martes, 15 de abril de 2014

El prólogo de Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC

Infiltrados, el libro que escribí el año pasado sobre la corrupción que carcome a la Policía Nacional Civil de El Salvador, verá la luz dentro de tres semanas, cuando UCA Editores termine de imprimirlo. Ya hay dos presentaciones agendadas. La primera en San Salvador, a mediados de mayo, en el campus de la UCA; el rector de la Universidad, Andreu Oliva S.J., y mi amigo Carlos Dada, director de El Faro, me acompañarán ese día (la fecha exacta la anuncio en las próximas horas). La segunda presentación será en el Diálogo Interamericano de Washington el 19 de mayo; el congresista James McGovern, demócrata de Massachusetts, me hará el honor de presentar el libro y el colega Steven Dudley, de InSightCrime.org, también dirá unas palabras. Les dejo aquí el prólogo a la versión en español que escribió el profesor William LeoGrande de American University.


Segundo despliegue de la PNC, el 8 de octubre de 1993. Fotos cortesía de La Prensa Gráfica. La de abajo fue una de las finalistas para la portada de Infiltrados.



PRÓLOGO

El conflicto civil devastó a El Salvador durante veinte años, entre 1972 y 1992. Una década de insurgencia de baja intensidad seguida de una década de guerra abierta. Más de 75,000 personas fueron asesinadas, la mayoría civiles desconocidos muertos a manos de la Fuerza Armada de El Salvador y sus tres fuerzas de seguridad subordinadas, la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda. Esos tres cuerpos de seguridad se hicieron notorios por casos de abusos a derechos humanos, corrupción, y por sus vínculos con la extrema derecha.

Los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que pusieron fin a la guerra en 1992, contemplaban como elemento esencial la disolución de esos tres cuerpos de seguridad, los cuales serían reemplazados por una nueva policía civil y no beligerante, la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC no debía estar bajo el mando del Ministro de Defensa, y la Constitución, tras la reforma pactada en los Acuerdos de Paz, prohibía que oficiales militares la dirigieran. Esto debido a que, se entendía, la misión de la PNC de velar por el Estado de derecho y proteger a la población era en esencia diferente a la misión de la Fuerza Armada. Porque una Policía no beligerante era esencial para salvaguardar los Acuerdos, el 60% de sus efectivos estaría conformado por civiles que no hubiesen militado en el FMLN ni en las viejas fuerzas de seguridad.

Mantener la independencia de la PNC, sin embargo, resultó un reto más difícil de lo que cualquiera hubiese imaginado. En este detallado relato sobre la historia de la PNC, Héctor Silva nos entrega un recuento muy bien investigado sobre las dudas y retos a los que la institución se ha enfrentado en las dos décadas que han pasado desde su fundación.

Los mismos actores que históricamente habían manipulado a los viejos cuerpos de seguridad tras bambalinas —los militares, la derecha política salvadoreña y Estados Unidos— se esforzaron por secuestrarla.

La Fuerza Armada y los políticos de derecha quisieron asegurarse de que la nueva Policía no escudriñara en la corrupción que se expandió en El Salvador durante la guerra para favorecer la impunidad de agentes estatales —militares y civiles— vinculados no solo a violaciones a derechos humanos, sino también a actividad criminal. Tras los Acuerdos de Paz, cuando la Fuerza Armada fue depurada, docenas de oficiales tuvieron que retirarse; algunos se enlistaron con el crimen organizado y, para hacerlo, buscaron la protección de quienes siguieron en la institución. Con Arena en la Presidencia hasta 2009, la derecha pudo asegurarse de que los oficiales clave dentro de la PNC fuesen desde el principio quienes habían sido sus aliados en los viejos cuerpos de seguridad. Aunque los Acuerdos limitaban el cupo de militares en la Policía al 20% (lo mismo aplicaba para el FMLN), oficiales y exoficiales del Ejército dominaron la estructura de mando en la PNC.

Durante la guerra civil, Estados Unidos usó la millonaria asistencia militar a El Salvador como un instrumento efectivo para influir en la Fuerza Armada y, a través de ella, en la política del Estado salvadoreño. Después de la guerra, Washington buscó mantener esa influencia al asegurarse de que en la nueva PNC estuviesen oficiales con los que Estados Unidos había desarrollado buenas relaciones de trabajo. Por insistencia de Washington, el Gobierno de El Salvador incorporó íntegras a la PNC dos unidades de la vieja Policía, la antinarcotráfico y la de investigación criminal. Este hecho fue, cuando menos, una violación al espíritu de los Acuerdos de Chapultepec. La tesis de Héctor Silva es que la incorporación de esta vieja guardia como resultado de la presión conjunta de los militares salvadoreños, Arena y Estados Unidos es el “pecado original” de la PNC, el cual infectó a la nueva Policía con la impunidad y la corrupción que caracterizaba a los viejos cuerpos de seguridad.

Casi de inmediato tras su fundación, la PNC se enfrentó a retos nuevos e inesperados. En los noventa, el esfuerzo de Estados Unidos por erradicar los flujos de droga procedentes de América Latina cerró rutas tradicionales de tráfico a través del Caribe; con ello, los narcotraficantes colombianos empezaron a utilizar rutas terrestres a través de Centroamérica y México. El crimen organizado se convirtió en un problema para la región cuando los grandes carteles de la droga sobrepasaron a las Policías nacionales, mal entrenadas y poco sofisticadas. La PNC de El Salvador era considerada una de las mejores fuerzas policiales de la región, al menos mejor entrenada y equipada que sus contrapartes hondureña y guatemalteca, pero, como Silva demuestra, la PNC no era inmune a la corrosiva influencia del dinero del narcotráfico —una vulnerabilidad que aumentaba debido a su pasado de impunidad y corrupción—.

Además de la expansión del crimen organizado alimentado por los carteles, la PNC debió enfrentar una ola de crimen callejero violento, buena parte cometido por pandillas juveniles. Irónicamente, la cultura pandillera llegó a El Salvador importada desde Estados Unidos cuando los salvadoreños que vivían en grandes urbes estadounidenses se unieron a las pandillas, cometieron crímenes y fueron deportados. La violencia se volvió tan apremiante que la seguridad personal se convirtió, por delante de la economía, en el tema que más preocupaba a los salvadoreños. Los presidentes de Arena Francisco Flores y Tony Saca respondieron con políticas de “Mano Dura” y “Súper Mano Dura”, pero la represión por sí misma fue incapaz de reducir la violencia. El presidente Funes acudió a un enfoque más integral al hacer énfasis en la prevención social y la rehabilitación, pero muy pronto en su mandato vio crecer la presión popular para hacer algo rápido con el fin de reducir la violencia. En 2009, con una Policía saturada por la violencia pandillera y agrietada por la corrupción, Funes recurrió a la Fuerza Armada para apoyar a las patrullas de la Policía en la calle; era una iniciativa popular, pero arriesgada porque implicaba volver a militarizar a la fuerza pública, un mal que los Acuerdos de Paz habían pretendido eliminar.

Otra víctima de la violencia pandillera fue el Ministro de Seguridad Pública, Manuel Melgar, quien renunció en noviembre de 2011. La debilidad de Melgar yacía no solo en la incapacidad de la PNC para reducir la violencia callejera, sino también en el poder de sus enemigos, poderosos en la derecha salvadoreña y también en Estados Unidos. Melgar, un excomandante del FMLN, fue miembro del PRTC, el grupo responsable de un ataque letal en la Zona Rosa de San Salvador en 1985, en el que cuatro militares y dos civiles estadounidenses, además de nueve salvadoreños, fueron asesinados. Washington, que se opuso a su nombramiento como ministro, insistió a Funes que Melgar era un obstáculo para la cooperación en seguridad, y según reportes, amenazó con detener la firma del Asocio para el Crecimiento con El Salvador, a menos que fuese removido.

Melgar tampoco era popular entre la vieja guardia de la Policía, ya que reemplazó a los oficiales de origen militar que habían controlado el poder en la PNC desde su nacimiento por veteranos del FMLN. Melgar también supervisó la campaña para depurar la PNC. Bajo su mando, la inspectora general de la Policía, Zaira Navas —una abogada que había investigado secuestros de niños cometidos por militares durante la guerra—, abrió docenas de expedientes contra importantes oficiales de la PNC. La derecha política en la Asamblea Legislativa denunció los cambios de mando en la Policía y dijo que las investigaciones, que trató de detener, eran una vendetta política del FMLN.

Silva entiende la renuncia de Melgar y su reemplazo por el general David Munguía Payés, hasta entonces ministro de Defensa, como un punto crítico en la historia de la PNC. Poco después de ese cambio, Funes nombró a otro general, Francisco Salinas, para comandar la PNC. Estos movimientos provocaron la renuncia de la inspectora general Navas y eventualmente el cierre de todas las investigaciones sobre corrupción en la Policía y sobre sus vínculos con el crimen organizado. Veteranos de los viejos cuerpos de seguridad regresaron a sus puestos de mando, restituyendo el statu quo anterior. Con ello, el esfuerzo más importante de depurar la PNC desde su nacimiento en 1993 llegó a un triste final.

El libro de Silva es inquietante porque documenta la intricada relación de las viejas guardias militar y política en el seno de la PNC, y cómo la secuestraron para distraerla de su misión de defender el imperio de la ley. La historia de la Policía, escribe Silva, no es de optimismo, sino de “infamia, corrupción e impunidad”. En la crónica no falta, sin embargo, la esperanza a pesar de las fuerzas formidables que aún trabajan para mantener a la PNC obediente a sus intereses particulares. La historia de la Policía incluye también algunos pocos momentos en que, con el liderazgo adecuado y el apoyo de un presidente, fue posible empezar a reparar esta institución tan importante para la democracia salvadoreña. Aún hay gente, tanto dentro de la PNC como fuera de ella, comprometida con la visión original de los Acuerdos de Paz de Chapultepec: la de una Policía Nacional Civil comprometida con la honestidad, la rendición de cuentas, la seguridad civil y el imperio de la ley. Con el apoyo de los salvadoreños y sus funcionarios electos —y con el de Estados Unidos—, estos reformadores aún pueden retomar su Policía y restaurar su promesa original.

William L. LeoGrande
Decano de la Escuela de Asuntos Públicos
Profesor de Gobierno
American University
Washington D. C., septiembre de 2013.

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