"¿Por qué permitió que las atrocidades siguieran?"

Por primera vez un militar salvadoreño aceptó en un tribunal la responsabilidad del alto mando del ejército en masacres, asesinatos y violaciones a los derechos humanos cometidos en los primeros años de la guerra civil. En un intenso intercambio con el juez Michael Horn, el general José Guillermo García reconoció que era su responsabilidad evitar esos crímenes, pero, dijo, aceptar eso no implica que él sea culpable. El juez le respondió que determinar eso era atribución de la corte. García también aceptó que fue el batallón Atlacatl el autor de la masacre de El Mozote. Horn le preguntó: "Cómo puede ser que después de toda la evidencia que DHS ha presentado de que esas atrocidades existían, y que eran continuas y numerosas... ¿cómo pudo permitir que esto pasara?"

El juez de migración hizo el miércoles en Miami, al cierre de la audiencia de deportación contra el general salvadoreño, lo que el DHS no había hecho el día anterior: interrogar de frente al militar sobre la responsabilidad en los crímenes que le atribuye el Gobierno de los Estados Unidos.

El intercambio entre Horn y García, según el recuento de una abogada presente en la audiencia, marcó el momento más dramático del juicio entero -y acaso de las revelaciones históricas que están ocurriendo en este proceso y en el que se sigue en Boston al coronel Inocente Orlando Montano por la masacre de los jesuitas. "Por primera vez un militar de este rango dice que sí sabía, que tenía responsabilidad y que el ejército estuvo involucrado en esto", dice la abogada. García, en otros juicios, había negado y se había limitado a decir que no sabía.

En el día final de juicio, el general admitió abiertamente algo que las Fuerza Armadas negaron sistemáticamente durante 22 años. "En su testimonio sobre El Mozote -relata Patty Blum, abogada del Centro para la Justicia y la Responsabilidad, presente en la corte de Miami-, García dio una respuesta sorprendente. Dijo que el crimen había sido ejecutado por el batallón Atlacatl, entrenado por los Estados Unidos... dijo que esto le había traído serios problemas con los miembros de ese batallón y el jefe del grupo militar de Estados Unidos en El Salvador".



Ya el martes, durante un cruce de preguntas y respuestas con su defensora, la abogada Alina Cruz, García había aceptado que sabía de los excesos del ejército "porque era algo de conocimiento público que no podía negarse". Ayer admitió que su cargo, el de Ministro de Defensa, le confería la responsabilidad de evitar esos abusos, pero, alegó García, no pudo hacer nada porque el ejército estaba muy dividido.

En un reporte sobre la audiencia del martes, la abogada Blum, recogió la versión de la testigo experta del Gobierno, la profesora de Stanford Terry Karl, sobre el rol de García en el ejército salvadoreño. "Leyendo un documento desclasificado del Gobierno de los Estados Unidos que contiene información biográfica sobre García (un formato de documento de inteligencia usado con frecuencia), decía que García era considerado, en efecto, como el poder tras el trono". Karl, escribe Blum, enfatizó que el general tenía suficiente poder para transferir personal militar fuera del país, ordenar investigaciones y castigar a los abusadores.

"Lo que le preocupa a esta corte es que esta situación de abusos siguió y parece que usted falló en sus responsabilidades; no hizo lo que un militar respetuoso de la ley debe hacer para servir a su patria y a su pueblo."

 Juez Michael Horn.

El miércoles, al escuchar de boca de García el alegato de que sus manos estaban atadas, Horn, según el recuento de Blum, insistió :

- "¿Me está diciendo que falló en sus responsabilidades como Ministro de Defensa?", preguntó el juez. Fue entonces cuando García admitió que se le podía atribuir responsabilidad en los abusos, pero que declinaba ser culpable.

En otro momento del interrogatorio, Horn dijo:

- "Lo que le preocupa a esta corte es que esta situación de abusos siguió y parece que usted falló en sus responsabilidades; no hizo lo que un militar respetuoso de la ley debe hacer para servir a su patria y a su pueblo. Si sentía que no podía hacer su trabajo por qué no renunció, ¿por qué pemitió que esto siguiera cuando conocía de las atrocidades del ejército contra la población civil?"

El general confrontó al juez, le dijo que había tratado de renunciar tres veces pero su renuncia no había sido aceptada. "No me hable de formalidades. Usted era un hombre con poder que hacía lo que quería, si quería irse no necesitaba el permiso de nadie", respondió Horn.

El interrogatorio directo de un juez a un acusado no es algo común en una corte migratoria, según dos abogadas consultadas. Tampoco lo es que el Gobierno, en este caso representado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), desaproveche la oportunidad de cuestionar directamente al acusado, sobre todo en un caso como este en que fue DHS en Washington el que pidió al juez migratorio que deportara a García por su presunta participación en crímenes contemplados en la Ley contra la tortura.

Fue la abogada de García quien, al final de una jornada dramática marcada por el emotivo testimonio de la hija del general, Ana Carolina Montoya, decidió llamar a su cliente de nuevo al banquillo de los testigos. Al poco tiempo de iniciado el interrogatorio, García pidió la palabra para decir al juez que, en realidad, no quería contestar más preguntas. La abogada Cruz desistió. Horn, sin embargo, dijo que aprovecharía al general para solventar algunas dudas.

"El juez hizo lo que DHS, por razones que no entiendo, no había hecho, que era hacer preguntas agudas al acusado", interpretó una abogada. "Que el juez haya decidido interrogar es quizá un mensaje de que se quedó con muchas dudas y consideró insuficiente lo que había hecho DHS".

Horn adelantó, antes de cerrar la audiencia, que aún no ha tomado su decisión y que podrían pasar incluso meses antes que lo haga y lo comunique. Por ahora, fijo el 3 de junio como fecha límite para que las partes le hagan llegar sus alegatos finales; después de eso, Gobierno y defensora tendrán hasta el 5 de julio para contestar los alegatos del otro. Será hasta después de eso que Michael Horn comunicará su decisión final por escrito.

El periódico El Nuevo Herald, en una nota subida ayer a su sitio web, consideró: "(el juez) dio a entender el miércoles, a través del tono de sus preguntas a García, que por ahora se inclinaba posiblemente a ordenar la expulsión porque había determinado que  el general tenía responsabilidad de evitar los abusos y no lo hizo".