Un diputado más...

La Asamblea Legislativa de El Salvador se dispone a elegir a un nuevo fiscal general de la república. El reto más importante de quien tome posesión será, sin duda y a pesar de la timidez con que el tema sigue apareciendo en la opinión pública salvadoreña, el crimen organizado. Los anillos de narcotráfico del Cartel de Texis en el Noroccidente, de Los Perrones y grupos derivados en el oriente y de las organizaciones de lavado y tráfico de armas en San Salvador y la Nueva Concepción deberían ser prioridades. Este fiscal contará con una herramienta muy importante, el centro de escuchas telefónicas, que hasta ahora apenas empieza a despegar después de mil atrasos en su instalación. Repito, la Asamblea Legislativa elegirá al fiscal general; por ese recinto, el del Legislativo, ya ha caminado, se ha sentado y se ha pulido el crimen organizado. Este post es solo un pequeño recordatorio de esas relaciones.


Wilber Rivera, diputado por la coalición de Conciliación Nacional y PES, suplente de Reynaldo Cardoza y sujeto a una petición de antejuicio hecha por la Fiscalía salvadoreña tras un incidente que involucra un intercambio de disparos, ha sido investigado por la inteligencia policial en relación con estructuras de crimen organizado. El nombre de este legislador chalateco se une al de otros dos diputados que, en los últimos diez años, dejaron en evidencia la porosidad de la Asamblea Legislativa salvadoreña ante la infiltración del crimen. Wilber Rivera, si las sospechas plasmadas en los informes policiales son ciertas, unirá su nombre a los de Roberto Carlos Silva Pereira y William Eliú Martínez. El segundo, preso y condenado en Washington, DC, por tráfico de drogas; el primero, preso en una cárcel de Arizona por delitos migratorios, aunque la información de inteligencia estadounidense, salvadoreña y guatemalteca es suficiente para determinar una duda razonable sobre la participación de Silva en la estructura de narcotráfico conocida como Los Perrones.

Wilber Rivera

 Silva y Martínez, agentes del narcotráfico que utilizaron la política apadrinados por miembros prominentes de partidos como ARENA, el PCN o el extinto PAN, se valieron de su inmunidad para llevar adelante sus negocios ilícitos; el primero acusado de lavar dinero, el segundo condenado por mover 36 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Hay, en la historia latinoamericana, varios precedentes sobre el maridaje entre política y crimen organizado, un guión de terror que tiene los mismos ingredientes de protección política, corrupción e impunidad.

Dice elfaro.net sobre las investigaciones en las que aparece mencionado Rivera:  “Wilber Alexander Rivera Monge es conocido como Hilander (sic), tiene antecedentes judiciales por lesiones de fecha 07MAR87”. Luego, en la nota, el periódico hace referencia a la relación de Rivera con el diputado Reynaldo Cardoza, a quien una investigación del medio vincula con el Cartel de Texis. Cardoza es un diputado propietario; Wilber Rivera es un suplente, igual que lo fue Silva.

El asunto, insisto, no es baladí: esos diputados forman y formaron parte del cuerpo que elige, entre otros, al Fiscal General de la República, el encargado por Constitución de investigar el delito. Dentro de poco, esa discusión volverá a abrirse en El Salvador, con todo lo que eso implica.

La protección a Silva Pereira.

Roberto Carlos Silva Pereira

El diputado del PCN ya estaba en los informes clasificados y en los mapas del crimen organizado que las agencias policiales estadounidenses tenían sobre Centro América a mediados de la década pasada. En 2005, una mesa interdisciplinaria del Gobierno salvadoreño –que incluyó a Policía, a los ministerios de Seguridad y Hacienda, a la Fiscalía y a la DEA de Estados Unidos– había identificado transacciones millonarias que el legislador había hecho desde sucursales bancarias de Usulután sin mayores explicaciones.

Uno de los ministros del ex Presidente Antonio Saca, el mismo que me reveló cómo la infiltración del crimen organizado en la Policía hizo fracasar un operativo de captura en contra del narcotraficante Chepe Luna en 2005, me contó sobre las primeras sospechas en torno a Silva Pereira:

-          “Después de lo del fracaso de Chepe Luna la mesa se redujo a su mínima expresión. Nos quedamos solo a nivel de ministerios, sin la Policía ni la Fiscalía, concentrados en temas de evasión, delitos relacionados al contrabando, elusión. Parte de los informes que recibíamos también daban cuenta de transacciones de dinero irregulares, o más bien, que saltaban a la vista por no ser comunes. Así fue como recibí un reporte sobre Silva Pereira, que entonces ya era diputado, y si no me equivoco iba para su reelección”. 

El ministro no se equivocaba: a finales de 2005, Silva Pereira se preparaba para la campaña electoral de cara las legislativas de 2006, en las que correría, otra vez, como suplente del pecenista Elizardo González Lovo por La Unión. Antes de esa elección, ya el Gobierno de Saca tenía noticia del legislador.

-       "Llegó a mis manos un informe en el que decía que esta persona había movido 800,000 dólares desde una sucursal pequeña en Usulután. Eso no era común. No es común. Avisamos…”

-         - ¿A quién avisó?

-        -   A Capres (Casa Presidencial).

-         -  ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron?

-          - Nada. El señor se reeligió. Y ya ves todo lo que pasó después.

Partes de lo que pasó después se ha contado en la prensa salvadoreña. La Prensa Gráfica reportó ampliamente sobre la relación de Silva Pereira con el lavado de dinero y con la banda Los Perrones; y El Faro reveló la impactante conversación telefónica en que el otrora hombre fuerte del partido ARENA en San Salvador, Adolfo Tórrez, le pedía medio millón de dólares para interceder a su favor en tribunales y fiscalía; en pocas palabras, para comprar voluntades. Tórrez, según una resolución a la que la Fiscalía llegó en tiempo récord, se suicidó poco después de que Mauricio Funes juramentó como Presidente de la República. Muchos de los allegados del otrora hombre fuerte de ARENA en San Salvador, sin embargo, dudan del suicidio y apuntan a que Tórrez fue asesinado. Aquel año, 2009, escribí una larga crónica sobre las últimas horas del “Chele”. 

Roberto Carlos Silva Pereira se le había escapado a la policía salvadoreña en enero de 2007, dos meses después de que la Asamblea Legislativa lo desaforó. O mejor: el diputado suplente salió de su casa, resguardada por la policía, y nunca volvió. Sobre él pesaba una petición de antejuicio relacionada con corrupción y negocios ilícitos que vinculaban a un par de docenas de alcaldes de todos los partidos políticos en El Salvador. Silva se fue sin documentos a Estados Unidos, donde autoridades migratorias lo capturaron. Hasta hoy, sigue preso en Arizona. Su destino legal sigue siendo incierto: Estados Unidos ha decidido no deportarlo igual que a miles de salvadoreños indocumentados que viajan a diario en vuelos fletados de regreso a Comalapa. Tampoco ha avanzado la extradición solicitada por la justicia salvadoreña.