jueves, 29 de mayo de 2014

Los amigos del narco Juan Chamalé en El Salvador

Un operador financiero y logístico de Los Perrones en El Salvador asegura que el narco guatemalteco propició una reunión a mediados de 2008 entre Reynerio Flores Lazo, líder de la banda oriental, y Adolfo Tórrez, entonces operador político del partido Arena. De ahí, dice el lugarteniente de "Neyo", salieron con un acuerdo básico: Los Perrones pagarían entre $500,000 y $600,000 en apoyo a la campaña electoral arenera a cambio de que Tórrez intercediera en el sistema judicial salvadoreño por Deysi Aracely Fuentes Cruz, esposa de Reynerio.





I. Del capítulo 8 de "Infiltrados", Los operadores políticos. Relato de las reuniones entre Juan Chamalé y sus socios salvadoreños.

Mediados de 2008
El anfitrión del encuentro no era otro que Juan Ortiz López,
a quien las autoridades guatemaltecas conocen como Juanito
Chamalé. Según la ONU, dirigió uno de los cuatro grupos que
controlaron el tráfico de drogas en Guatemala hasta 2008, tras
la irrupción violenta de los carteles mexicanos. A la reunión
asistieron el Chele Tórrez y colaboradores de Reynerio. Romeo
acudió a esa cita y la recuerda así: “Policías de Guatemala nos
custodiaron cuando entramos en la hacienda. Desde el desvío
hasta la casa era una buena distancia y había hombres con
Ak-47 en toda la propiedad. El Chele Tórrez fue quien propició
la reunión”.
Reynerio Flores (camisa verde) y su esposa, Deysi. Foto tomada de Diario CoLatino

Después de esa reunión hubo otra en el Hotel Presidente con
los mismos invitados. Ahí, dice Romeo, con Juanito Chamalé
como testigo, pactaron aportar entre $500,000 y $600,000 para
las campañas de Arena a cambio de que el Chele Tórrez interviniera
por Deysi Aracely Fuentes Cruz, esposa de Reynerio, a
quien la PNC había detenido en Santa Rosa de Lima, en la casa
de la pareja.

Detectives guatemaltecos consultados aseguran que no
pueden corroborar que la reunión en el rancho de Juanito
Chamalé haya ocurrido, pero sí que investigaban relaciones del
narco guatemalteco con el Chele Tórrez y otros políticos salvadoreños,
en especial tras el asesinato de los parlamentarios en
Guatemala, en febrero de 2007. Un informe de la CICIG determinó
que Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte y Ramón González fueron
asesinados por una venganza relacionada con drogas y dinero
del narcotráfico.

En uno de los viajes que hicieron juntos, esto le contó el
Chele Tórrez a Romeo: “Yo pregunté al Chele cómo había sido
esa muerte, y me contó que había sido una factura que le habían
pasado a los diputados por haberse apropiado de 10 millones
de dólares de unos colombianos, a los que incluso ellos, la
gente del Chele, llegaron a legalizarles el estatus migratorio en El
Salvador”.


El colombiano con el que el Chele Tórrez tenía tratos se
llama Gustavo Becerra Gil. Por él intercedieron ante autoridades
migratorias, entre otros, el director departamental por San
Salvador, Roberto D’Aubuisson, hermano de Eduardo —uno de
los tres diputados del Parlamento Centroamericano por Arena
asesinados—, según consta en una carta enviada a la Dirección
General de Migración.

2002-2005
El 9 de enero de 2002, Julio René Fuentes, un socio del Chele
Tórrez en la empresa CAMSA, una de las cuatro a cuyas
juntas directivas el arenero estaba vinculado como miembro
propietario o suplente, intercedió ante la Dirección General de
Migración para que se le otorgara residencia temporal a Becerra
Gil y a su novia, Lidia Claudia Espinal Orozco, colombianos
los dos, quienes habían entrado al país el 1 de enero. Así consta
en archivos de la Dirección General de Migración.

Un reporte del OIE, elaborado en los últimos meses de la
gestión del presidente Saca, identifica a Becerra Gil como el
proveedor de Chepe Diablo (José Adán Salazar), del Cartel de
Texis.

El 9 de mayo fue expulsado porque su visa había vencido.
Ocho días después, sin embargo, reingresó por la frontera de
El Amatillo. A partir de entonces se movía entre El Salvador
y Honduras. El 13 de abril de 2003 hay otra salida registrada
de Becerra Gil hacia territorio hondureño. Para abril de 2005,
estaba de nuevo en El Salvador, y esta vez pidió una prórroga
de su permiso de trabajo para emplearse en CAMSA.
Para finales de la primera década del siglo XXI, tras los
asesinatos de los diputados en Guatemala, Becerra Gil había
dejado El Salvador y había encomendado a una mujer conocida
como “La Caneche” la labor de proveer droga a sus antiguos
socios. Buena parte de esta información llegó a la inteligencia
policial de boca del capitán Guzmán Parada, quien, al igual que
el Chele Tórrez, terminaría muerto; en esta ocasión, sin  margen
para la duda de que se trató de un asesinato.

II. En un despacho en Ciudad Guatemala.

En los despachos de la fuerza pública guatemalteca Juan Chamalé es un nombre de peso. En marzo de 2013, durante una entrevista en la oficina del Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, una asistente de prensa utilizaba el nombre como referencia al hablar del mapa de narcotraficantes en Guatemala y El Salvador. "Cuando capturamos a 'Repollo' -el traficante salvadoreño Jorge Ulloa Sibrián-, nosotros lo consideramos de la talla de Chamalé, pero en El Salvador no le pusieron demasiada importancia", explicó.

Si se atiende a las cantidades de cocaína que, según las inteligencias antinarcóticos de Estados Unidos y Guatemala movían "Chamalé" y "Repollo", ninguno de los dos es un traficante menor. A Ortiz López el fiscal federal A. Lee Bentley III lo acusa de intentar distribuir cinco kilogramos o más de cocaína en Florida: unas 40 toneladas de acuerdo a la DEA. A Ulloa Sibrián investigaciones de las policías guatemalteca y salvadoreña lo relacionan con 10 toneladas de cocaína traficadas hacia Estados Unidos a través de Guatemala.

En El Salvador, la investigación contra "Repollo", que arrancó en 2007, incluyó a diputados relacionados con el Cartel de Texis, la organización de tráfico y lavado de dinero que controla la zona fronteriza con Guatemala, aledaña al territorio que durante al menos dos décadas estuvo bajo el mando de Juanito Chamalé.


 III. La última parada de Juanito Chamalé

El viernes 23 de mayo, oficiales federales estadounidenses recibieron a Juan Alberto Ortiz López en un recinto judicial de Tampa, en la Florida. Al guatemalteco, de 43 años y nacido en San Marcos, le esperaba en la corte estadounidense una acusación por narcotráfico: "Ha sido extraditado al Distrito Medio de Florida... si es condenado puede enfrentar una pena de cadena perpetua", dice la nota de prensa publicada por la oficina en Miami de la Agencia Antidrogas (DEA, en inglés).

En el proceso contra Chamalé en Tampa hay ya referencias a los grupos que surtían al guatemalteco de cocaína. "Durante más de una década, la organización de Ortiz López recibió cargamentos de varias toneladas de cocaína en Guatemala, que luego serían transportadas por México hacia los Estados Unidos...", según un resumen preparado en 2011, cuando Chamalé fue capturado en Guatemala, por la oficina del fiscal Robert E. O'Neill en Florida.

En Washington, un agente federal, quien habló desde el anonimato por no estar autorizado para comentar procesos judiciales abiertos, explica las implicaciones que este caso podría tener para otros grupos de narcotráfico en Centro América: "Se verán las rutas, los cómplices... Hoy hay que esperar a saber que es lo que (Chamalé) dice (sobre su operación)". Esas rutas, sus trazos, también cruzan por El Salvador. De acuerdo al despacho del ministro López Bonilla, al menos tres de las seis rutas terrestres de narcotráfico que han surtido a los capos guatemaltecos pasan por El Salvador.




jueves, 22 de mayo de 2014

"Yo estuve en la Policía... Un comisionado me ordenó cerrar los expedientes..."

Sobre la presentación de Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC (1992-2013) en San Salvador y Washington, DC.

"Lo que pretendemos con la publicación de Infiltrados no es más que ayudar a salvar a la PNC, para que en lugar de seguir deteriorándose, se haga un alto a todo lo que con olor a pudrición está ocurriendo en su interior".

Padre Andreu Oliva, SJ, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

 "Si vacíamos la olla quién sabe qué encontraremos. Han matado a gente que ha cuestionado la integridad de la Policía... tenemos que apoyar a quienes denuncian toda esta corrupción".

James P. McGovern. Representante en la Cámara de Representantes por el estado de Massachusetts.
“If we stir the pot up, who knows what will happen? It’s dangerous. People get killed for questioning the integrity of the national police, but we ought to be supporting courageous journalists who expose the truth about corruption. - See more at: http://baltimorepostexaminer.com/el-salvador-police-corruption-exposed-diplomat-turned-scholar-hector-silva/2014/05/21#sthash.7cU5YDI4.dpuf
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Presentación de Infiltrados en el auditorio Elba y Celina Ramos de la UCA. 13 de mayo de 2014.


Andreu Oliva, rector de la UCA; Héctor Silva, autor de Infiltrados; y Carlos Dada, director de El Faro. Presentación de Infiltrados en la UCA. 13 de mayo de 2014. Fotos cortesía de Francisco Campos.


El pasado martes 13 de mayo presenté mi primer libro, Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC (1992-2013) en el auditorio Elba y Celina Ramos de la Universidad Centroamericana (UCA).
Después de la intervención una persona que asistió al evento pidió la palabra a la hora de las preguntas y respuestas para cuestionar al jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía y para decir que la corrupción se extendía mucho más allá de la Policía. Mientras firmaba algunos ejemplares a quienes habían comprado el libro, escuché a otro puñado de hombres y mujeres que amparados en el aparente anonimato que concedía el auditorio -a pesar de la presencia de algunos "enviados" de la inteligencia policial, a los que amigos investigadores me ayudaron a identificar entre el público-, se animaban a contarme, en voz baja pero con decidida determinación de expulsar el asco del pecho, sobre la podredumbre que habían atestiguado mientras trabajaron en los pasillos de la PNC, de la Fiscalía, de los tribunales.

"A mí un comisionado me mandó a ofrecer las balas porque no quise detener un caso que había abierto contra él por robo de café", me murmuró una funcionaria judicial que había llegado al auditorio de la UCA.

"Yo estuve en la Policía; a mí me llegó un comisionado a decirme que por orden del ministro (Munguía Payés) teníamos que cerrar todos los expedientes abiertos contra ellos por la inspectora (Zaira Navas)", me dijo un hombre moreno, alto, camisa salmón y gafas enmarcadas por una sonrisa resignada.

Antes de eso había escuchado, durante la sesión de preguntas y respuestas, a Héctor Larios, mi amigo y ex compañero en el Externado San José. Héctor es pariente de Ramón Mauricio García Prieto, el ingeniero al que un grupo de sicarios de la División de Investigación Criminal (DIC) de la PNC asesinó el 10 de junio de 1994. Como le ocurría hace 20 años, cuando nos contaba a sus amigos sobre la frustración de su familia ante la protección que los asesinos recibían en la Fiscalía y la Policía, a Héctor se le volvió a quebrar la voz por la rabia. Esto escribí en Infiltrados sobre ese caso:

"(Carlos Romero Alfaro, alias) Zaldaña, asesino del ex comandante Velis y de García Prieto según testimonios de sus subalternos, estuvo asignado a la CIDH (Comisión Investigadora de Hechos Delictivos de la PN); fue uno de los que llegó hasta la PNC, a la flamante DIC, sin pasar por filtro alguno... El hombre es un asesino a sueldo, protegido durante mucho tiempo por el Estado, tanto antes como después de los Acuerdos de Paz..."

"En ese entonces el asesor legal de la DIC era Romeo Barahona. Cuando a Romero Alfaro lo iban a capturar por lo de Velis, le dieron la orden a la DIC. Romero Alfaro se fue a Estados Unidos y un día después salió la orden de captura. El que escondió la orden de captura fue Romeo Barahona, en contubernio del director de la DIC, Roberto Mendoza Jerez. Esto se supo por un informe de la PDDH", asegura uno de los abogados (que investigó la muerte de García Prieto). Romeo Barahona. Fiscal General de la República.

Como me pasó con las decenas de ex funcionarios, oficiales, jueces, fiscales, víctimas de la complicidad del Estado que me dieron la oportunidad de escucharlos y aceptaron que contara sus historias y testimonios en este libro, la noche del martes 13 de mayo pasado me volvió a sorprender el valor de quienes, en público, desafiaron a policías y oficiales corruptos diciéndoles, a la cara, cuan hartos están de ellos. Así lo hizo la fiscal de blusa blanca.

En la presentación de Infiltrados en la UCA me encontré con hombres y mujeres que han conocido al crimen organizado desde adentro, y por tanto pueden dar fe de como ha infectado las entrañas del Estado; ex funcionarios que han oído miles de veces los cacareos del poder cada vez que alguien lo ha confrotado para decirle como apesta la corrupción y la tolerancia. "Es un complot de la izquierda". O "es un complot de la derecha". O "Es un injusto acto de difamación contra oficiales honestos y sacrificados". O "a los comisionados nunca nadie les ha probado nada". Así las frases que he oído a políticos cómplices de la corrupción, desde presidentes de la República, fiscales generales, ministros, hasta directores de la PNC; así las frases que escriben columnistas que no dudan en justificar, sin más descargo que su retórica cómplice, a Douglas Omar García Funes, aka Carabinero, Godofredo Miranda o Ricardo Menesses, tres de los oficiales más cuestionados en la historia de la Policía Nacional Civil.

Supe que al llevar Infiltrados a El Salvador encontraría esas reacciones de los cómplices de la corrupción: las vengo oyendo desde que, hace 20 años, empecé a conocer los rincones más oscuros de la PNC. Lo que no me esperaba, ni por cerca, era la reacción entusiasta de esos ex oficiales y funcionarios que vivieron de cerca historias como las de Infiltrados; ni la apertura sin cortapisas de casi todos los medios de comunicación para exponer los descubrimientos plasmados en el libro. Y aprovecho aquí para agradecer por los espacios que me dieron para hablar del libro a Nacho Castillo, a Carlos Dada, Efren Lemus y Daniel Valencia de El Faro, a Angela Escobar, a Glenda Girón, César Castro, Jessica Ávalos, Claudia Ramírez y Gabriel Trillos en La Prensa Gráfica, a Juan José Dalton y David Pérez en ContraPunto, a Alvaro Cruz y María Cidón en El Mundo, a Roxana Webb y Diana Verónica Ramos en Radio 102.9, a Romeo Lemus en Canal 12, a Pencho y Aída, a Karen Fernández de Radio Punto 105, a don Neto Rivas y a Serafín Valencia de YSUCA. (Aquí los links a entrevistas en Debate con Nacho, LPG, DEM, El Faro, ContraPunto, PyA, 102.9 y el Baltimore Post Examiner, en inglés)

Me quedo con la impresión que ese discurso decrépito según el cual la corrupción solo es condenable cuando se atribuye al adversario político -esta bien denunciar a Heber Saca pero es una calumnia hablar mal de Carabinero; está bien cuestionar a Funes pero hay que guardar silencio sobre Paco Flores- empieza, de a poco, a caer por el peso de su propia estupidez. Y, sobre todo, me quedo con una sensación de leve esperanza al ver, en los rostros de quienes se me acercaron para contar sus historias, que no es vano pensar en la posibilidad de que empiece a hartarnos ya tanto olor a mierda.

¿Le queda alguna esperanza de que su libro sirva para algo? ¿Tiene fe en que algo cambie? ¿Cree que el nuevo gobierno hará algo? Un colega me dijo, luego de rumiar estas preguntas: Claro que debo tener fe, si no mejor hago maletas y me voy. Suscribo. Y sobre el nuevo gobierno, pues no parece quedarle mucho margen de maniobra para tolerancias y medias tintas. O sí. Parece claro, no obstante, que si el gabinete de seguridad de Salvador Sánchez Cerén opta por el guión de las complicidad, la justificación y la tolerancia del crimen organizado, la cloaca cuyas aguas negras alimentaron las casas presidenciales salvadoreñas desde Alfredo Cristiani hasta Mauricio Funes, sin excepción, terminará por abrirse, no para dejar entrar agua limpia sino para infestarnos a todos.

Congresista Jim McGovern. Foto cortesía de Larry Luxner.
El 19 de mayo, después de dos semanas en El Salvador, regresé a Washington a presentar el libro. Me hizo el honor el congresista demócrata por Massachusetts James P. McGovern, un viejo amigo de mi familia y de El Salvador. "Fui tal vez ingenuo al pensar que tras la firma de los Acuerdos de Paz todo se iba a resolver por arte de magia... Hoy sé que El Salvador sigue requiriendo de gente valiente, de patriotas que denuncien la corrupción y a los corruptos", dijo Jim McGovern en el Diálogo Interamericano durante la charla sobre Infiltrados.

Antes, en una larga plática en su despacho del Congreso sobre la masacre de la UCA, Jim McGovern me contó un historia sobre su ex jefe, el representante Joseph Moakley, que resume bastante bien la simpleza con que debería abordarse la corrupción:

"En una entrevista, mientras investigábamos en San Salvador las muertes de los sacerdotes, un militar le preguntó a Moakley -el congresista demócrata que encabezó la comisión legislativa estadounidense creada para investigar la masacre- por qué la insistencia en buscar a los culpables cuando se suponía que Estados Unidos y el ejército salvadoreño eran amigos. Moakley le respondió más o menos así: 'Es simple: cuando alguien comete un delito, cuando alguien mata a otra persona, el lugar en el que debería estar es en la cárcel'".

Durante demasiado tiempo nuestros gobernantes y policías han ayudado a que, desde adentro, crezca el cáncer instituiconal de la corrupción; lo han hecho amparados en discursos que aluden a la gobernabilidad, la pacificación, el balance de poder, excusas todas que les han servido bien para disfrazar sus complicidades personales o sus faltas de caracter. Pero a estas alturas, ante el fallo histórico de la PNC y frente a un país abrumado por la violencia, deberíamos recordar a diario a Moakley: alguien debería estar en la cárcel. Es eso o seguir soportando el olor a mierda de una cloaca que al final no sabremos como limpiar.

Links para bajar resúmenes y notas sobre Infiltrados:

En inglés:

Corruption in El Salvador: Politicians, Police and Transportistas. Working Paper. Center for Latin American and Latino Studies, American University. Social Science Research Network.

En español:

Primer capítulo de Infiltrados, publicado en la Revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica.