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| Portadas de los escritos presentados por los abogados de Enel (arriba) y El Salvador (abajo) ante el CIADI. |
El dinero de LaGeo,
la empresa de explotación de energía geotérmica de El Salvador, es
el epicentro de este terremoto.
En los documentos
del proceso de arbitraje entablado por Enel contra El Salvador en
2013 hay una referencia a las cantidades de dinero que hay en ese
botín: en uno de los pies de página -el número 40- en su solicitud
de medidas preventivas ante el CIADI en Washington, Enel GreenPowerS.p.A. revela que la geotérmica salvadoreña repartió dividendos
por 113 millones de dólares en el último ejercicio, 2012-2013 se
entiende, ya que la energética italiana presentó su documento el 14
de abril pasado.
Al Estado
salvadoreño le habrían tocado, en ese proyectado esquema
accionario, 53.1 millones de dólares de dividendos. (Una referencia:
con la reforma fiscal recién aprobada, el gobierno pretende recoger
poco menos de 100 millones de dólares)
Por ahora, sin
embargo, la Corta Suprema de Justicia de El Salvador ha detenido ese
fallo del tribunal parisino. La Sala de lo Constitucional, por un
lado, ha pedido a la Asamblea Legislativa que revise las concesiones
de energía geotérmica a privados; y, más importante en el caso de
las pretensiones accionarias de Enel Italia, la Sala de los
Contencioso suspendió el traslado de acciones de LaGeo tras aceptar
una demanda de ilegalidad de los actos administrativos en la
eléctrica estatal, CEL, que posibilitaron a la empresa italiana la
compra de acciones al Estado salvadoreño.
Así las cosas, y
tal como está el reparto accionario sin la ampliación del fallo que
concede a Enel opción de tener mayoría, el Estado, a través de la
empresa Inversiones Energética (INE) de la que CEL es dueña en un
100%, tendría derecho al 63.8% de las acciones de LaGeo, con lo que,
de acuerdo a los cálculos de dividendos hechos por Enel, a los
agentes estatales le habrían tocado 71.2 millones de dólares de los
dividendos repartidos en el último ejercicio.
Los abogados que
representan a Enel en Washington, del bufete Clifford Chance,
mencionan la cantidad pagada por LaGeo en dividendos al reclamar ante
el CIADI por la forma en que un tribunal salvadoreño calculó, el 10
de abril pasado, el embargo de 1.9 mil millones de dólares contra la
empresa italiana en el proceso abierto en San Salvador por la venta
de acciones de LaGeo.
El tribunal Séptimo
de Instrucción de San Salvador, dicen los abogados de Enel en
Washington, hizo un cálculo “arbitrario y desproporcionado” de
la responsabilidad civil que se les atribuye en perjuicio de CEL. En
la página 25 del escrito presentado al CIADI, dicen que el embargo
por 1.9 mil millones de dólares se calculó en base a proyecciones y
estimados hipotéticos que toman como referencia “el valor de una
empresa venezolana privatizada y el valor pagado por el control de
esa compañía”.
Luego, los asesores
de Clifford Chance introducen el dato sobre los dividendos generados
por LaGeo. Y lo hacen para argumentar que el monto real está muy por
debajo de lo proyectado en el embargo:
“Como
dato indicativo adicional, LaGeo pagó 113 millones de dólares de
dividendos en el último ejercicio. Al asignarle un valor de 2,000
millones al 53.25% de LaGeo, el mencionado reporte está utilizando
múltiplos aberrantes para establecer el valor de una compañía en
este tipo de industria”, dice el escrito presentado por Enel.
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| Planta geotérmica de Berlín, Usulután. Foto: Revista Summa. |
El dinero es el epicentro. Y si Enel se metió en el pleito, dicen
sus abogados al hacer una relación histórica de la inversión de
los italianos en el mercado geotérmico salvadoreño, fue por las
ganancias que les podía dejar apropiarse de la mayoría accionaria
en LaGeo.
El principal argumento de Enel contra El Salvador, y sobre todo
contra los gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes, es que desde
2007 los agentes estatales se niegan a cumplir el contrato de
concesión firmado en 2002. La razón, dicen los abogados de los
italianos, fue que ambos gobiernos descubrieron el potencial
financiero de LaGeo luego que empezó a funcionar una unidad de
generación en Berlín, Usulután, que disparó la productividad de
la geotérmica.
En ambas administraciones, Saca y Funes, a cargo de CEL e INE han
estado hombres de confianza de los presidentes. Y en el caso de
Funes, fue el mismo presidente quien se puso al frente del alegato
público contra Enel en 2013.
Los abogados del estado salvadoreño alegan que, desde el principio,
la adquisición de los derechos sobre la mayoría accionaria en LaGeo
está basada en actos arbitrarios y de corrupción cometidos durante
la administración del presidente Flores. La Fiscalía salvadoreña
acusa de peculado a 19 personas, ex funcionarios, abogados y
empresarios, relacionados con esa operación.
Claro queda, de cualquier forma, que la razón de Enel fue siempre el
control de LaGeo.
“LaGeo
era ofrecida -por el Gobierno salvadoreño- como una plataforma
regional... una plataforma tiene valor y justifica inversiones de
riesgo solo si puede ser controlada. Por ello desde el principio se
planteó la necesidad de obtener garantías que hicieran viable el
acceso al control de LaGeo”, dicen los italianos en el párrafo 26
de su solicitud de medidas preventivas.
Y continúan los abogados de Enel: “Las empresas mostraron interés
en licitar siempre y cuando el mecanismo de capitalización les
permitiera eventualmente tomar la mayoría accionaria de LaGeo”,
citan una explicación dada por el directorio de LaGeo a la Corte de
Cuentas en El Salvador.
Una de las garantías para Enel fue el acuerdo de accionistas firmado
entre el CEL y la empresa italiana cuando El Salvador la escogió
como socio estratégico en este caso. El artículo 6, referido a la
capitalización y otras inversiones, dice: “CEL declara que no
existen restricciones para que... el socio estratégico se convierta
en el accionista mayoritario de GESAL (geotérmica salvadoreña,
luego LaGeo)...”
Los abogados que representan a El Salvador en Washington, del bufete
Foley Haug, dicen que ahí, en ese acuerdo de accionistas, está el
fraude.
El Salvador:
hubo transacción ilegal
En resumen lo que hoy alega el Estado salvadoreño es que uno de sus
gobiernos, el de Francisco Flores, lo estafó. La Fiscalía General
de la República y sus asesores en Washington entienden, en sus
alegatos, que esa administración cometió una serie de ilegalidades
cuyo único objetivo era entregar la generación geotérmica a los
italianos: “El proceso de selección del socio estratégico puso en
evidencia la intención de beneficiar ilegalmente a Enel”, dice el
numeral 3, del título II, letra A, en el documento de respuesta
presentado al CIADI el 14 de mayo de 2014 y suscrito, entre otros,
por el fiscal general Luis Martínez.
El primer acto sospechoso, según los abogados, ocurrió el 5 de
septiembre de 2001, cuando el gerente general de LaGeo contestó al
representante de EGI, una sociedad del grupo Enel en El Salvador, que
la empresa italiana no estaba inhabilitada para participar en la
licitación de la geotérmica a pesar de que una de sus filiales ya
tenía partición en la distribución eléctrica en el país.
“...En
vista de que EGI no ejerce control de AES-CLESA (distribuidora)... no
es considerada una sociedad afiliada y por los tanto las empresas de
su grupo empresarial están habilitadas para participar...”,
responde José Antonio Rodríguez, el funcionario de LaGeo, al
representante de Enel, José Vicente Machado. Hoy, ambos son
imputados en el proceso penal abierto en El Salvador por el caso.
Rodríguez era, al momento de firmar aquella respuesta, cuñado del
entonces presidente Flores.
En el párrafo 26 de su alegato, los abogados de El Salvador
escriben: “...Este no fue un error de buena fe... Todo indica (que)
acordaron este intercambio fraudulento de consulta para permitir la
participación de Enel...”
El segundo reclamo de Foley Haug, el bufete asesor de la FGR, y el
más importante, es que aquel acuerdo de accionistas que permite a
Enel optar al control mayoritario de LaGeo también está basado en
un fraude. Básicamente, el Estado acusa a los funcionarios de Flores
de modificar el acuerdo un día antes de la firma: “Antes de
celebrar el acuerdo ya la junta directiva de CEL había aprobado las
modificaciones que había que hacerle a ese acuerdo. Todas... en
beneficio de Enel”, escriben los abogados.
En París, un tribunal internacional dio la razón a Enel en 2011. En
San Salvador, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial han
repudiado ese fallo. En Washington, Enel pretende revertir lo actuado
por las autoridades salvadoreña. En juego: millones de dólares; una
muestra: 113 millones de dólares de dividendos en el último
ejercicio repartidos por LaGeo.
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