"Yo estuve en la Policía... Un comisionado me ordenó cerrar los expedientes..."

Sobre la presentación de Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC (1992-2013) en San Salvador y Washington, DC.

"Lo que pretendemos con la publicación de Infiltrados no es más que ayudar a salvar a la PNC, para que en lugar de seguir deteriorándose, se haga un alto a todo lo que con olor a pudrición está ocurriendo en su interior".

Padre Andreu Oliva, SJ, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

 "Si vacíamos la olla quién sabe qué encontraremos. Han matado a gente que ha cuestionado la integridad de la Policía... tenemos que apoyar a quienes denuncian toda esta corrupción".

James P. McGovern. Representante en la Cámara de Representantes por el estado de Massachusetts.

“If we stir the pot up, who knows what will happen? It’s dangerous. People get killed for questioning the integrity of the national police, but we ought to be supporting courageous journalists who expose the truth about corruption. - See more at: http://baltimorepostexaminer.com/el-salvador-police-corruption-exposed-diplomat-turned-scholar-hector-silva/2014/05/21#sthash.7cU5YDI4.dpuf

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Presentación de Infiltrados en el auditorio Elba y Celina Ramos de la UCA. 13 de mayo de 2014.

Andreu Oliva, rector de la UCA; Héctor Silva, autor de Infiltrados; y Carlos Dada, director de El Faro. Presentación de Infiltrados en la UCA. 13 de mayo de 2014. Fotos cortesía de Francisco Campos.

El pasado martes 13 de mayo presenté mi primer libro, Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC (1992-2013) en el auditorio Elba y Celina Ramos de la Universidad Centroamericana (UCA).
Después de la intervención una persona que asistió al evento pidió la palabra a la hora de las preguntas y respuestas para cuestionar al jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía y para decir que la corrupción se extendía mucho más allá de la Policía. Mientras firmaba algunos ejemplares a quienes habían comprado el libro, escuché a otro puñado de hombres y mujeres que amparados en el aparente anonimato que concedía el auditorio -a pesar de la presencia de algunos "enviados" de la inteligencia policial, a los que amigos investigadores me ayudaron a identificar entre el público-, se animaban a contarme, en voz baja pero con decidida determinación de expulsar el asco del pecho, sobre la podredumbre que habían atestiguado mientras trabajaron en los pasillos de la PNC, de la Fiscalía, de los tribunales.

"A mí un comisionado me mandó a ofrecer las balas porque no quise detener un caso que había abierto contra él por robo de café", me murmuró una funcionaria judicial que había llegado al auditorio de la UCA.

"Yo estuve en la Policía; a mí me llegó un comisionado a decirme que por orden del ministro (Munguía Payés) teníamos que cerrar todos los expedientes abiertos contra ellos por la inspectora (Zaira Navas)", me dijo un hombre moreno, alto, camisa salmón y gafas enmarcadas por una sonrisa resignada.

Antes de eso había escuchado, durante la sesión de preguntas y respuestas, a Héctor Larios, mi amigo y ex compañero en el Externado San José. Héctor es pariente de Ramón Mauricio García Prieto, el ingeniero al que un grupo de sicarios de la División de Investigación Criminal (DIC) de la PNC asesinó el 10 de junio de 1994. Como le ocurría hace 20 años, cuando nos contaba a sus amigos sobre la frustración de su familia ante la protección que los asesinos recibían en la Fiscalía y la Policía, a Héctor se le volvió a quebrar la voz por la rabia. Esto escribí en Infiltrados sobre ese caso:

"(Carlos Romero Alfaro, alias) Zaldaña, asesino del ex comandante Velis y de García Prieto según testimonios de sus subalternos, estuvo asignado a la CIDH (Comisión Investigadora de Hechos Delictivos de la PN); fue uno de los que llegó hasta la PNC, a la flamante DIC, sin pasar por filtro alguno... El hombre es un asesino a sueldo, protegido durante mucho tiempo por el Estado, tanto antes como después de los Acuerdos de Paz..."

"En ese entonces el asesor legal de la DIC era Romeo Barahona. Cuando a Romero Alfaro lo iban a capturar por lo de Velis, le dieron la orden a la DIC. Romero Alfaro se fue a Estados Unidos y un día después salió la orden de captura. El que escondió la orden de captura fue Romeo Barahona, en contubernio del director de la DIC, Roberto Mendoza Jerez. Esto se supo por un informe de la PDDH", asegura uno de los abogados (que investigó la muerte de García Prieto). Romeo Barahona. Fiscal General de la República.

Como me pasó con las decenas de ex funcionarios, oficiales, jueces, fiscales, víctimas de la complicidad del Estado que me dieron la oportunidad de escucharlos y aceptaron que contara sus historias y testimonios en este libro, la noche del martes 13 de mayo pasado me volvió a sorprender el valor de quienes, en público, desafiaron a policías y oficiales corruptos diciéndoles, a la cara, cuan hartos están de ellos. Así lo hizo la fiscal de blusa blanca.

En la presentación de Infiltrados en la UCA me encontré con hombres y mujeres que han conocido al crimen organizado desde adentro, y por tanto pueden dar fe de como ha infectado las entrañas del Estado; ex funcionarios que han oído miles de veces los cacareos del poder cada vez que alguien lo ha confrotado para decirle como apesta la corrupción y la tolerancia. "Es un complot de la izquierda". O "es un complot de la derecha". O "Es un injusto acto de difamación contra oficiales honestos y sacrificados". O "a los comisionados nunca nadie les ha probado nada". Así las frases que he oído a políticos cómplices de la corrupción, desde presidentes de la República, fiscales generales, ministros, hasta directores de la PNC; así las frases que escriben columnistas que no dudan en justificar, sin más descargo que su retórica cómplice, a Douglas Omar García Funes, aka Carabinero, Godofredo Miranda o Ricardo Menesses, tres de los oficiales más cuestionados en la historia de la Policía Nacional Civil.

Supe que al llevar Infiltrados a El Salvador encontraría esas reacciones de los cómplices de la corrupción: las vengo oyendo desde que, hace 20 años, empecé a conocer los rincones más oscuros de la PNC. Lo que no me esperaba, ni por cerca, era la reacción entusiasta de esos ex oficiales y funcionarios que vivieron de cerca historias como las de Infiltrados; ni la apertura sin cortapisas de casi todos los medios de comunicación para exponer los descubrimientos plasmados en el libro. Y aprovecho aquí para agradecer por los espacios que me dieron para hablar del libro a Nacho Castillo, a Carlos Dada, Efren Lemus y Daniel Valencia de El Faro, a Angela Escobar, a Glenda Girón, César Castro, Jessica Ávalos, Claudia Ramírez y Gabriel Trillos en La Prensa Gráfica, a Juan José Dalton y David Pérez en ContraPunto, a Alvaro Cruz y María Cidón en El Mundo, a Roxana Webb y Diana Verónica Ramos en Radio 102.9, a Romeo Lemus en Canal 12, a Pencho y Aída, a Karen Fernández de Radio Punto 105, a don Neto Rivas y a Serafín Valencia de YSUCA. (Aquí los links a entrevistas en Debate con Nacho, LPG, DEM, El Faro, ContraPunto, PyA, 102.9 y el Baltimore Post Examiner, en inglés)

Me quedo con la impresión que ese discurso decrépito según el cual la corrupción solo es condenable cuando se atribuye al adversario político -esta bien denunciar a Heber Saca pero es una calumnia hablar mal de Carabinero; está bien cuestionar a Funes pero hay que guardar silencio sobre Paco Flores- empieza, de a poco, a caer por el peso de su propia estupidez. Y, sobre todo, me quedo con una sensación de leve esperanza al ver, en los rostros de quienes se me acercaron para contar sus historias, que no es vano pensar en la posibilidad de que empiece a hartarnos ya tanto olor a mierda.

¿Le queda alguna esperanza de que su libro sirva para algo? ¿Tiene fe en que algo cambie? ¿Cree que el nuevo gobierno hará algo? Un colega me dijo, luego de rumiar estas preguntas: Claro que debo tener fe, si no mejor hago maletas y me voy. Suscribo. Y sobre el nuevo gobierno, pues no parece quedarle mucho margen de maniobra para tolerancias y medias tintas. O sí. Parece claro, no obstante, que si el gabinete de seguridad de Salvador Sánchez Cerén opta por el guión de las complicidad, la justificación y la tolerancia del crimen organizado, la cloaca cuyas aguas negras alimentaron las casas presidenciales salvadoreñas desde Alfredo Cristiani hasta Mauricio Funes, sin excepción, terminará por abrirse, no para dejar entrar agua limpia sino para infestarnos a todos.

Congresista Jim McGovern. Foto cortesía de Larry Luxner.

El 19 de mayo, después de dos semanas en El Salvador, regresé a Washington a presentar el libro. Me hizo el honor el congresista demócrata por Massachusetts James P. McGovern, un viejo amigo de mi familia y de El Salvador. "Fui tal vez ingenuo al pensar que tras la firma de los Acuerdos de Paz todo se iba a resolver por arte de magia... Hoy sé que El Salvador sigue requiriendo de gente valiente, de patriotas que denuncien la corrupción y a los corruptos", dijo Jim McGovern en el Diálogo Interamericano durante la charla sobre Infiltrados.

Antes, en una larga plática en su despacho del Congreso sobre la masacre de la UCA, Jim McGovern me contó un historia sobre su ex jefe, el representante Joseph Moakley, que resume bastante bien la simpleza con que debería abordarse la corrupción:

"En una entrevista, mientras investigábamos en San Salvador las muertes de los sacerdotes, un militar le preguntó a Moakley -el congresista demócrata que encabezó la comisión legislativa estadounidense creada para investigar la masacre- por qué la insistencia en buscar a los culpables cuando se suponía que Estados Unidos y el ejército salvadoreño eran amigos. Moakley le respondió más o menos así: 'Es simple: cuando alguien comete un delito, cuando alguien mata a otra persona, el lugar en el que debería estar es en la cárcel'".

Durante demasiado tiempo nuestros gobernantes y policías han ayudado a que, desde adentro, crezca el cáncer instituiconal de la corrupción; lo han hecho amparados en discursos que aluden a la gobernabilidad, la pacificación, el balance de poder, excusas todas que les han servido bien para disfrazar sus complicidades personales o sus faltas de caracter. Pero a estas alturas, ante el fallo histórico de la PNC y frente a un país abrumado por la violencia, deberíamos recordar a diario a Moakley: alguien debería estar en la cárcel. Es eso o seguir soportando el olor a mierda de una cloaca que al final no sabremos como limpiar.

Links para bajar resúmenes y notas sobre Infiltrados:

En inglés:

Corruption in El Salvador: Politicians, Police and Transportistas. Working Paper. Center for Latin American and Latino Studies, American University. Social Science Research Network.

En español:

Primer capítulo de Infiltrados, publicado en la Revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica.

El prólogo de Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC

Infiltrados, el libro que escribí el año pasado sobre la corrupción que carcome a la Policía Nacional Civil de El Salvador, verá la luz dentro de tres semanas, cuando UCA Editores termine de imprimirlo. Ya hay dos presentaciones agendadas. La primera en San Salvador, a mediados de mayo, en el campus de la UCA; el rector de la Universidad, Andreu Oliva S.J., y mi amigo Carlos Dada, director de El Faro, me acompañarán ese día (la fecha exacta la anuncio en las próximas horas). La segunda presentación será en el Diálogo Interamericano de Washington el 19 de mayo; el congresista James McGovern, demócrata de Massachusetts, me hará el honor de presentar el libro y el colega Steven Dudley, de InSightCrime.org, también dirá unas palabras. Les dejo aquí el prólogo a la versión en español que escribió el profesor William LeoGrande de American University.

Segundo despliegue de la PNC, el 8 de octubre de 1993. Fotos cortesía de La Prensa Gráfica. La de abajo fue una de las finalistas para la portada de Infiltrados.

PRÓLOGO

El conflicto civil devastó a El Salvador durante veinte años, entre 1972 y 1992. Una década de insurgencia de baja intensidad seguida de una década de guerra abierta. Más de 75,000 personas fueron asesinadas, la mayoría civiles desconocidos muertos a manos de la Fuerza Armada de El Salvador y sus tres fuerzas de seguridad subordinadas, la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda. Esos tres cuerpos de seguridad se hicieron notorios por casos de abusos a derechos humanos, corrupción, y por sus vínculos con la extrema derecha.

Los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que pusieron fin a la guerra en 1992, contemplaban como elemento esencial la disolución de esos tres cuerpos de seguridad, los cuales serían reemplazados por una nueva policía civil y no beligerante, la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC no debía estar bajo el mando del Ministro de Defensa, y la Constitución, tras la reforma pactada en los Acuerdos de Paz, prohibía que oficiales militares la dirigieran. Esto debido a que, se entendía, la misión de la PNC de velar por el Estado de derecho y proteger a la población era en esencia diferente a la misión de la Fuerza Armada. Porque una Policía no beligerante era esencial para salvaguardar los Acuerdos, el 60% de sus efectivos estaría conformado por civiles que no hubiesen militado en el FMLN ni en las viejas fuerzas de seguridad.

Mantener la independencia de la PNC, sin embargo, resultó un reto más difícil de lo que cualquiera hubiese imaginado. En este detallado relato sobre la historia de la PNC, Héctor Silva nos entrega un recuento muy bien investigado sobre las dudas y retos a los que la institución se ha enfrentado en las dos décadas que han pasado desde su fundación.

Los mismos actores que históricamente habían manipulado a los viejos cuerpos de seguridad tras bambalinas —los militares, la derecha política salvadoreña y Estados Unidos— se esforzaron por secuestrarla.

La Fuerza Armada y los políticos de derecha quisieron asegurarse de que la nueva Policía no escudriñara en la corrupción que se expandió en El Salvador durante la guerra para favorecer la impunidad de agentes estatales —militares y civiles— vinculados no solo a violaciones a derechos humanos, sino también a actividad criminal. Tras los Acuerdos de Paz, cuando la Fuerza Armada fue depurada, docenas de oficiales tuvieron que retirarse; algunos se enlistaron con el crimen organizado y, para hacerlo, buscaron la protección de quienes siguieron en la institución. Con Arena en la Presidencia hasta 2009, la derecha pudo asegurarse de que los oficiales clave dentro de la PNC fuesen desde el principio quienes habían sido sus aliados en los viejos cuerpos de seguridad. Aunque los Acuerdos limitaban el cupo de militares en la Policía al 20% (lo mismo aplicaba para el FMLN), oficiales y exoficiales del Ejército dominaron la estructura de mando en la PNC.

Durante la guerra civil, Estados Unidos usó la millonaria asistencia militar a El Salvador como un instrumento efectivo para influir en la Fuerza Armada y, a través de ella, en la política del Estado salvadoreño. Después de la guerra, Washington buscó mantener esa influencia al asegurarse de que en la nueva PNC estuviesen oficiales con los que Estados Unidos había desarrollado buenas relaciones de trabajo. Por insistencia de Washington, el Gobierno de El Salvador incorporó íntegras a la PNC dos unidades de la vieja Policía, la antinarcotráfico y la de investigación criminal. Este hecho fue, cuando menos, una violación al espíritu de los Acuerdos de Chapultepec. La tesis de Héctor Silva es que la incorporación de esta vieja guardia como resultado de la presión conjunta de los militares salvadoreños, Arena y Estados Unidos es el “pecado original” de la PNC, el cual infectó a la nueva Policía con la impunidad y la corrupción que caracterizaba a los viejos cuerpos de seguridad.

Casi de inmediato tras su fundación, la PNC se enfrentó a retos nuevos e inesperados. En los noventa, el esfuerzo de Estados Unidos por erradicar los flujos de droga procedentes de América Latina cerró rutas tradicionales de tráfico a través del Caribe; con ello, los narcotraficantes colombianos empezaron a utilizar rutas terrestres a través de Centroamérica y México. El crimen organizado se convirtió en un problema para la región cuando los grandes carteles de la droga sobrepasaron a las Policías nacionales, mal entrenadas y poco sofisticadas. La PNC de El Salvador era considerada una de las mejores fuerzas policiales de la región, al menos mejor entrenada y equipada que sus contrapartes hondureña y guatemalteca, pero, como Silva demuestra, la PNC no era inmune a la corrosiva influencia del dinero del narcotráfico —una vulnerabilidad que aumentaba debido a su pasado de impunidad y corrupción—.

Además de la expansión del crimen organizado alimentado por los carteles, la PNC debió enfrentar una ola de crimen callejero violento, buena parte cometido por pandillas juveniles. Irónicamente, la cultura pandillera llegó a El Salvador importada desde Estados Unidos cuando los salvadoreños que vivían en grandes urbes estadounidenses se unieron a las pandillas, cometieron crímenes y fueron deportados. La violencia se volvió tan apremiante que la seguridad personal se convirtió, por delante de la economía, en el tema que más preocupaba a los salvadoreños. Los presidentes de Arena Francisco Flores y Tony Saca respondieron con políticas de “Mano Dura” y “Súper Mano Dura”, pero la represión por sí misma fue incapaz de reducir la violencia. El presidente Funes acudió a un enfoque más integral al hacer énfasis en la prevención social y la rehabilitación, pero muy pronto en su mandato vio crecer la presión popular para hacer algo rápido con el fin de reducir la violencia. En 2009, con una Policía saturada por la violencia pandillera y agrietada por la corrupción, Funes recurrió a la Fuerza Armada para apoyar a las patrullas de la Policía en la calle; era una iniciativa popular, pero arriesgada porque implicaba volver a militarizar a la fuerza pública, un mal que los Acuerdos de Paz habían pretendido eliminar.

Otra víctima de la violencia pandillera fue el Ministro de Seguridad Pública, Manuel Melgar, quien renunció en noviembre de 2011. La debilidad de Melgar yacía no solo en la incapacidad de la PNC para reducir la violencia callejera, sino también en el poder de sus enemigos, poderosos en la derecha salvadoreña y también en Estados Unidos. Melgar, un excomandante del FMLN, fue miembro del PRTC, el grupo responsable de un ataque letal en la Zona Rosa de San Salvador en 1985, en el que cuatro militares y dos civiles estadounidenses, además de nueve salvadoreños, fueron asesinados. Washington, que se opuso a su nombramiento como ministro, insistió a Funes que Melgar era un obstáculo para la cooperación en seguridad, y según reportes, amenazó con detener la firma del Asocio para el Crecimiento con El Salvador, a menos que fuese removido.

Melgar tampoco era popular entre la vieja guardia de la Policía, ya que reemplazó a los oficiales de origen militar que habían controlado el poder en la PNC desde su nacimiento por veteranos del FMLN. Melgar también supervisó la campaña para depurar la PNC. Bajo su mando, la inspectora general de la Policía, Zaira Navas —una abogada que había investigado secuestros de niños cometidos por militares durante la guerra—, abrió docenas de expedientes contra importantes oficiales de la PNC. La derecha política en la Asamblea Legislativa denunció los cambios de mando en la Policía y dijo que las investigaciones, que trató de detener, eran una vendetta política del FMLN.

Silva entiende la renuncia de Melgar y su reemplazo por el general David Munguía Payés, hasta entonces ministro de Defensa, como un punto crítico en la historia de la PNC. Poco después de ese cambio, Funes nombró a otro general, Francisco Salinas, para comandar la PNC. Estos movimientos provocaron la renuncia de la inspectora general Navas y eventualmente el cierre de todas las investigaciones sobre corrupción en la Policía y sobre sus vínculos con el crimen organizado. Veteranos de los viejos cuerpos de seguridad regresaron a sus puestos de mando, restituyendo el statu quo anterior. Con ello, el esfuerzo más importante de depurar la PNC desde su nacimiento en 1993 llegó a un triste final.

El libro de Silva es inquietante porque documenta la intricada relación de las viejas guardias militar y política en el seno de la PNC, y cómo la secuestraron para distraerla de su misión de defender el imperio de la ley. La historia de la Policía, escribe Silva, no es de optimismo, sino de “infamia, corrupción e impunidad”. En la crónica no falta, sin embargo, la esperanza a pesar de las fuerzas formidables que aún trabajan para mantener a la PNC obediente a sus intereses particulares. La historia de la Policía incluye también algunos pocos momentos en que, con el liderazgo adecuado y el apoyo de un presidente, fue posible empezar a reparar esta institución tan importante para la democracia salvadoreña. Aún hay gente, tanto dentro de la PNC como fuera de ella, comprometida con la visión original de los Acuerdos de Paz de Chapultepec: la de una Policía Nacional Civil comprometida con la honestidad, la rendición de cuentas, la seguridad civil y el imperio de la ley. Con el apoyo de los salvadoreños y sus funcionarios electos —y con el de Estados Unidos—, estos reformadores aún pueden retomar su Policía y restaurar su promesa original.

William L. LeoGrande

Decano de la Escuela de Asuntos Públicos

Profesor de Gobierno

American University

Washington D. C., septiembre de 2013.

La huella del Chapo en El Salvador (Parte III)

Rutas revitalizadas en Oriente

Última parte de la serie que publicó La Prensa Gráfica sobre el paso por El Salvador y Centro América de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el Chapo, jefe del Cártel de Sinaloa. Reproduzco aquí esos textos, con algunas ediciones mías, que, además de hablar sobre los pasos del Chapo hablan sobre el desarrollo del crimen organizado en El Salvador y sobre su infiltración en el estado nacional. Buena parte de esta investigación sirvió de base para mi libro Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC. (El sitio especializado InSight Crime ha hecho un excelente resumen de algunos capítulos del libro en español y en inglés).

Croquis y fotos de la pista El Jaguey, en el oriente del país, aún utilizada por bandas de narcotráfico.

El modelo de alianzas que el Chapo instaló en Centro América ha funcionado casi sin inconvenientes durante 20 años. La droga fluye por los corredores del Pacífico y el Atlántico que controlan los socios locales de Sinaloa: Entre 118 y 554 toneladas de cocaína –cifra récord según los reportes de inteligencia anti narcotráfico en la región– pasaron por esas rutas en 2011 según el Departamento de Estado, buena parte de ellas propiedad de Guzmán Loera. Ese año, arrestos y ajustes de cuentas entre narcos locales en Guatemala, El Salvador y Honduras modificaron los mapas, pero la operación de trasiego continúa con éxito.

Dos días antes de la Nochebuena de 2012, miembros de la banda Los Perrones se reunieron en el hotel Florencia de San Miguel con dos emisarios hondureños, agentes de la inteligencia militar salvadoreña y al menos dos líderes pandilleros, según confirmó un investigador que, encubierto, vigiló aquel encuentro. El asunto a tratar: el decomiso el 5 de diciembre en Peñas Blancas, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, de 193 kilos de cocaína que la banda oriental movía para socios del Cártel de Sinaloa.

A partir de las nueve de la noche de ese 22 de diciembre, el agente infiltrado empezó a enviar a sus contactos en San Salvador fotos de los vehículos todoterreno que llegaron al Florencia. También enviaba mensajes de texto. En uno de ellos, al que el autor tuvo acceso, se lee: “Hay cumbre navideña de Perrones ahorita. Están… arreglando el negocio... Y están los que pasaron de perritos a perrones”, escribe el informante en referencia a los cambios en el liderazgo en la banda tras las capturas y condenas de Reynerio Flores Lazo y Juan María Medrano, dos de los transportistas más importantes de Sinaloa en la década de 2000.

Durante los dos años que pasaron entre la captura de Reynerio en Honduras -2010– y su condena a 80 años de cárcel, investigadores salvadoreños y hondureños intercambiaron información sobre los herederos del ex líder de Los Perrones y sobre los movimientos de droga atribuidos a la banda. La lectura de esos informes lleva a concluir que el flujo de cocaína nunca se detuvo. 
 

El 12 de septiembre de 2011, la policía costarricense detuvo un cargamento de 140 kilos de cocaína que, según la inteligencia salvadoreña, eran parte de otra carga de Sinaloa que movían Los Perrones.

Fue también en 2011 que Élmer Bonifacio Medrano Escobar, uno de los viejos líderes de la banda que había hecho contactos con Sinaloa desde finales de la década de los 90, viajó al Atlántico hondureño para, según la inteligencia de ese país, reunirse en persona con el Chapo Guzmán en La Brea.

Vehículos de miembros de Los Perrones y agentes del estado salvadoreño presentes en el Hotel Florencia de San Miguel en una reunión realizada el 22 de diciembre de 2012.

Antes de la reunión del Florencia, la banda de oriente ya se había reorganizado y algunos de sus viejos líderes habían cambiado de sede para ensanchar negocios. En San Miguel, Pasaquina y Santa Rosa de Lima, miembros más jóvenes del clan empezaban a controlar las rutas. 
 

En Honduras, José Natividad Luna Pereira (a) Chepe Luna, se reinventaba con éxito para seguir controlando negocios de trasiego con los proveedores mexicanos. Luna, uno de los socios fundadores de Los Perrones, había huido de El Salvador a mediados de la década pasada tras escapar de operativos armados para capturarlo que fallaron debido a filtraciones desde los más altos niveles de la PNC según ex funcionarios de dos gobiernos salvadoreños.

El 16 de octubre de 2011, un equipo de investigadores viajó desde El Salvador para, en coordinación con homólogos hondureños, seguir los pasos de Luna Pereira. Durante tres días, los detectives verificaron casas, oficinas y recorridos relacionados con la rutina del narco que plasmaron luego en un informe: Chepe Luna solía salir de su casa en la colonia Godoy de Tegucigalpa, cerca del aeropuerto Toncontín, en un Hyundai café o en un Kia blanco. Viajaba con una pistola Beretta. La siguiente parada: Talleres Ulúa, sede de una compañía de transportes que, según fiscales hondureños que emprendieron una proceso legal contra Luna en agosto de 2012, es fachada de una flota que también mueve droga de Sinaloa, ya no en El Salvador sino en Honduras.

Entre el 17 y el 18 de octubre, los detectives siguieron a Luna hasta una residencial privada llamada Manatiales, en la salida a carretera al sur, Tegucigalpa. Ahí, según un ex asesor de la Casa Presidencial hondureña en temas de seguridad, Luna se reunió en más de una ocasión con enviados del Chapo Guzmán.

Los investigadores salvadoreños concluyen su reporte de 2011 con una revelación: Luna, a pesar de haberse exiliado a Honduras tras los fallidos operativos policiales para capturarlo en El Salvador, seguía controlando movimientos de droga en la parte salvadoreña del Golfo de Fonseca. “De acuerdo a la información recabada esta persona permanece en Honduras, (pero) se mueve en el departamento fronterizo de Alianza y en un lugar conocido como Barrancones (al sur del salvadoreño departamento de La Unión, donde Luna empezó sus operaciones de trasiego en los 90)”.

Tráfico de cocaína por C.A. según agencias de Estados Unidos.

La muerte de “Truck”

2011 fue un año de restructuraciones para Los Perrones. Ese año, un ex militar que había hecho labores de inteligencia política para la derecha salvadoreña y durante la guerra de los 80 inteligencia militar contra la guerrilla, se convirtió en intermediario de Los Perrones con agentes antinarcóticos estadounidenses en Honduras, según confirmó un ex miembro de la banda. La mediación terminaría por costarle la vida.

El 27 de mayo de 2011 a las 9:20 a.m. según un reporte de la policía nicaragüense un tiroteo en la entrada de Chinandega terminó con la vida del ex capitán salvadoreño Salvador Augusto Guzmán Parada,alias “Truck”. En un informe en el que perfiló al ex militar tras su asesinato, la inteligencia policial salvadoreña asegura que una de las hipótesis del crimen está relacionada con la posibilidad de que la gente del “Gordo Paredes”, el narco guatemalteco que había sido uno de los primeros nexos del Chapo con los operadores centroamericanos de Sinaloa, haya ordenado la ejecución de “Truck” al enterarse de que había hablado con agentes de la DEA estadounidense.

Siete días antes de que lo asesinaran, Guzmán Parada llamó a uno de sus contactos en la inteligencia policial salvadoreña para decirle que el carro P348087, un Toyota Corolla verde del año 97, lo andaba siguiendo. Y reveló que el mismo carro aparecía siempre que él se reunía un “grupo de trabajo con el que analizaba estrategias legales” para aliviar la situación de Reynerio, condenado a 80 años de cárcel por tráfico. “Truck” había vista el carro el 1 de mayo, cerca de la casa número 12 de la Avenida Hueytepec de Arcos de Santa Elena, el suroeste de San Salvador, el lugar preferido del grupo de análisis en aquellos días.

Reporte de detención de Rómulo Antonio Portillo (a) Tony Sinaloa.

A finales de 2011 otro de los operadores de Sinaloa en El Salvador y Honduras cayó preso. El 1 de noviembre, una patrulla detuvo un bus de la empresa King Quality “a la latura de la posta policial El Tizatillo, salida al sur” –dice un reporte de la policía hondureña- por existir una orden internacional de difusión roja de interpol (sic). Cuando lo detuvieron aquel día, Rómulo AntonioPortillo, alias “Tony Sinaloa”, salía de Tegucigalpa tras pactar un cargamento de cocaína; todo era, en realidad, una trampa que le habían montado la DEA y unidades élite de Honduras y El Salvador para arrestarlo. Hoy, según expedientes policiales en El Salvador, Portillo colabora con las autoridades en Estados Unidos.

A pesar de los arrestos y las ejecuciones, de los reacomodos en los liderazgos, los flujos nunca se interrumpieron. La red que el Chapo Guzmán y sus emisarios armaron en El Salvador y Honduras resistió, se transformó y sobrevivió.