"¿Por qué permitió que las atrocidades siguieran?"

Por primera vez un militar salvadoreño aceptó en un tribunal la responsabilidad del alto mando del ejército en masacres, asesinatos y violaciones a los derechos humanos cometidos en los primeros años de la guerra civil. En un intenso intercambio con el juez Michael Horn, el general José Guillermo García reconoció que era su responsabilidad evitar esos crímenes, pero, dijo, aceptar eso no implica que él sea culpable. El juez le respondió que determinar eso era atribución de la corte. García también aceptó que fue el batallón Atlacatl el autor de la masacre de El Mozote. Horn le preguntó: "Cómo puede ser que después de toda la evidencia que DHS ha presentado de que esas atrocidades existían, y que eran continuas y numerosas... ¿cómo pudo permitir que esto pasara?"

El juez de migración hizo el miércoles en Miami, al cierre de la audiencia de deportación contra el general salvadoreño, lo que el DHS no había hecho el día anterior: interrogar de frente al militar sobre la responsabilidad en los crímenes que le atribuye el Gobierno de los Estados Unidos.

El intercambio entre Horn y García, según el recuento de una abogada presente en la audiencia, marcó el momento más dramático del juicio entero -y acaso de las revelaciones históricas que están ocurriendo en este proceso y en el que se sigue en Boston al coronel Inocente Orlando Montano por la masacre de los jesuitas. "Por primera vez un militar de este rango dice que sí sabía, que tenía responsabilidad y que el ejército estuvo involucrado en esto", dice la abogada. García, en otros juicios, había negado y se había limitado a decir que no sabía.

En el día final de juicio, el general admitió abiertamente algo que las Fuerza Armadas negaron sistemáticamente durante 22 años. "En su testimonio sobre El Mozote -relata Patty Blum, abogada del Centro para la Justicia y la Responsabilidad, presente en la corte de Miami-, García dio una respuesta sorprendente. Dijo que el crimen había sido ejecutado por el batallón Atlacatl, entrenado por los Estados Unidos... dijo que esto le había traído serios problemas con los miembros de ese batallón y el jefe del grupo militar de Estados Unidos en El Salvador".



Ya el martes, durante un cruce de preguntas y respuestas con su defensora, la abogada Alina Cruz, García había aceptado que sabía de los excesos del ejército "porque era algo de conocimiento público que no podía negarse". Ayer admitió que su cargo, el de Ministro de Defensa, le confería la responsabilidad de evitar esos abusos, pero, alegó García, no pudo hacer nada porque el ejército estaba muy dividido.

En un reporte sobre la audiencia del martes, la abogada Blum, recogió la versión de la testigo experta del Gobierno, la profesora de Stanford Terry Karl, sobre el rol de García en el ejército salvadoreño. "Leyendo un documento desclasificado del Gobierno de los Estados Unidos que contiene información biográfica sobre García (un formato de documento de inteligencia usado con frecuencia), decía que García era considerado, en efecto, como el poder tras el trono". Karl, escribe Blum, enfatizó que el general tenía suficiente poder para transferir personal militar fuera del país, ordenar investigaciones y castigar a los abusadores.

"Lo que le preocupa a esta corte es que esta situación de abusos siguió y parece que usted falló en sus responsabilidades; no hizo lo que un militar respetuoso de la ley debe hacer para servir a su patria y a su pueblo."

 Juez Michael Horn.

El miércoles, al escuchar de boca de García el alegato de que sus manos estaban atadas, Horn, según el recuento de Blum, insistió :

- "¿Me está diciendo que falló en sus responsabilidades como Ministro de Defensa?", preguntó el juez. Fue entonces cuando García admitió que se le podía atribuir responsabilidad en los abusos, pero que declinaba ser culpable.

En otro momento del interrogatorio, Horn dijo:

- "Lo que le preocupa a esta corte es que esta situación de abusos siguió y parece que usted falló en sus responsabilidades; no hizo lo que un militar respetuoso de la ley debe hacer para servir a su patria y a su pueblo. Si sentía que no podía hacer su trabajo por qué no renunció, ¿por qué pemitió que esto siguiera cuando conocía de las atrocidades del ejército contra la población civil?"

El general confrontó al juez, le dijo que había tratado de renunciar tres veces pero su renuncia no había sido aceptada. "No me hable de formalidades. Usted era un hombre con poder que hacía lo que quería, si quería irse no necesitaba el permiso de nadie", respondió Horn.

El interrogatorio directo de un juez a un acusado no es algo común en una corte migratoria, según dos abogadas consultadas. Tampoco lo es que el Gobierno, en este caso representado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), desaproveche la oportunidad de cuestionar directamente al acusado, sobre todo en un caso como este en que fue DHS en Washington el que pidió al juez migratorio que deportara a García por su presunta participación en crímenes contemplados en la Ley contra la tortura.

Fue la abogada de García quien, al final de una jornada dramática marcada por el emotivo testimonio de la hija del general, Ana Carolina Montoya, decidió llamar a su cliente de nuevo al banquillo de los testigos. Al poco tiempo de iniciado el interrogatorio, García pidió la palabra para decir al juez que, en realidad, no quería contestar más preguntas. La abogada Cruz desistió. Horn, sin embargo, dijo que aprovecharía al general para solventar algunas dudas.

"El juez hizo lo que DHS, por razones que no entiendo, no había hecho, que era hacer preguntas agudas al acusado", interpretó una abogada. "Que el juez haya decidido interrogar es quizá un mensaje de que se quedó con muchas dudas y consideró insuficiente lo que había hecho DHS".

Horn adelantó, antes de cerrar la audiencia, que aún no ha tomado su decisión y que podrían pasar incluso meses antes que lo haga y lo comunique. Por ahora, fijo el 3 de junio como fecha límite para que las partes le hagan llegar sus alegatos finales; después de eso, Gobierno y defensora tendrán hasta el 5 de julio para contestar los alegatos del otro. Será hasta después de eso que Michael Horn comunicará su decisión final por escrito.

El periódico El Nuevo Herald, en una nota subida ayer a su sitio web, consideró: "(el juez) dio a entender el miércoles, a través del tono de sus preguntas a García, que por ahora se inclinaba posiblemente a ordenar la expulsión porque había determinado que  el general tenía responsabilidad de evitar los abusos y no lo hizo".

La última batalla del general García

Antropóloga en las exhumaciones en El Mozote

El general José Guillermo García (al centro), tomada de la página de CJA

José Guillermo García volvió a una corte de la Florida ayer a esperar que el juez Michael Horn decida si lo deporta a El Salvador. El general se encuentra al final de un largo camino legal que inició en 2002, cuando tres víctimas salvadoreñas lo demandaron ante la justicia estadounidense, bajo el precepto legal de la cadena de mando, como responsable último de torturas recibidas a manos de miembros de los cuerpos de seguridad. Tras ser encontrado culpable en 2002, perder la apelación ante un tribunal superior en 2006 y ser sometido a un juicio de deportación por fraude migratorio tras la presión política ejercida por dos senadores, un demócrata y un republicano, García está a punto de ser el primer militar salvadoreño expulsado de suelo estadounidense por la aplicación de la Ley para la protección de víctimas de tortura y luego que la administración Obama pusiera en marcha una política de poca tolerancia contra violadores de derechos humanos presentes en Estados Unidos. Este juicio, como el que se sigue al coronel Inocente Orlando Montano en Boston por la masacre de los jesuitas de la UCA, se ha convertido en un escaparate de la historia reciente de El Salvador y de los Estados Unidos.

El lunes 25 de febrero, la profesora de Stanford Terry Karl, testigo experta de la acusación, se sometió al contra interrogatorio de la defensa de García, dirigido por la abogada Alina Cruz.

El 14 de diciembre de 2012, Karl había descrito ante el tribunal de Miami las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas de El Salvador durante el periodo en que García fue ministro de Defensa, entre octubre de 1979 y abril de 1983. La catedrática destacó la participación del ejército en la masacre del Mozote, y los cerca de 30,000 asesinatos extrajudiciales ocurridos en El Salvador durante aquellos años.

Para respaldar su conclusión de que García supo de todas esas violaciones, Karl expuso, en diciembre pasado, siete argumentos: 1. García era la persona más poderosa en El Salvador en aquellos años, 2. El ejército salvadoreño estaba involucrado en ataques sistemáticos contra civiles, 3. García controlaba al ejército, 4. García dirigía políticas de terror estatal, 5. Las acciones de García como Ministro de la Defensa deben interpretarse como connivencia -Karl lo llamó luz verde- con abusos a los derechos humanos, 6. García protegió y apoyó a conocidos violadores de los derechos humanos, lo cual alentaba la impunidad de los oficiales, 7. García negaba sistemáticamente que hubiese violaciones a los derechos humanos, incluso cuando oficiales estadounidenses le proporcionaban evidencia de las mismas.

En aquella audiencia, según un boletín informativo del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, en inglés), Karl "evocó la memoria de las mil personas que fueron asesinadas (en El Mozote), incluidos 250 niños cuyos cuerpos fueron descubiertos tras exhumaciones en el sitio de la masacre. La catedrática mostró a la corte documentos desclasificados de los Estados Unidos en los que García se refería a la masacre como una novela o un cuento de hadas, mera 'propaganda Marxista-Leninista' ".

El lunes, la defensa tuvo su oportunidad para cuestionar la credibilidad del testimonio de Karl. El principal argumento de la abogada Alina Cruz fue que el Presidente y en general el Ejecutivo de los Estados Unidos habían sometido al Congreso, como parte del proceso para que los legisladores en Washington aprobaran ayuda financiera y militar a El Salvador, la "certificación" de que las Fuerzas Armadas salvadoreñas habían mejorado su récord de derechos humanos. Cruz insistió ante Karl que la Casa Blanca había certificado a García, incluso dos veces en un año; la abogada ofreció un documento de certificación fechado en enero de 1983 como prueba ante la corte.

A eso, Karl respondió que en 1993, tras la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a la guerra civil salvadoreña y la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, el Departamento de Estado en Washington sometió a un riguroso escrutinio todo el proceso de certificación. Además, la experta señaló que tras la revisión de miles de documentos oficiales de Estados Unidos desclasificados llegó a la conclusión que funcionarios estadounidenses que conocieron de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército salvadoreño "fallaron" al no incluir esa información en sus reportes.

Sobre El Mozote, Alina Cruz preguntó a Karl si no era posible que García hubiese negado la masacre por no contar, en su momento, con información de inteligencia contundente. Karl dijo que eso era imposible. La defensora también preguntó si no era posible que los autores de la masacre hayan sido las fuerzas guerrilleras o soldados descarriados. Karl respondió lo mismo: no era posible.

Al final, el juez Horn pidió a la experta que opinara si estaba familiarizada con la definición legal de tortura a la que se refirió el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) cuando dijo que García había "ordenado, incitado, asistido o participado de alguna otra forma en actos de tortura". La respuesta: "García, de forma consciente, se hizo el ciego ante la tortura, promovió y protegió a conocidos torturadores o a sus comandantes y sabía que sus subordinados practicaban la tortura cotidianamente". Era, dijo Karl, una organización vertical de la que García era el centro.

Abogados de la acusación explicaron ayer por teléfono que el juez podría tomarse aún un periodo considerable de tiempo -incluso meses- antes de decidir si deporta a José Guillermo García.

Enlaces de interés sobre el Caso Montano, los antecedentes del juicio contra García y la decisión estadounidense de repatriar a violadores de Derechos Humanos.

Matar al mensajero

Sobre las recientes acusaciones del presidente de la república al co-director de El Faro.

17 de mayo de 2011. El presidente de la república, Mauricio Funes, llega a la inauguración del II Foro de Periodismo deEl Faro, donde lo entrevista la periodista mexicana Carmen Aristegui. Ahí, Funes se refiere a la investigación que la sección Sala Negra del periódico ha publicado ese día sobre el Cartel de Texis, una organización de narcotráfico que ha infiltrado a la PNC, alcaldías, partidos políticos y tribunales. Dice el presidente que la Fiscalía debería abrir una investigación sobre la organización criminal y agradece a El Faro por su labor de investigación.

La Fiscalía General, durante la administración del ex fiscal Romeo Barahona, dijo que había abierto expediente por Texis aunque nunca adelantó resultado alguno: todos los empresarios, oficiales de policía, políticos y jueces señalados en la investigación periodística cuya solidez el presidente consideró suficiente para sugerir la apertura de un expediente siguen libres; nadie ha sido procesado hasta el momento. El fiscal actual, Luis Martínez, no se ha pronunciado al respecto.

Casi un año después de publicar Texis, en marzo de 2012, El Faro publicó un extenso reportaje sobre la tregua entre pandillas que se gestaba en las cárceles del país con los auspicios de la inteligencia del estado. Después de eso, según denunció Carlos Dada, director de El Faro, los periodistas del medio empezaron a recibir seguimientos sospechosos. El Ministro de Justicia, David Munguía Payés, incluso dijo en público que había recibido con preocupación noticias de amenazas en contra del periódico y sus periodistas. Ni entonces ni ahora se ha sabido si el general Munguía ordenó alguna investigación sobre esas amenazas, si dio parte a Fiscalía, o si, en definitiva, hizo algo más que avisar.

Durante los dos últimos años, El Faro ha publicado también extensos reportajes sobre el manejo de la política desde Casa Presidencial. El último, la semana pasada, sobre los gastos de publicidad.

Después de todo eso, el 22 de enero de 2013, viene el presidente y acusa, en declaraciones públicas ante medios de comunicación, a Jorge Simán, codirector de El Faro, de un delito relacionado con la época en que este se desempeñó como funcionario en la geotérmica estatal LaGeo. Hasta donde sé, ni el presidente ni alguien de su entourage habían, antes del episodio verbal, denunciado algo ante la Fiscalía General. Y la acusación ocurre justo cuando la administración está embarcada en un pleito de opinión pública y legal por temas jurisdiccionales relacionados con la geotérmica.

No toca a El Faro defenderse de una acusación tirada al aire sin pruebas, así venga del ciudadano presidente. Y al codirector de El Faro le tocará explicar su desempeño como funcionario solo si la autoridad competente se lo requiere, como a cualquier funcionario público ante requerimiento legal; eso, sin embargo, no ha pasado.

Todo esto es muy grave: si el presidente tiene conocimiento de un delito, su deber es denunciarlo ante las instituciones del Estado de acuerdo a lo establecido en la ley que él juró cumplir y hacer cumplir; y como no lo hizo, más bien parece que todo se trata de una movida política para poner reflectores sobre el medio más crítico e independiente de El Salvador en estos momentos; al mismo medio al que él elogió por hacer lo que instituciones como la Fiscalía y la Policía no han hecho en años: investigar al crimen organizado y su infiltración en el Estado. Y, al menos en eso, coincido: sin investigaciones como las que El Faro publica sería muy difícil abrir al menos un resquicio en el inmenso muro de la impunidad en El Salvador.

Más bien parece que todo esto se trata de la triste y peligrosa práctica de matar al mensajero, o de intentar golpear su credibilidad. A mis colegas les digo: el poder es efímero y los quinquenios duran eso, cinco años. Quedan, sí, esos males ya enquistados en nuestra política –de izquierda o derecha–  como la impunidad y la connivencia con el crimen. Pero también quedan valentías como las de ustedes. Ánimo.

Reunión en el Florencia: los nuevos líderes de Los Perrones

Dos días antes de la Nochebuena de 2012, pandilleros y agentes de la inteligencia estatal se reunieron con los hermanos Flores Escobar, sobrinos del encarcelado capo de Los Perrones, Reynerio Flores Lazo, y herederos del negocio del tráfico de cocaína en el oriente salvadoreño. Era una reunión de emergencia, a la que también llegaron socios desde Honduras, para tratar el reciente decomiso que la Policía salvadoreña había hecho en la frontera de El Amatillo de 193 kilos de cocaína que la banda oriental movía desde Costa Rica. Este relato está basado en el testimonio de dos personas que estuvieron en la reunión del Florencia.

Fotos de los todoterrenos que llegaron al hotel Florencia, en San Miguel, el 22 de diciembre de 2012, a una reunión entre nuevos líderes de Los Perrones, miembros de algunas clicas que mueven drogas para la banda y agentes de la inteligencia estatal.

23 de diciembre de 2012: Dos de los todoterrenos que llegaron al Florencia la noche anterior.

A eso de las nueve de la noche del 22 de diciembre, TLS (indicativo de una de las personas presentes en la reunión) llamó a su contacto: estaba en el Hotel Florencia, a la entrada de San Miguel, en una reunión con “mara gruesa”, gente de Reynerio Flores Lazo, el narcotraficante líder de la banda Los Perrones que el 16 de enero de 2012 fue condenado a 80 años de cárcel, y miembros de algunas clicas de la MS con quienes los herederos de Neyo llevan ya un tiempo haciendo negocio.  Unos minutos después, Perla (otro de los presentes en el encuentro), empezó a mandar fotos de algunos de los carros que llegaron al Florencia aquella noche: todoterrenos de reciente factura, algunos con placas hondureñas, algunos, según esa fuente, asignados a miembros de la inteligencia estatal de El Salvador.

En un chat telefónico, Perla escribió: “Hay cumbre navideña de Perrones ahorita. Están los Flores y adidas (alias de un miembro de la inteligencia estatal), arreglando el negocio con las clicas. Y están los que pasaron de perritos a perrones”.  Estos últimos, según Perla, son los dos sobrinos de Reynerio que hoy controlan buena parte del traslado de la droga desde Costa Rica y, además, administran la relación de estos nuevos Perrones con miembros de las clicas Teclas Locos Salvatruchos y los Hollywood: “Todos ellos se vieron afectados por el decomiso de El Amatillo, y los Perrones han arreglado con los sobrinos de Neyo, Antonio Alexander y William, que son los responsables del traslado de la droga hacia Guatemala, pero ellos –los sobrinos– también tienen responsabilidad de venderles una parte a ciertos palabreros de algunas clicas y programas de la MS”, dice, por su parte, TLS.


En este blog publique, en septiembre del año pasado, un reporte sobre la reestructuraciónde la banda Los Perrones. Para 2011, cuerpos de inteligencia anti narcotráfico en El Salvador daban cuenta de que Los Perrones estaban moviendo importantes cantidades de cocaína desde la frontera de Peñas Blancas, entre Costa Rica y Nicaragua, que algunos herederos de los Flores Lazo, Juan Colorado y Chepe Luna habían retomado la infiltración estatal en Honduras y El Salvador, y que socios junior de la banda habían renovado, desde 2010, la operación de compra de bienes raíces en costas salvadoreñas y hondureñas.

Poco después de ese reporte, consultado por un reportero en San Salvador, el director de la Policía, el general Francisco Ramon Salinas, confirmó, sin dar muchos detalles, que sus agentes investigaban la reestructuración de Los Perrones. La banda vivio su época de oro entre 2004 y 2007 cuando, amparada en la protección oficial que entonces le ofrecieron algunos mandos antinarcóticos de la PNC, consolidó la transformación de un grupo desorganizado de contrabandistas de lácteos a una poderosa federación de narcotransportistas. A finales de 2008, tras fuertes presiones de la DEA de Estados Unidos y de disputas internas entre Colorado y Reynerio, la Fiscalía salvadoreña inició una serie de operaciones que acabaron con los principales líderes en la cárcel o prófugos en Honduras. El poder de la banda, sin embargo, nunca se desarticuló del todo.

Entre 2010 y el año pasado, fue Héctor Armando y otra hermana de Reynerio, Reyna, quienes mantuvieron andando el negocio: retomaron las rutas y pulieron los negocios fachada, sobre el todo el de la venta de aceite vegetal en Nicaragua. Héctor Armando, sin embargo, tuvo que salir de El Salvador luego de aparecer vinculado a la muerte de Salvador Guzmán Parada, alias Truck, un ex integrante del batallón élite Atlacatl del ejército salvadoreño reconvertido en agente de inteligencia del Estado desde inicios de los 90 hasta 2009, en "freelancer" de inteligencia, y, finalmente, en informante y contratista para Los Perrones, según me confirmó uno de sus ex compañeros en el ejército que le siguió como asistente durante toda su carrera de inteligencia. Tras la salida de Héctor Armando del radar, la segunda generación, según estos relatos, ha tomado el mando.

La reunión del 22 de diciembre pasado, de acuerdo a los relatos de las dos personas que estuvieron en el hotel Florencia de San Miguel ese día, habla de una operación que funciona con fluidez y que ha ensanchado su colaboración con algunos miembros de pandillas y de la inteligencia estatal. Los reportes de Perla, esa noche, daban cuenta de una caravana de lujo, un todoterreno tras otro que entraban al Florencia, cuyos empleados habían preparado, desde la tarde, mesas cubiertas con mantelería blanca para el cónclave. Esta reunión confirmó, además de la nueva operatividad de la banda, que Los Perrones mantienen uno de sus principales activos, su capacidad de infiltrar al Estado, esta vez, según los reportes de Perla y TLS, las estructura de inteligencia que, se supone, sirve al estado salvadoreño.

Juez EUA oirá sobre masacre jesuitas

La prensa espera la salida del coronel Inocente Orlando Montano de la corte Joseph Moakley en Boston.

Miembros del equipo de acusadores del Gobierno de Estados Unidos esperan el inicio de la audiencia contra Montano.

Corte distrital Joseph Moakley, en Boston, en cuya sala 1 se celebró la audiencia contra Montano.

Un grupo de salvadoreños llegó a la corte de Boston a pedir justicia por el caso jesuitas.

Inocente Orlando Montano, chumpa gruesa azul para protegerse del viento y los 2 grados que golpeaban el puerto de Boston, ayudado por un bastón negro, salió de la corte Joseph Moakley diez minutos antes del mediodía por una puerta lateral, discreto, lejos de la media docena de periodistas que lo esperaba. Se escabulló en una todoterreno Nissan crema por el bulevar aledaño. No lo acompañaban buenas noticias: tras una hora y media de audiencia en su contra por fraude migratorio y perjurio, el juez Douglas Woodlock decidió que revisará el pasado del militar y supuestas violaciones a los derechos humanos atribuidas al coronel para determinar cuánto tiempo le dará de cárcel.

En esencia, el defensor de Montano tendrá que refutar el testimonio de la experta de la acusación, la profesora de Stanford Terry Lynn Karl, quien ha estudiado el caso jesuitas desde que 8 militares de bajo rango fueron juzgados en El Salvador en 1991 y cuyo testimonio es piedra angular en el caso abierto en la Audiencia Nacional de España por la masacre.

En su escrito presentado ante la corte de Boston, Karl concluye sobre Montano: 1. Que era uno de los oficiales de más alto rango y con más poder en la Fuerza Armada, parte del “círculo íntimo” militar en una época en que el ejército estaba involucrado en violaciones flagrantes a los derechos humanos; 2. Que participó, junto al resto del alto mando, en una conspiración para asesinar a los jesuitas y luego para encubrir la participación del ejército en la masacre; 3. Que se fue de El Salvador en 2001 para evitar persecución por el caso jesuitas; 4. Que la masacre en la UCA no fue una excepción, sino más bien una constante en el historial de violaciones a los derechos humanos atribuidos a las unidades militares comandadas por él; y 5. Que cuando Montano llegó a Estados Unidos, en este país había iniciado una tendencia de deportar a militares latinoamericanos involucrados en crímenes como este.

La defensa tendrá, además, que contestar a siete cartas presentadas por la acusación, firmadas por víctimas de unidades militares comandadas por Montano, incluido un estadounidense, por dos universidades y por la compañía de Jesús en los Estados Unidos.

La audiencia celebrada ayer, en la que en principio Woodlock dictaría sentencia sobre el caso migratorio, sirvió para revisar dos peticiones, una por parte. La acusación, en un escrito presentado el 8 de enero, pedía que la corte aceptará prueba sobre el pasado de Montano y que el juez considerara hasta 51 años de cárcel para el militar. La defensa, el 14 de enero a última hora de la tarde, presentó su respuesta en un escrito en que pedía al juez obviar cualquier prueba que no estuviese relacionada con los cargos por los que ya Montano se había declarado culpable: mentir sobre su fecha de entrada a Estados Unidos y negar que perteneció al ejército salvadoreño para optar al TPS.

Woodlock, pelo y profuso bigote blanco, dijo que sí le interesaba escuchar sobre el pasado militar de Montano para fijar sentencia, y ofreció al abogado defensor, Óscar Cruz,Jr.: "Es algo que me interesa escuchar, ¿cómo quiere responder?"

"Pues lo que necesitaré es tiempo para presentar mi testigo de descargo a lo que ha dicho la experta de la fiscalía... al menos tres semanas", dijo Cruz Jr. casi al final de la audiencia. A su izquierda, Inocente Orlando Montano, inmutable, escuchaba a través de unos audífonos que alimentaba de español un traductor contratado.

Antes de dar por cerrada la audiencia, y convocar de nuevo a las partes para el próximo 1 de marzo para revisar evidencia, el juez preguntó al fiscal si tenía conocimiento sobre la intención del Gobierno de Estados Unidos procesaría la petición de extradición de Montano a España mientras este cumple su sentencia final en una cárcel de Estados Unidos. El fiscal respondió que no sabía. “Es algo que tomaré en cuenta al dictar sentencia”, dijo Woodlock. Según fuentes cercanas a la acusación, lo que esto significa que es que el juez prefiere que Montano cumpla toda su pena por el delito migratorio en Estados Unidos, sin perjuicio de que el proceso de extradición inicie después.

Por ahora, la corte de Boston está abierta a escuchar prueba sobre la masacre que cambió el rumbo de la guerra civil en El Salvador. Y, más allá de la parte procesal y los tecnicismos legales, se abrió en Massachusetts la posibilidad de que la verdad judicial sobre lo que sucedió entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de noviembre de 1989 quede asentado como verdad judicial de una vez por todas, algo que en El Salvador aún está muy lejos de ocurrir.

El asunto Montano

Copia de uno de los miles de documentos desclasificados del caso jesuitas desclasificados por EUA. En este informe, la embajada de Estados Unidos en El Salvador da cuenta de información que recibieron representantes del congresista por Massachusetts Joseph Moakley, quien presidió en 1990 la comisión legislativa que investigó la masacre de los jesuitas en la Universidad Centroamericana.

Llegué  a Boston. En un viejo hotel del centro de la ciudad, muy cerca del TD Garden, el hogar de los Celtics, espero la audiencia de mañana a las 9:00 a.m. en la corte federal Joseph Moakley contra el coronel Inocente Orlando Montano, quien deberá responder ante el juez Douglas Woodlock por delitos migratorios: mentir sobre su pertenencia a las Fuerzas Armadas de El Salvador para obtener el estatus de protección temporal, TPS.

Sobre esa audiencia, como escribí en El Faro, hay mucho que decir, más allá del trámite judicial, que puede terminar, básicamente, en dos escenarios: que el militar salvadoreño sea exonerado de pasar tiempo en la cárcel -hasta 51 meses como ha solicitado el Gobierno de los Estados Unidos a través de un fiscal- y sea deportado a El Salvador, o que Montano cumpla condena en prisión mientras se resuelve un recurso de extradición presentado por un juez español de la Audiencia Nacional de España para que el coronel responda por el asesinato de los cinco sacerdotes jesuitas asesinados en San Salvador el 16 de noviembre de 1989.

En la víspera de la audiencia, la defensa de Montano, representada por el abogado Óscar Cruz Jr., presentó una segunda moción ante el juez para posponer la presentación de pruebas del fiscal, quien entre otras cosas acusa al militar de haber participado en graves violaciones de los derechos humanos en El Salvador en los 80. Esto, según fuentes cercanas a la acusación, persigue que Montano reciba una pena no mayor de 8 meses, lo cual restaría tiempo para que se tramite la petición española.

Por ahora, y sin tener en cuenta aún el resultado final de la audiencia, este proceso judicial ha abierto ya una ventana desde la que se aprecian datos inéditos o poco conocidos en El Salvador sobre la masacre de la UCA, como el que refleja el documento con cuya imagen abro este post: en ese cable del Departamento de Estado, desclasificado por Washington, la embajada de los Estados Unidos en El Salvador informa a su sede que James McGovern, entonces asistente legislativo de Moakley y actualmente representante por Massachusetts en Washington, conoció muy pronto después de la masacre, de fuentes de alto rango del Gobierno de Alfredo Cristiani, que el alto mando del ejército salvadoreño habían tenido participación en los asesinatos. Vueltas de la historia: el edificio de la corte federal que albergará la audiencia contra Montano lleva, precisamente, el nombre de Joe Moakley.

Fuentes de la acusación consultadas prevén que buena parte de la audiencia de mañana, martes 15 de enero, servirá al juez para determinar asuntos técnicos relacionados con el tiempo máximo de sentencia que se aplicaría a Montano, quien ya se declaró culpable de los delitos migratorios que le imputan. La defensa alega que el militar no tiene antecedentes criminales ni en Estados Unidos ni en El Salvador, por lo que debería aplicársele la pena mínima, 8 meses, algo con lo que coincide el oficial de correcciones del estado. El Gobierno de Estados Unidos, sin embargo, en un gesto poco usual en este tipo de casos, alega que el pasado de Montano no deben medirse por su hoja oficial de antecedentes policiales, sino por su historia de violaciones a los derechos humanos, por lo que, dice el acusador, debe aplicarse la pena máxima de 51 meses.


Mi análisis del caso en inglés, publicado en el sitio web del Center for Democracy in the Americas.

El día que capturaron al Burro

El 17 de febrero de 2011 el Centro de Inteligencia Policial retuvo por unas horas a Roberto Antonio Herrera Hernández, de alias El Burro, uno de los líderes del Cartel de Texis. La Policía, entonces, se amparó en una vieja orden de interpol que reclamaba al supuesto narcotraficante por delitos cometidos en Estados Unidos. A continuación el relato, y las fotos, de lo que sucedió aquel día, basado en reportes policiales y en entrevistas con tres agentes salvadoreños que estuvieron relacionados con el operativo, de quienes se omite identificación por razones de seguridad.

Roberto Herrera Hernández, de alias El Burro, el 17 de febrero de 2011, en Santa Ana, antes de ser retenido por policías salvadoreños por una vieja orden de interpol que lo reclamaba por delitos cometidos en Estados Unidos.

La imagen del Burro en el retrovisor de su vehículo, durante el seguimiento policial.

“Cuidá al niño y vendé todo lo que tenemos”, dijo el hombre a su esposa por el celular. Era la voz de un hombre “asustado” y “resignado”, según cuenta uno de los agentes de la Policía (el agente 1) que lo custodiaba en el laboratorio de la PNC en San Salvador. Pasaban las 3:30 de la tarde de ese día cuando Roberto Antonio Herrera Hernández, alias el Burro, tomó el teléfono para alertar a su esposa que estaba detenido y que los policías estaban cotejando sus huellas digitales para confirmar si él era la misma persona a quien el FBI buscaba por varios delitos. “Él sabía para donde iba y sabía que si lo mandábamos para el norte de esa no se escapaba. Una cosa es aquí, en El Salvador, donde él a esas alturas ya tenía comprados a un montón de políticos y policías. Otra cosa es en el norte”, relata otro agente salvadoreño que conoció sobre aquella captura (el agente 2).

Antes de salir hacia San Salvador

El operativo empezó en una de las casas de Herrera Hernández, la número 12 de la 7ª. Avenida Norte de Santa Ana, en el occidente salvadoreño, desde temprano, con una unidad de vigilancia que había ubicado el pick-up Toyota verde musgo  placas P235-804, propiedad del Burro, estacionado frente al edificio de una planta, fachada blanca, puertas rojas y ladrillo visto. Cuatro agentes de la inteligencia policial, tres hombres y una mujer, se ubicaron a  unos 50 metros del inmueble a esperar. Ese día, según todo lo planeado, capturarían al Burro Herrera, uno de los principales líderes del narcotráfico salvadoreño al que la PNC llevaba siguiendo al menos un año y quien Estados Unidos conocía por delitos cometidos en Los Ángeles y Houston.

El seguimiento duró casi toda la mañana. Primero, Herrera Hernández fue a una cerrajería, la Industrial, ubicada en la Avenida Independencia de Santa Ana, donde conversó con alguien en el interior del local. Luego se bajó en Lácteos de Texis; ahí dejó su pick-up verde y cargó con forraje para ganado un camioncito blanco Hyundai placas P545-380 con el que salió por el redondel de Metrocentro  hacia San Salvador. Los agentes de inteligencia le seguían de cerca.

En Septiembre de 2009, en un documento de la PNC titulado “Informe estratégico sobre amenazas del narcotráfico en El Salvador”, elaborado a partir de la orden circular número 0009-12-2008, que había girado la Dirección General en tiempos del Comisionado José Luis Tobar Prieto, aparecen varias referencias al Burro Herrera:  “De profesión u oficio ganadero… es el segundo jefe de una estructura de narcotraficantes, solamente detrás de Ortega, el Chele. Se le ha designado como el que controla la parte de Santa Ana y Ahuachapán… Tiene su propia  gente que efectúa los contactos para los envíos de droga, sus principales enlaces están en Jutiapa y Jalapatagua en Guatemala…

“Se conoce que en un tiempo anterior… en programas de televisión… aparecía la foto de este sujeto como uno de los más buscados por el FBI, por tráfico de armas y homicidio. En ese tiempo este sujeto se anduvo escondiendo, pero luego de algún tiempo continúo con actividades ilegales.” Otra referencia sobre el Burro en ese informe.

Herrera Hernández poco después de ser detenido

El periódico digital El Faro de El Salvador es el único medio de comunicación en perfilar a Herrera Hernández, citando tres informes policiales de inteligencia. En un amplio reportaje sobre el Cartel de Texis, una de las estructuras de narcotráfico y lavado de dinero del país, El Faro retrata al Burro Herrera, uno de los líderes de la organización junto a José Adán Salazar Umaña, de alias Chepe Diablo, como un hombre con importantes conexiones en el bajo mundo, en la Policía y en los partidos políticos.

El Burro, dice El Faro, participó el 14 de julio de 2010 en una reunión en la que habló de “apartar” a un oficial de la Policía que se había puesto “pendejo”. Otros documentos de la inteligencia estatal salvadoreña en los que Herrera Hernández aparece perfilado hablan de su papel como líder del narcomenudeo en Santa Ana, pero también de su posible participación en homicidios por ajustes de cuentas en su organización.

Cerca del mediodía de aquel día de febrero de 2011, el Hyundai blanco, con Herrera Hernández al volante y otros dos hombres adentro, abandonó la carretera Santa Ana-San Salvador y tomó la calle a Zapotitán a la altura del cantón Agua Caliente. Minutos después, dos carros se juntaron en esa calle de polvo y grava: el Hyundai y un todoterreno Toyota gris placas P4346. El Burro disminuyó la marcha para intercambiar algunas palabras con el conductor del Toyota, quien a los pocos segundos reemprendió su camino. Desde otro carro, un Hyundai sedán, gris también, los agentes de la Policía observaron el intercambio.

Tras el encuentro con el Toyota Gris, el Burro Herrera vio como el sedán le sobrepasaba sobre la calle de tierra y se detenía frente a él, obligándolo a detenerse. Los cuatro agentes de paisano se identificaron y le anunciaron al Burro que estaba retenido, que lo llevarían a San Salvador para comprobar si sus huellas digitales coincidían con las de un hombre al que los estadounidenses buscaban por crímenes cometidos en el norte.

“Él sabía lo que iba a pasar; sabía que si lo entregábamos a los cheles (autoridades de Estados Unidos) no había forma en que saliera”, recuerda el agente 2. “No se opuso a que lo detuviéramos. Nos dijo que era amigo y nos ofreció colaborar”, relata.

Desde la calle polvosa de Zapotitán salieron varias llamadas a San Salvador cuando Herrera Hernández estaba retenido. El coordinador de la captura llamó a sus superiores para terminar de asegurar qué pasaría cuando el laboratorio policial confirmara que las huellas dactilares del hombre al que acababan de detener, moreno de cabello entrecano y barba recortada al estilo candado, vestido con una camiseta verde musgo, un pantalón de lona celeste, zapatos y cinturón café, eran las del narcotraficante que había empezado controlando el menudeo de droga en el barrio San Lorenzo de Santa Ana y luego se convirtió en el lugarteniente de una de las organizaciones de narcotráfico más grandes de El Salvador, un capo al que también investigaban por el asesinato de cómplices por deudas no pagadas.

Secuencia del momento en que el Burro Herrera es retenido en la zona de Zapotitán.

Un reporte fiscal del 14 de agosto de 2008 da cuenta del asesinato de un distribuidor de droga del barrio San Lorenzo de Santa Ana que la inteligencia policial, en un reporte de septiembre de 2009, atribuye al Burro.  Esa noche, los agentes de la unidad de vida de la fiscalía santaneca llegaron a la escena del crimen a las 9:30. Ahí encontraron el cadáver de un hombre al que luego identificaron como Abel José Rogelio Padilla, de 36 años. Esto es lo que reportaron los agentes: a eso de las 8 y cuarto, dos hombres se bajaron de un automóvil gris en la intersección entre la 9ª. Avenida Norte y 12 Calle Oriente del Barrio Santa Bárbara de Santa Ana y descargaron dos armas de fuego sobre Rogelio Padilla, quien murió por varios impactos de bala en el tórax.

Horas antes, el Burro, según el reporte de inteligencia, había ordenado la muerte de Padilla, uno de los comerciantes de droga de la zona, para cobrar una deuda. Este es el relato del móvil, reconstruido con lo que consta en ese expediente policial: Padilla, deportado de Estados Unidos, trabajaba para la estructura de narcotráfico que manejaba Herrera Hernández. Como otros menuderos de confianza, Padilla, quien llegaba a recibir hasta un kilo de cocaína para surtir mercados en Santa Ana, el occidente y otras zonas del país, acababa de cometer el más grave de los errores en el mundo narco: había fiado un kilo a otro distribuidor y había perdido otros dos kilos, algo que su patrón no podía perdonarle. Por órdenes del Burro, los sicarios, encabezados por alguien a quien la Policía identificó solo como Amintón de Jesús, recibieron “una gran suma de dinero” desde un carro placas P-284421 el mismo día que Abel Padilla fue asesinado.

De regreso al operativo del 17 de febrero, de 2011, el agente 1 recuerda la expectativa que se había generado en torno a lo posibilidad de sacar al Burro de circulación. “Sabíamos que esta era una oportunidad de oro para sacarlo de aquí y realmente golpear a esta estructura. Y lo hablamos con los estadounidenses. La orden de interpol existía… Parecía que teníamos algo ahí”, explica. La respuesta de los norteamericanos, dice, no fue contundente, pero tampoco desalentadora.

Poco antes de las tres de la tarde, el auto en el que viajaban los agentes salvadoreños y el Burro se detuvo en una calle lateral del bulevar Santa Elena, cerca de la Embajada de los Estados Unidos. Ahí, el policía encargado del operativo recibió, de manos de un agregado policial estadounidense un documento con las huellas del hombre al que la justicia de Estados Unidos buscaba.

“Con esto vamos a ir al Laboratorio para confirmar que son tus huellas”, le dijo el agente a Herrera Hernández. “Esa fue la explicación que le di, que estaba retenido en vías de identificación; ese era el procedimiento legal”.

Ya en el laboratorio policial, mientras el Burro esperaba esposado en una salita, los agentes empezaron a recibir llamadas desalentadoras. “Me dijeron que la orden no era suficiente, que era muy vieja… que no servía… que no se lo iban a llevar. Yo le contesté a uno de ellos: ‘sabés que lo que este hombre hace es trabajar aquí para envenenar adolescentes allá en Estados Unidos con la droga que pasa. Nos jodemos nosotros pero se joden ustedes también…’, pero no hubo tales. No fue ese el día del Burro”.

Cuando el agente 1 le dijo a Herrera Hernández que era libre recibió una sonrisa a cambio. Una sonrisa de alivio. “Me lo llevé a la delegación de Santa Ana y ahí levantamos un acta cuando se lo entregamos a la esposa”.

Otro agente salvaderoño, el 3, accede a corroborar el operativo del 7 de febrero de 2011. La conversación con este hombre, quien fue consultor en la PNC y colabora con la DEA, solo es posible a través del chat de un Blackberry (“Es más difícil que los piquen –intervengan-“, explica): 

-          ¿Usted recuerda ese operativo? 

-          Sí, fue una retención, pero el Burro salió bien. 

-          ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo agarró la DEA o el FBI?

-           La orden estaba prescrita, ya no servía para llevarlo. 

El día del operativo fallido, al despedirse de los policías que lo habían retenido, Roberto Antonio Herrera Hernández, solo dijo: “Cualquier cosa que necesiten, búsquenme, estoy a sus órdenes”.