Es una elaboración retórica que dimos por cierta cuando las armas callaron en 1992. Un eufemismo reproducido sin descanso por los teóricos de la posguerra -de izquierda y derecha- al que "las partes" han apelado cada vez que la posibilidad de castigo, aún lejana, ha asomado. Una especie de axioma de nuestra paz que apenas encontró obstrucción crítica. El eje de su narrativa se lee así: "Abrir las heridas del pasado no es bueno para El Salvador". Y las dos principales subtramas: "La amnistía general -hecha ley en 1993- fue y sigue siendo indispensable para la democracia" y "Si conocemos la verdad entraremos en una espiral de venganzas que nos volverá a desangrar".
Fue al revés. Lo que la negación de la verdad y la falta de castigo consolidaron en realidad fue una cultura de impunidad tal que ha carcomido nuestras instituciones durante dos décadas, ha moldeado nuestra forma de ser salvadoreños y ha condenado a nuestra paz y a nuestra democracia al subdesarrollo permanente.
En varios momentos, y el actual es uno de ellos, el salvadoreño ha estado muy cerca de ser un estado fallido, incapaz de proveer justicia y seguridad a la polis. Eso, en gran parte, puede atribuirse a la incapacidad de ese estado para castigar a quienes violan las leyes escritas para proteger la democracia. Y esa incapacidad de castigar es una herencia de la narrativa dominante durante la posguerra.
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| Portada de El Grafico. 15 de agosto de 2013 |
Es cierto lo que dice Cristian. Y aquello que dijo Roque Dalton de llorar borrachos cantando el himno nacional también es cierto. Lo viví en el estadio de los Ravens en Baltimore. Y en el Robert F. Kennedy de DC en 2010. Ahí el "Saludemos la patria orgullosos" inunda el ambiente cuando la selección nacional de fútbol de El Salvador pisa la grama. Al menos hasta ahora. Al menos hasta antes del 15 de agosto cuando el diario deportivo El Gráfico nos abofeteó a todos con el titular "Les ofrecieron $70 mil por venderse" en su portada, antesala de un extenso reportaje basado en el testimonio de un jugador que explicaba como siete seleccionados vendían partidos del equipo nacional a una mafia internacional de apostadores.
A aquella tapa de El Gráfico, periódico del que Cristian Villalta es jefe de redacción, siguieron varias entregas que profundizaban en la cloaca: al menos 22 jugadores involucrados en posibles amaños de partidos, incluidos eliminatorios al mundial de Brasil y amistosos, entre ellos uno contra el DC United de Washington el 18 de junio de 2010.
Cuando el United juega en casa la barra más fiel, que suele cantar en español en los tendidos populares, se pinta el rostro de negro, rojo y blanco; casi siempre. Cuando la selección de El Salvador jugaba en ese estadio, los mismos hinchas cambiaban los colores por los que de verdad les hacían sufrir al menos hasta entonces, el azul y el blanco de su equipo nacional: la mayoría de los miembros de la barra brava del equipo de Washington son salvadoreños. Pasará un rato hasta que la selección vuelva a jugar aquí y quizá un poco más para que los domingueros de la barra brava, trabajadores de esos que cumplen a cabalidad el cliché del salvadoreño expatriado por la pobreza que vino al norte a trabajar a triple jornada para mantener a la familia en el cantón y de paso hacer viable al país, vuelvan a meterse la mano en la bolsa para pagar por ver a los seleccionados. "Se les perdona lo maletas, pero no lo tamales", me dijo uno de ellos en Baltimore, cuando la selección perdió 5-1 en la Copa de Oro contra Estados Unidos el pasado 21 de julio. Y otro: "Puta, que nos paguen ellos por venirles a ver las gracias. Les dan viáticos. Les pagan el avión. Y encima 'hueveyan' ".
La saga de la "pelota manchada", como tituló El Gráfico, también ha incluido hasta ahora un hollywoodesco despliegue de las autoridades, que incluyó cateos en casas de futbolistas comandados por un jefe de la Fiscalía General quien no descuidó la pose de Elliot Ness cuando explicó los hallazgos a las cámaras de TV, incluidas en el operativo nocturno de requisa por supuesto, declaraciones del fiscal general -del tipo "hasta las últimas consecuencias"- y una conferencia de prensa de la Federación de Fútbol anunciando la suspensión temporal de los 22 futbolistas cuestionados. Lo cierto es que nadie, nunca, giró órden de captura administrativa contra Miguel Ángel Montes Moreno, otrora portero de la selección nacional y principal sospechoso de coordinar, reclutar y pagar para los amañadores internacionales. Montes se fue, tranquilo, por el aeropuerto hacia Estados Unidos. Como antes se han ido de El Salvador diputados sospechosos de lavado, narcotraficantes amigos de policías o coroneles acusados de asesinar jesuitas.
La historia sobre la corrupción en el fútbol salvadoreño inundó las redes sociales y ocupó los programas de entrevistas matutinas en El Salvador. Todos opinaron y escribieron. Todos se indignaron. Hubo lugares comunes: petición del castigo más duro para los "traidores a la patria" extensivo a directivos y entrenadores, pero también una queja: ¿por qué la sociedad se indignaba tanto por el fútbol y era mojigata, ideológica, partidista al hablar de la corrupción en otras instituciones del estado como la Policía, la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo? y ¿por qué hoy sí la petición inequívoca de castigo cuando El Salvador ha guardado silencio ante crímenes más atroces, somo asesinatos, masacres, violaciones?
Una semana después del titular sobre la corrupción en el fútbol otra historia sobre crimen e impunidad apareció en los medios: la sentencia a 21 meses de cárcel y a un año extra de libertad condicional para el coronel Inocente Orlando Montano por fraude migratorio. Montano está acusado en España, junto a otros 19 militares, de asesinato, terrorismo y crímenes de lesa humanidad relacionados con la masacre de la UCA el 16 de noviembre de 1989. Esta historia tuvo menos espacio en los medios (algunos, como El Diario de Hoy, el segundo periódico en tirada en El Salvador ni siquiera mencionó el hecho) y pasó de largo entre las decenas de analistas, comentaristas, opinólogos y politólogos que inundan cuanto espacio les presten en prensa, radio o TV.
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| Foto de la masacre de la UCA. 16 de noviembre de 1989. |
La masacre de la UCA fue el primer acto de impunidad de la posguerra aunque el conflicto aún no terminaba y los asesinatos fueron en sí mismos catalizadores de la solución negociada.
Los resortes institucionales que movió la gigantesca operación de encumbrimiento de la masacre, que incluyó a todo el estado desde la Policía hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, terminaron creando dinámicas de impunidad que se asentaron en el sistema y en las instituciones que los Acuerdos de Paz crearon en los dos años posteriores a los asesinatos.
Así, la reforma policial propuesta por los Acuerdos de Paz no fue, ni de cerca, suficiente para erradicar el vicio del no castigo, en gran medida porque, en el afán de proteger a los culpables, la élite política salvadoreña insistió en llenar la nueva Policía con los mismos detectives que habían obstruido la investigación o creado prueba falsa en el caso Jesuitas; algunos de esos agentes incluso se reinventaron como asesinos a sueldo en la DIC, heredera de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos que investigó la masacre. Todo esto, debe decirse, contó con el aval del FMLN, que en diciembre de 1992 negoció la entrada de esos policías a la nueva PNC a cambió de más fondos para 600 mandos medios.
Y según cables expuestos por elfaro.net y tesimonios de fuentes directas en Madrid al menos tres cancilleres de administraciones areneras viajaron a la capital española para garantizar que la justicia de ese país no abriera causa contra los sospechosos de asesinar a los jesuitas. La semilla del no-castigo en el Ejecutivo, en este caso, terminó de germinar en 2011, cuando el presidente Mauricio Funes, aconsejado por su entonces ministro de Defensa, el general David Munguía Payés, desistió de hacer efectivas órdenes de arresto internacionales giradas por el juzgado sexto de la Audiencia Nacional de España contra 14 militares acuados de la masacre junto a Inocente Orlando Montano.
Durante dos décadas, como dije al principio, la narrativa oficial fue que no convenía, que era peligroso mover esas aguas y buscar castigo. Poco o nada se dijo, sin embargo, de la debilidad institucional que el no-castigo había creado: la misma División de Investigación Criminal formada por detectives cuyo principal mérito fue siempre no investigar se hizo famosa en la primera posguerra por no resolver la violación y asesinato de Katya Miranda, encubrir a quien planificó el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto a manos de sicarios que trabajaban en la misma DIC, obstruir la investigación del asesinato de Adriano Vilanova a manos de policía; o, hace menos tiempo, por armar un fraude procesal tras otro, como uno del que me enteré hace poco, en Opico, en el que un subinspector de la PNC decidió adjudicar el asesinato de una jovencita a un pandillero sin mayor prueba solo para completar la estadística.
La misma Fiscalía que nunca resolvió quién violó y mató a Katya o quién pagó por el asesinato de García Prieto, la misma que incluso protegió a uno de sus asesinos, hoy aún lucha por pasar del dicho al hecho y deja que el principal sospechoso en los amaños del fútbol vuele, tranquilo, fuera del país. (Es cierto, Miguel Montes es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero también es cierto que es imposible probar lo contrario y hacer válido aquello de pronta y cumplida justicia sin el uso adecuado de los recursos precautorios administrativos que la ley da al Ministerio Público).
Vencer la impunidad pasa por castigar a los culpables, así sean coronoles jubilados de 70 años o porteros de 30 y pocos con pelos engominados y camisetas de marca. Pero también pasa por que un país sepa qué pasó.
Durante años nos han dicho que eso, saber, es malo. No lo creo.
En Alemania del Este, cuando el muro cayó, uno de los primeros actos políticos de las nuevas autoridades fue la apertura de los archivos secretos de la Stasi, la policía política del régimen comunista. Fue un proceso doloroso, cuentan en Berlín, que incluyó, para muchos, saber que familiares cercanos -esposos, hermanos, padres- habían estado informando sobre ellos al estado, como tan bien queda retratado en esa gran película que es La Vida de los Otros.
En Argentina y Chile el tema incluyó procesos culturales, políticos y judiciales que enfrentaron, como era previsible, a antagonistas políticos de antaño. Organizaciones civiles y académicas fuertes y sensatas, entre otras cosas, sirvieron de parachoques a las mentes trasnochadas que pretendieron usar esos procesos con fines partidarios o particulares. Ninguna de las dos democracias se cayó. No hubo, ni en Santiago ni en Buenos Aires, baños de sangre.
Y en Guatemala, en abril de este año, el general Efraín Ríos Montt respondió ante un juez por masacres de indígenas en los 80. Estuve en la capital guatemalteca tres de los días que duró el juicio y vi en los periódicos todo tipo de opiniones, desde la del de ultraderecha que invocaba a los dioses kaibiles para que eliminarán a los enemigos de la patria que querían denostar al generalísimo hasta los trasnochados de izquierda que querían poner en el banquillo a todo el que hubiese vestido uniforme alguna vez, pero también leí en el medio decenas de opiniones sensatas sobre la importancia que para Guatemala tenía que, con el juicio, llegara un conocimiento más exacto sobre la historia.
En El Salvador, leí en un tuit cuando Miguel Montes se fue: lo que pasa casi siempre en cuestiones de investigación criminal es que no pasa nada. Eso tiene que ver con la impunidad que heredamos de la guerra y consolidamos en la paz. Hoy que vamos tocando fondo y hasta el fútbol tenemos manchado va siendo un buen momento para, de verdad, aprender y exigir castigo para quien transgrede la ley, sea un general, un diputado, un presidente o el portero de la selección nacional; para que empezar a revertir la cultura del no-castigo sea parte de la agenda nacional.
El ex comisionado de la CICIG guatemalteca, Francisco D´Allanasse, me dijo en abril de este año: "la impunidad se termina cuando fiscales y policías entienden que se deben a la ley no a un político o a un narcotraficante". La ley dice que quien amaña, mata o roba va preso.
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