La huella del Chapo en El Salvador (Parte II)

La Prensa Gráfica publicó una serie sobre el paso por El Salvador y Centro América de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el Chapo, jefe del Cártel de Sinaloa. Reproduzco aquí esos textos, con algunas ediciones mías, que, además de hablar sobre los pasos del Chapo hablan sobre el desarrollo del crimen organizado en El Salvador y sobre su infiltración en el estado nacional. Buena parte de esta investigación sirvió de base para mi libro Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC. (El sitio especializado InSight Crime ha hecho un excelente resumen de algunos capítulos del libro en español y en inglés).

 

La expansión: Sinaloa entra a El Salvador

Los sinaloenses expandieron primero su influencia en Guatemala, a través de alianzas con las familias Mendoza, los Chamalé y grupos establecidos en Jutiapa, en la frontera con El Salvador. Un operador de Los Perrones asegura que el capo guatemalteco conocido como Juan Chamalé sirvió de intermediario entre la banda salvadoreña, grupos políticos y la gente del Chapo. La sombra de estos narcos llega también a la masacre de tres diputados salvadoreños en 2007 en Guatemala.

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 Los mapas que la inteligencia antinarcóticos estadounidense compartía con sus homólogas centroamericanas a mediados de la década pasada muestran el territorio bajo el control del  Cártel de Sinaloa como una inmensa mancha que se extiende desde Tijuana, en la punta noroccidental de México, pasa por dos tercios de la costa pacífica mexicana, se adentra a Guatemala, también por el litoral, recorre el Golfo de Fonseca y luego se traslada hasta el tercio sur del Atlántico hondureño y de ahí llega hasta la frontera de Panamá con Colombia. En cada país, el jefe del Cartel, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, tenía socios locales. En El Salvador, los primeros fueron, según archivos de la División Antinarcotráfico de la PNC, los fundadores del consorcio conocido como Los Perrones de Oriente.

Desde 2002, apoyada en información que le proveía la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), la DAN seguía la pista en El Salvador a movimientos de mexicanos asociados con Sinaloa, quienes buscaban, a través de sus socios guatemaltecos, cabezas de playa que dieran al Cartel acceso a la Panamericana y a ampliar la ruta marítima.

El radar que Washington había hecho instalar en el Aeropuerto Internacional era ya funcional en aquellos años, lo que había hecho más difícil el tránsito por aguas internacionales.

Una de las primeras pistas sobre el ingreso formal de la gente del Chapo Guzmán a El Salvador llegó a la DAN en septiembre de 2002. Un memo del Centro de Inteligencia Conjunta Antinarcóticos, firmado por el oficial José Jaime Cabrera Soriano, cuenta que, poco antes, en Nueva Jersey, el agente Ricardo Eliézar de la DEA entrevistó a una salvadoreña, Etel Esmeralda Cruz Campos, quien le dio información sobre una organización que movía droga entre Centro América y los mercados de cocaína en Nueva York y Maryland.

Dos años antes, Sinaloa había consolidado su presencia en Guatemala, también a través de socios locales. 

La entrada del Chapo había iniciado casi una década antes.

Mauricio López Bonilla, el ministro de Seguridad de Guatemala, usa una hoja de papel bond para, con trazos rápidos, resuir la actividad de los carteles mexicanos en su país. La incursión de Sinaloa en los 90 siguió la traza natural de la geografía que el Cartel controlaba en México: la costa del Pacífico. Durante toda la década y los años 2000, la gente del Chapo afianzó en Guatemala alianzas con el grupo liderado por Juan “Chamalé” Ortiz López, que ejercía control en San Marcos y Quezaltenango; con los Mendoza, que controlaban Izabal y la entrada al Atlántico y al extremo noroeste de Honduras; y con organizaciones más pequeñas en Jutiapa.

Cada organización controlaba una ruta de cocaína. Las que gerenciaban “Chamalé” y la gente de Jutiapa tenían, para el inicio de 2000 contactos directos con transportistas en El Salvador. Para 2008, según un ex miembro de Los Perrones entrevistado en varias ocasiones entre 2012 y 2013, miembros de la banda salvadoreña viajaban a una hacienda de “Chamalé” Ortiz en San Marcos. Agentes de inteligencia policial en Guatemala confirmaron esos contactos.

Entre 2006 y 2008, Los Zetas también empezaron a buscar plaza en Guatemala. Este último grupo es una en escisión del Cártel del Golfo, otra de las grandes organizaciones criminales  mexicanas, aliada de Sinaloa.

 Copia de cable desclasificado de Estados Unidos sobre el caso PARLACEN, que dejó al descubierto relaciones entre narcos guatemaltecos y salvadoreños.

La red se expande

A principios de2002, el Chapo mandaba emisarios de avanzada a El Salvador para ampliar sus rutas. En enero de ese año ingresó a territorio salvadoreño el colombiano Gustavo Gil Becerra, a quien la DAN y la DEA habían perfilado como intermediario entre proveedores colombianos y distribuidores mexicanos. El extranjero estuvo en El Salvador con visa de turista hasta el 9 de mayo, cuando Migración lo expulsó.

El dossier inicial que la policía y fiscalía salvadoreñas armaron de la banda Los Perrones contiene informes que confirman a Gil Becerra como uno sus proveedores iniciales.

Gil Becerra volvió a entrar el 17 de mayo por la frontera terrestre El Amatillo. A partir de entonces entraba y salía regularmente del país. Para 2005, según oficiales de inteligencia en San Salvador y Tegucigalpa, Gil Becerra designó a una salvadoreña conocida como “La Caneche” como distribuidora de la droga en el oriente del país

La fachada que el colombiano ocupó a partir de 2005 fue una empresa llamada COMSA: el 11 de abril de ese año, Gil Becerra pidió a Migración prórroga de su estadía para trabajar ahí. Uno de los co-propietarios de COMSA era Adolfo Tórrez, entonces director departamental del partido Arena en San Salvador. Tórrez, de hecho, intercedió al menos dos veces ante las autoridades salvadoreñas para que extendieran la estadía a su empleado extranjero.

En Guatemala, un proceso judicial abierto por el asesinato de tres diputados salvadoreños del PARLACEN a manos de policías guatemaltecos el 19 de febrero de 2007 también arrojó luces sobre los nexos entre el Cartel de Sinaloa y sus operadores en el norte de Centro América.

Un hacendado salvadoreño que trabajó con Los Perrones entre mediados de los 90 y 2009 aseguró que Tórrez le había contado, un año antes, que el asesinato de los diputados estaba relacionado a una deuda de drogas contraída con la gente de Gil Becerra. “El colombiano trabajaba con los mexicanos y con salvadoreños que le decían 'Chapito' al Chapo Guzmán”, dijo el hacendado en abril del año pasado durante una entrevista en un hotel en Tegucigalpa.

Tanto la CICIG como cables desclasificados de Estados Unidos apoyan la hipótesis del tumbe de drogas como móvil en el asesinato de los diputados salvadoreños. “Los cuatro policías (acusados de matar a los diputados) recibieron información (desde un teléfono celular en Jalpatagua) que los diputados transportaban droga o dinero...”, se lee en un cable, serie  R 071350Z, que la embajada estadounidense en Ciudad Guatemala envió a Washington en mayo de 2007.

El 29 de octubre de 2010, Carlos Amílcar Orellana Donis declaró como imputado en el caso PARLACEN. Ahí reveló que la DEA lo había detenido en Manhattan, Nueva York, con $17,000 y que, durante un interrogatorio, los estadounidenses lo acusaron de ser testaferro de José Mario Paredes, el Gordo, un narcotraficante acusado en 2003 en una corte neoyorquina de introducir cocaína a Estados Unidos. En el expediente PARLACEN consta que Orellana Donis compró al Gordo Paredes una camioneta todoterreno en 2004.

Paredes era socio de Otto Herrera, uno de los principales lugartenientes del Chapo Guzmán en Centro América según documentos judiciales estadounidenses. Fuentes citadas por el periódico electrónico guatemalteco Plaza Pública, aseguran que el Chapo pidió a Herrera en 2003 que fuese su nexo en Centro América con los remantes del Cartel de Cali en Colombia.

Herrera y Paredes eran, se lee en documentos anexos al dossier de Los Perrones en la DAN, nexos de los salvadoreños con los mexicanos.

La cadena terminaba en Los Perrones

El 24 de noviembre de 2006 una nueva pista llegó a manos de la Fiscalía salvadoreña. El oficio 346/DIDF/DAN/06, firmado por el subinspector Luis Ernesto Anaya Martínez, del Departamento de Investigación Financiera de la DAN, daba cuenta de una conversación que un investigador antinarcóticos había sostenido ese día con una de sus informantes

Esto es lo que el agente Wilson Edgardo Molina Martínez escribió sobre esa llamada: “Hay una organización de lavadores de dinero relacionada al narcotráfico encabezada por una señora de nacionalidad mexicana conocida como ‘La Patrona’…”  De esa organización, continúa el investigador, participan Óscar René Molina Manzanares, a quien le fue capturado un hombre de confianza; Juan María Medrano, hermano de Carlos Antonio Medrano Fuentes, quien había estado preso en 1998 luego que la Policía le decomisó 65 kilos de marihuana según consta en un proceso de habeas corpus presentado por su abogado ese año (ref. HS056597); Eliú Martínez, diputado hoy condenado en Estados Unidos por conspirar para ingresar 34 toneladas de cocaína.

El oficio da cuenta de que “La Patrona” visitó por primera vez El Salvador en 2003 para reunirse con el grupo en una hacienda de Sonsonate: “Se presentó como jefa de la organización y presentó a Roberto Hernández, salvadoreño residente en Houston, como su contacto en el país”. En esa reunión, según el informante, se estableció la primera estrategia para invertir dinero de la droga en un negocio de cerámica en San Miguel, un restaurante del que era co-propietario Sergio Eduardo Sandoval, un coronel retirado de la Naval salvadoreña, y en lotificaciones cerca de San Miguel.

La Fiscalía salvadoreña inició, el 26 de noviembre de 2006, la primera investigación oficial del grupo de La Patrona. En noviembre y diciembre de ese año, los fiscales giraron oficios para averiguar sobre las propiedades de los mencionados en el memo, cuentas telefónicas y sobre sus vehículos.

Un oficio girado a la empresa de telefonía Telecom el 11 de diciembre de 2006 confirma los nombres de los principales socios de Sinaloa en El Salvador: Juan María Medrano Fuentes, José Ramón Flores Torres, Roberto Antonio Hernández Torres y Roberto Carlos Silva Pereira, entonces diputado suplente por el partido PCN. Ellos serían, luego, el núcleo central de Los Perrones de Oriente.

Sobre Los Perrones y el Chapo Guzmán, la Oficina contra el Crimen y las Drogas y la ONU dijo en 2002: “Los Perrones son una organización pequeña de alrededor de 15 miembros clave... (Tiene) alianzas con organizaciones criminales mexicanas... El Chapo Guzmán contrató a Reynerio Flores -otro líder de la banda- para introducir cocaína de contrabando en Guatemala y transportar dinero a Panamá”.

Desde un hotel de Tegucigalpa, un ex socio de Reynerio confirma que aun en 2008, antes de ser capturado en Honduras, los conectes del miembro de Los Perrones le permitieron mover un alijo desde el aeropuerto de Ilopango hasta Guatemala.