El asunto Montano

Copia de uno de los miles de documentos desclasificados del caso jesuitas desclasificados por EUA. En este informe, la embajada de Estados Unidos en El Salvador da cuenta de información que recibieron representantes del congresista por Massachusetts Joseph Moakley, quien presidió en 1990 la comisión legislativa que investigó la masacre de los jesuitas en la Universidad Centroamericana.

Llegué  a Boston. En un viejo hotel del centro de la ciudad, muy cerca del TD Garden, el hogar de los Celtics, espero la audiencia de mañana a las 9:00 a.m. en la corte federal Joseph Moakley contra el coronel Inocente Orlando Montano, quien deberá responder ante el juez Douglas Woodlock por delitos migratorios: mentir sobre su pertenencia a las Fuerzas Armadas de El Salvador para obtener el estatus de protección temporal, TPS.

Sobre esa audiencia, como escribí en El Faro, hay mucho que decir, más allá del trámite judicial, que puede terminar, básicamente, en dos escenarios: que el militar salvadoreño sea exonerado de pasar tiempo en la cárcel -hasta 51 meses como ha solicitado el Gobierno de los Estados Unidos a través de un fiscal- y sea deportado a El Salvador, o que Montano cumpla condena en prisión mientras se resuelve un recurso de extradición presentado por un juez español de la Audiencia Nacional de España para que el coronel responda por el asesinato de los cinco sacerdotes jesuitas asesinados en San Salvador el 16 de noviembre de 1989.

En la víspera de la audiencia, la defensa de Montano, representada por el abogado Óscar Cruz Jr., presentó una segunda moción ante el juez para posponer la presentación de pruebas del fiscal, quien entre otras cosas acusa al militar de haber participado en graves violaciones de los derechos humanos en El Salvador en los 80. Esto, según fuentes cercanas a la acusación, persigue que Montano reciba una pena no mayor de 8 meses, lo cual restaría tiempo para que se tramite la petición española.

Por ahora, y sin tener en cuenta aún el resultado final de la audiencia, este proceso judicial ha abierto ya una ventana desde la que se aprecian datos inéditos o poco conocidos en El Salvador sobre la masacre de la UCA, como el que refleja el documento con cuya imagen abro este post: en ese cable del Departamento de Estado, desclasificado por Washington, la embajada de los Estados Unidos en El Salvador informa a su sede que James McGovern, entonces asistente legislativo de Moakley y actualmente representante por Massachusetts en Washington, conoció muy pronto después de la masacre, de fuentes de alto rango del Gobierno de Alfredo Cristiani, que el alto mando del ejército salvadoreño habían tenido participación en los asesinatos. Vueltas de la historia: el edificio de la corte federal que albergará la audiencia contra Montano lleva, precisamente, el nombre de Joe Moakley.

Fuentes de la acusación consultadas prevén que buena parte de la audiencia de mañana, martes 15 de enero, servirá al juez para determinar asuntos técnicos relacionados con el tiempo máximo de sentencia que se aplicaría a Montano, quien ya se declaró culpable de los delitos migratorios que le imputan. La defensa alega que el militar no tiene antecedentes criminales ni en Estados Unidos ni en El Salvador, por lo que debería aplicársele la pena mínima, 8 meses, algo con lo que coincide el oficial de correcciones del estado. El Gobierno de Estados Unidos, sin embargo, en un gesto poco usual en este tipo de casos, alega que el pasado de Montano no deben medirse por su hoja oficial de antecedentes policiales, sino por su historia de violaciones a los derechos humanos, por lo que, dice el acusador, debe aplicarse la pena máxima de 51 meses.


Mi análisis del caso en inglés, publicado en el sitio web del Center for Democracy in the Americas.