Otros textos que he escrito sobre este caso:
http://aulablog.net/2013/04/05/is-the-truth-finally-arriving-in-el-salvador/
http://www.democracyinamericas.org/around-the-region-blog/hector-silva-avalos-the-montano-affair-a-last-chance-for-justice/
Aquí el texto publicado el martes 20 de agosto de 2013 en La Prensa Gráfica
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| Extracto de la acusación presentada al Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional de España |
España
ya pidió a EUA que entregue a Montano por caso Jesuitas
El futuro inmediato de Inocente
Orlando Montano pasa una corte de Massachusetts, EUA, que el jueves
decidirá si lo manda a la cárcel y por cuánto tiempo en un caso
por fraude migratorio y perjurio. Lo que sigue para el militar,
implicado por un juez español en la masacre de los jesuitas en El
Salvador, pasa por la petición de extradición que la Audiencia
Nacional en Madrid hizo a Washington en 2011.
Héctor Silva
Ávalos*
La justicia
española propuso el 4 de noviembre de 2011 por primera vez al
Gobierno de Madrid que solicitara a Estados Unidos la extradición
del coronel Inocente Orlando Montano, procesado en España por los
delitos de asesinato, terrorismo y crímenes de lesa humanidad o
contra el derecho de gentes relacionados a los asesinatos de 6
sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas en San Salvador el 16 de
noviembre de 1989. Así consta en el auto de sumario 97/2010 del
Juzgado Central de Instrucción número 6.
“Se
ha acordado proponer al Gobierno de España interese del Gobierno de
los Estados Unidos de América se solicite a la Autoridad Judicial
competente la extradición del indicado procesado para ser enjuiciado
por los tribunales españoles por los delitos por los que fue
procesado y concretamente por la audiencia nacional. Y es por lo que
espero se autorice la extradición de Inocente Orlando Montano...”,
dice el oficio firmado por el juez Eloy Velasco.
Una fuentes
judicial española asegura que el proceso ya está en trámite formal
y que ya hay pláticas entre Washington y Madrid al respecto.
Velasco también
pidió en extradición a otros 14 militares relacionados con el caso
jesuitas. Esos oficiales, miembros todos del alto mando de la Fuerza
Armada cuando miembros el Atlacatl perpetraron la masacre en el
campus universitario, viven en El Salvador, pero la posibilidad de
que comparezcan por los asesinatos ante el juez en Madrid se cerró
luego que el Gobierno de Mauricio Funes decidiera no hacer efectivas
las órdenes internacionales de repatriación y captura giradas por
la autoridad judicial española en mayo de 2011.
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| Ponce (fallecido), Bustillo, Montano y Zepeda, 4 acusados |
Hoy, dice la fuente
española, si Montano es extraditado a Madrid tras cumplir la
sentencia que le imponga el tribunal que en Boston lo procesa por
fraude migratorio, el juez Eloy Velasco contará con un acusado
presente y podrá abrir el juicio por la masacre, con lo cual todos
los testimonios e investigaciones hechos hasta la fecha quedarán
asentados en la corte.
El proceso legal en
España inició a principios de 2009 por petición del Centro deJusticia y Rendición de Cuentas basado en San Francisco, Estados
Unidos y la Asociación Pro Derechos Humanos de España en
representación de las víctimas.
En Boston
El juez Donald
Woodlock está a punto de cerrar el primer capítulo de la saga
judicial del coronel Montano, el único de los militares salvadoreños
acusados de participar en la planificación, ejecución y
encubrimiento de la masacre que, hasta ahora, ha debido responder
frente a un juez por aquellos hechos.
El próximo jueves
22 de agosto, en una de las salas del edificio judicial Joseph
Moakley de Boston, el juez Woodlock abrirá la audiencia definitiva
de sentencia contra Montano, quien en diciembre de 2012 se declaró
culpable de perjurio y fraude migratorio por mentir en su aplicación
para optar el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).
Fuentes judiciales
cercanas al caso aseguran que el juez oirá testimonios de expertos
para determinar si los alegatos de violaciones a los derechos humanos
que pesan contra Montano, entre ellos su participación en la masacre
de la UCA, pueden considerarse antecedentes criminales
suficientemente graves como para imponer la prolongada pena que pide
el Gobierno: 51 meses en prisión, es decir, cuatro años y tres
meses.
Óscar Cruz Jr., el
defensor del coronel Montano, ha pedido al juez Woodlock que otorgue
medidas sustitutivas, como arresto domiciliar.
La Fiscalía cuenta
con el testimonio experto de Terry Lynn Karl, una catedrática de la
universidad de Stanford, en California, que ha brindado testimonio en
otros casos que el Gobierno estadounidense ha abierto contra
militares salvadoreños. La defensa ha presentado, como testigo de
descargo, al general Mauricio Ernesto Vargas, uno de los firmantes
del Acuerdo de Paz salvadoreño y ex compañero de tanda de Montano
en el ejército.
Los abogados, tanto
el fiscal como el defensor, tienen el derecho de llamar a los
testigos al estrado para contra-interrogarlos.
Al final de la
audiencia, que está programada a iniciar el próximo jueves a las 9
de la mañana y puede prolongarse más de un día, Woodlock deberá
anunciar su decisión respecto al tiempo que Montano pasará en la
cárcel o, si es el caso, si le dará alguna medida sustitutiva.
Fuentes políticas
y judiciales en Washington han explicado que el tiempo de prisión es
clave de cara a la petición española de extradición.
La relación entre
la sentencia de Boston y el caso en España, explica una fuente del
congreso estadounidense y una judicial española, es que si Woodlock
da una sentencia larga, Washington y Madrid tendrán tiempo
suficiente para evadir cualquier obstáculo procesal, judicial o
político en el proceso de extradición.
El asunto del
pasado criminal
Según el
expediente criminal 12-CF-10044 introducido por los fiscales John A.
Capin y Donald L. Cabell a la corte distrital de Massachusetts a las
2:42 de la tarde del 8 de febrero de 2012, Inocente Orlando Montano
reside en Estados Unidos desde 2002 y mintió sobre su pertenencia a
un grupo armado y sobre su fecha exacta de entrada al país en
sucesivas aplicaciones al TPS.
El 14 de enero
pasado, el juez Woodlock llamó a la primera audiencia para emitir
sentencia contra Montano por esos cargos, pero la decisión se
postergó porque la defensa pidió tiempo para refutar los argumentos
de los fiscales.
El Gobierno de
Estados Unidos había alegado que las violaciones a los derechos
humanos atribuidas a Montano cuando fue Viceministro de Defensa en El
Salvador y en otros puestos de mando en el ejército valían como
antecedentes criminales, una de las dos variables que la ley estatal
de Massachusetts da a un juez para determinar tiempo en prisión -la
otra variable es la gravedad del delito.
La profesora Karl
preparó un documento que la Fiscalía presentó a la corte el 12 de
enero de 2013, en el cual sostiene que Montano participó en una
conspiración para asesinar a los jesuitas y luego en una operación
institucional de encubrimiento que abarcó a todo el estado
salvadoreño.
Además, la
catedrática presentó una base de datos en la que incluyó todas las
posiciones de mando del coronel y casos de violaciones de derechos
humanos atribuidos a tropas bajo su mando: 1,169 casos de
violaciones, que incluyen al menos 65 asesinatos, 520 víctimas de
torturas y 51 desaparecidos.
La defensa alegó
que el coronel está limpio, y como prueba presentó hojas de récord
policiales emitidas en El Salvador y cartas firmadas por ex
funcionarios salvadoreños, entre ellos el ex presidente Alfredo
Félix Cristiani, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas cuando
Montano era parte del alto mando y cuando ocurrió la masacre de la
UCA.
En una respuesta
escrita al testimonio de Karl, introducida por la defensa el 15 de
abril de 2013, el general Vargas alega que Montano es un oficial
“decente” que “defendió al país de un ataque” y que no
tenía porque estar enterado si sus subalternos cometían violaciones
a los derechos humanos.
El 12 de agosto, el
Gobierno de Estados Unidos volvió a responder en un duro escrito en
el que, de entrada, desacreditan a Vargas como testigo confiable
porque, dicen, fue colega de tanda de Montano, no cumple con el
requisito de tener credenciales académicas que lo acrediten como
experto y él mismo ha sido acusado de violaciones a derechos
humanos. La defensa también destaca que Montano fue entrenado por
Estados Unidos, algo que el fiscal Capin considera irrelevante.
El Salvador, sus
crímenes de guerra, y de una de sus masacres más emblemáticas
llegarán otra vez a la corte de Boston en unos días. Y aunque este
no es un juicio sobre la historia de la guerra civil salvadoreña o
sobre la masacre en la UCA, el juez Woodlock sí decidió que revisar
el pasado del coronel Montano para determinar si violó derechos
humanos de sus compatriotas cuando estuvo de alta en el ejército.
*El
autor es Investigador Asociado del Centro de Estudios
Latinoamericanos de la American University en Washington, DC.
En la Foto en blanco y negro de los 4 militares, me parece que hay un error. el segundo de izquierda a derecha creo que es Rafael Humberto Larios.
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