Columna publicada el 9 de octubre 2012 en elfaro.net
Una cifra vale para
iniciar este argumento: por El Salvador pasaron, en 2011, hasta 11
toneladas de cocaína según los datos públicos más recientes de
diversas agencias estadounidenses. Once toneladas. De esas, según
los datos que manejan entre otras oficinas el Comando Sur del
Ejército de Estados Unidos, al menos una se queda en territorio
salvadoreño. El reporte público más reciente de la PNC habla de
decomisos que no llegan a la tonelada. Matemática y lógica
simples; pregunta simple: ¿qué pasa con las otras 9-10 toneladas
que no son decomisadas o se quedan para el mercado local? La
respuesta, simple también: esa droga es la que usa la porción
salvadoreña del corredor centroamericano del narcotráfico, que en
2011 movió al menos 554 toneladas desde Suramérica hacia Estados
Unidos, México y Europa. Esa droga es la que administran los
narcotraficantes salvadoreños a través de diversas organizaciones,
como la de Los Perrones o el Cartel de Texis. Esa droga, y el dinero
asociado a ella, es el que ya infiltró al Estado salvadoreño, a su
Policía, a su Ejército, a su Asamblea Legislativa, a su sistema
judicial.
Así 2011. Algo ha
cambiado en 2012 y, con seguridad, marcará tendencias en 2013: la
Operación Martillo que el Comando Sur y la DEA llevan a cabo en
Guatemala y Honduras. Martillo sigue, en esencia, el mismo guión
escrito por Estados Unidos desde los días del Plan Colombia, que
consiste en vigilancia aérea estadounidense e intercambio de
inteligencia en el terreno entre la DEA y las fuerzas locales
antinarcóticos con el fin último de detener el flujo masivo de
droga hacia el norte. Clave, aquí, es la palabra masivo: a Estados
Unidos le importa bloquear los flujos grandes, no lo que queda
esparcido en la ruta.
Las críticas más
importantes a este modelo -cada vez más explícitas en la opinión
pública continental, incluso en EUA- es que los decomisos siguen sin
impactar el flujo global en forma significativa, que el control del
consumo en el mercado estadounidense es deficiente, que el modelo
privilegia la interdicción y nunca ha atendido los efectos de
infiltración en estados nacionales débiles como los
centroamericanos y que, a la postre, la vigilancia segmentada de
cualesquiera sean las rutas privilegiadas de tráfico en un momento
determinado nunca es suficiente para evitar el llamado efecto globo,
o lo que el profesor Bruce Bagley, de la Universidad de Miami, llama
efecto cucaracha: “La fragmentación y dispersión de grupos de
crimen organizado a lo largo de países y subregiones”; es decir,
cada vez que se limpia una ruta, las cucarachas salen en busca de un
nuevo hábitat, uno que reúna suficientes condiciones de suciedad,
corrupción, debilidad estatal y paso libre, uno que les permita
funcionar sin problemas.
No es arriesgado
prever que, en el caso de El Salvador, ante la presión que Martillo
ya empieza a ejercer en el Pacífico guatemalteco y al Atlántico
hondureño, las cucarachas se moverán hacia nuevas zonas de confort,
en este caso, hacia la esquina noroccidental que controla el Cartel
de Texis, y hacia el litoral oriente, desde el Golfo de Fonseca hasta
el estero de Jaltepeque, que siguen controlando miembros de la
recompuesta banda Los Perrones.
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| Reportaje sobre Los Perrones publicado en La Prensa Gráfica |
Todas las
condiciones para que Texis, Perrones y otros grupos subsidiarios de
traficantes que proveen armas, logística, medios para lavar dinero y
vigilancia crezcan están ya ahí. Texis opera, por ejemplo, gracias
a la escasa vigilancia policial y militar en su zona de operación,
según lo reveló El Faro en dos entregas este año, y gracias a la
connivencia de mandos policiales. Así, con protección policial y de
algunos miembros de la Fuerza Armada, que les proporcionaron
inteligencia y contravigilancia, crecieron Los Perrones hace una
década. Hasta ahora, a pesar de varias denuncias públicas, pistas
proporcionadas por la misma inteligencia policial y estatal, e
intentos infructuosos de investigación administrativa, ningún
oficial de la PNC o de la Fuerza Naval está preso por esa
complicidad. Cuando, en agosto pasado, el Inspector General de la PNC
cerró todos los expedientes abiertos contra oficiales de la Policía
sospechosos de colaborar con el narcotráfico, con argumentos vagos e
incluso contradictorios, abrió un poco más la puerta a la
impunidad, y dejo claro, una vez más, que en El Salvador ellos, los
narcos, pueden hacer.
La respuesta del
Estado salvadoreño siempre ha sido débil. Desde que a finales de
2008, bajo la orden circular número 0009-12-2008, la Dirección de
la PNC pidió un análisis estratégico sobre las amenazas del
narcotráfico en El Salvador, ha habido persecuciones selectivas,
motivadas más bien por intentos de extorsión desde el poder
político a los narcotraficantes que por un afán real de cerrar las
rutas. En estos últimos cuatro años las organizaciones de narcos
más bien han crecido. Además de la recomposición de Los Perrones
tras las capturas de Reynerio Flores y Juan María Medrano, y del
surgimiento de Texis como una organización sofisticada que terminó
de abrir la ruta del noroccidente y creó una poderosa microeconomía
hotelera, agrícola incluso futbolística en el occidente, en 2009 se
consolidó la colaboración entre esas dos organizaciones y otros
grupos a través de intermediarios asentados en San Salvador (un
pequeño pero poderoso cartel al que la inteligencia policial llama
Maoo desde 2009).
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| Extracto de informe de inteligencia sobre estructuras ligadas al Cartel de Texis |
El elefante del
narcotráfico está aquí, sin duda, aunque el cálculo electoral o
la llana connivencia sigue haciendo que el estado y los liderazgos
políticos traten de ignorarlo, de hacerlo invisible. Ya, incluso,
hay importantes dudas sobre el papel de estos grupos de crimen
organizado en el financiamiento de campañas políticas debido a
casos como los de la alcaldía de Pasaquina o los de los cuatro
diputados presos o investigados por sus vínculos con el
narcotráfico. Pero no hay investigaciones abiertas, ni leyes para
transparentar gastos de campañas electorales, ni depuraciones
institucionales; nada para evitar el crecimiento del elefante y el
desfile de cucarachas. Las que si pasaron por El Salvador en 2011,
según los datos de Estados Unidos, fueron entre 9 y 10 toneladas de
cocaína.
*Investigador
Asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American
University. Washington, DC.
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