La sola posibilidad de que Inocente Orlando Montano termine en una sala de la Audiencia Nacional, y de que su presencia en Madrid permita a un tribunal colegiado llamar a etapa de sumario el proceso judicial que el juez Eloy Velasco ha abierto por asesinato, terrorismo y crímenes de lesa humanidad contra 20 militares salvadoreños por la masacre de la UCA en 1989, ya causa olas en San Salvador.
El
coronel Inocente Orlando Montano, dicen dos fuentes judiciales
consultadas en Madrid y Washington, debe cumplir su sentencia en
Estados Unidos. Luego puede ser extraditado a España. O no.
El
juez Douglas Woodlock de Boston, que el martes 27 de agosto sentenció al coronel a pasar 21 meses en prisión y otro año en libertad condicional por seis cargos de perjurio y fraude migratorio, se ha reservado el derecho de conocer sobre la
extradición que en noviembre de 2011 solicitó el juez español
Eloy Velasco al gobierno de su país procesar con Washington.
Velasco, titular del juzgado sexto de la Audiencia Nacional de España, también ha pedido a El Salvador que entregue a otros 9 militares, quienes junto a Montano están procesados en Madrid por los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles- y dos empleadas perpetrados por un batallón élite de la Fuerza Armada, el Atlacatl, el 16 de noviembre de 1989.
En agosto de 2011, el Gobierno de Mauricio Funes conoció de las órdenes de captura giradas por Velasco en contra de los militares residentes en El Salvador, pero su ministro de Defensa, el general David Munguía Payés, les ofreció refugio en un edificio militar para evitar el arresto.
En agosto de 2011, el Gobierno de Mauricio Funes conoció de las órdenes de captura giradas por Velasco en contra de los militares residentes en El Salvador, pero su ministro de Defensa, el general David Munguía Payés, les ofreció refugio en un edificio militar para evitar el arresto.
Antes de leer su sentencia contra Montano en Boston, Woodlock preguntó a la fiscalía estadounidense si
había alguna petición de extradición pendiente desde El Salvador.
El Gobierno de Estados Unidos respondió que no. De hecho, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña falló el 8 de mayo de 2012 en contra de la extradición de
cualquiera de los militares implicados por Velasco en la masacre de
la UCA. Un día después del fallo de Woodlock, además, la Corte dijo que se reservaba el derecho de opinar para "no adelantar criterio" en caso de que una nueva consulta llegara a San Salvador.
Por
ahora, según Almudena Bernabeu del Centro de Justicia y Rendición
de Cuentas de San Francisco, que representa a las víctimas ante el
tribunal español, el proceso ya está en trámite en el Departamento
de Justicia en Washington. Esta abogada dice que la deportación a El
Salvador no es un escenario posible, ya que priva la petición de
extradición por cargos criminales que ha hecho el juez Velasco.
Una
fuente del Gobierno de Mauricio Funes consultada el miércoles 28 de agosto –que aceptó
referirse al caso desde el anonimato- dijo que en el Ministerio de
Relaciones Exteriores ya hay un análisis sobre el tema, y que hay
una interpretación según la cual Washington debe pedir opinión a
El Salvador antes de proceder a una extradición de un nacional
salvadoreño a un tercer país.
Una fuente en Madrid relacionada con el caso de la Audiencia Nacional, sin embargo, dice que “no hay ninguna obligación legal escrita en ningún sitio que obligue ni autorice a Estados Unidos a consultar con El Salvador”. A menos, dice la fuente, que San Salvador solicite a Washington la extradición de Montano por hechos criminales similares, algo que no parece posible. Sobre esto, el ex canciller salvadoreño y actual secretario ejecutivo de SICA, Hugo Martínez, dijo a La Prensa Gráfica que a El Salvador le falta decidir si enjuicia a Montano en El Salvador, aunque él cree que San Salvador sí tiene palabra en la extradición de Estados Unidos a España.
Una fuente en Madrid relacionada con el caso de la Audiencia Nacional, sin embargo, dice que “no hay ninguna obligación legal escrita en ningún sitio que obligue ni autorice a Estados Unidos a consultar con El Salvador”. A menos, dice la fuente, que San Salvador solicite a Washington la extradición de Montano por hechos criminales similares, algo que no parece posible. Sobre esto, el ex canciller salvadoreño y actual secretario ejecutivo de SICA, Hugo Martínez, dijo a La Prensa Gráfica que a El Salvador le falta decidir si enjuicia a Montano en El Salvador, aunque él cree que San Salvador sí tiene palabra en la extradición de Estados Unidos a España.
Otra cosa ocurrió en San Salvador un día después del fallo de Woodlock según dos fuentes cercanas al partido ARENA: un grupo de políticos y abogados se reunió por la tarde para empezar a pensar en una estrategia en caso de que Montano termine en Madrid. Ya antes, según cables filtrados por Wikileaks, funcionarios salvadoreños de gobiernos areneros viajaron a la capital española para abogar por algunos de los militares y por el ex presidente Cristiani, a quien en algún momento la querella en España sugirió llamar como testigo.
La saga de Inocente Orlando Montano en Boston terminará cuando el coronel pise la cárcel el 11 de octubre próximo. La otra historia, la que involucra a la investigación más amplia sobre los asesinatos de la UCA y a la posibilidad de que se sienten frente a un juez quienes ordenaron a la unidad del batallón Atlacatl que comandaba el teniente José Ricardo Espinoza Guerra matar a Ignacio Ellacuría y no dejar testigos, apenas empieza.
