"¿Por qué permitió que las atrocidades siguieran?"

Por primera vez un militar salvadoreño aceptó en un tribunal la responsabilidad del alto mando del ejército en masacres, asesinatos y violaciones a los derechos humanos cometidos en los primeros años de la guerra civil. En un intenso intercambio con el juez Michael Horn, el general José Guillermo García reconoció que era su responsabilidad evitar esos crímenes, pero, dijo, aceptar eso no implica que él sea culpable. El juez le respondió que determinar eso era atribución de la corte. García también aceptó que fue el batallón Atlacatl el autor de la masacre de El Mozote. Horn le preguntó: "Cómo puede ser que después de toda la evidencia que DHS ha presentado de que esas atrocidades existían, y que eran continuas y numerosas... ¿cómo pudo permitir que esto pasara?"

El juez de migración hizo el miércoles en Miami, al cierre de la audiencia de deportación contra el general salvadoreño, lo que el DHS no había hecho el día anterior: interrogar de frente al militar sobre la responsabilidad en los crímenes que le atribuye el Gobierno de los Estados Unidos.

El intercambio entre Horn y García, según el recuento de una abogada presente en la audiencia, marcó el momento más dramático del juicio entero -y acaso de las revelaciones históricas que están ocurriendo en este proceso y en el que se sigue en Boston al coronel Inocente Orlando Montano por la masacre de los jesuitas. "Por primera vez un militar de este rango dice que sí sabía, que tenía responsabilidad y que el ejército estuvo involucrado en esto", dice la abogada. García, en otros juicios, había negado y se había limitado a decir que no sabía.

En el día final de juicio, el general admitió abiertamente algo que las Fuerza Armadas negaron sistemáticamente durante 22 años. "En su testimonio sobre El Mozote -relata Patty Blum, abogada del Centro para la Justicia y la Responsabilidad, presente en la corte de Miami-, García dio una respuesta sorprendente. Dijo que el crimen había sido ejecutado por el batallón Atlacatl, entrenado por los Estados Unidos... dijo que esto le había traído serios problemas con los miembros de ese batallón y el jefe del grupo militar de Estados Unidos en El Salvador".



Ya el martes, durante un cruce de preguntas y respuestas con su defensora, la abogada Alina Cruz, García había aceptado que sabía de los excesos del ejército "porque era algo de conocimiento público que no podía negarse". Ayer admitió que su cargo, el de Ministro de Defensa, le confería la responsabilidad de evitar esos abusos, pero, alegó García, no pudo hacer nada porque el ejército estaba muy dividido.

En un reporte sobre la audiencia del martes, la abogada Blum, recogió la versión de la testigo experta del Gobierno, la profesora de Stanford Terry Karl, sobre el rol de García en el ejército salvadoreño. "Leyendo un documento desclasificado del Gobierno de los Estados Unidos que contiene información biográfica sobre García (un formato de documento de inteligencia usado con frecuencia), decía que García era considerado, en efecto, como el poder tras el trono". Karl, escribe Blum, enfatizó que el general tenía suficiente poder para transferir personal militar fuera del país, ordenar investigaciones y castigar a los abusadores.

"Lo que le preocupa a esta corte es que esta situación de abusos siguió y parece que usted falló en sus responsabilidades; no hizo lo que un militar respetuoso de la ley debe hacer para servir a su patria y a su pueblo."

 Juez Michael Horn.

El miércoles, al escuchar de boca de García el alegato de que sus manos estaban atadas, Horn, según el recuento de Blum, insistió :

- "¿Me está diciendo que falló en sus responsabilidades como Ministro de Defensa?", preguntó el juez. Fue entonces cuando García admitió que se le podía atribuir responsabilidad en los abusos, pero que declinaba ser culpable.

En otro momento del interrogatorio, Horn dijo:

- "Lo que le preocupa a esta corte es que esta situación de abusos siguió y parece que usted falló en sus responsabilidades; no hizo lo que un militar respetuoso de la ley debe hacer para servir a su patria y a su pueblo. Si sentía que no podía hacer su trabajo por qué no renunció, ¿por qué pemitió que esto siguiera cuando conocía de las atrocidades del ejército contra la población civil?"

El general confrontó al juez, le dijo que había tratado de renunciar tres veces pero su renuncia no había sido aceptada. "No me hable de formalidades. Usted era un hombre con poder que hacía lo que quería, si quería irse no necesitaba el permiso de nadie", respondió Horn.

El interrogatorio directo de un juez a un acusado no es algo común en una corte migratoria, según dos abogadas consultadas. Tampoco lo es que el Gobierno, en este caso representado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), desaproveche la oportunidad de cuestionar directamente al acusado, sobre todo en un caso como este en que fue DHS en Washington el que pidió al juez migratorio que deportara a García por su presunta participación en crímenes contemplados en la Ley contra la tortura.

Fue la abogada de García quien, al final de una jornada dramática marcada por el emotivo testimonio de la hija del general, Ana Carolina Montoya, decidió llamar a su cliente de nuevo al banquillo de los testigos. Al poco tiempo de iniciado el interrogatorio, García pidió la palabra para decir al juez que, en realidad, no quería contestar más preguntas. La abogada Cruz desistió. Horn, sin embargo, dijo que aprovecharía al general para solventar algunas dudas.

"El juez hizo lo que DHS, por razones que no entiendo, no había hecho, que era hacer preguntas agudas al acusado", interpretó una abogada. "Que el juez haya decidido interrogar es quizá un mensaje de que se quedó con muchas dudas y consideró insuficiente lo que había hecho DHS".

Horn adelantó, antes de cerrar la audiencia, que aún no ha tomado su decisión y que podrían pasar incluso meses antes que lo haga y lo comunique. Por ahora, fijo el 3 de junio como fecha límite para que las partes le hagan llegar sus alegatos finales; después de eso, Gobierno y defensora tendrán hasta el 5 de julio para contestar los alegatos del otro. Será hasta después de eso que Michael Horn comunicará su decisión final por escrito.

El periódico El Nuevo Herald, en una nota subida ayer a su sitio web, consideró: "(el juez) dio a entender el miércoles, a través del tono de sus preguntas a García, que por ahora se inclinaba posiblemente a ordenar la expulsión porque había determinado que  el general tenía responsabilidad de evitar los abusos y no lo hizo".

La última batalla del general García

Antropóloga en las exhumaciones en El Mozote

El general José Guillermo García (al centro), tomada de la página de CJA

José Guillermo García volvió a una corte de la Florida ayer a esperar que el juez Michael Horn decida si lo deporta a El Salvador. El general se encuentra al final de un largo camino legal que inició en 2002, cuando tres víctimas salvadoreñas lo demandaron ante la justicia estadounidense, bajo el precepto legal de la cadena de mando, como responsable último de torturas recibidas a manos de miembros de los cuerpos de seguridad. Tras ser encontrado culpable en 2002, perder la apelación ante un tribunal superior en 2006 y ser sometido a un juicio de deportación por fraude migratorio tras la presión política ejercida por dos senadores, un demócrata y un republicano, García está a punto de ser el primer militar salvadoreño expulsado de suelo estadounidense por la aplicación de la Ley para la protección de víctimas de tortura y luego que la administración Obama pusiera en marcha una política de poca tolerancia contra violadores de derechos humanos presentes en Estados Unidos. Este juicio, como el que se sigue al coronel Inocente Orlando Montano en Boston por la masacre de los jesuitas de la UCA, se ha convertido en un escaparate de la historia reciente de El Salvador y de los Estados Unidos.

El lunes 25 de febrero, la profesora de Stanford Terry Karl, testigo experta de la acusación, se sometió al contra interrogatorio de la defensa de García, dirigido por la abogada Alina Cruz.

El 14 de diciembre de 2012, Karl había descrito ante el tribunal de Miami las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas de El Salvador durante el periodo en que García fue ministro de Defensa, entre octubre de 1979 y abril de 1983. La catedrática destacó la participación del ejército en la masacre del Mozote, y los cerca de 30,000 asesinatos extrajudiciales ocurridos en El Salvador durante aquellos años.

Para respaldar su conclusión de que García supo de todas esas violaciones, Karl expuso, en diciembre pasado, siete argumentos: 1. García era la persona más poderosa en El Salvador en aquellos años, 2. El ejército salvadoreño estaba involucrado en ataques sistemáticos contra civiles, 3. García controlaba al ejército, 4. García dirigía políticas de terror estatal, 5. Las acciones de García como Ministro de la Defensa deben interpretarse como connivencia -Karl lo llamó luz verde- con abusos a los derechos humanos, 6. García protegió y apoyó a conocidos violadores de los derechos humanos, lo cual alentaba la impunidad de los oficiales, 7. García negaba sistemáticamente que hubiese violaciones a los derechos humanos, incluso cuando oficiales estadounidenses le proporcionaban evidencia de las mismas.

En aquella audiencia, según un boletín informativo del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, en inglés), Karl "evocó la memoria de las mil personas que fueron asesinadas (en El Mozote), incluidos 250 niños cuyos cuerpos fueron descubiertos tras exhumaciones en el sitio de la masacre. La catedrática mostró a la corte documentos desclasificados de los Estados Unidos en los que García se refería a la masacre como una novela o un cuento de hadas, mera 'propaganda Marxista-Leninista' ".

El lunes, la defensa tuvo su oportunidad para cuestionar la credibilidad del testimonio de Karl. El principal argumento de la abogada Alina Cruz fue que el Presidente y en general el Ejecutivo de los Estados Unidos habían sometido al Congreso, como parte del proceso para que los legisladores en Washington aprobaran ayuda financiera y militar a El Salvador, la "certificación" de que las Fuerzas Armadas salvadoreñas habían mejorado su récord de derechos humanos. Cruz insistió ante Karl que la Casa Blanca había certificado a García, incluso dos veces en un año; la abogada ofreció un documento de certificación fechado en enero de 1983 como prueba ante la corte.

A eso, Karl respondió que en 1993, tras la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a la guerra civil salvadoreña y la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, el Departamento de Estado en Washington sometió a un riguroso escrutinio todo el proceso de certificación. Además, la experta señaló que tras la revisión de miles de documentos oficiales de Estados Unidos desclasificados llegó a la conclusión que funcionarios estadounidenses que conocieron de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército salvadoreño "fallaron" al no incluir esa información en sus reportes.

Sobre El Mozote, Alina Cruz preguntó a Karl si no era posible que García hubiese negado la masacre por no contar, en su momento, con información de inteligencia contundente. Karl dijo que eso era imposible. La defensora también preguntó si no era posible que los autores de la masacre hayan sido las fuerzas guerrilleras o soldados descarriados. Karl respondió lo mismo: no era posible.

Al final, el juez Horn pidió a la experta que opinara si estaba familiarizada con la definición legal de tortura a la que se refirió el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) cuando dijo que García había "ordenado, incitado, asistido o participado de alguna otra forma en actos de tortura". La respuesta: "García, de forma consciente, se hizo el ciego ante la tortura, promovió y protegió a conocidos torturadores o a sus comandantes y sabía que sus subordinados practicaban la tortura cotidianamente". Era, dijo Karl, una organización vertical de la que García era el centro.

Abogados de la acusación explicaron ayer por teléfono que el juez podría tomarse aún un periodo considerable de tiempo -incluso meses- antes de decidir si deporta a José Guillermo García.

Enlaces de interés sobre el Caso Montano, los antecedentes del juicio contra García y la decisión estadounidense de repatriar a violadores de Derechos Humanos.