Que el asunto de la legalización se haya tornado sexy en la previa y el epílogo de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena se debe, básicamente, al desafío verbal hecho por Otto Pérez Molina a Washington, que permitió a otros mandatarios expresar su desacuerdo con el enfoque estadounidense -represión al tráfico internacional y poca atención al consumo interno- y, a la postre, terminó enviando una señal inequívoca de que en este y otros temas el perfil de las discusiones no se define solo en la capital de los Estados Unidos. Pero, otra vez, eso no deja de ser retórica. Al menos por ahora.
Algunos datos y opiniones para ilustrar por qué este asunto de la marihuana termina siendo, en términos prácticos, una pérdida de tiempo:
Una idea de los pro-legalización es que despenalizar la venta y consumo de marihuana en Estados Unidos disminuirá la demanda en el mayor de los mercados del mundo y, con ello, se afectaría la rentabilidad de la cadena de suministro y por tanto se quitaría rentabilidad al intermediario, en este caso, a los narcotraficantes. Una sola cifra parece dar al traste con esa lógica, al menos en Centroamérica: según el mismo comando sur de la armada estadounidense entre el 80% y el 90% de la coca que se consume en el norte pasa por el istmo. Ese es el negocio, no la marihuana. En un reciente panel sobre el tema organizado en Washington por el Diálogo Interamericano escuché que buena parte de la marihuana que se consume en Estados Unidos se planta en suelo norteamericano; ese mercado, entonces, no necesita del intermediario, del traficante, ni de sus cómplices institucionales en el aparato público.
En esa discusión del Diálogo, el especialista Alejandro Hope, planteaba otras dos razones para relativizar el tema de la legalización de la marihuana: en Centro América el de la droga es un problema de violencia y crimen, no de salud pública, y es un problema relacionado a la cocaína, no a la marihuana.
Para ilustrar la segunda idea de Hope basta acudir al caso de las organizaciones de narcotraficantes en El Salvador. El Cartel de Texis o Los Perrones (versiones 1 y 2) basan toda la rentabilidad actual, y su operación, en el trasiego de cocaína. Fueron 6 kilos de coca los que la PNC de El Salvador incautó a Texis a finales de 2011 y fueron 250 kilos los que autoridades costarricenses incautaron a un salvadoreño que, según la misma inteligencia tica, tiene relación con narcos y operadores de San Salvador. En pocas palabras, lo que pudre policías, abre fronteras, alienta sub contratos entre narcos y pandilleros, lo que hipoteca la capacidad operativa de los estados nacionales para desarmar al crimen organizado y al narcotráfico es la impunidad alimentada con las enormes ganancias que les deja el tráfico de cocaína, una droga a la que muy pocos analistas meten por ahora en las discusiones sobre legalización (hay quienes sí hablan de despenalizar el consumo y producción de la hoja de coca, que no es lo mismo que la cocaína).
La ONU también ha sacado algunas conclusiones respecto a la relación del crimen organizado y el narcotráfico con el problema más urgente en el triángulo norte de Centroamérica: el de los asesinatos. Una de las hipótesis planteadas por la Oficina anti Crimen Organizado de Naciones Unidas en el estudio global sobre homicidios 2011 es que las provincias, departamentos o estados de México y Centroamérica con mayores índices de homicidios están en las rutas tradicionales del tráfico de cocaína.
Mapas publicados en el estudio de UNODC (página 51) sobre los que se construye la tesis sobre la relación entre los índices de homicidios y las rutas del narcotráfico. |
En el caso de Centroamérica, y en particular en el de El Salvador, aún queda pendiente una explicación convincente sobre la relación entre crimen organizado e índices de homicidios. En el triángulo norte el tema de las pandillas ha introducido un elemento distorsionador en ese análisis, motivado casi siempre por razones políticas, pero también por lo conveniente que resulta para el crimen organizado contar con un chivo expiatorio público y visible.
Al final del día, el tema de la legalización de la marihuana -que se difumina sin remedio ya en el debate mediático- tuvo el mérito coyuntural de abrir un poco más esta discusión, lo cual a la postre podría permitir a Centroamérica, a lo que aún le queda de institucionalidad sana, a su periodismo, a su academia, a su sector privado, abordar los temas de verdad importantes: la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas. Más aún, este pretexto de la legalización puede dar alas a la discusión abierta de cómo rescatar de la podredumbre sin regreso a las fuerzas públicas, llámense ejércitos, policías, fiscalías, tribunales o partidos políticos.
Ayer, 26 de abril, la periodista guatemalteca Julie López lo dijo muy claro en un Foro sobre narcotráfico y crimen organizado en Centramérica organizado por el Senado de los Estados Unidos. "La discusión sobre la legalización no penetra el corazón de este problema, que es la corrupción, la penteración del crimen organizado en instituciones débiles".
Twitter: @HsilvAvalos