La Prensa Gráfica publicó
una serie sobre el paso por El Salvador y Centro América de Joaquín
Archivaldo Guzmán Loera, el Chapo, jefe del Cártel de Sinaloa.
Reproduzco aquí esos textos, con algunas ediciones mías, que, además de
hablar sobre los pasos del Chapo hablan sobre el desarrollo del crimen
organizado en El Salvador y sobre su infiltración en el estado nacional.
Buena parte de esta investigación sirvió de base para mi libro
Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC. (El sitio especializado
InSight Crime ha hecho un excelente resumen de algunos capítulos del
libro en español y en inglés).
La expansión: Sinaloa entra a El Salvador
Los sinaloenses expandieron primero su influencia en Guatemala, a través
de alianzas con las familias Mendoza, los Chamalé y grupos establecidos en
Jutiapa, en la frontera con El Salvador. Un operador de Los Perrones asegura
que el capo guatemalteco conocido como Juan Chamalé sirvió de intermediario
entre la banda salvadoreña, grupos políticos y la gente del Chapo. La sombra de
estos narcos llega también a la masacre de tres diputados salvadoreños en 2007
en Guatemala.
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Los mapas que la inteligencia antinarcóticos estadounidense compartía
con sus homólogas centroamericanas a mediados de la década pasada muestran el
territorio bajo el control del Cártel de
Sinaloa como una inmensa mancha que se extiende desde Tijuana, en la punta
noroccidental de México, pasa por dos tercios de la costa pacífica mexicana, se
adentra a Guatemala, también por el litoral, recorre el Golfo de Fonseca y
luego se traslada hasta el tercio sur del Atlántico hondureño y de ahí llega
hasta la frontera de Panamá con Colombia. En cada país, el jefe del Cartel,
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, tenía socios locales. En El Salvador, los
primeros fueron, según archivos de la División Antinarcotráfico de la PNC, los
fundadores del consorcio conocido como Los Perrones de Oriente.
Desde 2002, apoyada en información que le proveía la Agencia Antidrogas
de Estados Unidos (DEA, en inglés), la DAN seguía la pista en El Salvador a
movimientos de mexicanos asociados con Sinaloa, quienes buscaban, a través de
sus socios guatemaltecos, cabezas de playa que dieran al Cartel acceso a la
Panamericana y a ampliar la ruta marítima.
El radar que Washington había hecho instalar en el Aeropuerto
Internacional era ya funcional en aquellos años, lo que había hecho más difícil
el tránsito por aguas internacionales.
Una de las primeras pistas sobre el ingreso formal de la gente del Chapo
Guzmán a El Salvador llegó a la DAN en septiembre de 2002. Un memo del Centro
de Inteligencia Conjunta Antinarcóticos, firmado por el oficial José Jaime
Cabrera Soriano, cuenta que, poco antes, en Nueva Jersey, el agente Ricardo
Eliézar de la DEA entrevistó a una salvadoreña, Etel Esmeralda Cruz Campos,
quien le dio información sobre una organización que movía droga entre Centro
América y los mercados de cocaína en Nueva York y Maryland.
Dos años antes, Sinaloa había consolidado su presencia en Guatemala,
también a través de socios locales.
La entrada del Chapo había iniciado casi
una década antes.
Mauricio López Bonilla, el ministro de Seguridad de Guatemala, usa una
hoja de papel bond para, con trazos rápidos, resuir la actividad de los
carteles mexicanos en su país. La incursión de Sinaloa en los 90 siguió la traza natural de la
geografía que el Cartel controlaba en México: la costa del Pacífico. Durante
toda la década y los años 2000, la gente del Chapo afianzó en Guatemala
alianzas con el grupo liderado por Juan “Chamalé” Ortiz López, que ejercía
control en San Marcos y Quezaltenango; con los Mendoza, que controlaban Izabal
y la entrada al Atlántico y al extremo noroeste de Honduras; y con
organizaciones más pequeñas en Jutiapa.
Cada organización controlaba una ruta de cocaína. Las que gerenciaban
“Chamalé” y la gente de Jutiapa tenían, para el inicio de 2000 contactos
directos con transportistas en El Salvador. Para 2008, según un ex miembro de
Los Perrones entrevistado en varias ocasiones entre 2012 y 2013, miembros de la
banda salvadoreña viajaban a una hacienda de “Chamalé” Ortiz en San Marcos. Agentes
de inteligencia policial en Guatemala confirmaron esos contactos.
Entre 2006 y 2008, Los Zetas también empezaron a buscar plaza en
Guatemala. Este último grupo es una en escisión del Cártel del Golfo, otra de
las grandes organizaciones criminales
mexicanas, aliada de Sinaloa.
Copia de cable desclasificado de Estados Unidos sobre el caso PARLACEN, que dejó al descubierto relaciones entre narcos guatemaltecos y salvadoreños.
La red se expande
A principios de2002, el Chapo mandaba emisarios de avanzada a El
Salvador para ampliar sus rutas. En enero de ese año ingresó a territorio
salvadoreño el colombiano Gustavo Gil Becerra, a quien la DAN y la DEA habían
perfilado como intermediario entre proveedores colombianos y distribuidores
mexicanos. El extranjero estuvo en El Salvador con visa de turista hasta el 9
de mayo, cuando Migración lo expulsó.
El dossier inicial que la policía y fiscalía salvadoreñas armaron de la
banda Los Perrones contiene informes que confirman a Gil Becerra como uno sus
proveedores iniciales.
Gil Becerra volvió a entrar el 17 de mayo por la frontera terrestre El
Amatillo. A partir de entonces entraba y salía regularmente del país. Para
2005, según oficiales de inteligencia en San Salvador y Tegucigalpa, Gil
Becerra designó a una salvadoreña conocida como “La Caneche” como distribuidora
de la droga en el oriente del país
La fachada que el colombiano ocupó a partir de 2005 fue una empresa
llamada COMSA: el 11 de abril de ese año, Gil Becerra pidió a Migración
prórroga de su estadía para trabajar ahí. Uno de los co-propietarios de COMSA
era Adolfo Tórrez, entonces director departamental del partido Arena en San
Salvador. Tórrez, de hecho, intercedió al menos dos veces ante las autoridades
salvadoreñas para que extendieran la estadía a su empleado extranjero.
En Guatemala, un proceso judicial abierto por el asesinato de tres
diputados salvadoreños del PARLACEN a manos de policías guatemaltecos el 19 de
febrero de 2007 también arrojó luces sobre los nexos entre el Cartel de Sinaloa
y sus operadores en el norte de Centro América.
Un hacendado salvadoreño que trabajó con Los Perrones entre mediados de
los 90 y 2009 aseguró que Tórrez le había contado, un año antes, que el
asesinato de los diputados estaba relacionado a una deuda de drogas contraída
con la gente de Gil Becerra. “El colombiano trabajaba con los mexicanos y con
salvadoreños que le decían 'Chapito' al Chapo Guzmán”, dijo el hacendado en
abril del año pasado durante una entrevista en un hotel en Tegucigalpa.
Tanto la CICIG como cables desclasificados de Estados Unidos apoyan la
hipótesis del tumbe de drogas como móvil en el asesinato de los diputados
salvadoreños. “Los cuatro policías (acusados de matar a los diputados)
recibieron información (desde un teléfono celular en Jalpatagua) que los
diputados transportaban droga o dinero...”, se lee en un cable, serie R 071350Z, que la embajada estadounidense en Ciudad
Guatemala envió a Washington en mayo de 2007.
El 29 de octubre de 2010, Carlos Amílcar Orellana Donis declaró como
imputado en el caso PARLACEN. Ahí reveló que la DEA lo había detenido en
Manhattan, Nueva York, con $17,000 y que, durante un interrogatorio, los
estadounidenses lo acusaron de ser testaferro de José Mario Paredes, el Gordo,
un narcotraficante acusado en 2003 en una corte neoyorquina de introducir
cocaína a Estados Unidos. En el expediente PARLACEN consta que Orellana Donis
compró al Gordo Paredes una camioneta todoterreno en 2004.
Paredes era socio de Otto Herrera, uno de los principales lugartenientes
del Chapo Guzmán en Centro América según documentos judiciales estadounidenses.
Fuentes citadas por el periódico electrónico guatemalteco Plaza Pública,
aseguran que el Chapo pidió a Herrera en 2003 que fuese su nexo en Centro
América con los remantes del Cartel de Cali en Colombia.
Herrera y Paredes eran, se lee en documentos anexos al dossier de Los
Perrones en la DAN, nexos de los salvadoreños con los mexicanos.
La cadena terminaba en Los Perrones
El 24 de noviembre de 2006 una nueva pista llegó a manos de la Fiscalía
salvadoreña. El oficio 346/DIDF/DAN/06, firmado por el subinspector Luis
Ernesto Anaya Martínez, del Departamento de Investigación Financiera de la DAN,
daba cuenta de una conversación que un investigador antinarcóticos había
sostenido ese día con una de sus informantes
Esto es lo que el agente Wilson Edgardo Molina Martínez escribió sobre
esa llamada: “Hay una organización de lavadores de dinero relacionada al
narcotráfico encabezada por una señora de nacionalidad mexicana conocida como
‘La Patrona’…” De esa organización,
continúa el investigador, participan Óscar René Molina Manzanares, a quien le
fue capturado un hombre de confianza; Juan María Medrano, hermano de Carlos
Antonio Medrano Fuentes, quien había estado preso en 1998 luego que la Policía
le decomisó 65 kilos de marihuana según consta en un proceso de habeas corpus
presentado por su abogado ese año (ref. HS056597); Eliú Martínez, diputado hoy
condenado en Estados Unidos por conspirar para ingresar 34 toneladas de
cocaína.
El oficio da cuenta de que “La Patrona” visitó por primera vez El
Salvador en 2003 para reunirse con el grupo en una hacienda de Sonsonate: “Se
presentó como jefa de la organización y presentó a Roberto Hernández,
salvadoreño residente en Houston, como su contacto en el país”. En esa reunión,
según el informante, se estableció la primera estrategia para invertir dinero
de la droga en un negocio de cerámica en San Miguel, un restaurante del que era
co-propietario Sergio Eduardo Sandoval, un coronel retirado de la Naval
salvadoreña, y en lotificaciones cerca de San Miguel.
La Fiscalía salvadoreña inició, el 26 de noviembre de 2006, la primera
investigación oficial del grupo de La Patrona. En noviembre y diciembre de ese
año, los fiscales giraron oficios para averiguar sobre las propiedades de los
mencionados en el memo, cuentas telefónicas y sobre sus vehículos.
Un oficio girado a la empresa de telefonía Telecom el 11 de diciembre de
2006 confirma los nombres de los principales socios de Sinaloa en El Salvador:
Juan María Medrano Fuentes, José Ramón Flores Torres, Roberto Antonio Hernández
Torres y Roberto Carlos Silva Pereira, entonces diputado suplente por el
partido PCN. Ellos serían, luego, el núcleo central de Los Perrones de Oriente.
Sobre Los Perrones y el Chapo Guzmán, la Oficina contra el Crimen y las
Drogas y la ONU dijo en 2002: “Los Perrones son una organización pequeña de
alrededor de 15 miembros clave... (Tiene) alianzas con organizaciones
criminales mexicanas... El Chapo Guzmán contrató a Reynerio Flores -otro líder
de la banda- para introducir cocaína de contrabando en Guatemala y transportar
dinero a Panamá”.
Desde un hotel de Tegucigalpa, un ex socio de Reynerio confirma que aun
en 2008, antes de ser capturado en Honduras, los conectes del miembro de Los
Perrones le permitieron mover un alijo desde el aeropuerto de Ilopango hasta
Guatemala.
