un cuerpo de seguridad, nosotros los de abajo nos sintamos más inseguros que nadie. Del marero que se dará cuenta en el vecindario en qué trabajamos y buscará la forma de hacer números dentro de la pandilla, ya sea con nosotros o nuestras familias. Del compañero que por quedar bien con el jefe, le va a contar sobre nuestra opinión con respecto a su proceder. Del jefe que va a buscar la forma de hacernos entender por las buenas o por las malas, que no debemos refutar ni oponernos a su opinión o a sus procedimientos. Es como caminar solo y desarmado en la selva llena de animales carnívoros.

En conclusión, primero, no me parece que se refiera a la policía como un todo, porque aunque sí hay policías corruptos en las galeras donde descansamos, los peces gordos no están dentro de la mayoría, y a la par de sus chanchullos, los de los policías de la calle parecen travesuras de bichitos que igual no deben dejarse pasar. Segundo, no se vale que pretenda hacer ver como que sólo los militares son los puercos corruptos, porque los que suponían el cambio para nosotros creo que a veces han superado a sus maestros.

Finalmente, y luego de haberme desahogado, ojalá haya una secuela y no nos pierda de vista, siempre esté con el lápiz en el renglón.

Los amigos del narco Juan Chamalé en El Salvador

Un operador financiero y logístico de Los Perrones en El Salvador asegura que el narco guatemalteco propició una reunión a mediados de 2008 entre Reynerio Flores Lazo, líder de la banda oriental, y Adolfo Tórrez, entonces operador político del partido Arena. De ahí, dice el lugarteniente de "Neyo", salieron con un acuerdo básico: Los Perrones pagarían entre $500,000 y $600,000 en apoyo a la campaña electoral arenera a cambio de que Tórrez intercediera en el sistema judicial salvadoreño por Deysi Aracely Fuentes Cruz, esposa de Reynerio.

I. Del capítulo 8 de "Infiltrados", Los operadores políticos. Relato de las reuniones entre Juan Chamalé y sus socios salvadoreños.

Mediados de 2008
El anfitrión del encuentro no era otro que Juan Ortiz López,
a quien las autoridades guatemaltecas conocen como Juanito
Chamalé. Según la ONU, dirigió uno de los cuatro grupos que
controlaron el tráfico de drogas en Guatemala hasta 2008, tras
la irrupción violenta de los carteles mexicanos. A la reunión
asistieron el Chele Tórrez y colaboradores de Reynerio. Romeo
acudió a esa cita y la recuerda así: “Policías de Guatemala nos
custodiaron cuando entramos en la hacienda. Desde el desvío
hasta la casa era una buena distancia y había hombres con
Ak-47 en toda la propiedad. El Chele Tórrez fue quien propició
la reunión”.

Reynerio Flores (camisa verde) y su esposa, Deysi. Foto tomada de Diario CoLatino

Después de esa reunión hubo otra en el Hotel Presidente con
los mismos invitados. Ahí, dice Romeo, con Juanito Chamalé
como testigo, pactaron aportar entre $500,000 y $600,000 para
las campañas de Arena a cambio de que el Chele Tórrez interviniera
por Deysi Aracely Fuentes Cruz, esposa de Reynerio, a
quien la PNC había detenido en Santa Rosa de Lima, en la casa
de la pareja.

Detectives guatemaltecos consultados aseguran que no
pueden corroborar que la reunión en el rancho de Juanito
Chamalé haya ocurrido, pero sí que investigaban relaciones del
narco guatemalteco con el Chele Tórrez y otros políticos salvadoreños,
en especial tras el asesinato de los parlamentarios en
Guatemala, en febrero de 2007. Un informe de la CICIG determinó
que Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte y Ramón González fueron
asesinados por una venganza relacionada con drogas y dinero
del narcotráfico.

En uno de los viajes que hicieron juntos, esto le contó el
Chele Tórrez a Romeo: “Yo pregunté al Chele cómo había sido
esa muerte, y me contó que había sido una factura que le habían
pasado a los diputados por haberse apropiado de 10 millones
de dólares de unos colombianos, a los que incluso ellos, la
gente del Chele, llegaron a legalizarles el estatus migratorio en El
Salvador”.


El colombiano con el que el Chele Tórrez tenía tratos se
llama Gustavo Becerra Gil. Por él intercedieron ante autoridades
migratorias, entre otros, el director departamental por San
Salvador, Roberto D’Aubuisson, hermano de Eduardo —uno de
los tres diputados del Parlamento Centroamericano por Arena
asesinados—, según consta en una carta enviada a la Dirección
General de Migración.

2002-2005
El 9 de enero de 2002, Julio René Fuentes, un socio del Chele
Tórrez en la empresa CAMSA, una de las cuatro a cuyas
juntas directivas el arenero estaba vinculado como miembro
propietario o suplente, intercedió ante la Dirección General de
Migración para que se le otorgara residencia temporal a Becerra
Gil y a su novia, Lidia Claudia Espinal Orozco, colombianos
los dos, quienes habían entrado al país el 1 de enero. Así consta
en archivos de la Dirección General de Migración.

Un reporte del OIE, elaborado en los últimos meses de la
gestión del presidente Saca, identifica a Becerra Gil como el
proveedor de Chepe Diablo (José Adán Salazar), del Cartel de
Texis.

El 9 de mayo fue expulsado porque su visa había vencido.
Ocho días después, sin embargo, reingresó por la frontera de
El Amatillo. A partir de entonces se movía entre El Salvador
y Honduras. El 13 de abril de 2003 hay otra salida registrada
de Becerra Gil hacia territorio hondureño. Para abril de 2005,
estaba de nuevo en El Salvador, y esta vez pidió una prórroga
de su permiso de trabajo para emplearse en CAMSA.
Para finales de la primera década del siglo XXI, tras los
asesinatos de los diputados en Guatemala, Becerra Gil había
dejado El Salvador y había encomendado a una mujer conocida
como “La Caneche” la labor de proveer droga a sus antiguos
socios. Buena parte de esta información llegó a la inteligencia
policial de boca del capitán Guzmán Parada, quien, al igual que
el Chele Tórrez, terminaría muerto; en esta ocasión, sin  margen
para la duda de que se trató de un asesinato.

II. En un despacho en Ciudad Guatemala.

En los despachos de la fuerza pública guatemalteca Juan Chamalé es un nombre de peso. En marzo de 2013, durante una entrevista en la oficina del Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, una asistente de prensa utilizaba el nombre como referencia al hablar del mapa de narcotraficantes en Guatemala y El Salvador. "Cuando capturamos a 'Repollo' -el traficante salvadoreño Jorge Ulloa Sibrián-, nosotros lo consideramos de la talla de Chamalé, pero en El Salvador no le pusieron demasiada importancia", explicó.

Si se atiende a las cantidades de cocaína que, según las inteligencias antinarcóticos de Estados Unidos y Guatemala movían "Chamalé" y "Repollo", ninguno de los dos es un traficante menor. A Ortiz López el fiscal federal A. Lee Bentley III lo acusa de intentar distribuir cinco kilogramos o más de cocaína en Florida: unas 40 toneladas de acuerdo a la DEA. A Ulloa Sibrián investigaciones de las policías guatemalteca y salvadoreña lo relacionan con 10 toneladas de cocaína traficadas hacia Estados Unidos a través de Guatemala.

En El Salvador, la investigación contra "Repollo", que arrancó en 2007, incluyó a diputados relacionados con el Cartel de Texis, la organización de tráfico y lavado de dinero que controla la zona fronteriza con Guatemala, aledaña al territorio que durante al menos dos décadas estuvo bajo el mando de Juanito Chamalé.


 III. La última parada de Juanito Chamalé

El viernes 23 de mayo, oficiales federales estadounidenses recibieron a Juan Alberto Ortiz López en un recinto judicial de Tampa, en la Florida. Al guatemalteco, de 43 años y nacido en San Marcos, le esperaba en la corte estadounidense una acusación por narcotráfico: "Ha sido extraditado al Distrito Medio de Florida... si es condenado puede enfrentar una pena de cadena perpetua", dice la nota de prensa publicada por la oficina en Miami de la Agencia Antidrogas (DEA, en inglés).

En el proceso contra Chamalé en Tampa hay ya referencias a los grupos que surtían al guatemalteco de cocaína. "Durante más de una década, la organización de Ortiz López recibió cargamentos de varias toneladas de cocaína en Guatemala, que luego serían transportadas por México hacia los Estados Unidos...", según un resumen preparado en 2011, cuando Chamalé fue capturado en Guatemala, por la oficina del fiscal Robert E. O'Neill en Florida.

En Washington, un agente federal, quien habló desde el anonimato por no estar autorizado para comentar procesos judiciales abiertos, explica las implicaciones que este caso podría tener para otros grupos de narcotráfico en Centro América: "Se verán las rutas, los cómplices... Hoy hay que esperar a saber que es lo que (Chamalé) dice (sobre su operación)". Esas rutas, sus trazos, también cruzan por El Salvador. De acuerdo al despacho del ministro López Bonilla, al menos tres de las seis rutas terrestres de narcotráfico que han surtido a los capos guatemaltecos pasan por El Salvador.

"Yo estuve en la Policía... Un comisionado me ordenó cerrar los expedientes..."

Sobre la presentación de Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC (1992-2013) en San Salvador y Washington, DC.

"Lo que pretendemos con la publicación de Infiltrados no es más que ayudar a salvar a la PNC, para que en lugar de seguir deteriorándose, se haga un alto a todo lo que con olor a pudrición está ocurriendo en su interior".

Padre Andreu Oliva, SJ, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

 "Si vacíamos la olla quién sabe qué encontraremos. Han matado a gente que ha cuestionado la integridad de la Policía... tenemos que apoyar a quienes denuncian toda esta corrupción".

James P. McGovern. Representante en la Cámara de Representantes por el estado de Massachusetts.

“If we stir the pot up, who knows what will happen? It’s dangerous. People get killed for questioning the integrity of the national police, but we ought to be supporting courageous journalists who expose the truth about corruption. - See more at: http://baltimorepostexaminer.com/el-salvador-police-corruption-exposed-diplomat-turned-scholar-hector-silva/2014/05/21#sthash.7cU5YDI4.dpuf

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Presentación de Infiltrados en el auditorio Elba y Celina Ramos de la UCA. 13 de mayo de 2014.

Andreu Oliva, rector de la UCA; Héctor Silva, autor de Infiltrados; y Carlos Dada, director de El Faro. Presentación de Infiltrados en la UCA. 13 de mayo de 2014. Fotos cortesía de Francisco Campos.

El pasado martes 13 de mayo presenté mi primer libro, Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC (1992-2013) en el auditorio Elba y Celina Ramos de la Universidad Centroamericana (UCA).
Después de la intervención una persona que asistió al evento pidió la palabra a la hora de las preguntas y respuestas para cuestionar al jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía y para decir que la corrupción se extendía mucho más allá de la Policía. Mientras firmaba algunos ejemplares a quienes habían comprado el libro, escuché a otro puñado de hombres y mujeres que amparados en el aparente anonimato que concedía el auditorio -a pesar de la presencia de algunos "enviados" de la inteligencia policial, a los que amigos investigadores me ayudaron a identificar entre el público-, se animaban a contarme, en voz baja pero con decidida determinación de expulsar el asco del pecho, sobre la podredumbre que habían atestiguado mientras trabajaron en los pasillos de la PNC, de la Fiscalía, de los tribunales.

"A mí un comisionado me mandó a ofrecer las balas porque no quise detener un caso que había abierto contra él por robo de café", me murmuró una funcionaria judicial que había llegado al auditorio de la UCA.

"Yo estuve en la Policía; a mí me llegó un comisionado a decirme que por orden del ministro (Munguía Payés) teníamos que cerrar todos los expedientes abiertos contra ellos por la inspectora (Zaira Navas)", me dijo un hombre moreno, alto, camisa salmón y gafas enmarcadas por una sonrisa resignada.

Antes de eso había escuchado, durante la sesión de preguntas y respuestas, a Héctor Larios, mi amigo y ex compañero en el Externado San José. Héctor es pariente de Ramón Mauricio García Prieto, el ingeniero al que un grupo de sicarios de la División de Investigación Criminal (DIC) de la PNC asesinó el 10 de junio de 1994. Como le ocurría hace 20 años, cuando nos contaba a sus amigos sobre la frustración de su familia ante la protección que los asesinos recibían en la Fiscalía y la Policía, a Héctor se le volvió a quebrar la voz por la rabia. Esto escribí en Infiltrados sobre ese caso:

"(Carlos Romero Alfaro, alias) Zaldaña, asesino del ex comandante Velis y de García Prieto según testimonios de sus subalternos, estuvo asignado a la CIDH (Comisión Investigadora de Hechos Delictivos de la PN); fue uno de los que llegó hasta la PNC, a la flamante DIC, sin pasar por filtro alguno... El hombre es un asesino a sueldo, protegido durante mucho tiempo por el Estado, tanto antes como después de los Acuerdos de Paz..."

"En ese entonces el asesor legal de la DIC era Romeo Barahona. Cuando a Romero Alfaro lo iban a capturar por lo de Velis, le dieron la orden a la DIC. Romero Alfaro se fue a Estados Unidos y un día después salió la orden de captura. El que escondió la orden de captura fue Romeo Barahona, en contubernio del director de la DIC, Roberto Mendoza Jerez. Esto se supo por un informe de la PDDH", asegura uno de los abogados (que investigó la muerte de García Prieto). Romeo Barahona. Fiscal General de la República.

Como me pasó con las decenas de ex funcionarios, oficiales, jueces, fiscales, víctimas de la complicidad del Estado que me dieron la oportunidad de escucharlos y aceptaron que contara sus historias y testimonios en este libro, la noche del martes 13 de mayo pasado me volvió a sorprender el valor de quienes, en público, desafiaron a policías y oficiales corruptos diciéndoles, a la cara, cuan hartos están de ellos. Así lo hizo la fiscal de blusa blanca.

En la presentación de Infiltrados en la UCA me encontré con hombres y mujeres que han conocido al crimen organizado desde adentro, y por tanto pueden dar fe de como ha infectado las entrañas del Estado; ex funcionarios que han oído miles de veces los cacareos del poder cada vez que alguien lo ha confrotado para decirle como apesta la corrupción y la tolerancia. "Es un complot de la izquierda". O "es un complot de la derecha". O "Es un injusto acto de difamación contra oficiales honestos y sacrificados". O "a los comisionados nunca nadie les ha probado nada". Así las frases que he oído a políticos cómplices de la corrupción, desde presidentes de la República, fiscales generales, ministros, hasta directores de la PNC; así las frases que escriben columnistas que no dudan en justificar, sin más descargo que su retórica cómplice, a Douglas Omar García Funes, aka Carabinero, Godofredo Miranda o Ricardo Menesses, tres de los oficiales más cuestionados en la historia de la Policía Nacional Civil.

Supe que al llevar Infiltrados a El Salvador encontraría esas reacciones de los cómplices de la corrupción: las vengo oyendo desde que, hace 20 años, empecé a conocer los rincones más oscuros de la PNC. Lo que no me esperaba, ni por cerca, era la reacción entusiasta de esos ex oficiales y funcionarios que vivieron de cerca historias como las de Infiltrados; ni la apertura sin cortapisas de casi todos los medios de comunicación para exponer los descubrimientos plasmados en el libro. Y aprovecho aquí para agradecer por los espacios que me dieron para hablar del libro a Nacho Castillo, a Carlos Dada, Efren Lemus y Daniel Valencia de El Faro, a Angela Escobar, a Glenda Girón, César Castro, Jessica Ávalos, Claudia Ramírez y Gabriel Trillos en La Prensa Gráfica, a Juan José Dalton y David Pérez en ContraPunto, a Alvaro Cruz y María Cidón en El Mundo, a Roxana Webb y Diana Verónica Ramos en Radio 102.9, a Romeo Lemus en Canal 12, a Pencho y Aída, a Karen Fernández de Radio Punto 105, a don Neto Rivas y a Serafín Valencia de YSUCA. (Aquí los links a entrevistas en Debate con Nacho, LPG, DEM, El Faro, ContraPunto, PyA, 102.9 y el Baltimore Post Examiner, en inglés)

Me quedo con la impresión que ese discurso decrépito según el cual la corrupción solo es condenable cuando se atribuye al adversario político -esta bien denunciar a Heber Saca pero es una calumnia hablar mal de Carabinero; está bien cuestionar a Funes pero hay que guardar silencio sobre Paco Flores- empieza, de a poco, a caer por el peso de su propia estupidez. Y, sobre todo, me quedo con una sensación de leve esperanza al ver, en los rostros de quienes se me acercaron para contar sus historias, que no es vano pensar en la posibilidad de que empiece a hartarnos ya tanto olor a mierda.

¿Le queda alguna esperanza de que su libro sirva para algo? ¿Tiene fe en que algo cambie? ¿Cree que el nuevo gobierno hará algo? Un colega me dijo, luego de rumiar estas preguntas: Claro que debo tener fe, si no mejor hago maletas y me voy. Suscribo. Y sobre el nuevo gobierno, pues no parece quedarle mucho margen de maniobra para tolerancias y medias tintas. O sí. Parece claro, no obstante, que si el gabinete de seguridad de Salvador Sánchez Cerén opta por el guión de las complicidad, la justificación y la tolerancia del crimen organizado, la cloaca cuyas aguas negras alimentaron las casas presidenciales salvadoreñas desde Alfredo Cristiani hasta Mauricio Funes, sin excepción, terminará por abrirse, no para dejar entrar agua limpia sino para infestarnos a todos.

Congresista Jim McGovern. Foto cortesía de Larry Luxner.

El 19 de mayo, después de dos semanas en El Salvador, regresé a Washington a presentar el libro. Me hizo el honor el congresista demócrata por Massachusetts James P. McGovern, un viejo amigo de mi familia y de El Salvador. "Fui tal vez ingenuo al pensar que tras la firma de los Acuerdos de Paz todo se iba a resolver por arte de magia... Hoy sé que El Salvador sigue requiriendo de gente valiente, de patriotas que denuncien la corrupción y a los corruptos", dijo Jim McGovern en el Diálogo Interamericano durante la charla sobre Infiltrados.

Antes, en una larga plática en su despacho del Congreso sobre la masacre de la UCA, Jim McGovern me contó un historia sobre su ex jefe, el representante Joseph Moakley, que resume bastante bien la simpleza con que debería abordarse la corrupción:

"En una entrevista, mientras investigábamos en San Salvador las muertes de los sacerdotes, un militar le preguntó a Moakley -el congresista demócrata que encabezó la comisión legislativa estadounidense creada para investigar la masacre- por qué la insistencia en buscar a los culpables cuando se suponía que Estados Unidos y el ejército salvadoreño eran amigos. Moakley le respondió más o menos así: 'Es simple: cuando alguien comete un delito, cuando alguien mata a otra persona, el lugar en el que debería estar es en la cárcel'".

Durante demasiado tiempo nuestros gobernantes y policías han ayudado a que, desde adentro, crezca el cáncer instituiconal de la corrupción; lo han hecho amparados en discursos que aluden a la gobernabilidad, la pacificación, el balance de poder, excusas todas que les han servido bien para disfrazar sus complicidades personales o sus faltas de caracter. Pero a estas alturas, ante el fallo histórico de la PNC y frente a un país abrumado por la violencia, deberíamos recordar a diario a Moakley: alguien debería estar en la cárcel. Es eso o seguir soportando el olor a mierda de una cloaca que al final no sabremos como limpiar.

Links para bajar resúmenes y notas sobre Infiltrados:

En inglés:

Corruption in El Salvador: Politicians, Police and Transportistas. Working Paper. Center for Latin American and Latino Studies, American University. Social Science Research Network.

En español:

Primer capítulo de Infiltrados, publicado en la Revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica.