El embajador

Columna publicada el 11 de marzo de 2013 en elfaro.net

Francisco Altschul regresó a Washington en 2009 con una tarea que no pintaba fácil. Debía, como representante del recién electo gobierno de Mauricio Funes y el FMLN, entablar con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Capitolio un diálogo capaz de despejar las dudas que la narrativa oficial de la Guerra Fría creaba en torno al primer gobierno de izquierda de El Salvador. La premisa de partida era que la labor diplomática no sería tan difícil porque Barack Obama, el más liberal de los demócratas según el imaginario político de aquellos días, controlaba la ciudad.

Altschul, como encargado de negocios durante un año, emprendió la labor con dos argumentos: el conocimiento de Washington que había adquirido en los 80, cuando fue representante no-oficial del FMLN y el FDR , y su carácter afable, franco y firme cuando las circunstancias lo demandaron. 

Yo acompañé al Embajador en parte de ese camino durante los tres primeros años, primero como ministro consejero a cargo de asuntos políticos y luego como jefe de misión adjunto.

El primer resultado palpable de la gestión Altschul, extraordinario en el manual no escrito de la diplomacia en Washington, fue lograr que Obama recibiera a Mauricio Funes en el Salón Oval menos de un año después de que el ex entrevistador televisivo juró como presidente en San Salvador. A Funes le favorecía, es cierto, la fuerza de un discurso fresco –a esas alturas muy poco contravenía el ropaje de moderación, compromiso social y transparencia–, pero cualquiera con un conocimiento mínimo de esta capital certificará que concretar una visita requiere de una acción política y diplomática intensa, decidida y constante, por muy favorables que sean las percepciones iniciales o las circunstancias. La noche antes de la cita de Funes en la Casa Blanca, Altschul recibió la noticia de que dejaba de ser encargado de negocios y pasaba a ser embajador plenipotenciario.

A principios de 2011, tras otro periodo de cabildeo en pasillos del Senado y la Cámara e interminables reuniones en State, Obama anunció, en su discurso sobre el Estado de la Unión, que visitaría El Salvador. Y luego, en gran parte por la gestión de Altschul, la Casa Blanca confirmaba que Obama, a pesar de fuertes advertencias y críticas de la derecha salvadoreña, visitaría la tumba de Monseñor Romero en San Salvador. La narrativa había cambiado. El presidente de los Estados Unidos, en una señal política sin precedentes lanzada desde el corazón de uno de los principales aliados del Washington contrainsurgente de los 80, daba su voto de confianza el gobierno de la izquierda de Mauricio Funes y el FMLN.

El Embajador había cumplido su primera y más importante misión. Vendrían, después, meses más complicados, marcados por el fin de la luna de miel entre Washington y San Salvador, causada en primer lugar por la insistencia del Departamento de Estado de cambiar al ministro Manuel Melgar y, ya más cerca de la precampaña electoral en El Salvador, por la creciente percepción de la embajada estadounidense en El Salvador sobre la cercanía entre Funes y su antecesor, Antonio Saca, alimentada sobre todo por enviados del partido Arena.

En 2012 hubo dos momentos críticos para la gestión Funes, marcados, primero, por la tregua entre pandillas, pero, sobre todo, por el apoyo del presidente a la malograda crisis constitucional generada por el FMLN y GANA en la Asamblea Legislativa a mediados de ese año.

La derecha salvadoreña, a través de sus aliados republicanos en el Senado y la Cámara, cabildeó con éxito para crear una duda razonable sobre la administración Funes (la derecha nunca dijo, por supuesto, que Arena había logrado el control absoluto del estado con estratagemas legales y políticas similares a las que hoy la motivaban a rasgarse las vestiduras). Pero, además de los interlocutores de la derecha en Washington, los mejores amigos del Gobierno de Funes , demócratas la mayoría, también eran escépticos esta vez, no solo porque se sentían, algunos de ellos, defraudados por los cambios en Seguridad y la PNC (el representante James McGovern, de Massachusetts, había mostrado preocupación en varias declaraciones públicas y cartas por el rumbo de la Policía y la llegada de militares al aparato de Seguridad), sino porque, en el caso de la Corte Suprema contra la Asamblea, la posición del Ejecutivo era muy difícil de defender.

Fue más difícil, pero fue de nuevo la gestión de Altschul, sobre todo gracias al aprecio que esos políticos demócratas y sus equipos le han tenido por 30 años, la que volvió a poner el contrapeso necesario y sirvió para que los mediadores en este conflicto –los senadores Menendez y Lugar y los interlocutores de Obama en el Departamento de Estado– pusieran las cosas en perspectiva. El embajador recurrió a los aliados más fieles que había cosechado durante años, encabezados por la oficina del Senador Patrick Leahy de Vermont, para detener la intención de las derechas estadounidense y salvadoreña de utilizar el lamentable arrebato de la Asamblea como una excusa para poner en duda los fondos para el segundo compacto de la cuenta del milenio. Además de reunirse con Leahy y de gestionar una ronda crítica de control de daños a su jefe, el Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, Altschul volvió a abrir las puertas de la oficina del Senador Bob Menendez, quien resultó indispensable para convencer a Rubio de que utilizar el argumento de Fomilenio en el medio de la crisis podría ser muy dañino para la relación bilateral y sobre todo para las comunidades salvadoreñas que se beneficiarían con esa línea de asistencia. En una palabra, Altschul le salvó la plana a la administración Funes.

También tocó al Embajador lidiar con todas las dudas que la tregua entre pandillas generó al Departamento de Estado y, en este caso, a las agencias policiales, la DEA y el FBI, muy influyentes en la sede diplomática en San Salvador. Altschul acudió al hábil recurso diplomático de partir de los puntos de encuentro para trascender los de desencuentro: a las dudas sobre la naturaleza del pacto de Seguridad con las pandillas, el embajador respondió con el argumento de que había una ventana abierta que El Salvador y Estados Unidos como su principal aliado en temas de seguridad ciudadana debían aprovechar. Es cierto que la administración Obama se mantuvo firme en su rechazo a la tregua a través de señales políticas como la declaratoria contra la MS del Departamento del Tesoro o la advertencia de viaje hecha por State, pero también es cierto que, a pesar de sus dudas, Estados Unidos no tomó medidas más severas y mantuvo sus líneas de cooperación en seguridad a través del programa Partnership for Growth.

A un año del fin del quinquenio Funes, la tarea parecía hecha, aunque aún hay cabos sueltos a los que poner atención, como por ejemplo garantizar que el segundo compacto en efecto sea aprobado, pero en este caso el papel de Altschul sería ya mínimo, porque ya el Embajador había solventado el escollo político generado por el mismo Ejecutivo. En el caso de Fomilenio II la tarea depende ya, en realidad, de la Secretaría Técnica de la Presidencia y de su diálogo directo con la Corporación del Milenio; el resultado final en ese tema será, solo, consecuencia de lo bien o mal que Casa Presidencial haga ahora su tarea.

Altschul, además, abrió por primera vez las puertas de la Embajada de El Salvador, la suite 100 del 1400 de la calle 16, en el noroeste de Washington, a toda la comunidad salvadoreña y a sus movimientos políticos, empresariales y culturales. A todos sin distingo. Para certificar esto basta preguntar a cualquier líder salvadoreño del Distrito de Columbia, Virginia o Maryland que se precie.

A un año del fin quedaba, solo, mantener estable el rumbo de un barco que, a pesar de las turbulencias, había navegado con bastante serenidad en Washington. Eso no pasó. En la primera semana de marzo, el Presidente Funes decidió pedir al Canciller Martínez que destituyera a Francisco Altschul para nombrar a Rubén Zamora, el académico social cristiano que fue el rostro visible de la izquierda en la primera posguerra y actual embajador de El Salvador en la India.

Horas después de que Martínez hiciese pública la decisión de Capres en una entrevista concedida a El Diario de Hoy, Washington comenzó a preguntar, extrañado y suspicaz, por las razones de la decisión. Dos argumentos, me parece, alimentaban las suspicacias. El primero tiene que ver con un axioma bastante importante en la política de esta ciudad: si algo funciona bien no hay porque arreglarlo (if it isn´t broken don´t fix it). Y Washington, el relacionado con El Salvador, entendía que Francisco Altschul funcionaba bien. El segundo argumento está relacionado a las confusiones y preguntas que en Washington ha generado la dinámica de la política salvadoreña: ¿Cómo se explica la división de la derecha? ¿Cómo afecta la irrupción de Tony Saca –un viejo aliado de los republicanos hoy venido a menos por el lobby de sus ex compañeros de partido– las posibilidades de que la derecha retome el poder? ¿Es posible que el FMLN gane la presidencia de nuevo? ¿A quién apoyará Funes? ¿Tiene la salida de Altschul algo que ver con todo esto? ¿Qué actores políticos -candidatos- en El Salvador se ven beneficiados por esto?

Por lo que sé, la salida del Embajador tuvo más que ver con intrigas palaciegas de quienes, en el entorno del presidente, venden desde hace tiempo la ilusión de que pueden controlar la diplomacia en la capital de los Estados Unidos y hacer “trabajo político” con la comunidad, que con un análisis serio sobre las implicaciones de esta decisión, abrupta por decir lo menos.

Está claro que El Salvador y su Gobierno pierden con la salida de Altschul. Y está claro que el cierre que haga el embajador Zamora no será fácil, ya que le tocará a él administrar las ansiedades preelectorales salvadoreñas, de cara a Washington, tanto en esta capital como en San Salvador. Zamora es un hombre inteligente, con buen antecedente en el congreso y las oenegés aquí -un antecedente que deberá desempolvar- y un olfato político de respeto; todo eso le servirá, pero lo corto del tiempo, lo abrupto de su llegada y, más que nada, el desgaste natural del barco que comanda Funes, jugarán en su contra.

Como sea, esto es Washington, y esta es, por la historia política de El Salvador y por la fuerza que los salvadoreños en Estados Unidos tienen, la embajada más importante para el país. El Embajador ante la Casa Blanca no se cambia por un capricho palaciego; eso también está en el manual no escrito de la diplomacia en esta ciudad, pero, de nuevo, parece que en palacio la diplomacia viene siendo lo de menos.

"¿Por qué permitió que las atrocidades siguieran?"

Por primera vez un militar salvadoreño aceptó en un tribunal la responsabilidad del alto mando del ejército en masacres, asesinatos y violaciones a los derechos humanos cometidos en los primeros años de la guerra civil. En un intenso intercambio con el juez Michael Horn, el general José Guillermo García reconoció que era su responsabilidad evitar esos crímenes, pero, dijo, aceptar eso no implica que él sea culpable. El juez le respondió que determinar eso era atribución de la corte. García también aceptó que fue el batallón Atlacatl el autor de la masacre de El Mozote. Horn le preguntó: "Cómo puede ser que después de toda la evidencia que DHS ha presentado de que esas atrocidades existían, y que eran continuas y numerosas... ¿cómo pudo permitir que esto pasara?"

El juez de migración hizo el miércoles en Miami, al cierre de la audiencia de deportación contra el general salvadoreño, lo que el DHS no había hecho el día anterior: interrogar de frente al militar sobre la responsabilidad en los crímenes que le atribuye el Gobierno de los Estados Unidos.

El intercambio entre Horn y García, según el recuento de una abogada presente en la audiencia, marcó el momento más dramático del juicio entero -y acaso de las revelaciones históricas que están ocurriendo en este proceso y en el que se sigue en Boston al coronel Inocente Orlando Montano por la masacre de los jesuitas. "Por primera vez un militar de este rango dice que sí sabía, que tenía responsabilidad y que el ejército estuvo involucrado en esto", dice la abogada. García, en otros juicios, había negado y se había limitado a decir que no sabía.

En el día final de juicio, el general admitió abiertamente algo que las Fuerza Armadas negaron sistemáticamente durante 22 años. "En su testimonio sobre El Mozote -relata Patty Blum, abogada del Centro para la Justicia y la Responsabilidad, presente en la corte de Miami-, García dio una respuesta sorprendente. Dijo que el crimen había sido ejecutado por el batallón Atlacatl, entrenado por los Estados Unidos... dijo que esto le había traído serios problemas con los miembros de ese batallón y el jefe del grupo militar de Estados Unidos en El Salvador".



Ya el martes, durante un cruce de preguntas y respuestas con su defensora, la abogada Alina Cruz, García había aceptado que sabía de los excesos del ejército "porque era algo de conocimiento público que no podía negarse". Ayer admitió que su cargo, el de Ministro de Defensa, le confería la responsabilidad de evitar esos abusos, pero, alegó García, no pudo hacer nada porque el ejército estaba muy dividido.

En un reporte sobre la audiencia del martes, la abogada Blum, recogió la versión de la testigo experta del Gobierno, la profesora de Stanford Terry Karl, sobre el rol de García en el ejército salvadoreño. "Leyendo un documento desclasificado del Gobierno de los Estados Unidos que contiene información biográfica sobre García (un formato de documento de inteligencia usado con frecuencia), decía que García era considerado, en efecto, como el poder tras el trono". Karl, escribe Blum, enfatizó que el general tenía suficiente poder para transferir personal militar fuera del país, ordenar investigaciones y castigar a los abusadores.

"Lo que le preocupa a esta corte es que esta situación de abusos siguió y parece que usted falló en sus responsabilidades; no hizo lo que un militar respetuoso de la ley debe hacer para servir a su patria y a su pueblo."

 Juez Michael Horn.

El miércoles, al escuchar de boca de García el alegato de que sus manos estaban atadas, Horn, según el recuento de Blum, insistió :

- "¿Me está diciendo que falló en sus responsabilidades como Ministro de Defensa?", preguntó el juez. Fue entonces cuando García admitió que se le podía atribuir responsabilidad en los abusos, pero que declinaba ser culpable.

En otro momento del interrogatorio, Horn dijo:

- "Lo que le preocupa a esta corte es que esta situación de abusos siguió y parece que usted falló en sus responsabilidades; no hizo lo que un militar respetuoso de la ley debe hacer para servir a su patria y a su pueblo. Si sentía que no podía hacer su trabajo por qué no renunció, ¿por qué pemitió que esto siguiera cuando conocía de las atrocidades del ejército contra la población civil?"

El general confrontó al juez, le dijo que había tratado de renunciar tres veces pero su renuncia no había sido aceptada. "No me hable de formalidades. Usted era un hombre con poder que hacía lo que quería, si quería irse no necesitaba el permiso de nadie", respondió Horn.

El interrogatorio directo de un juez a un acusado no es algo común en una corte migratoria, según dos abogadas consultadas. Tampoco lo es que el Gobierno, en este caso representado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), desaproveche la oportunidad de cuestionar directamente al acusado, sobre todo en un caso como este en que fue DHS en Washington el que pidió al juez migratorio que deportara a García por su presunta participación en crímenes contemplados en la Ley contra la tortura.

Fue la abogada de García quien, al final de una jornada dramática marcada por el emotivo testimonio de la hija del general, Ana Carolina Montoya, decidió llamar a su cliente de nuevo al banquillo de los testigos. Al poco tiempo de iniciado el interrogatorio, García pidió la palabra para decir al juez que, en realidad, no quería contestar más preguntas. La abogada Cruz desistió. Horn, sin embargo, dijo que aprovecharía al general para solventar algunas dudas.

"El juez hizo lo que DHS, por razones que no entiendo, no había hecho, que era hacer preguntas agudas al acusado", interpretó una abogada. "Que el juez haya decidido interrogar es quizá un mensaje de que se quedó con muchas dudas y consideró insuficiente lo que había hecho DHS".

Horn adelantó, antes de cerrar la audiencia, que aún no ha tomado su decisión y que podrían pasar incluso meses antes que lo haga y lo comunique. Por ahora, fijo el 3 de junio como fecha límite para que las partes le hagan llegar sus alegatos finales; después de eso, Gobierno y defensora tendrán hasta el 5 de julio para contestar los alegatos del otro. Será hasta después de eso que Michael Horn comunicará su decisión final por escrito.

El periódico El Nuevo Herald, en una nota subida ayer a su sitio web, consideró: "(el juez) dio a entender el miércoles, a través del tono de sus preguntas a García, que por ahora se inclinaba posiblemente a ordenar la expulsión porque había determinado que  el general tenía responsabilidad de evitar los abusos y no lo hizo".

La última batalla del general García

Antropóloga en las exhumaciones en El Mozote

El general José Guillermo García (al centro), tomada de la página de CJA

José Guillermo García volvió a una corte de la Florida ayer a esperar que el juez Michael Horn decida si lo deporta a El Salvador. El general se encuentra al final de un largo camino legal que inició en 2002, cuando tres víctimas salvadoreñas lo demandaron ante la justicia estadounidense, bajo el precepto legal de la cadena de mando, como responsable último de torturas recibidas a manos de miembros de los cuerpos de seguridad. Tras ser encontrado culpable en 2002, perder la apelación ante un tribunal superior en 2006 y ser sometido a un juicio de deportación por fraude migratorio tras la presión política ejercida por dos senadores, un demócrata y un republicano, García está a punto de ser el primer militar salvadoreño expulsado de suelo estadounidense por la aplicación de la Ley para la protección de víctimas de tortura y luego que la administración Obama pusiera en marcha una política de poca tolerancia contra violadores de derechos humanos presentes en Estados Unidos. Este juicio, como el que se sigue al coronel Inocente Orlando Montano en Boston por la masacre de los jesuitas de la UCA, se ha convertido en un escaparate de la historia reciente de El Salvador y de los Estados Unidos.

El lunes 25 de febrero, la profesora de Stanford Terry Karl, testigo experta de la acusación, se sometió al contra interrogatorio de la defensa de García, dirigido por la abogada Alina Cruz.

El 14 de diciembre de 2012, Karl había descrito ante el tribunal de Miami las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas de El Salvador durante el periodo en que García fue ministro de Defensa, entre octubre de 1979 y abril de 1983. La catedrática destacó la participación del ejército en la masacre del Mozote, y los cerca de 30,000 asesinatos extrajudiciales ocurridos en El Salvador durante aquellos años.

Para respaldar su conclusión de que García supo de todas esas violaciones, Karl expuso, en diciembre pasado, siete argumentos: 1. García era la persona más poderosa en El Salvador en aquellos años, 2. El ejército salvadoreño estaba involucrado en ataques sistemáticos contra civiles, 3. García controlaba al ejército, 4. García dirigía políticas de terror estatal, 5. Las acciones de García como Ministro de la Defensa deben interpretarse como connivencia -Karl lo llamó luz verde- con abusos a los derechos humanos, 6. García protegió y apoyó a conocidos violadores de los derechos humanos, lo cual alentaba la impunidad de los oficiales, 7. García negaba sistemáticamente que hubiese violaciones a los derechos humanos, incluso cuando oficiales estadounidenses le proporcionaban evidencia de las mismas.

En aquella audiencia, según un boletín informativo del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, en inglés), Karl "evocó la memoria de las mil personas que fueron asesinadas (en El Mozote), incluidos 250 niños cuyos cuerpos fueron descubiertos tras exhumaciones en el sitio de la masacre. La catedrática mostró a la corte documentos desclasificados de los Estados Unidos en los que García se refería a la masacre como una novela o un cuento de hadas, mera 'propaganda Marxista-Leninista' ".

El lunes, la defensa tuvo su oportunidad para cuestionar la credibilidad del testimonio de Karl. El principal argumento de la abogada Alina Cruz fue que el Presidente y en general el Ejecutivo de los Estados Unidos habían sometido al Congreso, como parte del proceso para que los legisladores en Washington aprobaran ayuda financiera y militar a El Salvador, la "certificación" de que las Fuerzas Armadas salvadoreñas habían mejorado su récord de derechos humanos. Cruz insistió ante Karl que la Casa Blanca había certificado a García, incluso dos veces en un año; la abogada ofreció un documento de certificación fechado en enero de 1983 como prueba ante la corte.

A eso, Karl respondió que en 1993, tras la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a la guerra civil salvadoreña y la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, el Departamento de Estado en Washington sometió a un riguroso escrutinio todo el proceso de certificación. Además, la experta señaló que tras la revisión de miles de documentos oficiales de Estados Unidos desclasificados llegó a la conclusión que funcionarios estadounidenses que conocieron de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército salvadoreño "fallaron" al no incluir esa información en sus reportes.

Sobre El Mozote, Alina Cruz preguntó a Karl si no era posible que García hubiese negado la masacre por no contar, en su momento, con información de inteligencia contundente. Karl dijo que eso era imposible. La defensora también preguntó si no era posible que los autores de la masacre hayan sido las fuerzas guerrilleras o soldados descarriados. Karl respondió lo mismo: no era posible.

Al final, el juez Horn pidió a la experta que opinara si estaba familiarizada con la definición legal de tortura a la que se refirió el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) cuando dijo que García había "ordenado, incitado, asistido o participado de alguna otra forma en actos de tortura". La respuesta: "García, de forma consciente, se hizo el ciego ante la tortura, promovió y protegió a conocidos torturadores o a sus comandantes y sabía que sus subordinados practicaban la tortura cotidianamente". Era, dijo Karl, una organización vertical de la que García era el centro.

Abogados de la acusación explicaron ayer por teléfono que el juez podría tomarse aún un periodo considerable de tiempo -incluso meses- antes de decidir si deporta a José Guillermo García.

Enlaces de interés sobre el Caso Montano, los antecedentes del juicio contra García y la decisión estadounidense de repatriar a violadores de Derechos Humanos.

Matar al mensajero

Sobre las recientes acusaciones del presidente de la república al co-director de El Faro.

17 de mayo de 2011. El presidente de la república, Mauricio Funes, llega a la inauguración del II Foro de Periodismo deEl Faro, donde lo entrevista la periodista mexicana Carmen Aristegui. Ahí, Funes se refiere a la investigación que la sección Sala Negra del periódico ha publicado ese día sobre el Cartel de Texis, una organización de narcotráfico que ha infiltrado a la PNC, alcaldías, partidos políticos y tribunales. Dice el presidente que la Fiscalía debería abrir una investigación sobre la organización criminal y agradece a El Faro por su labor de investigación.

La Fiscalía General, durante la administración del ex fiscal Romeo Barahona, dijo que había abierto expediente por Texis aunque nunca adelantó resultado alguno: todos los empresarios, oficiales de policía, políticos y jueces señalados en la investigación periodística cuya solidez el presidente consideró suficiente para sugerir la apertura de un expediente siguen libres; nadie ha sido procesado hasta el momento. El fiscal actual, Luis Martínez, no se ha pronunciado al respecto.

Casi un año después de publicar Texis, en marzo de 2012, El Faro publicó un extenso reportaje sobre la tregua entre pandillas que se gestaba en las cárceles del país con los auspicios de la inteligencia del estado. Después de eso, según denunció Carlos Dada, director de El Faro, los periodistas del medio empezaron a recibir seguimientos sospechosos. El Ministro de Justicia, David Munguía Payés, incluso dijo en público que había recibido con preocupación noticias de amenazas en contra del periódico y sus periodistas. Ni entonces ni ahora se ha sabido si el general Munguía ordenó alguna investigación sobre esas amenazas, si dio parte a Fiscalía, o si, en definitiva, hizo algo más que avisar.

Durante los dos últimos años, El Faro ha publicado también extensos reportajes sobre el manejo de la política desde Casa Presidencial. El último, la semana pasada, sobre los gastos de publicidad.

Después de todo eso, el 22 de enero de 2013, viene el presidente y acusa, en declaraciones públicas ante medios de comunicación, a Jorge Simán, codirector de El Faro, de un delito relacionado con la época en que este se desempeñó como funcionario en la geotérmica estatal LaGeo. Hasta donde sé, ni el presidente ni alguien de su entourage habían, antes del episodio verbal, denunciado algo ante la Fiscalía General. Y la acusación ocurre justo cuando la administración está embarcada en un pleito de opinión pública y legal por temas jurisdiccionales relacionados con la geotérmica.

No toca a El Faro defenderse de una acusación tirada al aire sin pruebas, así venga del ciudadano presidente. Y al codirector de El Faro le tocará explicar su desempeño como funcionario solo si la autoridad competente se lo requiere, como a cualquier funcionario público ante requerimiento legal; eso, sin embargo, no ha pasado.

Todo esto es muy grave: si el presidente tiene conocimiento de un delito, su deber es denunciarlo ante las instituciones del Estado de acuerdo a lo establecido en la ley que él juró cumplir y hacer cumplir; y como no lo hizo, más bien parece que todo se trata de una movida política para poner reflectores sobre el medio más crítico e independiente de El Salvador en estos momentos; al mismo medio al que él elogió por hacer lo que instituciones como la Fiscalía y la Policía no han hecho en años: investigar al crimen organizado y su infiltración en el Estado. Y, al menos en eso, coincido: sin investigaciones como las que El Faro publica sería muy difícil abrir al menos un resquicio en el inmenso muro de la impunidad en El Salvador.

Más bien parece que todo esto se trata de la triste y peligrosa práctica de matar al mensajero, o de intentar golpear su credibilidad. A mis colegas les digo: el poder es efímero y los quinquenios duran eso, cinco años. Quedan, sí, esos males ya enquistados en nuestra política –de izquierda o derecha–  como la impunidad y la connivencia con el crimen. Pero también quedan valentías como las de ustedes. Ánimo.

Reunión en el Florencia: los nuevos líderes de Los Perrones

Dos días antes de la Nochebuena de 2012, pandilleros y agentes de la inteligencia estatal se reunieron con los hermanos Flores Escobar, sobrinos del encarcelado capo de Los Perrones, Reynerio Flores Lazo, y herederos del negocio del tráfico de cocaína en el oriente salvadoreño. Era una reunión de emergencia, a la que también llegaron socios desde Honduras, para tratar el reciente decomiso que la Policía salvadoreña había hecho en la frontera de El Amatillo de 193 kilos de cocaína que la banda oriental movía desde Costa Rica. Este relato está basado en el testimonio de dos personas que estuvieron en la reunión del Florencia.

Fotos de los todoterrenos que llegaron al hotel Florencia, en San Miguel, el 22 de diciembre de 2012, a una reunión entre nuevos líderes de Los Perrones, miembros de algunas clicas que mueven drogas para la banda y agentes de la inteligencia estatal.

23 de diciembre de 2012: Dos de los todoterrenos que llegaron al Florencia la noche anterior.

A eso de las nueve de la noche del 22 de diciembre, TLS (indicativo de una de las personas presentes en la reunión) llamó a su contacto: estaba en el Hotel Florencia, a la entrada de San Miguel, en una reunión con “mara gruesa”, gente de Reynerio Flores Lazo, el narcotraficante líder de la banda Los Perrones que el 16 de enero de 2012 fue condenado a 80 años de cárcel, y miembros de algunas clicas de la MS con quienes los herederos de Neyo llevan ya un tiempo haciendo negocio.  Unos minutos después, Perla (otro de los presentes en el encuentro), empezó a mandar fotos de algunos de los carros que llegaron al Florencia aquella noche: todoterrenos de reciente factura, algunos con placas hondureñas, algunos, según esa fuente, asignados a miembros de la inteligencia estatal de El Salvador.

En un chat telefónico, Perla escribió: “Hay cumbre navideña de Perrones ahorita. Están los Flores y adidas (alias de un miembro de la inteligencia estatal), arreglando el negocio con las clicas. Y están los que pasaron de perritos a perrones”.  Estos últimos, según Perla, son los dos sobrinos de Reynerio que hoy controlan buena parte del traslado de la droga desde Costa Rica y, además, administran la relación de estos nuevos Perrones con miembros de las clicas Teclas Locos Salvatruchos y los Hollywood: “Todos ellos se vieron afectados por el decomiso de El Amatillo, y los Perrones han arreglado con los sobrinos de Neyo, Antonio Alexander y William, que son los responsables del traslado de la droga hacia Guatemala, pero ellos –los sobrinos– también tienen responsabilidad de venderles una parte a ciertos palabreros de algunas clicas y programas de la MS”, dice, por su parte, TLS.


En este blog publique, en septiembre del año pasado, un reporte sobre la reestructuraciónde la banda Los Perrones. Para 2011, cuerpos de inteligencia anti narcotráfico en El Salvador daban cuenta de que Los Perrones estaban moviendo importantes cantidades de cocaína desde la frontera de Peñas Blancas, entre Costa Rica y Nicaragua, que algunos herederos de los Flores Lazo, Juan Colorado y Chepe Luna habían retomado la infiltración estatal en Honduras y El Salvador, y que socios junior de la banda habían renovado, desde 2010, la operación de compra de bienes raíces en costas salvadoreñas y hondureñas.

Poco después de ese reporte, consultado por un reportero en San Salvador, el director de la Policía, el general Francisco Ramon Salinas, confirmó, sin dar muchos detalles, que sus agentes investigaban la reestructuración de Los Perrones. La banda vivio su época de oro entre 2004 y 2007 cuando, amparada en la protección oficial que entonces le ofrecieron algunos mandos antinarcóticos de la PNC, consolidó la transformación de un grupo desorganizado de contrabandistas de lácteos a una poderosa federación de narcotransportistas. A finales de 2008, tras fuertes presiones de la DEA de Estados Unidos y de disputas internas entre Colorado y Reynerio, la Fiscalía salvadoreña inició una serie de operaciones que acabaron con los principales líderes en la cárcel o prófugos en Honduras. El poder de la banda, sin embargo, nunca se desarticuló del todo.

Entre 2010 y el año pasado, fue Héctor Armando y otra hermana de Reynerio, Reyna, quienes mantuvieron andando el negocio: retomaron las rutas y pulieron los negocios fachada, sobre el todo el de la venta de aceite vegetal en Nicaragua. Héctor Armando, sin embargo, tuvo que salir de El Salvador luego de aparecer vinculado a la muerte de Salvador Guzmán Parada, alias Truck, un ex integrante del batallón élite Atlacatl del ejército salvadoreño reconvertido en agente de inteligencia del Estado desde inicios de los 90 hasta 2009, en "freelancer" de inteligencia, y, finalmente, en informante y contratista para Los Perrones, según me confirmó uno de sus ex compañeros en el ejército que le siguió como asistente durante toda su carrera de inteligencia. Tras la salida de Héctor Armando del radar, la segunda generación, según estos relatos, ha tomado el mando.

La reunión del 22 de diciembre pasado, de acuerdo a los relatos de las dos personas que estuvieron en el hotel Florencia de San Miguel ese día, habla de una operación que funciona con fluidez y que ha ensanchado su colaboración con algunos miembros de pandillas y de la inteligencia estatal. Los reportes de Perla, esa noche, daban cuenta de una caravana de lujo, un todoterreno tras otro que entraban al Florencia, cuyos empleados habían preparado, desde la tarde, mesas cubiertas con mantelería blanca para el cónclave. Esta reunión confirmó, además de la nueva operatividad de la banda, que Los Perrones mantienen uno de sus principales activos, su capacidad de infiltrar al Estado, esta vez, según los reportes de Perla y TLS, las estructura de inteligencia que, se supone, sirve al estado salvadoreño.

Juez EUA oirá sobre masacre jesuitas

La prensa espera la salida del coronel Inocente Orlando Montano de la corte Joseph Moakley en Boston.

Miembros del equipo de acusadores del Gobierno de Estados Unidos esperan el inicio de la audiencia contra Montano.

Corte distrital Joseph Moakley, en Boston, en cuya sala 1 se celebró la audiencia contra Montano.

Un grupo de salvadoreños llegó a la corte de Boston a pedir justicia por el caso jesuitas.

Inocente Orlando Montano, chumpa gruesa azul para protegerse del viento y los 2 grados que golpeaban el puerto de Boston, ayudado por un bastón negro, salió de la corte Joseph Moakley diez minutos antes del mediodía por una puerta lateral, discreto, lejos de la media docena de periodistas que lo esperaba. Se escabulló en una todoterreno Nissan crema por el bulevar aledaño. No lo acompañaban buenas noticias: tras una hora y media de audiencia en su contra por fraude migratorio y perjurio, el juez Douglas Woodlock decidió que revisará el pasado del militar y supuestas violaciones a los derechos humanos atribuidas al coronel para determinar cuánto tiempo le dará de cárcel.

En esencia, el defensor de Montano tendrá que refutar el testimonio de la experta de la acusación, la profesora de Stanford Terry Lynn Karl, quien ha estudiado el caso jesuitas desde que 8 militares de bajo rango fueron juzgados en El Salvador en 1991 y cuyo testimonio es piedra angular en el caso abierto en la Audiencia Nacional de España por la masacre.

En su escrito presentado ante la corte de Boston, Karl concluye sobre Montano: 1. Que era uno de los oficiales de más alto rango y con más poder en la Fuerza Armada, parte del “círculo íntimo” militar en una época en que el ejército estaba involucrado en violaciones flagrantes a los derechos humanos; 2. Que participó, junto al resto del alto mando, en una conspiración para asesinar a los jesuitas y luego para encubrir la participación del ejército en la masacre; 3. Que se fue de El Salvador en 2001 para evitar persecución por el caso jesuitas; 4. Que la masacre en la UCA no fue una excepción, sino más bien una constante en el historial de violaciones a los derechos humanos atribuidos a las unidades militares comandadas por él; y 5. Que cuando Montano llegó a Estados Unidos, en este país había iniciado una tendencia de deportar a militares latinoamericanos involucrados en crímenes como este.

La defensa tendrá, además, que contestar a siete cartas presentadas por la acusación, firmadas por víctimas de unidades militares comandadas por Montano, incluido un estadounidense, por dos universidades y por la compañía de Jesús en los Estados Unidos.

La audiencia celebrada ayer, en la que en principio Woodlock dictaría sentencia sobre el caso migratorio, sirvió para revisar dos peticiones, una por parte. La acusación, en un escrito presentado el 8 de enero, pedía que la corte aceptará prueba sobre el pasado de Montano y que el juez considerara hasta 51 años de cárcel para el militar. La defensa, el 14 de enero a última hora de la tarde, presentó su respuesta en un escrito en que pedía al juez obviar cualquier prueba que no estuviese relacionada con los cargos por los que ya Montano se había declarado culpable: mentir sobre su fecha de entrada a Estados Unidos y negar que perteneció al ejército salvadoreño para optar al TPS.

Woodlock, pelo y profuso bigote blanco, dijo que sí le interesaba escuchar sobre el pasado militar de Montano para fijar sentencia, y ofreció al abogado defensor, Óscar Cruz,Jr.: "Es algo que me interesa escuchar, ¿cómo quiere responder?"

"Pues lo que necesitaré es tiempo para presentar mi testigo de descargo a lo que ha dicho la experta de la fiscalía... al menos tres semanas", dijo Cruz Jr. casi al final de la audiencia. A su izquierda, Inocente Orlando Montano, inmutable, escuchaba a través de unos audífonos que alimentaba de español un traductor contratado.

Antes de dar por cerrada la audiencia, y convocar de nuevo a las partes para el próximo 1 de marzo para revisar evidencia, el juez preguntó al fiscal si tenía conocimiento sobre la intención del Gobierno de Estados Unidos procesaría la petición de extradición de Montano a España mientras este cumple su sentencia final en una cárcel de Estados Unidos. El fiscal respondió que no sabía. “Es algo que tomaré en cuenta al dictar sentencia”, dijo Woodlock. Según fuentes cercanas a la acusación, lo que esto significa que es que el juez prefiere que Montano cumpla toda su pena por el delito migratorio en Estados Unidos, sin perjuicio de que el proceso de extradición inicie después.

Por ahora, la corte de Boston está abierta a escuchar prueba sobre la masacre que cambió el rumbo de la guerra civil en El Salvador. Y, más allá de la parte procesal y los tecnicismos legales, se abrió en Massachusetts la posibilidad de que la verdad judicial sobre lo que sucedió entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de noviembre de 1989 quede asentado como verdad judicial de una vez por todas, algo que en El Salvador aún está muy lejos de ocurrir.

El asunto Montano

Copia de uno de los miles de documentos desclasificados del caso jesuitas desclasificados por EUA. En este informe, la embajada de Estados Unidos en El Salvador da cuenta de información que recibieron representantes del congresista por Massachusetts Joseph Moakley, quien presidió en 1990 la comisión legislativa que investigó la masacre de los jesuitas en la Universidad Centroamericana.

Llegué  a Boston. En un viejo hotel del centro de la ciudad, muy cerca del TD Garden, el hogar de los Celtics, espero la audiencia de mañana a las 9:00 a.m. en la corte federal Joseph Moakley contra el coronel Inocente Orlando Montano, quien deberá responder ante el juez Douglas Woodlock por delitos migratorios: mentir sobre su pertenencia a las Fuerzas Armadas de El Salvador para obtener el estatus de protección temporal, TPS.

Sobre esa audiencia, como escribí en El Faro, hay mucho que decir, más allá del trámite judicial, que puede terminar, básicamente, en dos escenarios: que el militar salvadoreño sea exonerado de pasar tiempo en la cárcel -hasta 51 meses como ha solicitado el Gobierno de los Estados Unidos a través de un fiscal- y sea deportado a El Salvador, o que Montano cumpla condena en prisión mientras se resuelve un recurso de extradición presentado por un juez español de la Audiencia Nacional de España para que el coronel responda por el asesinato de los cinco sacerdotes jesuitas asesinados en San Salvador el 16 de noviembre de 1989.

En la víspera de la audiencia, la defensa de Montano, representada por el abogado Óscar Cruz Jr., presentó una segunda moción ante el juez para posponer la presentación de pruebas del fiscal, quien entre otras cosas acusa al militar de haber participado en graves violaciones de los derechos humanos en El Salvador en los 80. Esto, según fuentes cercanas a la acusación, persigue que Montano reciba una pena no mayor de 8 meses, lo cual restaría tiempo para que se tramite la petición española.

Por ahora, y sin tener en cuenta aún el resultado final de la audiencia, este proceso judicial ha abierto ya una ventana desde la que se aprecian datos inéditos o poco conocidos en El Salvador sobre la masacre de la UCA, como el que refleja el documento con cuya imagen abro este post: en ese cable del Departamento de Estado, desclasificado por Washington, la embajada de los Estados Unidos en El Salvador informa a su sede que James McGovern, entonces asistente legislativo de Moakley y actualmente representante por Massachusetts en Washington, conoció muy pronto después de la masacre, de fuentes de alto rango del Gobierno de Alfredo Cristiani, que el alto mando del ejército salvadoreño habían tenido participación en los asesinatos. Vueltas de la historia: el edificio de la corte federal que albergará la audiencia contra Montano lleva, precisamente, el nombre de Joe Moakley.

Fuentes de la acusación consultadas prevén que buena parte de la audiencia de mañana, martes 15 de enero, servirá al juez para determinar asuntos técnicos relacionados con el tiempo máximo de sentencia que se aplicaría a Montano, quien ya se declaró culpable de los delitos migratorios que le imputan. La defensa alega que el militar no tiene antecedentes criminales ni en Estados Unidos ni en El Salvador, por lo que debería aplicársele la pena mínima, 8 meses, algo con lo que coincide el oficial de correcciones del estado. El Gobierno de Estados Unidos, sin embargo, en un gesto poco usual en este tipo de casos, alega que el pasado de Montano no deben medirse por su hoja oficial de antecedentes policiales, sino por su historia de violaciones a los derechos humanos, por lo que, dice el acusador, debe aplicarse la pena máxima de 51 meses.


Mi análisis del caso en inglés, publicado en el sitio web del Center for Democracy in the Americas.