La última batalla del general García

Antropóloga en las exhumaciones en El Mozote

El general José Guillermo García (al centro), tomada de la página de CJA

José Guillermo García volvió a una corte de la Florida ayer a esperar que el juez Michael Horn decida si lo deporta a El Salvador. El general se encuentra al final de un largo camino legal que inició en 2002, cuando tres víctimas salvadoreñas lo demandaron ante la justicia estadounidense, bajo el precepto legal de la cadena de mando, como responsable último de torturas recibidas a manos de miembros de los cuerpos de seguridad. Tras ser encontrado culpable en 2002, perder la apelación ante un tribunal superior en 2006 y ser sometido a un juicio de deportación por fraude migratorio tras la presión política ejercida por dos senadores, un demócrata y un republicano, García está a punto de ser el primer militar salvadoreño expulsado de suelo estadounidense por la aplicación de la Ley para la protección de víctimas de tortura y luego que la administración Obama pusiera en marcha una política de poca tolerancia contra violadores de derechos humanos presentes en Estados Unidos. Este juicio, como el que se sigue al coronel Inocente Orlando Montano en Boston por la masacre de los jesuitas de la UCA, se ha convertido en un escaparate de la historia reciente de El Salvador y de los Estados Unidos.

El lunes 25 de febrero, la profesora de Stanford Terry Karl, testigo experta de la acusación, se sometió al contra interrogatorio de la defensa de García, dirigido por la abogada Alina Cruz.

El 14 de diciembre de 2012, Karl había descrito ante el tribunal de Miami las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas de El Salvador durante el periodo en que García fue ministro de Defensa, entre octubre de 1979 y abril de 1983. La catedrática destacó la participación del ejército en la masacre del Mozote, y los cerca de 30,000 asesinatos extrajudiciales ocurridos en El Salvador durante aquellos años.

Para respaldar su conclusión de que García supo de todas esas violaciones, Karl expuso, en diciembre pasado, siete argumentos: 1. García era la persona más poderosa en El Salvador en aquellos años, 2. El ejército salvadoreño estaba involucrado en ataques sistemáticos contra civiles, 3. García controlaba al ejército, 4. García dirigía políticas de terror estatal, 5. Las acciones de García como Ministro de la Defensa deben interpretarse como connivencia -Karl lo llamó luz verde- con abusos a los derechos humanos, 6. García protegió y apoyó a conocidos violadores de los derechos humanos, lo cual alentaba la impunidad de los oficiales, 7. García negaba sistemáticamente que hubiese violaciones a los derechos humanos, incluso cuando oficiales estadounidenses le proporcionaban evidencia de las mismas.

En aquella audiencia, según un boletín informativo del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, en inglés), Karl "evocó la memoria de las mil personas que fueron asesinadas (en El Mozote), incluidos 250 niños cuyos cuerpos fueron descubiertos tras exhumaciones en el sitio de la masacre. La catedrática mostró a la corte documentos desclasificados de los Estados Unidos en los que García se refería a la masacre como una novela o un cuento de hadas, mera 'propaganda Marxista-Leninista' ".

El lunes, la defensa tuvo su oportunidad para cuestionar la credibilidad del testimonio de Karl. El principal argumento de la abogada Alina Cruz fue que el Presidente y en general el Ejecutivo de los Estados Unidos habían sometido al Congreso, como parte del proceso para que los legisladores en Washington aprobaran ayuda financiera y militar a El Salvador, la "certificación" de que las Fuerzas Armadas salvadoreñas habían mejorado su récord de derechos humanos. Cruz insistió ante Karl que la Casa Blanca había certificado a García, incluso dos veces en un año; la abogada ofreció un documento de certificación fechado en enero de 1983 como prueba ante la corte.

A eso, Karl respondió que en 1993, tras la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a la guerra civil salvadoreña y la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, el Departamento de Estado en Washington sometió a un riguroso escrutinio todo el proceso de certificación. Además, la experta señaló que tras la revisión de miles de documentos oficiales de Estados Unidos desclasificados llegó a la conclusión que funcionarios estadounidenses que conocieron de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército salvadoreño "fallaron" al no incluir esa información en sus reportes.

Sobre El Mozote, Alina Cruz preguntó a Karl si no era posible que García hubiese negado la masacre por no contar, en su momento, con información de inteligencia contundente. Karl dijo que eso era imposible. La defensora también preguntó si no era posible que los autores de la masacre hayan sido las fuerzas guerrilleras o soldados descarriados. Karl respondió lo mismo: no era posible.

Al final, el juez Horn pidió a la experta que opinara si estaba familiarizada con la definición legal de tortura a la que se refirió el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) cuando dijo que García había "ordenado, incitado, asistido o participado de alguna otra forma en actos de tortura". La respuesta: "García, de forma consciente, se hizo el ciego ante la tortura, promovió y protegió a conocidos torturadores o a sus comandantes y sabía que sus subordinados practicaban la tortura cotidianamente". Era, dijo Karl, una organización vertical de la que García era el centro.

Abogados de la acusación explicaron ayer por teléfono que el juez podría tomarse aún un periodo considerable de tiempo -incluso meses- antes de decidir si deporta a José Guillermo García.

Enlaces de interés sobre el Caso Montano, los antecedentes del juicio contra García y la decisión estadounidense de repatriar a violadores de Derechos Humanos.