El viernes 17 de mayo la Corte Suprema
de Justicia falló que el presidente Mauricio Funes violó la
Constitución salvadoreña al nombrar al general retirado David
Munguía Payés como ministro de Justicia y Seguridad Pública y al
general Francisco Ramón Salinas como director de la Policía
Nacional Civil. La salida de Munguía, el principal gestor de la
tregua entre pandillas, ha generado ansiedad sobre el futuro del
pacto, que en poco más de 13 meses ha provocado una reducción de
41% en la cifra de homicidios.
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| Los generales Francisco Ramón Salinas (izquierda) y David Munguía Payés. Foto tomada de elmundo.com.sv |
Una de las primeras
declaraciones públicas que el general Munguía Payés dio a la
prensa salvadoreña después de jurar en el cargo, en noviembre
de 2011, fue que tenía un plan para reducir los homicidios un 30%.
Los asesores de Funes se pusieron nerviosos: ¿30%? Ningún gabinete
de seguridad había logrado siquiera rozar el 10% en la última
década. Lo que los asesores no sabían, ni la prensa en ese momento,
es que el general tenía un plan.
Cuatro meses
después, el 14 de marzo de 2012 el periódico electrónico El Faro reveló buena parte de ese plan. Los hombres de inteligencia del
general, encabezados por el coronel Simón Alberto Molina Montoya, a
quien Munguía había puesto como segundo en el Organismo de
Inteligencia del Estado (OIE), y Raúl Mijango, un ex guerrillero al
que el nuevo ministro de Seguridad había contratado como asesor
cuando era ministro de Defensa, tenían a punto un pacto que
posibilitaría una tregua entre las pandillas MS y Barrio 18. El
pacto, en corto, consistía en que el estado facilitaría mejores
condiciones carcelarias a los líderes de ambas pandillas para que
estos pasaran a la calle la orden de disminuir los asesinatos.
Fueron, esos, días
difíciles para los periodistas que revelaron el plan. El director de
El Faro, Carlos Dada, incluso denunció en la televisión salvadoreña
que sus reporteros eran objeto de seguimiento. También hubo, según
cuatro fuentes diferentes de la inteligencia estatal y la policía
salvadoreñas, purgas internas en la PNC y la OIE, que incluyeron el
uso de polígrafos, en busca de informantes.
Hubo, al principio,
mucha especulación sobre cuáles eran las condiciones reales del
pacto inicial y cuáles las cesiones reales del Estado; las dudas se
vieron alimentadas por declaraciones encontradas del ministro, e
incluso del mismo presidente, quien pasó casi un año negando la
participación del gobierno en el pacto hasta que, en abril de 2013,
lo hizo suyo y le dio status de política pública incluso ante el
Secretario de Estado de los Estados Unidos cuando vino a Washington
en busca de financiamiento para programas de prevención.
Muchas de las dudas
nunca se resolvieron, pero lo cierto es que el plan del general
funcionó en el tema de homicidios. Con creces. En su correo
institucional de despedida de la PNC, enviado el sábado 18 de mayo,
el general Salinas escribió: “En cuanto a la baja del delito, el
del homicidio cerró el año 2012 con un descenso del 41% en relación
con la cifra del 2011”. Nadie ha podido, hasta ahora, disputar esa
cifra.
También es cierto,
sin embargo, que ni el general Munguía ni el presidente Funes en el
último tramo pudieron explicar con convicción cuál era el camino
para dar sostenibilidad a una tregua que empezó desde la oscuridad.
Y también es cierto que las autoridades terminaron por conceder que
los líderes de las pandillas no incluyeron en el pacto las
extorsiones, uno de los delitos que más afecta a quienes viven en
zonas de alta influencia pandillera.
“Uno
de los efectos más claros en la calle es que ahora los líderes son
autoridades más asentadas, que en algunos casos han sustituido a
cualquier otra autoridad”, explicaba hace unas semanas un
periodista que ha cubierto la tregua y sus efectos en El Salvador.
La salida de
Munguía, el viernes 17, estuvo acompañada más por especulaciones en
torno a la tregua que por reacciones a la causa de su destitución
-que su calidad de militar de carrera le impide, de acuerdo al
análisis de la Corte Suprema, hacerse cargo de la Seguridad Pública
en virtud de lo pactado por el gobierno y el FMLN en el Acuerdo de
Paz de 1992.
Uno de los primeros
en reaccionar fue Mijango, el principal mediador de la tregua. El ex
guerrillero dijo que la resolución de la Corte estaba influenciada
por enemigos del “proceso de paz”, como él siempre le llamó;
que Munguía y Salinas eran “héroes” de la patria; y que
esperaba que Funes nombrara rápido a sucesores que dieran
continuidad a la tregua.
El sábado 18, en una
conferencia convocada en la cárcel y a través de un comunicado de
prensa, las pandillas lamentaron la decisión de la corte y dijeron
que mantendrían la tregua siempre y cuando las nuevas autoridades de
seguridad renovaran los compromisos adquiridos por el general
saliente. En un tono desafiante agregaron que la decisión de los
magistrados “pone en riesgo la seguridad de los salvadoreños”.
Funes, en un programa radial que transmite todos los sábados, dijo que no
comparte la decisión de la Corte, pero que está obligado a
respetarla. Dijo también que le extraña el “tiempo” de la
resolución y que nombrará a los sustitutos de Munguía y Salinas en
los próximos días. Por el momento, en forma interina, el
viceministro de Justicia y Seguridad, Douglas Moreno, asumirá el
despacho de ministro, y el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde,
actual subdirector de la Policía, asumirá como director general.
Los 30 días
previos a la salida de los generales habían sido críticos para la
tregua. El 11 de mayo, la Conferencia Episcopal de El Salvador, que
reúne a todos los obispos católicos del país, hizo público un
comunicado en el que cuestiona la tregua y condena los ataques de las
pandillas a la población, además de distanciarse del proceso. El
documento está firmado por el obispo castrense Fabio Colindres, el
mediador católico al que Munguía acudió para dar credibilidad
luego que otros tres obispos lo habían rechazado. En el último mes,
además, los homicidios habían subido.
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| El presidente Mauricio Funes y el general Munguía Payés en conferencia de prensa explicando la tregua entre pandillas |
El presidente Funes
se enfrenta a una de las decisiones más importantes de su
presidencia. Aunque se resistió al principio en dar a la tregua
estatura de política pública, terminó por hacerlo. El pacto
pandillero es hoy, de hecho, parte central de su discurso y de su
acción pública.
Hoy, con la salida
del ministro que gestó, planificó y ejecutó la tregua, el
presidente deberá, si quiere mantener la baja en los homicidios,
nombrar funcionarios que comulguen con los planes de Munguía y que
tengan, como el general, las líneas de interlocución directas con
el liderazgo pandillero. En pocas palabras: la tregua dio a los
líderes de las maras status de interlocutores del estado y quien
llegue al despacho de seguridad deberá estar de acuerdo con
mantenerles esa calidad para garantizar la baja de homicidios. En ese sentido,
tienen razón quienes aseguran que la tregua depende de las
pandillas.
El plan de Munguía
nunca incluyó la sostenibilidad, y a estas alturas parece demasiado
tarde para pensar en eso, aunque si Funes decide dejar a Moreno en el
cargo, el actual viceministro es el funcionario que mejor conoce las
pocas líneas de financiamiento para prevención que existen en la
actual administración. Solo con un plan agresivo, y financiado, que
permita intervención del estado para la reconstrucción de tejidos
sociales en esos barrios donde las pandillas ya sustituyeron a la
autoridad pública, la tregua pasaría a depender de alguien más que
los líderes en las cárceles. Lo dicho, parece muy tarde para eso,
sobre todo hoy que esos líderes adoptaron ya una pose más agresiva
ante la salida de su interlocutor.
Hay, además, otros
dos elementos a tomar en cuenta. El primero es el ruido electoral:
ante la elección presidencial del próximo año, ya la derecha
política -en la oposición- empieza a aprovechar la inestabilidad
para tratar de sacar raja.
Si la clase
política decide enfrascarse desde sus puestos de poder, como suele,
en la discusión estéril antes que en la proposición de salidas
viables, si el presidente insiste en defender esa tregua que en
principio no reconoció, y por lo mismo no desarrolló en política
de estado viable, y si la oposición se enfrasca en su cómoda
trinchera solo a esperar que la tregua se desmorone, entonces sí
serán El diablito de Hollywood, El sirra, El viejo Lin, El trece y
El chino tres colas quienes decidirán quién vive y quién no.
El segundo elemento
es el silencio que la tregua y el enfoque casi exclusivo de la
discusión sobre seguridad pública en el tema pandillero han creado
alrededor del crimen organizado y el narcotráfico. Todo indica que,
como en los dos periodos presidenciales anteriores, los homicidios y
la violencia homicida que ha generado la batalla entre la MS y el
Barrio 18 ocuparán por completo la atención de este presidente
mientras los operadores del narcotráfico y sus agentes en el estado
salvadoreño operan a sus anchas. Y para el narco, está visto, el
color partidario es lo de menos.
EL POLÉMICO CAMBIO
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| El general David Munguía Payés cuando era ministro de Defensa y Manuel Melgar, su antecesor en el ministerio de Seguridad. Foto tomada de elfaro.net |
El nombramiento del general David Munguía Payés ocurrió luego que,
tras meses de presión por parte de Estados Unidos, Funes aceptó la
renuncia de su primer ministro de Seguridad, el ex guerrillero Manuel
Melgar, a quien Washington acusa de haber participado en el asesinato
de marines en la zona rosa de San Salvador en 1984.
Al aceptar el cargo, Munguía planteó a Funes el nombramiento del
general Francisco Salinas al frente de la Policía y del abogado
Manuel Chacón como viceministro de Justicia y Seguridad. El general
también pidió la cabeza de Eduardo Linares, también ex guerrillero
y director del OIE, y de Rubén Alvarado, del FMLN y director general
de Migración. Chacón fue desechado por su pasado como defensor de
un policía que había asaltado una agencia bancaria a plena luz del
día en 1994, pero se mantuvo como asesor del despacho de Munguía.
Linares y Alvarado fueron destituidos.
El abogado Henry Campos, hasta entonces viceministro, renunció al
poco tiempo. En su lugar, Funes nombró a Douglas Moreno, hasta
entonces director de cárceles.
Tras tres meses de especulación, marcados por protestas provenientes
de la izquierda y de sectores liberales en Washington que veían en
el nombramiento de Munguía una violación a los Acuerdos de Paz,
Funes nombró a Salinas director de la Policía. Con él regresaron a
puestos claves de la PNC oficiales provenientes del ejército, la
mayoría de ellos investigados por diferentes delitos y faltas por la
inspectora general de la Policía, quien también renunció.
Al final, el gabinete de seguridad de la administración Funes quedó,
en efecto, dominada por militares y el FMLN quedó marginado de esa
parte del estado. El viernes pasado fue esa calidad, la de militar de
carrera, la que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia encontró incompatible con los artículos 159 y 168 de la
Constitución de El Salvador, reformada tras la firma del Acuerdo de
Paz de 1992. La parte de ese acuerdo que se refiere a la seguridad
pública dice: “será una institución independiente de la Fuerza
Armada, adscrita al Ministerio del Interior, cuyo fin es resguardar
la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en
el ámbito urbano como en el rural, con estricto apego al respeto a
los derechos humanos y bajo la dirección de autoridades civiles.”
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