La prensa espera la salida del coronel Inocente Orlando Montano de la corte Joseph Moakley en Boston. |
Miembros del equipo de acusadores del Gobierno de Estados Unidos esperan el inicio de la audiencia contra Montano. |
Corte distrital Joseph Moakley, en Boston, en cuya sala 1 se celebró la audiencia contra Montano. |
Un grupo de salvadoreños llegó a la corte de Boston a pedir justicia por el caso jesuitas. |
Inocente
Orlando Montano, chumpa gruesa azul para protegerse del viento y los
2 grados que golpeaban el puerto de Boston, ayudado por un bastón
negro, salió de la corte Joseph Moakley diez minutos antes del
mediodía por una puerta lateral, discreto, lejos de la media docena
de periodistas que lo esperaba. Se escabulló en una todoterreno
Nissan crema por el bulevar aledaño. No lo acompañaban buenas
noticias: tras una hora y media de audiencia en su contra por fraude
migratorio y perjurio, el juez Douglas Woodlock decidió que revisará
el pasado del militar y supuestas violaciones a los derechos humanos
atribuidas al coronel para determinar cuánto tiempo le dará de
cárcel.
En
esencia, el defensor de Montano tendrá que refutar el testimonio de
la experta de la acusación, la profesora de Stanford Terry Lynn Karl, quien ha estudiado el caso jesuitas desde que 8 militares de
bajo rango fueron juzgados en El Salvador en 1991 y cuyo testimonio
es piedra angular en el caso abierto en la Audiencia Nacional de
España por la masacre.
En su escrito presentado ante la corte de Boston, Karl concluye sobre
Montano: 1. Que era uno de los oficiales de más alto rango y con más
poder en la Fuerza Armada, parte del “círculo íntimo” militar
en una época en que el ejército estaba involucrado en violaciones
flagrantes a los derechos humanos; 2. Que participó, junto al resto
del alto mando, en una conspiración para asesinar a los jesuitas y
luego para encubrir la participación del ejército en la masacre; 3.
Que se fue de El Salvador en 2001 para evitar persecución por el
caso jesuitas; 4. Que la masacre en la UCA no fue una excepción,
sino más bien una constante en el historial de violaciones a los
derechos humanos atribuidos a las unidades militares comandadas por
él; y 5. Que cuando Montano llegó a Estados Unidos, en este país
había iniciado una tendencia de deportar a militares
latinoamericanos involucrados en crímenes como este.
La
defensa tendrá, además, que contestar a siete cartas presentadas
por la acusación, firmadas por víctimas de unidades militares
comandadas por Montano, incluido un estadounidense, por dos
universidades y por la compañía de Jesús en los Estados Unidos.
La
audiencia celebrada ayer, en la que en principio Woodlock dictaría
sentencia sobre el caso migratorio, sirvió para revisar dos
peticiones, una por parte. La acusación, en un escrito presentado el
8 de enero, pedía que la corte aceptará prueba sobre el pasado de
Montano y que el juez considerara hasta 51 años de cárcel para el
militar. La defensa, el 14 de enero a última hora de la tarde,
presentó su respuesta en un escrito en que pedía al juez obviar
cualquier prueba que no estuviese relacionada con los cargos por los
que ya Montano se había declarado culpable: mentir sobre su fecha de
entrada a Estados Unidos y negar que perteneció al ejército
salvadoreño para optar al TPS.
Woodlock,
pelo y profuso bigote blanco, dijo que sí le interesaba escuchar
sobre el pasado militar de Montano para fijar sentencia, y ofreció
al abogado defensor, Óscar Cruz,Jr.: "Es algo que me interesa
escuchar, ¿cómo quiere responder?"
"Pues
lo que necesitaré es tiempo para presentar mi testigo de descargo a
lo que ha dicho la experta de la fiscalía... al menos tres semanas",
dijo Cruz Jr. casi al final de la audiencia. A su izquierda, Inocente
Orlando Montano, inmutable, escuchaba a través de unos audífonos
que alimentaba de español un traductor contratado.
Antes
de dar por cerrada la audiencia, y convocar de nuevo a las partes
para el próximo 1 de marzo para revisar evidencia, el juez preguntó
al fiscal si tenía conocimiento sobre la intención del Gobierno de
Estados Unidos procesaría la petición de extradición de Montano a
España mientras este cumple su sentencia final en una cárcel de
Estados Unidos. El fiscal respondió que no sabía. “Es algo que
tomaré en cuenta al dictar sentencia”, dijo Woodlock. Según
fuentes cercanas a la acusación, lo que esto significa que es que el
juez prefiere que Montano cumpla toda su pena por el delito
migratorio en Estados Unidos, sin perjuicio de que el proceso de
extradición inicie después.
Por
ahora, la corte de Boston está abierta a escuchar prueba sobre la
masacre que cambió el rumbo de la guerra civil en El Salvador. Y, más allá de la parte procesal y los tecnicismos legales, se abrió en Massachusetts la posibilidad de que la verdad judicial sobre lo que sucedió entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de noviembre de 1989 quede asentado como verdad judicial de una vez por todas, algo que en El Salvador aún está muy lejos de ocurrir.
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