Los papeles del caso Jesuitas

Copias de documentos relacionados con el caso Jesuitas, desclasificados en 1993 por el Gobierno de Bill Clinton

"Muchos salvadoreños jóvenes saben muy poco de su guerra, y el país se ha unido a otros países que tienen esqueletos en sus armarios en el debate sobre lo que las nuevas generaciones deben saber sobre lo que pasó justo frente a sus casas no hace mucho tiempo."

Joseph B. Frazier, corresponsal de AP en El Salvador entre 1979 y 1986, de su recién reeditado libro El Salvador podría ser así. Una memoria sobre la guerra, la política y el periodismo desde la primera línea de fuego en el último conflicto sangriento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 

La Amnistía salvadoreña tiene una grieta. En Boston. En Massachusetts, el pequeño estado fundacional del noreste de los Estados Unidos que periodistas y académicos en este país suelen utilizar como referencia de extensión territorial al hablar de El Salvador -the Massachusetts size country. Ahí, un juez migratorio estudia la petición del Gobierno federal de sentenciar con 50 meses de cárcel al coronel Inocente Orlando Montano, culpable ante la justicia estadounidense de fraude migratorio y perjurio, en virtud de pasado criminal del militar, el cual, en este caso según los acusadores debe incluir la participación de Montano en violaciones a los derechos humanos cuando fue miembro del alto mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas.

Y ahí, en la corte distrital de Boston, nombrada Joseph Moakley en honor al congresista demócrata a quien los salvadoreños conocemos por encabezar la subcomisión legislativa formada en 1990 por instrucciones del Congreso de los Estados Unidos para investigar la masacre de los jesuitas, han salido a la luz episodios, detalles, verdades escondidas en decenas de miles de documentos desclasificados que hablan sobre la implicación del estado salvadoreño no solo en el asesinato de los seis sacerdotes de la Compañía de Jesús, de Elba, su empleada, y de su hija, Celina, sino en una compleja operación de encubrimiento en la que participaron los cuerpos de seguridad, el Ejecutivo de Alfredo Cristiani, la inteligencia del Estado e incluso civiles.

Los papeles del caso Jesuitas develados a propósito del caso Montano y sintetizados e interpretados por la experta de la acusación, la profesora de Stanford Terry Lynn Karl, muchos de ellos desconocidos hasta ahora, revelan parte de la verdad histórica que ha estado escondida tras el muro de silencio que levantó en El Salvador la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa hace 20 años tras la firma del Acuerdo de Paz.

La justicia que el estado salvadoreño se ha negado a servir a sus víctimas y la verdad histórica con la que cinco gobiernos de la paz se han negado a comprometerse, amparados en el axioma según el cual escarbar en el pasado no servía al proceso de reconciliación nacional, han encontrado una grieta. El hueco, negado por la conveniente convicción de los gobiernos de la derecha pero también por la visión pusilánime del primer gobierno de izquierda, se ha abierto este año en dos cortes de los Estados Unidos -además de la de Boston, una migratoria en Miami donde se decide sobre la deportación del general José Guillermo García.

A mediados de 2011 pareció que una ventana más grande se había abierto en San Salvador cuando llegaron a El Salvador las órdenes de arresto contra 19 militares acusados ante el Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional de España, en Madrid, por su participación den la masacre. La interpretación de la justicia española es que las órdenes firmadas por el juez Eloy Velasco generaban una alerta roja de Interpol con la que la Policía Nacional Civil salvadoreña podía hacer efectivos los arrestos de los militares para, luego, entregarlos a la Corte Suprema de Justicia, la cual tendría que decidir sobre la extradición.

Pronto quedó claro que la expectativa sobre el arresto de los militares se quedaría en eso, una expectativa. Tras la intervención del entonces ministro de Defensa, el general David Munguía Payés, los militares se refugiaron en un cuartel para evitar el arresto hasta que la Corte decidió que las órdenes españolas no eran válidas. Una de las últimas ventanas judiciales se cerró entonces.

Ya en 2000, la Universidad Centroamericana, tras recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de realizar una investigación del caso con estándares internacionales, había tratado de empujar a la Fiscalía General de Belisario Artiga para que reabriera el caso. La UCA, además de al alto mando, incluyó al ex presidente Alfredo Cristiani como autor intelectual de los asesinatos.

La Fiscalía utilizó un ardid técnico que le permitió presentarse a una corte con el caso para pedir a un juez que lo desechara porque el periodo de prescripción -10 años- se había cumplido. La Procuraduría de Derechos Humanos, en un análisis de octubre de 2002, determinó que la actuación de la Fiscalía y los tribunales salvadoreños había sido ilegal.

Vino, luego, el juicio en Madrid, y con él, un nuevo y amplio intento por abrir una nueva vereda en busca de la verdad. Y luego, el juicio contra Montano. Como escribí a mediados de enero desde Boston, si la voluntad política de Washington y la decisión del juez Douglas Woodlock sobre la sentencia del coronel crean las condiciones para la extradición, el juez Velasco podrá, en Madrid, abrir a juicio el caso contra 20 militares salvadoreños. Si eso pasa, más documentos pueden conocer la luz, más testimonios pueden llegar a la Audiencia Nacional española; en una palabra, más ventanas pueden abrirse para que la verdad se cuele.

Por ahora, el camino que abogados y especialistas como Terry Karl han recorrido ya dejan un claro sendero hacia la verdad que oscurecieron la amnistía y la política de ocultación del estado salvadoreño que inició el 16 de noviembre de 1989, cuando la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos de la Policía Nacional empezó la titánica labor de encubrimiento desde la escena del crimen, hasta la fecha. Desde este blog compartiré las cosas que han ido cayendo a mis manos en mi camino como reportero e investigador académico sobre los hechos que rodearon la masacre de los jesuitas. Inicio, en el próximo post, con la historia del trato que William Walker, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, entre 1988 y 1992, propuso a Washington ofrecer al Teniente José Ricardo Espinoza Guerra, líder del comando del Atlacatl que asesinó a los jesuitas, para que testificara en contra de los autores intelectuales de la masacre.