Matar al mensajero

Sobre las recientes acusaciones del presidente de la república al co-director de El Faro.

17 de mayo de 2011. El presidente de la república, Mauricio Funes, llega a la inauguración del II Foro de Periodismo deEl Faro, donde lo entrevista la periodista mexicana Carmen Aristegui. Ahí, Funes se refiere a la investigación que la sección Sala Negra del periódico ha publicado ese día sobre el Cartel de Texis, una organización de narcotráfico que ha infiltrado a la PNC, alcaldías, partidos políticos y tribunales. Dice el presidente que la Fiscalía debería abrir una investigación sobre la organización criminal y agradece a El Faro por su labor de investigación.

La Fiscalía General, durante la administración del ex fiscal Romeo Barahona, dijo que había abierto expediente por Texis aunque nunca adelantó resultado alguno: todos los empresarios, oficiales de policía, políticos y jueces señalados en la investigación periodística cuya solidez el presidente consideró suficiente para sugerir la apertura de un expediente siguen libres; nadie ha sido procesado hasta el momento. El fiscal actual, Luis Martínez, no se ha pronunciado al respecto.

Casi un año después de publicar Texis, en marzo de 2012, El Faro publicó un extenso reportaje sobre la tregua entre pandillas que se gestaba en las cárceles del país con los auspicios de la inteligencia del estado. Después de eso, según denunció Carlos Dada, director de El Faro, los periodistas del medio empezaron a recibir seguimientos sospechosos. El Ministro de Justicia, David Munguía Payés, incluso dijo en público que había recibido con preocupación noticias de amenazas en contra del periódico y sus periodistas. Ni entonces ni ahora se ha sabido si el general Munguía ordenó alguna investigación sobre esas amenazas, si dio parte a Fiscalía, o si, en definitiva, hizo algo más que avisar.

Durante los dos últimos años, El Faro ha publicado también extensos reportajes sobre el manejo de la política desde Casa Presidencial. El último, la semana pasada, sobre los gastos de publicidad.

Después de todo eso, el 22 de enero de 2013, viene el presidente y acusa, en declaraciones públicas ante medios de comunicación, a Jorge Simán, codirector de El Faro, de un delito relacionado con la época en que este se desempeñó como funcionario en la geotérmica estatal LaGeo. Hasta donde sé, ni el presidente ni alguien de su entourage habían, antes del episodio verbal, denunciado algo ante la Fiscalía General. Y la acusación ocurre justo cuando la administración está embarcada en un pleito de opinión pública y legal por temas jurisdiccionales relacionados con la geotérmica.

No toca a El Faro defenderse de una acusación tirada al aire sin pruebas, así venga del ciudadano presidente. Y al codirector de El Faro le tocará explicar su desempeño como funcionario solo si la autoridad competente se lo requiere, como a cualquier funcionario público ante requerimiento legal; eso, sin embargo, no ha pasado.

Todo esto es muy grave: si el presidente tiene conocimiento de un delito, su deber es denunciarlo ante las instituciones del Estado de acuerdo a lo establecido en la ley que él juró cumplir y hacer cumplir; y como no lo hizo, más bien parece que todo se trata de una movida política para poner reflectores sobre el medio más crítico e independiente de El Salvador en estos momentos; al mismo medio al que él elogió por hacer lo que instituciones como la Fiscalía y la Policía no han hecho en años: investigar al crimen organizado y su infiltración en el Estado. Y, al menos en eso, coincido: sin investigaciones como las que El Faro publica sería muy difícil abrir al menos un resquicio en el inmenso muro de la impunidad en El Salvador.

Más bien parece que todo esto se trata de la triste y peligrosa práctica de matar al mensajero, o de intentar golpear su credibilidad. A mis colegas les digo: el poder es efímero y los quinquenios duran eso, cinco años. Quedan, sí, esos males ya enquistados en nuestra política –de izquierda o derecha–  como la impunidad y la connivencia con el crimen. Pero también quedan valentías como las de ustedes. Ánimo.

Reunión en el Florencia: los nuevos líderes de Los Perrones

Dos días antes de la Nochebuena de 2012, pandilleros y agentes de la inteligencia estatal se reunieron con los hermanos Flores Escobar, sobrinos del encarcelado capo de Los Perrones, Reynerio Flores Lazo, y herederos del negocio del tráfico de cocaína en el oriente salvadoreño. Era una reunión de emergencia, a la que también llegaron socios desde Honduras, para tratar el reciente decomiso que la Policía salvadoreña había hecho en la frontera de El Amatillo de 193 kilos de cocaína que la banda oriental movía desde Costa Rica. Este relato está basado en el testimonio de dos personas que estuvieron en la reunión del Florencia.

Fotos de los todoterrenos que llegaron al hotel Florencia, en San Miguel, el 22 de diciembre de 2012, a una reunión entre nuevos líderes de Los Perrones, miembros de algunas clicas que mueven drogas para la banda y agentes de la inteligencia estatal.

23 de diciembre de 2012: Dos de los todoterrenos que llegaron al Florencia la noche anterior.

A eso de las nueve de la noche del 22 de diciembre, TLS (indicativo de una de las personas presentes en la reunión) llamó a su contacto: estaba en el Hotel Florencia, a la entrada de San Miguel, en una reunión con “mara gruesa”, gente de Reynerio Flores Lazo, el narcotraficante líder de la banda Los Perrones que el 16 de enero de 2012 fue condenado a 80 años de cárcel, y miembros de algunas clicas de la MS con quienes los herederos de Neyo llevan ya un tiempo haciendo negocio.  Unos minutos después, Perla (otro de los presentes en el encuentro), empezó a mandar fotos de algunos de los carros que llegaron al Florencia aquella noche: todoterrenos de reciente factura, algunos con placas hondureñas, algunos, según esa fuente, asignados a miembros de la inteligencia estatal de El Salvador.

En un chat telefónico, Perla escribió: “Hay cumbre navideña de Perrones ahorita. Están los Flores y adidas (alias de un miembro de la inteligencia estatal), arreglando el negocio con las clicas. Y están los que pasaron de perritos a perrones”.  Estos últimos, según Perla, son los dos sobrinos de Reynerio que hoy controlan buena parte del traslado de la droga desde Costa Rica y, además, administran la relación de estos nuevos Perrones con miembros de las clicas Teclas Locos Salvatruchos y los Hollywood: “Todos ellos se vieron afectados por el decomiso de El Amatillo, y los Perrones han arreglado con los sobrinos de Neyo, Antonio Alexander y William, que son los responsables del traslado de la droga hacia Guatemala, pero ellos –los sobrinos– también tienen responsabilidad de venderles una parte a ciertos palabreros de algunas clicas y programas de la MS”, dice, por su parte, TLS.


En este blog publique, en septiembre del año pasado, un reporte sobre la reestructuraciónde la banda Los Perrones. Para 2011, cuerpos de inteligencia anti narcotráfico en El Salvador daban cuenta de que Los Perrones estaban moviendo importantes cantidades de cocaína desde la frontera de Peñas Blancas, entre Costa Rica y Nicaragua, que algunos herederos de los Flores Lazo, Juan Colorado y Chepe Luna habían retomado la infiltración estatal en Honduras y El Salvador, y que socios junior de la banda habían renovado, desde 2010, la operación de compra de bienes raíces en costas salvadoreñas y hondureñas.

Poco después de ese reporte, consultado por un reportero en San Salvador, el director de la Policía, el general Francisco Ramon Salinas, confirmó, sin dar muchos detalles, que sus agentes investigaban la reestructuración de Los Perrones. La banda vivio su época de oro entre 2004 y 2007 cuando, amparada en la protección oficial que entonces le ofrecieron algunos mandos antinarcóticos de la PNC, consolidó la transformación de un grupo desorganizado de contrabandistas de lácteos a una poderosa federación de narcotransportistas. A finales de 2008, tras fuertes presiones de la DEA de Estados Unidos y de disputas internas entre Colorado y Reynerio, la Fiscalía salvadoreña inició una serie de operaciones que acabaron con los principales líderes en la cárcel o prófugos en Honduras. El poder de la banda, sin embargo, nunca se desarticuló del todo.

Entre 2010 y el año pasado, fue Héctor Armando y otra hermana de Reynerio, Reyna, quienes mantuvieron andando el negocio: retomaron las rutas y pulieron los negocios fachada, sobre el todo el de la venta de aceite vegetal en Nicaragua. Héctor Armando, sin embargo, tuvo que salir de El Salvador luego de aparecer vinculado a la muerte de Salvador Guzmán Parada, alias Truck, un ex integrante del batallón élite Atlacatl del ejército salvadoreño reconvertido en agente de inteligencia del Estado desde inicios de los 90 hasta 2009, en "freelancer" de inteligencia, y, finalmente, en informante y contratista para Los Perrones, según me confirmó uno de sus ex compañeros en el ejército que le siguió como asistente durante toda su carrera de inteligencia. Tras la salida de Héctor Armando del radar, la segunda generación, según estos relatos, ha tomado el mando.

La reunión del 22 de diciembre pasado, de acuerdo a los relatos de las dos personas que estuvieron en el hotel Florencia de San Miguel ese día, habla de una operación que funciona con fluidez y que ha ensanchado su colaboración con algunos miembros de pandillas y de la inteligencia estatal. Los reportes de Perla, esa noche, daban cuenta de una caravana de lujo, un todoterreno tras otro que entraban al Florencia, cuyos empleados habían preparado, desde la tarde, mesas cubiertas con mantelería blanca para el cónclave. Esta reunión confirmó, además de la nueva operatividad de la banda, que Los Perrones mantienen uno de sus principales activos, su capacidad de infiltrar al Estado, esta vez, según los reportes de Perla y TLS, las estructura de inteligencia que, se supone, sirve al estado salvadoreño.

Juez EUA oirá sobre masacre jesuitas

La prensa espera la salida del coronel Inocente Orlando Montano de la corte Joseph Moakley en Boston.

Miembros del equipo de acusadores del Gobierno de Estados Unidos esperan el inicio de la audiencia contra Montano.

Corte distrital Joseph Moakley, en Boston, en cuya sala 1 se celebró la audiencia contra Montano.

Un grupo de salvadoreños llegó a la corte de Boston a pedir justicia por el caso jesuitas.

Inocente Orlando Montano, chumpa gruesa azul para protegerse del viento y los 2 grados que golpeaban el puerto de Boston, ayudado por un bastón negro, salió de la corte Joseph Moakley diez minutos antes del mediodía por una puerta lateral, discreto, lejos de la media docena de periodistas que lo esperaba. Se escabulló en una todoterreno Nissan crema por el bulevar aledaño. No lo acompañaban buenas noticias: tras una hora y media de audiencia en su contra por fraude migratorio y perjurio, el juez Douglas Woodlock decidió que revisará el pasado del militar y supuestas violaciones a los derechos humanos atribuidas al coronel para determinar cuánto tiempo le dará de cárcel.

En esencia, el defensor de Montano tendrá que refutar el testimonio de la experta de la acusación, la profesora de Stanford Terry Lynn Karl, quien ha estudiado el caso jesuitas desde que 8 militares de bajo rango fueron juzgados en El Salvador en 1991 y cuyo testimonio es piedra angular en el caso abierto en la Audiencia Nacional de España por la masacre.

En su escrito presentado ante la corte de Boston, Karl concluye sobre Montano: 1. Que era uno de los oficiales de más alto rango y con más poder en la Fuerza Armada, parte del “círculo íntimo” militar en una época en que el ejército estaba involucrado en violaciones flagrantes a los derechos humanos; 2. Que participó, junto al resto del alto mando, en una conspiración para asesinar a los jesuitas y luego para encubrir la participación del ejército en la masacre; 3. Que se fue de El Salvador en 2001 para evitar persecución por el caso jesuitas; 4. Que la masacre en la UCA no fue una excepción, sino más bien una constante en el historial de violaciones a los derechos humanos atribuidos a las unidades militares comandadas por él; y 5. Que cuando Montano llegó a Estados Unidos, en este país había iniciado una tendencia de deportar a militares latinoamericanos involucrados en crímenes como este.

La defensa tendrá, además, que contestar a siete cartas presentadas por la acusación, firmadas por víctimas de unidades militares comandadas por Montano, incluido un estadounidense, por dos universidades y por la compañía de Jesús en los Estados Unidos.

La audiencia celebrada ayer, en la que en principio Woodlock dictaría sentencia sobre el caso migratorio, sirvió para revisar dos peticiones, una por parte. La acusación, en un escrito presentado el 8 de enero, pedía que la corte aceptará prueba sobre el pasado de Montano y que el juez considerara hasta 51 años de cárcel para el militar. La defensa, el 14 de enero a última hora de la tarde, presentó su respuesta en un escrito en que pedía al juez obviar cualquier prueba que no estuviese relacionada con los cargos por los que ya Montano se había declarado culpable: mentir sobre su fecha de entrada a Estados Unidos y negar que perteneció al ejército salvadoreño para optar al TPS.

Woodlock, pelo y profuso bigote blanco, dijo que sí le interesaba escuchar sobre el pasado militar de Montano para fijar sentencia, y ofreció al abogado defensor, Óscar Cruz,Jr.: "Es algo que me interesa escuchar, ¿cómo quiere responder?"

"Pues lo que necesitaré es tiempo para presentar mi testigo de descargo a lo que ha dicho la experta de la fiscalía... al menos tres semanas", dijo Cruz Jr. casi al final de la audiencia. A su izquierda, Inocente Orlando Montano, inmutable, escuchaba a través de unos audífonos que alimentaba de español un traductor contratado.

Antes de dar por cerrada la audiencia, y convocar de nuevo a las partes para el próximo 1 de marzo para revisar evidencia, el juez preguntó al fiscal si tenía conocimiento sobre la intención del Gobierno de Estados Unidos procesaría la petición de extradición de Montano a España mientras este cumple su sentencia final en una cárcel de Estados Unidos. El fiscal respondió que no sabía. “Es algo que tomaré en cuenta al dictar sentencia”, dijo Woodlock. Según fuentes cercanas a la acusación, lo que esto significa que es que el juez prefiere que Montano cumpla toda su pena por el delito migratorio en Estados Unidos, sin perjuicio de que el proceso de extradición inicie después.

Por ahora, la corte de Boston está abierta a escuchar prueba sobre la masacre que cambió el rumbo de la guerra civil en El Salvador. Y, más allá de la parte procesal y los tecnicismos legales, se abrió en Massachusetts la posibilidad de que la verdad judicial sobre lo que sucedió entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de noviembre de 1989 quede asentado como verdad judicial de una vez por todas, algo que en El Salvador aún está muy lejos de ocurrir.

El asunto Montano

Copia de uno de los miles de documentos desclasificados del caso jesuitas desclasificados por EUA. En este informe, la embajada de Estados Unidos en El Salvador da cuenta de información que recibieron representantes del congresista por Massachusetts Joseph Moakley, quien presidió en 1990 la comisión legislativa que investigó la masacre de los jesuitas en la Universidad Centroamericana.

Llegué  a Boston. En un viejo hotel del centro de la ciudad, muy cerca del TD Garden, el hogar de los Celtics, espero la audiencia de mañana a las 9:00 a.m. en la corte federal Joseph Moakley contra el coronel Inocente Orlando Montano, quien deberá responder ante el juez Douglas Woodlock por delitos migratorios: mentir sobre su pertenencia a las Fuerzas Armadas de El Salvador para obtener el estatus de protección temporal, TPS.

Sobre esa audiencia, como escribí en El Faro, hay mucho que decir, más allá del trámite judicial, que puede terminar, básicamente, en dos escenarios: que el militar salvadoreño sea exonerado de pasar tiempo en la cárcel -hasta 51 meses como ha solicitado el Gobierno de los Estados Unidos a través de un fiscal- y sea deportado a El Salvador, o que Montano cumpla condena en prisión mientras se resuelve un recurso de extradición presentado por un juez español de la Audiencia Nacional de España para que el coronel responda por el asesinato de los cinco sacerdotes jesuitas asesinados en San Salvador el 16 de noviembre de 1989.

En la víspera de la audiencia, la defensa de Montano, representada por el abogado Óscar Cruz Jr., presentó una segunda moción ante el juez para posponer la presentación de pruebas del fiscal, quien entre otras cosas acusa al militar de haber participado en graves violaciones de los derechos humanos en El Salvador en los 80. Esto, según fuentes cercanas a la acusación, persigue que Montano reciba una pena no mayor de 8 meses, lo cual restaría tiempo para que se tramite la petición española.

Por ahora, y sin tener en cuenta aún el resultado final de la audiencia, este proceso judicial ha abierto ya una ventana desde la que se aprecian datos inéditos o poco conocidos en El Salvador sobre la masacre de la UCA, como el que refleja el documento con cuya imagen abro este post: en ese cable del Departamento de Estado, desclasificado por Washington, la embajada de los Estados Unidos en El Salvador informa a su sede que James McGovern, entonces asistente legislativo de Moakley y actualmente representante por Massachusetts en Washington, conoció muy pronto después de la masacre, de fuentes de alto rango del Gobierno de Alfredo Cristiani, que el alto mando del ejército salvadoreño habían tenido participación en los asesinatos. Vueltas de la historia: el edificio de la corte federal que albergará la audiencia contra Montano lleva, precisamente, el nombre de Joe Moakley.

Fuentes de la acusación consultadas prevén que buena parte de la audiencia de mañana, martes 15 de enero, servirá al juez para determinar asuntos técnicos relacionados con el tiempo máximo de sentencia que se aplicaría a Montano, quien ya se declaró culpable de los delitos migratorios que le imputan. La defensa alega que el militar no tiene antecedentes criminales ni en Estados Unidos ni en El Salvador, por lo que debería aplicársele la pena mínima, 8 meses, algo con lo que coincide el oficial de correcciones del estado. El Gobierno de Estados Unidos, sin embargo, en un gesto poco usual en este tipo de casos, alega que el pasado de Montano no deben medirse por su hoja oficial de antecedentes policiales, sino por su historia de violaciones a los derechos humanos, por lo que, dice el acusador, debe aplicarse la pena máxima de 51 meses.


Mi análisis del caso en inglés, publicado en el sitio web del Center for Democracy in the Americas.