Columna publicada el 16 de abril de 2013 en elfaro.net
Vídeo de evento en WOLA: "One year after the gang truce in El Salvador"
Cuando el presidente Funes visitó
Estados Unidos al principio de su periodo -en marzo 2010 la Casa Blanca y en
septiembre 2011 Nueva York para su tercer discurso ante el pleno de la ONU-, su
agenda de seguridad era una: el combate al crimen organizado. En el ocaso de su
quinquenio vuelve a Washington con la tregua entre pandillas como su único
argumento. A pesar de la reciente ofensiva de su ministro de Seguridad en esta
ciudad en busca de apoyos, las dudas persisten.
Escepticismo es la palabra que mejor resume la sensación de
Washington respecto a la tregua entre pandillas en El Salvador. Aun ahora, después de una ofensiva oficial que incluyó dos
visitas del ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, en
poco más de un mes, y a pocos horas de la llegada del presidente Mauricio Funes
a la capital de Estados Unidos, las dudas siguen, incluso entre quienes, desde
el mundo de las oenegés latinoamericanistas y del de algunos gobiernos locales
del área metropolitana, han visto la tregua con optimismo.
Más allá de la estrategia mediática de
Seguridad en torno al pacto, que destaca con tino la baja en homicidios y
maneja por lo bajo el problema de las extorsiones e incluso niega otros asuntos
relacionados a la seguridad pública, como la corrupción y la infiltración del
crimen organizado en el estado, hay dos preguntas que el discurso oficial sigue
sin despejar. La primera: en qué consistió el pacto inicial y cuál fue el papel
real de la inteligencia del estado y del despacho de Munguía en esa gestión. La
segunda: si a la vuelta de un año está claro que la reducción en los homicidios
se sostiene, cuál es el plan de la administración Funes para convertir ese
pacto inicial en una política pública que trascienda a los mediadores -en los
que pocos aquí confían- y a los líderes pandilleros que han manejado la tregua
desde las cárceles.
Debido en gran parte a la falta de
respuesta efectiva a esas dudas, como lo dijo hace poco el investigador Douglas
Farah a El Diario de Hoy, la comitiva del general Munguía se fue de Washington
sin promesas importantes de apoyo financiero y sin nuevos respaldos políticos,
más allá del ya garantizado de la OEA. Eso, sin embargo, no significa que no haya
aquí, sobre todo en el mundo de los organismos financieros multilaterales,
opciones de financiamiento para programas específicos de rehabilitación y
prevención.
Hace poco, en un foro organizado por la
Washington Office on Latin America (WOLA), una representante del Banco Mundial
dijo que aun con la “opacidad” inicial, podía haber líneas de crédito abiertas
para programas de rehabilitación y reinserción para los llamados municipios
libres de violencia. Siempre y cuando el gobierno presente un plan coherente y
administradores diferentes de esos planes. Eso no ha pasado.
Lo de nuevos rostros que administren la
segunda etapa de esta tregua es lugar común entre los interesados en
Washington. Incluso desde las entrañas de la administración, incluso desde sus
oficinas más críticas, se empiezan a oír ya, tímidas aún, preguntas sobre
quiénes, desde el sector privado o el mismo gobierno Funes, podrían ser
referentes alternativos. Quiénes además de Mijango, Colindres y el mismo
Munguía, se entiende.
“Muchos pensamos que en estas reuniones
conoceríamos un plan más elaborado sobre lo que sigue, sobre todo en el tema de
los municipios, pero lo que escuchamos fue más explicación sobre la primera
parte, sobre el pacto en sí mismo, y lo que oímos de esa parte no despejó las
dudas”, me comentó uno de los funcionarios presentes en reuniones sostenidas
por la comitiva salvadoreña la semana pasada. Desde el congreso, una
apreciación similar de un asistente: “el problema no es la tregua; hay mucha
gente aquí que puede encontrar una lección positiva, incluso replicable. El
problema es que cuando alguien viene y te dice que en El Salvador no hay un problema importante de narcotráfico o de crimen organizado, y que todo se
reduce a las pandillas, es difícil creerle algo de lo que te está diciendo”,
dice este funcionario en referencia a conversaciones en que el ministro restó
importancia al tema del narcotráfico en el mapa de la seguridad pública
salvadoreña.
Está claro que, a estas alturas, el tema
importante en relación a la tregua es el financiamiento. Pasó ya el tiempo
político de trascender el balbuceo inicial sobre el pacto, desde la triple
versión inicial sobre el traslado de los líderes de la cárcel de máxima
seguridad a otros recintos -razones humanitarias, recomendación de consejos
criminológicos y posible atentado a roquetazos contra los penales- hasta el
retruécano aquel de no-negociamos-facilitamos-negociamos. Un analista
centroamericano sobre tendencias de crimen organizado que trabaja en un tanque
de pensamiento aquí lo explica así: “Esa parte del discurso es insostenible
para ellos (el gobierno salvadoreño), pero si parten de aceptar que alguien
debía de hacer lo feo para de ahí construir y hoy se concentran en eso pueden
llegar a algún lado”.
Algún lado es, en esencia, dinero fresco
que permita al estado salvadoreño, desde el gobierno central o desde las
alcaldías, convertir a los municipios libres de violencia en algo más que una
estrategia de comunicaciones o, como temen los más críticos, en territorios de
paso libre para la droga. Esto lo explica un trabajador social del condado de
Montgomery, en Maryland, uno de los sitios en que las pandillas salvadoreñas
tuvieron una fuerte presencia criminal entre mediados de los 90 y el primer
lustro de 2000: “No hay veredas mágicas aquí. Es simple. Cuando el tema de la
calle está controlado, el estado entra con plata, con un montón de plata para
programas sociales que permitan contener el riesgo entre los jóvenes”. Y un
policía de Fairfax, condado de Virginia también conocedor de las pandillas
salvadoreñas, el teniente Rick Pérez, me lo explicaba así antes de conocer
sobre la tregua salvadoreña: “primero es fuerza, inteligencia y trabajo con la
comunidad y luego la inversión social”.
Aun hoy, y a pesar del escepticismo, los departamentos
de policía de estos condados siguen de cerca la tregua, y lo que esta puede
haber implicado para la relación entre los liderazgos de las pandillas en El
Salvador y en los barrios aquí en Estados Unidos. Después de todo, no fue hace
mucho tiempo que desde las cárceles salvadoreñas se ordenaban asesinatos a
ejecutarse en Maryland, Virginia o Nueva Jersey o que miembros de clicas aquí
eran parte de redes de narcotráfico (la red de Juan Colorado, por ejemplo,
usaba como mulas en Nueva Jersey y College Park, Maryland, a pandilleros
locales, según el expediente judicial abierto en El Salvador).
En marzo pasado, a pocos días de revelado
el pacto inicial, un policía del condado de Montgomery, en Maryland, me contó
que la relación entre los liderazgos de Maryland y El Salvador era, como entre
clicas en territorio salvadoreño, heterogéneo. “Es, a veces, un tema de
relación personal. Hay quien aquí tiene un hommie allá al que le manda plata o
con quien se hacen favores, pero sí hay relaciones y hay movimientos de
dineros; es poca plata casi siempre, vía envíos...” La pregunta que este
oficial se hacía, al conocer sobre condiciones carcelarias más relajadas,
parecía lógica: “bueno, supongo que si estando en Zacatraz -lo decía así, con
esa palabra, en medio de una conversación en inglés- hablaban por celular hasta
aquí, hoy será más fácil”.
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| Panel en WOLA sobre el primer aniversario de la tregua. 29 de marzo 2013. En la foto: Profesor Ed Maguire, American University; Steven Dudley, InsightCrime.org; Alys Willman, Banco Mundial. Fotos cortesía de Miguel Ángel Álvarez |
Ya en el nivel federal, es evidente que a
las agencias policiales de Estados Unidos -las law enforcement- la tregua no
les gusta nada. No le gusta al FBI. Tampoco le gusta a quienes, en el
Departamento de Estado, manejan la minucia de CARSI, el programa estelar de
cooperación en seguridad de la administración Obama con Centro América. En elevento de WOLA que mencioné, uno de estos funcionarios preguntó al panel, del
que formé parte: “¿A quién pertenece esta tregua? ¿Le pertenece en realidad a
los salvadoreños?” Mi respuesta: hasta ahora, en términos políticos, la tregua
le pertenece a los mediadores, al general Munguía y a los líderes de las
pandillas que están en las cárceles. Y aunque la baja en los homicidios es, sí,
patrimonio del país, la transformación del pacto en política pública pasa por
el presidente de la república y su capacidad de gestión.
Y está la otra duda, que viene también de
algunas oficinas de la administración, pero sobre todo de oficinas del congreso
que escucharon y apoyaron a Funes cuando, al inicio de su quinquenio, vino a
Washington y a Nueva York con un fuerte discurso anti crimen organizado que
partía de reconocer la infiltración del narco en el estado, no a las pandillas,
como la amenaza principal a la estabilidad democrática de Centro América. “Sin
una decidida vocación de combatir la infiltración del crimen organizado en las
instituciones del estado no será posible enfrentar nuestras enormes metas...
Comencemos por nuestra casa, limpiando las instituciones que, como la Policía,
han sido presa de la corrupción y la compra de voluntades...”, escucharon los
interlocutores más amistosos con la administración Funes, del partido
demócratas todos, el discurso presidencial ante el pleno de Naciones Unidas en
2011. Hoy, los mismos interlocutores levantan las cejas cuando oyen al gabinete
de seguridad decir que la Policía está limpia, que el crimen organizado es un
mal menor y que el pacto entre pandillas es la solución unívoca.
El presidente salvadoreño viene mañana por
la noche según el programa. Su cita clave es, sin duda, con el secretario de
estado, John Kerry, viejo conocedor de Centroamérica y El Salvador y uno de
esos a quienes atentos asistentes informaron sobre el tono inicial del discurso
de Funes. Por el formato protocolario de estas reuniones, pero sobre todo
porque la situación financiera doméstica lo hace virtualmente imposible, es
poco lo que El Salvador puede esperar del Departamento de Estado en términos
monetarios. ¿En apoyo político explícito? Está claro que la palabra de un
presidente vale mucho más que la de un ministro, e incluso puede ser que Funes
logre una frase reproducible en comunicados de prensa. Pero, sin las
explicaciones que le faltan entre los viejos aliados de su administración y sin
el plan que le vienen pidiendo las multilaterales, poco logrará el presidente
al final. Aquí de poco vale la bravata, el retruécano sabatino o la buena fe.
* El autor es Investigador Asociado del
Centro de Estudios Latinaomericanos de American University en Washington, DC, y
miembro del Consejo de Asesores del Center for Democracy in the Americas.
